Miguel Guimaraes Vásquez es un líder shipibo-konibo nacido en Ucayali, una realidad que conoce al detalle. Su lucha contra la invasión de empresas extractivas de madera, cocaleros y la minería ilegal lo ha llevado a ser amenazado en muchas ocasiones. Le mandaron fotografías de cuerpos descuartizados, “así vas a terminar”, le indicaron en un mensaje. Pero la convicción de buscar justicia lo ha llevado a superar intimidaciones. En abril de este año, una vez más, robaron su casa, quemaron sus ventanas y se llevaron todo. “No es fácil”, dice en esta entrevista, “el que sale a denunciar la situación que vive en su comunidad es asesinado”. Como vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) explica cómo el narcotráfico viene afectando la vida cotidiana de la gente, habla de su demanda para trabajar por la seguridad junto con la Policía y la completa decepción del gobierno de la presidenta Dina Boluarte: “El gobierno también es nuestro enemigo”, afirma.
Los pueblos de la Amazonía están amenazados por la tala y la minería ilegal, el narcotráfico, el tráfico de tierras y la trata de personas. ¿Cómo ha cambiado todo esto su dinámica de convivencia? ¿A qué situaciones tienen que adecuarse ahora?
En nuestros propios territorios ya no podemos vivir tranquilos porque hay una invasión latente de actores externos que lo único que hacen es romper la forma cómo nosotros venimos desarrollando nuestras actividades, produciendo, trabajando la artesanía, con recursos propios del territorio. La convivencia pacífica se ha roto, ahora hay una amenaza del narcotráfico, la tala ilegal, minería ilegal. En un caso puntual, yo podría ir libremente a pescar en mi comunidad, uno o dos días de viaje. Quedarme ahí a pescar. Después, regresar a compartir lo que he conseguido durante mi pesca. Ya no puedes hacer esa dinámica porque tú caminas un par de horas y tu territorio ya está invadido, con personas armadas. Si tú quieres ampliar tu actividad agrícola, las plantaciones de hoja de coca ya están ahí, a pesar de que es tu territorio, está controlado por elementos ilegales. Y hablo de solo un caso, del pueblo Ucayali que conozco más, pero la misma situación enfrentan otras comunidades. Ya no pueden producir, ya no pueden hacer su chacra donde quisieran porque ese territorio está siendo controlado por el narcotráfico. En Flor de Ucayali ya no puedes caminar después de las 4 de la tarde porque hay una seguridad con armas de fuego cuidando ese territorio que es tuyo. Esta información la tiene la Policía, las autoridades a nivel nacional pero no hay una acción concreta e inmediata para solucionarla. Por eso, el que sale a denunciar la situación que vive en su comunidad es asesinado.
A propósito de ello, acaba de ser asesinado el líder kakataibo, Mariano Isacama, y los pueblos indígenas se han declarado en emergencia. No es la primera vez que lo hacen, ¿qué esperan conseguir con ello?, ¿confían en una respuesta del Gobierno?
La posición que hemos tomado como organización indígena es hacer un llamado de atención al gobierno peruano por la debilidad que tiene para intervenir en esta zona donde hay conflictos. Estamos diciéndole, si ustedes no tienen la capacidad nosotros vamos a actuar y para actuar necesitamos su respaldo, logístico, político, como quieran llamarlo. Ellos están en la capacidad de ir a Aguaytía, Utuquinia donde se conoce que la situación es crítica pero no lo están haciendo. ¿Qué decimos los pueblos indígenas? Te hemos pedido, te hemos informado la situación que venimos enfrentando y no tienes capacidad de actuar, nosotros vamos a hacerlo bajo nuestros propios principios, bajo nuestra autonomía respaldada por la Constitución, vamos a ejercer la justicia indígena en nuestros territorios porque hemos agotado los diálogos posibles. Yo me he entrevistado más de diez veces con funcionarios del Ministerio del Interior para explicarles los peligros que enfrentamos, ¿ha habido alguna intervención? Ninguna. ¿Qué dice el ministro del Interior cuando vamos y le mostramos con mapas los lugares? “Ah, sí, conocemos, tenemos esa información”. Y si tienen esa información por qué no pueden actuar, porque no hay una voluntad política. También he sido amenazado varias veces, mensajes a mi celular con personas descuartizadas. “Si sigues haciendo denuncias este es tu camino”, me dicen. Ninguno de los líderes asesinados fue de un día para otro, se vino denunciando las amenazas y finalmente terminaron muertos.
En Puerto Nuevo, en la región Ucayali, alertaron que “colonos” pretendían invadir sus tierras. ¿Cuál es la situación o el estado de la titulación de tierras indígenas en este momento? ¿Reciben apoyo de los gobiernos locales o el gobierno regional?
El gobierno peruano dice que no hay recursos para titular territorios indígenas. Tenían 80 millones de dólares para titular tierras, ¿cuántas titulaciones lograron? Cinco. ¿Dónde están los 80 millones? Se fueron en pago de honorarios, consultorías, pago de oficinas en Lima. No es que no haya plata, no hay voluntad política para titular tierras indígenas. Devida dio 100 mil dólares para titular a Unipacuyacu, ¿qué dijo la Policía? No tenemos capacidad para intervenir, personal. Y ya no hay esa plata. La corrupción es parte de lo que no nos deja avanzar. Otro dato, una empresa grande dedicada a la venta de palma aceitera, de la noche a la mañana vino a ocupar territorios inmensos, territorios que una comunidad venía solicitando hace más de 20 años. ¿Uno no puede darse cuenta de lo que ha pasado ahí? Una comunidad pequeña contra una empresa que contrata a más de 60 personas que invaden. La empresa está trabajando las 24 horas del día en bosques primarios y no se ha hecho nada. La Fiscalía Ambiental estuvo ahí, confirmaron que la empresa estaba deforestando. ¿Hubo algún castigo? Ninguno. La empresa sigue dividiendo a la comunidad, sigue diciendo que es muy responsable socialmente. ¿Hasta dónde podemos no darnos cuenta de la situación? La lucha es de grande contra pequeño, sin igualdad de condiciones para discutir una agenda. Porque si quieres hacerlo, dialogar y demostrar lo mal que está actuando tal empresa, o tal actividad ilícita, mañana eres asesinado. Pasó con Quinto Inuma, con Mariano Isacama. Él tenía mucha información de quiénes estaban actuando mal en su territorio y por eso lo mataron.
Las guardias indígenas y las iniciativas de autoprotección no están reconocidas por el gobierno. ¿De qué manera los perjudica esta falta de legitimidad?, ¿buscan que sus organizaciones de seguridad sean autónomas para el cuidado de su territorio o piden trabajar junto a la PNP?
Nosotros nunca hemos dicho que queremos crear otra nación, al contrario, las medidas de autoprotección que nosotros desarrollamos tienen que ser una herramienta para el gobierno y para las instituciones ya que ellos no pueden llegar hasta esos lugares. Si hay un reconocimiento, lo que haga la guardia indígena va a ser válido; si el Estado no reconoce el rol de la guardia indígena, cuando haya una intervención de un criminal a nosotros nos van a hundir, a pesar de que el convenio 169 reconoce la autonomía de los pueblos indígenas. No estamos diciendo vamos a actuar solos. Hemos invitado al gobierno peruano para que pueda articular el esfuerzo que estamos haciendo en nuestros territorios. Necesitamos apoyo logístico, político, para que organizados en guardias indígenas, rondas campesinas, podamos hacer el trabajo. Nosotros no estamos diciendo que vamos a desconocer los derechos humanos, no, si agarramos a un criminal, lo amarramos y lo dejamos ahí y que la Policía venga a llevarlo y cumpla con el procedimiento. Pero no vamos a permitir más muertes en nuestros territorios. Si el Estado no tiene la capacidad de cumplir el rol que le corresponde, nosotros lo vamos a hacer y lo estamos demostrando.
La sentencia en el Caso Saweto ha tardado 10 años, pero no termina de proteger a la familia de las víctimas. ¿Cómo ayudar a las viudas o las familias de líderes asesinados que aún son amenazadas?
El gobierno tiene que actuar de manera rápida para que haya justicia. Mientras los hermanos siguen luchando para encontrar justicia para sus familiares líderes asesinados, el asesino vive cerca de la comunidad, amenazando. El Ministerio Público tiene que actuar y esa persona tiene que estar en la cárcel. Mientras ellos sigan disfrutando de la vida a pesar de haber cometido un delito, es peligroso para la comunidad. Por eso es importante una justicia más rápida. En el caso Saweto estamos hablando de 10 años. El asesino tiene más derechos que un hermano que lucha por defender su territorio.
En 2021, el presidente de Aidesep, Jorge Pérez, señaló que uno de sus pedidos al gobierno fue destinar el 1% del presupuesto nacional para los pueblos indígenas. ¿Qué tipo de problemas esperaban o esperan solucionar con ello?
Lo primero es la titulación de las tierras, más de 600 comunidades que aún faltan titular, el segundo punto es hacer un plan de vida para las comunidades para, en base a eso, desarrollar su economía de manera sostenible. No estamos pidiendo el 1% solo porque se nos ocurre, tenemos proyectos definidos y claros que trabajamos; también el monitoreo de los territorios. No solo es titular, tenemos que monitorear, estar en la zona para que no haya el avance de actividades ilícitas porque si solo titulas y te quedas ahí, finalmente te vas a dar cuenta de que ya te cerraron todo. Entonces están: seguridad jurídica, monitoreo, plan de vida y acciones concretas en el territorio. El trabajo que ya estamos haciendo en otras comunidades, actividades agrícolas, orgánicas, sin químicos son cosas que sí son posibles de realizar, porque los pueblos indígenas no estamos diciendo que solo queremos cuidar, también tenemos necesidades, queremos educar a nuestros hijos y eso significa que hay que aprovechar de manera sostenible lo que tenemos. Pero no apostamos por el narcotráfico o la hoja de coca, no es el camino para los pueblos indígenas. El mensaje está claro.
Con un Congreso como el actual y un Ejecutivo que no mueve un dedo por sus líderes ambientales, ¿hay alguna esperanza?, ¿habrá alguna reacción de parte suya?
Con este gobierno poco o nada se va a avanzar, se ha demostrado que no hay voluntad política. Lo segundo es que están favoreciendo más a las empresas privadas con la ley antiforestal que legaliza las actividades de invasión que vienen desarrollando las empresas privadas, sobre todo. A esta empresa de palma aceitera que ha deforestado más de 10 mil hectáreas de bosques primarios en una comunidad, la van a legalizar. Ese es el objetivo. La ley antiforestal tiene nombre propio, son empresas grandes que están ahí, pero dicen que están queriendo favorecer a los pequeños productores. Falso. El único interés de esos pequeños productores es que sus tierras lleguen a una empresa privada y negociar bien, no es que yo también quiero producir, soy pequeño, eso es falso
¿Tienen miedo los pueblos de la Amazonía de salir a protestar luego de la masacre en las regiones de la sierra en las protestas del 2022?
Nosotros no tenemos miedo. El 27 vamos a salir nuevamente a caminar porque no estamos haciendo daño a nadie. El gobierno también es nuestro enemigo. En febrero del primer año de mandato nosotros manifestamos nuestra posición sobre lo malo que estaba haciendo el gobierno; el 25 de diciembre del año pasado “vaciaron” Aidesep, se llevaron equipos, CPU, las bases de información. No solo entraron a robar, a un ladrón no le va a servir un CPU viejo, se robaron la información y todos los bienes que había. El gobierno tiene esa forma de actuar y nosotros no tenemos miedo.
Otra cosa preocupante es el proyecto de ley que plantea la regulación de los organismos no gubernamentales (ONG) y les impide fiscalizar la vulneración de derechos humanos por parte del estado. ¿Cuál es su mayor preocupación?
A través de APCI el gobierno nos quiere controlar ahora, controlar a las ONG, una ley que está en debate. Esa es una forma de criminalizar a las organizaciones indígenas, a las ONG que defienden los derechos colectivos de los pueblos indígenas, una forma de actuar políticamente en contra de lo que estamos haciendo. No solo es un daño físico, también nos están matando con las leyes, es una forma de controlar las actividades que estamos haciendo. Por todos lados nos están atacando. El único objetivo de la ley PIACI es eso, controlar a las ONG que defienden derechos colectivos. A pesar de esta actitud del gobierno vamos a demostrar que somos una organización seria, transparente.
Los fondos que recibimos no van a otros intereses, van a las comunidades. Estamos titulando tierras, no hemos recibido 80 millones de dólares pero hasta ahora hemos titulado 60 comunidades en menos de un año. Estamos demostrando que los recursos no son para lucrar, estamos instalando internet satelital con equipo básico de monitoreo por computadoras, estamos llegando a las zonas donde el Estado no llega. ¿Eso está mal para el gobierno? ¿Eso es malo para la sociedad civil? Los fondos pequeños de la Cooperación Internacional que nosotros estamos recibiendo están llegando a las comunidades. Y hay un control de eso. Si una cooperación ha dado un monto, viene y te dice, dónde está mi dinero, has dicho que vas a instalar 10 señales de internet satelital en las comunidades, vamos a una de ellas. Nosotros lo estamos demostrando. Vamos a demostrar que administrativamente Aidesep está preparado porque hacemos auditorías todos los años.
Hace poco se conoció la salida de algunos indígenas Mashco Piro en situación de aislamiento. ¿Cuáles son las medidas urgentes que deben tomarse para su protección y cómo tratan con ellos, los pueblos cercanos que los reciben?
Hay protocolos establecidos desde el Ministerio de Cultura. Aidesep viene luchando en favor de los hermanos en aislamiento voluntario. Cuando se quiso cambiar la ley PIACI, fue una lucha importante que se logró. Son amenazas que el propio gobierno hace en contra de nuestros hermanos. Eliminar la ley PIACI significaba genocidio, que más empresas privadas entraran a su territorio sin control y justamente nuestros hermanos están saliendo por mucha invasión, no tienen a dónde ir, es muestra de que la deforestación sigue avanzando. ¿Qué pueden hacer nuestros hermanos? Nosotros podemos salir, decir me están haciendo esto en una conferencia, pero ellos no. No tienen forma de hacerlo. Nosotros tenemos que llevar esa voz para que nuestros hermanos sean respetados.
En su participación ante la CIDH dijo que el Estado los considera solo una cifra. ¿Hay alguna forma de lograr que el Estado voltee a verlos?
Sí, creo que el Mecanismo Intersectorial y el Mecanismo de Autoprotección que los pueblos indígenas estamos desarrollando en nuestros territorios tienen que articularse para hacer frente a la situación que estamos viviendo. El papel que nos dan no nos va a garantizar que vamos a seguir vivos, la medida de autoprotección, las guardias indígenas, el monitorio que estamos haciendo en nuestros territorios es un mecanismo que sí sirve y que el Estado tiene que reconocer, por eso es importante que el Ministerio de Justicia y otros actores se sienten a dialogar con los pueblos indígenas para hacer un trabajo conjunto, sino no se va a poder avanzar
