Desde que empezó la cuarentena, Ana* extraña los abrazos de sus familiares que la visitaban cada semana en el hospital Braulio A. Moyano de Buenos Aires, el centro psiquiátrico de mujeres más antiguo de Argentina. Aquí están internadas alrededor de 600 pacientes con distintas enfermedades que afectan su salud mental y que, debido a las medidas de aislamiento vigentes por la pandemia, han perdido todo contacto físico con sus seres queridos para evitar contagios. Ana, una mujer que fue internada hace un año por un trastorno de alimentación, habla por teléfono de vez en cuando con sus parientes, pero se siente muy sola. “Extraño los besos y las caricias de mis hermanos”, dice.
Antes del 20 de marzo, Ana y varias otras pacientes podían regresar a su casa algunos fines de semana. Pero las salidas temporales también se suspendieron. El necesario contacto con las familias fue reemplazado con llamadas telefónicas y mensajes por Whatsapp, aunque sólo para las que tienen el privilegio de tener un teléfono celular. A veces, los psicólogos del Moyano les prestan los suyos. “Es lo primero que te piden cuando llegas”, dice Mariano Veiga, psicólogo del hospital.
A pesar de todas las precauciones tomadas, el hospital Moyano no se ha escapado del contagio: cinco pacientes y una veintena de trabajadores contrajeron COVID-19, según un reporte oficial de la institución actualizado al 12 de junio. En los últimos días, la tensión aumentó con la confirmación del fallecimiento de una paciente de 75 años que había sido trasladada al Hospital Pena debido a que presentó síntomas severos de COVID-19. Las autoridades del Moyano confirmaron que tenía comorbilidades preexistentes. Su muerte hizo escalar la preocupación de los médicos debido a que “las pacientes del Moyano son una población cerrada y eso implicaría que la mujer fallecida contrajo la enfermedad dentro del hospital”, explica el psiquiatra Carlos Paz, secretario general de una de las asociaciones gremiales de trabajadores de este nosocomio.
Por eso, esta semana, un grupo de empleados del hospital Moyano hizo un plantón en la calle para pedir al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que garantice insumos médicos y testeos de coronavirus. En abril, el personal de este psiquiátrico tuvo que exigir mediante una acción de amparo equipos de protección personal. Según el doctor Paz, el virus podría haber ingresado al hospital por los trabajadores, tanto de la salud como los operarios de limpieza. Estos últimos pertenecen a empresas tercerizadas por el gobierno de la Ciudad, que tampoco estaban protegidos.
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El hospital Moyano funciona desde 1854 en su monumental sede del barrio de Barracas, donde ocupa 17 hectáreas. Depende de la Ciudad desde 1992. Las mujeres internadas padecen diferentes trastornos mentales y adicciones. Algunas se encuentran internadas desde hace décadas. Unas 300 tienen más de 60 años. Las mujeres mayores suelen ser tratadas por esquizofrenia. Las más jóvenes, por adicciones.
Al igual que las villas y los asilos, los hospitales públicos psiquiátricos de Argentina son establecimientos de alta vulnerabilidad al contagio del coronavirus por las condiciones en las que han funcionado por varias décadas. No tienen infraestructura adecuada ni suficiente personal para atender a los pacientes, según los testimonios de varios profesionales de estos hospitales. Menos aún en una crisis sanitaria por una pandemia.
Ante la recomendación de disminuir la población internada por el riesgo que implica la estrecha convivencia dentro del hospital, el subdirector Juan Carlos Basani -quien quedó a cargo del Moyano desde el 20 de marzo de este año- sostuvo que tratan “de dar el alta en la medida de lo posible y darle seguimiento a sus tratamientos, pero esto sólo funciona cuando el cuadro [clínico de la paciente] lo permite y cuando hay contención familiar del otro lado”.
En diciembre de 2010, Argentina promulgó la Ley Nacional de Salud Mental, que fue considerada como un modelo por su enfoque en los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y en la promoción de la salud mental comunitaria (es decir, la creación de espacios de inclusión social para que estas personas pueden vivir en sociedad y trabajar). Entre las reformas, esta ley prohibió la creación de nuevos centros psiquiátricos o manicomios, como suelen llamarlos aún muchas personas, y ordenó el cierre de los existentes para 2020. Los hospitales psiquiátricos debían sustituirse por centros alternativos y las internaciones de salud mental se deberían realizar en hospitales generales. Sin embargo, el avance de esa importante reforma fue mínimo.
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Los pabellones del Moyano se dividen básicamente en tres grandes áreas: una para pacientes agudas que ingresan por situaciones de emergencia; otra para las internaciones cortas; y en tercer lugar, los servicios de las internas crónicas, muchas de las cuales se han quedado a vivir en el hospital porque no tienen a dónde ir, explica Silvia Maltz psicóloga, terapista ocupacional y una de las creadoras de Radio Desate, un espacio que funciona como una actividad terapéutica del hospital.
“El manicomio se caracteriza más por la pobreza que por la locura”, dice Maria*, otra de las terapeutas con las que conversamos. Muchas de las pacientes cuentan con una pensión del Estado por discapacidad (de aproximadamente 180 dólares mensuales) o ayuda de la familia, pero eso no les alcanza para sostener una vida afuera. En el hospital también hay mujeres que tuvieron su primera descompensación en la adolescencia. Tras internarse en el Hospital Tobar García (un centro psiquiátrico para menores) y cumplir la mayoría de edad, fueron trasladadas al Moyano. “Y ahí quedaron”, agrega María. “Una vida ahí adentro”.
El hospital se transformó así en un refugio tramposo: para muchas, es el único techo y comida, pero a su vez, el sistema las condena a depender siempre de él. “Salir a buscar trabajo y tener que poner la dirección del Moyano como domicilio, ya las deja excluidas. Es un estigma y un prejuicio”, explica la psicóloga Maltz.
Otras mujeres pueden salir a trabajar en casas de familia, como personal doméstico, pero vuelven a dormir al hospital porque no tienen una vivienda, agrega Maltz. “Tampoco hay dispositivos habitacionales para que vivan fuera del manicomio”, explica la terapeuta María. Según ambas especialistas, son problemas que venía a resolver la Ley de Salud Mental. Pero hasta el momento todo sigue igual.
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El psiquiatra Carlos Paz lleva casi 30 años como médico del hospital y trabaja actualmente en la guardia, donde se realizan las admisiones de las pacientes que ingresan por urgencias. “Un aspecto crucial es que no tienen contacto con sus familias. Poder comunicarse con sus seres queridos depende de los psicólogos que les prestan sus teléfonos, que los profesionales pagan de sus bolsillos”, cuenta.
Por eso, tanto él como Mariano Veiga, ambos representantes de la Asociación Gremial Interdisciplinaria del hospital, pidieron formalmente a las autoridades del Moyano que habiliten WiFi gratuito dentro del nosocomio —así como se ha instalado en espacios públicos de la ciudad— y un celular por pabellón. Aún no han recibido respuesta a la demanda.
“La alternativa que tienen las pacientes que no cuentan con teléfono es esperar al equipo de trabajo social y se encarga de hacer las llamadas. Si en el momento en que la profesional visitó el hospital, el familiar no pudo atender, la paciente debe esperar o contar con que alguno de los psicólogos le preste su teléfono”, describe María, una de las más de 20 terapeutas ocupacionales del hospital.
“Las pacientes tienen la posibilidad de realizar videollamadas”, contestó el subdirector Basani cuando le consultamos sobre las posibilidades que tienen las internas para contactarse con sus familias. Las que no cuentan con un teléfono, hacen las llamadas con los celulares de los profesionales. “Es un gusto ayudarlas. Nos resulta muy cómodo y sentimos que aportamos algo más a su bienestar”, respondió.
Casi tres meses después de que se pusieran en práctica las medidas de aislamiento, el martes 9 de junio, la dirección del hospital emitió un memorando en el que especifica que, con autorización del equipo tratante, las pacientes pueden recibir visitas en el hall del hospital, con el personal sanitario presente, siempre que mantengan una distancia de metro y medio con su familiar, y por un máximo de 10 minutos. Pero en la práctica, “no se están realizando visitas”, dice el doctor Paz. El subdirector Basani lo atribuyó a “las restricciones de circulación en la vía pública y el miedo de los familiares a traer el virus”.
Antes de la pandemia, algunas pacientes como Ana también tenían permitido salir con sus visitas a tomar un café o dar un paseo. Sus hermanos venían a verla, le regalaban golosinas, galletitas, yerba mate y todo lo que Ana pidiera. Ahora recibe las encomiendas a través del personal del hospital. También le envían dinero pero no dispone del efectivo. Una enfermera se lo administra.
Pero lo que más le molesta es no poder salir al parque del hospital. Como además de su trastorno de la alimentación sufre una enfermedad respiratoria, tiene prohibido dar un paso fuera del pabellón. “Dicen que corro riesgo”, cuenta por el teléfono. Ella quiere ir a comprar a la despensa, que está dentro del centro psiquiátrico, pero requiere de un permiso para hacerlo. No es tanta la necesidad de conseguir algún producto, sino la de poder salir del pabellón. Luego de tres meses con la pandemia, el encierro ya ha afectado su estado de ánimo. “No me ayuda para nada. Lloro mucho y tengo depresión, mucha tristeza. No me ayuda para engordar. Me faltaba poco para salir y entonces me agarró la cuarentena. Ahora mi familia me dice que me quiere sacar pero les es imposible”, cuenta.
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Beti* dice que no puede salir ni siquiera al parque del hospital. Además de la enfermedad que determinó su internación, es fumadora y sufre de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). “Los primeros días buscaba actividades como pintar mandalas, leer, pero sigue pasando el tiempo y estoy muy abrumada de estar conviviendo con otras pacientes siempre en el mismo lugar”, cuenta Beti. El hospital restringe sus movimientos por ser “población de riesgo”, explicó una de sus terapeutas para este reportaje.
Por la pandemia, también se limitó la mayoría de las actividades grupales dentro del hospital, como los talleres ocupacionales, los microemprendimientos, los talleres de yoga, arte y escritura, entre otros. Además de las clases de nivel primario y secundario. Antes, la terapeuta María solía dictar algunos de esos talleres ocupacionales, pero ahora su actividad se limita a que las pacientes se distraigan en el parque. “Tratamos de hacer un poco de gimnasia. Algunas charlan, otras duermen al sol. La idea es que desconecten sus cabezas de lo que está pasando”, explica. Pero no todas las que pueden salir, lo hacen. “Los mejores días, de unas 28, salen siete u ocho mujeres. Les falta motivación y eso no es de ahora”, asegura la terapeuta.
Antes de la crisis ya existían dos universos de pacientes en el Moyano: las que podían salir durante el día e incluso regresar a sus casas los fines de semana; y las que ya llevaban años en cuarentena debido a sus cuadros o a la falta de una red de contención fuera del hospital. Para quienes no tienen permisos de salir, sus días consisten en dormir y ver televisión. “El tiempo es diferente dentro del manicomio”, explica una de las terapeutas que aceptó dar una entrevista para este reportaje. “Se levantan, les dan su medicación, se bañan, toman el desayuno y se sientan a la mesa a fumar, ver televisión o dormir”, añade.
Beti había logrado su alta antes de la cuarentena, pero sufrió una descompensación. Tuvo que regresar al hospital y, una vez que la estabilizaron, le dijeron que ya no podía volver a su casa por precaución médica y por la cuarentena, sostiene. Desde hace meses está esperando que le asignen un acompañante terapéutico en PAMI (la obra social de los jubilados). “Como vivo sola y no tengo familia, con el equipo tratante y el acompañante podría sostenerme bien afuera”, relata. Las pacientes del hospital suelen formar un vínculo muy estrecho con sus acompañantes terapéuticos. Antes, la mujeres que podían pagar uno o que tenían el apoyo de una obra social para dicho servicio, solían estar en ventaja frente a las pacientes más pobres. Pero todo se cortó abruptamente con la pandemia: ahora todas han perdido ese apoyo emocional que las sostenía. Por eso, para distraerse de ese entorno cada vez más asfixiante, Beti se dedica a hablar con sus amigos por celular. Ya no puede salir a pasear con ellos, pero al menos cuenta con un teléfono que la ayuda a conectarse con el mundo de afuera.
A la pobreza que caracteriza al hospital, el aislamiento suma tensiones económicas a las pacientes y afecta más su libertad. “Hay pacientes que no tienen tarjeta de débito para ir a un cajero automático y retirar dinero. Los bancos ya están atendiendo al público con turnos y, sin embargo, a ellas no se les deja ir”, afirma la terapeuta María. “Hay mujeres que desde hace más de dos meses no tienen dinero”.
Las pacientes que sí cuentan con tarjeta de débito tampoco pueden disponer de su dinero con la misma facilidad de hace unos meses. “Antes iban al cajero al lado del hospital, pero ahora tampoco se les permite ir solas, deben hacerlo acompañadas por nosotros. Las autoridades suponen que ninguna de ellas puede comprender que no tiene que llevarse las manos a la cara después de usar el cajero”, señala la terapeuta. Y esa es una de las cuestiones que más preocupa al personal: mientras que ciertas mujeres comprenden la gravedad de la epidemia y usan tapabocas, otras no entienden la necesidad de hacerlo. Es muy difícil que ninguna de ellas comparta un mate o un cigarrillo.
A aquellas que no tienen dinero o sus familiares no puede acercarse al hospital a dejarles artículos de necesidad, los trabajadores deben abastecerlas de jabón, yerba mate, azúcar o cigarrillos. Pero eso acaba perjudicando la convivencia en los pabellones: “Algunas lo pueden pagar, otras no. Se van endeudando entre ellas y eso genera problemas de convivencia”, asegura María. “El problema no es que ellas no saben lavarse las manos, el problema es que no tienen jabón. No hay alcohol en gel para las pacientes, solo para los profesionales”, afirma.
Sin embargo, para el subdirector Basani “las pacientes tienen cubiertas las necesidades básicas: medicación, alimentación, atención médica y psicológica, y calefacción. El hospital está mucho mejor de lo que la gente imagina”. No le asombra que el personal deba pagar de su bolsillo artículos de limpieza o incluso elementos de trabajo. “Hace 30 años que estoy en instituciones médicas. Eso forma parte del paisaje, los profesionales siempre ponemos un poco más”, asegura.
Días después de la entrevista que ofreció para este reportaje, el subdirector Basani fue internado en un hospital. Este viernes, las autoridades confirmaron que es COVID positivo. A raíz de esto ha tenido que volver la directora Norma Derito, quien estuvo de licencia precisamente por pertenecer al grupo de riesgo. Las autoridades decidieron que fuera ella quien retomara la dirección del hospital de forma remota. Mientras tanto están evaluando qué médicos y asesores estuvieron en contacto con Basani para que sean testeados y aislados. La pandemia agudiza así la falta de personal en la institución.
Pero lo peor aún parece estar por llegar. Según el doctor Paz, el viernes 12 de junio se habilitó un servicio para internar a las pacientes contagiadas de COVID-19. Esto quiere decir que quienes se infecten dentro del centro psiquiátrico recibirán su tratamiento en el mismo lugar donde se contagiaron. El psiquiatra explica que alrededor de la mitad de la población del Moyano es grupo de riesgo. A la edad avanzada, se suman las enfermedades respiratorias y cardiovasculares que padecen, la obesidad y diabetes. “Solo nos queda presionar”, dice, para desactivar esta bomba de tiempo.
*A pedido de las personas que confiaron su testimonio a Salud con lupa mantenemos en reserva su identidad y se les asignó un nombre aleatorio.
