Las casas y colegios de la ciudad de Negritos, en la región Piura, están construidas sobre pozos de petróleo que no fueron bien sellados y sitios contaminados que ni las empresas que explotaron el crudo durante décadas ni el Estado han remediado hasta la fecha. Negritos es la capital del distrito de La Brea, que ha sido declarado en emergencia ambiental en 2023, y tiene 1835 pasivos, decenas de ellos de alto riesgo.
En el mapa de pasivos ambientales generados por la explotación de petróleo, Piura es la región más afectada del país. Allí se encuentra el 95.82% de los pasivos de hidrocarburos: un total de 3.120 identificados, 148 de alto riesgo para ser exactos. Estos, según el reglamento de la Ley N° 29134, deben ser atendidos por el Estado, remediados, sin embargo, una vez más, no lo hace. En esta región, además de La Brea, los distritos de Lobitos (31), Zorritos (14) y Pariñas (13) son los que acumulan más pasivos de alto riesgo. A nivel nacional la cifra actual es de 3,256 pasivos: 167 de alto riesgo, 1,954 de riesgo medio y 1,135 de bajo riesgo.
Intoxicación. Amenaza. Muerte. Eso significa.
En 2023, cuando un grupo de estudiantes del colegio José Pardo y Barreda de Negritos se encontraba en su laboratorio, un olor invasivo llamó su atención. Profesores y alumnos se alertaron. Luego de llamar a los bomberos y las autoridades comprobaron que su alarma tenía sustento. El Ácido sulfhídrico que salía del suelo estaba entrando en sus pulmones y corrían el riesgo de envenenamiento. A las 10:47 de esa mañana se ordenó su evacuación y el colegio cerró sus puertas para clases presenciales. No era una situación inesperada. En 2019, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) había advertido la existencia, en el patio del colegio, de pasivos ambientales de alto riesgo.
Zonas de emergencia
Los datos han sido reunidos en el tercer informe del Grupo de Trabajo de Impacto de Hidrocarburos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos conformado por 17 organizaciones de la sociedad civil. Más de cuatro años llevan estos investigadores en el análisis de datos para brindar un panorama completo sobre los derrames de petróleo y contrastar las prácticas y discursos del sector hidrocarburos. El documento, elaborado por Aymara León, Mario Zúñiga y David Díaz, se basó en datos oficiales del OEFA y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
“Esta cifra es preocupante. Si bien ya sabemos de esto desde hace tiempo, todavía no se están tomando las acciones para remediar de manera inmediata, sobre todo a estos casi 200 pasivos que tienen altos riesgos para la salud de las poblaciones”, alertó Aymara León, coautora del informe.
Y como si esto fuese una competencia salvaje, en la región vecina, Lambayeque, una empresa acaba de terminar su exploración petrolera. Anadarko pretende explotar los lotes z61, z62 y z63 que afectaría un entorno de 300 kilómetros de mar. Más crudo. Más Derrames. Más pasivos.
—Cómo puede el Estado dar licencias de extracción cuando las empresas ni siquiera pueden solucionar las situaciones que ocasionan los derrames de petróleo. Es una contradicción —señala Héctor Galán, secretario general de la Federación Unificada de Pescadores del Norte del Perú.
Si Anadarko ingresara, detalló Galán en su exposición, más de 150 pescadores artesanales que trabajan en el mar con sus balsas ancestrales de caballito de totora quedarían sin sustento diario, solo en el puerto de Santa Rosa de esa región.
Selva negra
Junto con Piura, la región Loreto es otra de las más afectadas por los hidrocarburos. Ocupa el primer lugar en derrames. Un paisaje verde manchado por derrames y más pasivos. 831 fugas ocurridas en esta parte del país entre 1997 y 2023. Las voces de sus dirigentes, a pesar de ser perseguidos y amenazados, no cesan de reclamar por este abuso:
—Los ancestros contaban que ellos comían los mejores pescados. Ahora no hay pescado, no hay carne. Tú vas a la misma comunidad y no encuentras porque las empresas han ingresado y la contaminación ha avanzado —explica Gladis Jaramillo, monitora ambiental kukama.
Lo que el petróleo ha hecho con los pueblos originarios, además, es amenazar su forma de vida, su cosmovisión y cotidianidad a las orillas de los ríos.
—Ellos no saben cuál es el espíritu, la madre de la tierra, la madre del agua. Por eso poco les importa. Nosotros, como pueblos originarios, tenemos otra ideología, otra forma de pensar, cómo vivimos en el bosque, en las quebradas, en las cochas —dice en otro momento Aurelio Chino, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza.
Una de las zonas más dañadas en Loreto es el Lote 192. De los 146 sitios impactados, 32 están en este lote y a pesar de contar con planes de rehabilitación elaborados ninguno se ejecuta, como en Piura. Son territorios que atraviesan las cuencas de los ríos Pastaza, Tigres y Corrientes. En la laguna Ushpayacu, por ejemplo, los habitantes continúan pescando a pesar de ser una de las más contaminadas de esa cuenca y ser un peligro para quienes viven cerca. Otra laguna muerta por petróleo fue Shanshococha. En 2012 se identificó su grave nivel de contaminación pero recién en 2023 se iniciaron los planes de rehabilitación.
—En el Lote 192 hay 25 comunidades indígenas que han sido expuestas a 327 derrames en los últimos 20 años, imagínense, es evidentemente inaudito —señala Aymara León con la indignación de quien sabe que el futuro es menos alentador. Al 2030, se podrían sumar 3.505 derrames más si no se detienen las fugas. “Ello implica que las mismas comunidades serán impactadas posiblemente cientos de veces por este tipo de siniestros, acumulando y sufriendo daños inconmensurables”, dice el informe. El perjuicio, como siempre, es para los más vulnerables.
Es escandaloso el número de vertimientos ocurridos en el lote 192. Si a ello le sumamos lo que ocurre en otras zonas de explotación se conforma un ranking de irresponsabilidades y muerte: el lote 8, acumula 277 derrames; el lote X, 189; el ONP tiene 139; el Z-2B con 117 y el XIII, 110. Lo grave no es solo la cantidad de petróleo que invade ríos y envenena comunidades sino la poca voluntad de las empresas para remediar ello. En la reserva nacional Pacaya Samiria, una de las áreas nacionales protegidas con reconocimiento a nivel internacional, de 14 de los lugares impactados por los derrames, donde la empresas han incumplido su responsabilidad de remediación, solo 4 han sido priorizados por el Ministerio de Energía y Minas. Esto representa un total de 421 hectáreas que es lo mismo que 590 estadios de fútbol al interior de la selva amazónica.
—Quién va a decir ahora “nosotros vamos a asumir esto”. Las empresas lo único que hacen es enterrar el petróleo y decir ya está remediado. Pero el petróleo está ahí y los que vivimos allá convivimos con esta afectación. Hace 50 años los pueblos originarios éramos los dueños del petróleo, ahora nos hemos convertido en cargadores de galones para comprar gasolina —dice Wrayz Pérez Ramírez, presidente del Gobierno Territorial Autónomo Wampís, otro pueblo que sufre la contaminación de estas empresas.
Quién es el culpable
El crecimiento de las emergencias ha sido alarmante en los últimos 5 años. Se pasó de tener 41 derrames anuales entre 1997 y 2019 a 146 por año entre 2020 y 2023. Cada año que pasa ocurre un derrame por corrosión más que el anterior, se advierte en el informe. Corrosión se refiere al deterioro de los ductos por donde pasa el petróleo y es una causa que empresas como Petroperú no atienden. Por el contrario, denuncian a quienes la revelan.
Olivia Bisa, presidenta de la nación Chapra, lo sabe bien. En setiembre de 2022 le avisaron por teléfono de un derrame de petróleo en el distrito de Morona, en Loreto. Lo primero que hizo fue alertar a las instituciones. Desde OEFA hasta la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente. Lo que le vino después no fue una felicitación por su labor de defensora sino 4 denuncias de parte de Petroperú.
—Ese petróleo iba a afectar a las tres cochas que están dentro del proyecto de pesca artesanal. Nosotros que teníamos un ingreso con este proyecto, pescábamos, abastecíamos peces a diferentes clientes, incluso a los ecuatorianos. Con este hecho, nos veíamos afectados —relata.
Las autoridades de Petroperú declararon públicamente que el derrame había ocurrido por corrosión, sin embargo, la información oficial de las entidades de fiscalización señala que era por una causa por determinar, “lo que representa un silencio sobre las responsabilidades que es usado por diversos actores para seguir fortaleciendo los discursos de estigmatización de la población local”.
Una fiscalización distraída
Que las versiones se contradigan es otro hallazgo del informe. Tanto OEFA como Osinergmin han mostrado en sus cifras y actos de fiscalización tienen limitaciones y contradicciones. Existe un subregistro de 722 emergencias, es decir “cuando una entidad tiene registrado un derrame y otra no”. Asimismo, hay 116 casos en los que una registra la causa del derrame y la otra no. Para más preocupación, en 33 de estas situaciones hay contradicciones sobre todo al detallar las causas que generaron la emergencia. Por ejemplo, “en 11 registros en los que el OEFA ha determinado derrames por fallas operativas, el Osinergmin ha señalado que se trataría de derrames por terceros o por causas naturales”, detalla el informe.
Mientras tanto las poblaciones siguen siendo estigmatizadas. En 2023 la Policía ingresó a las comunidades de Cuninico y San Pedro, en Loreto, detuvieron como delincuentes a sus líderes, frente a sus hijos, a sus esposas, infringiendo las leyes que protegen la autonomía de los pueblos indígenas, y los llevaron. Luego los exhibieron en los medios, sus rostros en portadas, acusados de ser los que cortaban el gigantesco tubo del Oleoducto Norperuano para provocar los derrames. Fueron sometidos al abuso por algo que no habían hecho. “El 73% de derrames que han ocurrido en el Perú son producto de políticas y prácticas negligentes de las empresas operadoras de hidrocarburos”, señala el informe con cifras del propio gobierno, pero la empresa prefiere echarle la culpa a quienes no pueden defenderse.
Lo que sí tolera el Estado son las multas. El Osinergmin emitió 724 medidas administrativas sobre las empresas con multas de S/94.012.157 desde el año 2020. Petroperú es la compañía que encabeza las sanciones con 154, le sigue Savia Perú con 104; CNP, con 77 y Olympic con 74. Por su parte, el OEFA también emitió sanciones: las empresas más multadas son Frontera Entergy, con 143; Pluspetrol con 66; Petroperú con 61 y Savia con 33. ¿Tienen algún efecto estas multas? ¿Sirven para poner a derecho a las compañías privadas y estatales?
Parece que no. El 26 de julio de este año, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de la Federación de Pueblos Cocamas Unidos del Marañón (Fedepcum) contra Petroperú por el derrame de 2.300 barriles de petróleo en junio de 2014 en la quebrada de Cuninico, en el distrito de Urarinas, Loreto. La justicia le ordenó el mantenimiento preventivo de la totalidad del Oleoducto Norperuano y el Oleoducto Ramal Norte. La empresa está en silencio.
Para remediar las fugas y derrames en el país se necesitan un total de 34.100 millones de soles. Reparar los pasivos de alto riesgo requiere S/ 1.800 millones y S/ 32.300 millones para los pasivos de riesgo medio y bajo.
¿A quién le echará ahora la culpa el Estado?
