La madrugada del 18 de marzo, Alejandro* perdió a su hermano a causa de la covid-19. Había intentado todo para salvarlo. Lo último que hizo fue pagar 82 mil soles a una persona que aseguraba tener contactos con el personal administrativo del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, del Seguro Social de Salud (EsSalud), donde estaba internado su hermano, que podían ayudarle a conseguir una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Sin embargo, Alejandro fue víctima de una organización criminal, denominada “Ángeles Negros”, que traficaba con camas UCI sin importarle la salud de los pacientes. No es el único caso.
Esta mañana, la Policía Nacional y la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima desarticularon la referida banda y detuvieron a nueve de sus integrantes. Dos de ellos eran trabajadores del hospital Almenara: Pedro Pino Gonzales, coordinador de la Red de Salud Almenara, y Nery Ochoa, quien también estaba a cargo del ingreso de pacientes a las camas UCI. Otras dos personas eran miembros de la organización no gubernamental Donantes de Esperanza, dedicada a la ayuda de pacientes oncológicos: Ana Cecilia Aróstegui, la tesorera, e Iraida Vanessa Muñoz. Los restantes eran sus propios familiares: el esposo de Muñoz y los hijos de todos los involucrados. Todos ellos se encuentran bajo detención preliminar por siete días y acusados del delito contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias, cohecho pasivo propio y cohecho activo genérico.
Pero la investigación para desarticular y determinar el modo de operar de esta banda comenzó en abril, días después de que Alejandro interpusiera una denuncia administrativa en EsSalud en contra de Pedro Pino y Ana Cecilia Aróstegui. En ese momento, dentro del hospital también se inició un proceso administrativo contra Pino y Nery Ochoa, quienes fueron separados de sus cargos, según dijo la presidenta de EsSalud, Fiorela Molinelli.
Alejandro entregó audios y pantallazos de conversaciones vía WhatsApp. Dos meses después, la policía especializada y el fiscal a cargo del caso, Reynaldo Abbia, lograron rastrear el destino del dinero.
Aunque no se ha descartado que también haya médicos del hospital Almenara implicados en este caso, el fiscal Abia informó a RPP que, “según los indicios”, sí habría personal de salud que colaboró con esta organización criminal.
El caso
El 11 de marzo, el hermano de Alejandro era el número 20 en la lista de espera de una cama UCI. Desesperado por salvar su vida, Alejandro contactó con Iraida Vanessa Muñoz, una conocida de su prima política, que se presentaba como enfermera en su foto de WhatsApp. "Mira, la persona que tengo es muy amiga de la gente de la Gerencia del Directorio. Creo que a ella le cobran, no lo sé, pero sí, me ha dicho que me puede ayudar”, dijo la presunta enfermera tras contactar a Alejandro con Ana Cecilia Aróstegui.
El pedido de los 82 mil soles (que en un inicio fue de 85 mil) estuvo a cargo precisamente de Ana Aróstegui, quien se presentó como integrante de la organización de ayuda a pacientes oncológicos y con mucha influencia en el hospital Almenara. “Tú sabes cómo es esto, si no se adelante, si no se paga, tú sabes cómo es esta situación”, le dijo Aróstegui a Iraida Vanessa Muñoz antes de cerrar el trato con Alejandro, según se lee en el requerimiento fiscal.
Tras solicitar los consejos y el apoyo de su familia, Alejandro realizó un primer depósito en la cuenta del hijo de Ana Aróstegui por el monto de 35 mil soles. Sebastián Salazar Aróstegui, hijo de la denunciada, realizó ese mismo día tres depósitos. Tres mil soles a su madre, 1011 soles a Miguel Ángel Agarini Barraza, esposo de Iraida Vanessa, y la suma mayor de 24 mil soles a Piero Pino Carmona, hijo de Pedro Pino Gonzales, coordinador de la Red Almenara.
Según la Federación Centro Unión de Trabajadores de EsSalud (Fed Mixta CUT EsSalud), Pedro Pino obtuvo el cargo de coordinador de la Red Almenara gracias al gerente de la Red Almenara, Jorge Amorós Castañeda, pese a que, en el 2014, Pino ya presentaba una denuncia penal en su contra por los delitos de hurto y usurpación agravada por haber sustraído bienes de un gremio sindical dentro del hospital Almenara.
Otro depósito de cuatro mil soles a nombre de Chris Yuriko Gafo Alméstar también figura en la resolución de la fiscalía; sin embargo, esta persona no está detenida.
Con este primer pago, el hermano de Alejandro fue trasladado a una cama de la Unidad de Cuidados Especiales (UCE) del hospital Almenara, pese a que había otros pacientes esperando. Sin embargo, Ana Cecilia Aróstegui habría prometido a Alejandro el traslado a cama UCI, con un enfermero y médico las 24 horas, pared con red de aire, cánula de alto flujo y ventilador mecánico.
"Tu hermano está bien recomendado”, le dijo Ana Cecilia a Alejandro, con quien mantuvo una constante comunicación vía WhatsApp, razón por la que los teléfonos celulares de los implicados también han sido confiscados. El fiscal Abia también solicitó el allanamiento de las viviendas de los denunciados, que se llevó a cabo esta mañana.
Creyendo que su hermano estaba siendo cuidado, Alejandro realizó el depósito de los 47 mil soles restantes nuevamente en la cuenta del hijo de Ana Aróstegui. Ese mismo día, Sebastián Salazar realizó otras cuatro transferencias: 2 mil soles a su madre, 3521 al esposo de Iraida Muñoz, 600 soles a Chris Yuriko Gafo, y 300 soles a Luis Diego Moreyra Muñoz, hijo de Iraida Muñoz.
La fiscalía también ha detectado que el hijo del coordinador de la Red Almenara efectuó una transferencia de 27 mil soles a Vanessa Recuenco, hija de Nery Ochoa Menacho, trabajadora del hospital que conocería el procedimiento administrativo de coordinación y evaluación de camas UCI.
Mientras los implicados se repartían en familia las cuantiosas sumas de dinero, Alejandro acudió al hospital y descubrió que su hermano no había sido trasladado a la UCI y que seguía dependiendo de la cánula de alto flujo que él mismo le había comprado antes de contactar con la red criminal.
Pese a ello, Ana Cecilia Aróstegui le aseguraba a Alejandro que su hermano estaba siendo atendido y que incluso le había tomado cariño, como si fuera parte de su propia familia. También le indicó que la UCE también formaba parte de la UCI y que el ventilador mecánico que le había prometido estaría apto para cuando su hermano lo necesitase.
Nunca entró a UCI
Alejandro seguía recibiendo mensajes de su hermano, quien le pedía ayuda. “Estoy desesperado por mi hermano. Yo confié en ti sin conocerte y en Ana Cecilia. Hice que mi familia juntara un dinero impensable, pero desde el jueves venimos esperando y no se cumple”, le escribió a Iraida Vanessa Muñoz. Y de inmediato le solicitó la devolución de 72 mil soles para comprar un ventilador mecánico.
Tanto Iraida Vanessa como Ana Cecilia Aróstegui aseguraron que ellas no habían recibido nada de lo que Alejandro había pagado y que solicitarían a quienes tenía el dinero que lo devolvieran de inmediato. Eso no ocurrió . Lo que sí hicieron las denunciadas fue facilitar el ingreso de un ventilador mecánico al hospital Almenara. Este hecho también es investigado por el fiscal a cargo del caso, Reynaldo Abia, porque se trató de un ingreso irregular. Ese mismo día, la fiscalía detectó una transferencia de 2750 soles desde la cuenta de Pedro Pino a Aróstegui.
El 17 de marzo, seis días después del primer depósito de Alejandro a la organización delictiva, se le practicó una tercera tomografía al paciente. El pronóstico era grave: el 90% de sus pulmones estaba afectado. En ese momento, Ana Cecilia Aróstegui le aseguró a Alejandro que llamaría a su amigo Eduardo Durand Durand, jefe de UCI del hospital Almenara, quien le debía un favor. Sin embargo, al día siguiente, al promediar las 4 a. m., una doctora llamó a Alejandro para comunicarle que su hermano había muerto, sin nunca haber ingresado a UCI.
El ministro de Salud, Óscar Ugarte, ha tildado de "abominable que alguien pueda negociar con camas UCI" y aseguró que el Ministerio de Salud y sus dependencias colaborarán en el caso.
Lo preocupante es que este caso no es el único, sino que habría otra familia que ya ha denunciado a la misma organización, según indicó el fiscal Reynaldo Abia.
Salud con Lupa pudo conocer que existe un caso de una joven que perdió a su madre en el hospital Almenara el último 6 de marzo, luego de que se le negara una cama UCI. La madre se encontraba internada en la Villa Panamericana, pero el personal de este establecimiento coordinó con el hospital Almenara para que fuera trasladada allí. Al llegar al centro de salud, los médicos a cargo le indicaron a los familiares que ya no había camas en la UCI. La mujer se quedó esperando, a la deriva y horas después falleció. Es decir, este es un ejemplo de cómo los pacientes en espera también se ven perjudicados cuando la red criminal, en un trabajo conjunto con los funcionarios del hospital, prioriza a los pacientes cuyos familiares pagaron miles de soles en su desesperación por salvarles la vida.
Actualmente en el Perú hay 3 mil camas UCI, pero al inicio de la pandemia solo se contaba con 100. Hubo momentos, durante los picos de casos de covid-19, que los pacientes tuvieron que pagar millones de soles en clínicas privadas para acceder a esas unidad con ventilación mecánica. Más de 2 mil camas UCI están ocupadas, según el último reporte del Ministerio de Salud.
*Nombre ficticio para mantener en reserva la identidad del denunciante.
