Azul Rojas Marín está segura de que sigue viva porque tiene un propósito que cumplir. Han pasado catorce años desde que agentes policiales del distrito Casa Grande, en La Libertad, la detuvieron en medio de insultos, para luego desnudarla, torturarla y violarla. Desde entonces Azul no ha frenado en su búsqueda de justicia, consciente de que los pasos que ella da también hacen avanzar a la población LGTBI.
La investigación contra los policías que la torturaron se archivó en 2009 y apenas fue reabierta hace cuatro años, por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A la fecha, la Fiscalía sigue sin formalizar la denuncia para que el caso pase a juicio. Aún así, Azul se siente fuerte: ya cuenta con una sentencia a su favor.
El 12 de marzo del 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró responsable al Estado peruano por haber violado los derechos de Azul a la libertad personal, a la integridad, a la vida privada, a no ser sometida a tortura, y a garantías y protección judiciales. Como parte del fallo unánime, la Corte ordenó al Estado cumplir con medidas de reparación y acciones para evitar que hechos como este se repitan.
Dos años después, los plazos han vencido y la única medida cumplida fue la publicación de la sentencia. Ante la consulta de Salud con lupa, la Procuraduría General del Estado señaló que están realizando los últimos trámites para emitir la resolución que permitirá iniciar con las reparaciones. Azul, quien ha recibido respuestas similares antes, no quiere más promesas sin acción.
“No soy la misma de hace catorce años, quiero que el Estado lo sepa. Soy una mujer que me sé defender y tengo el orgullo de decir que soy una sobreviviente”, nos dice en una videollamada.
Azul Rojas Marín tiene 40 años y ha pasado casi la mitad de su vida luchando por justicia. Hoy no pide al Estado que reconozca sus derechos, exige que los respete.
La lenta respuesta del Estado
¿Qué impide que se realicen las medidas de reparación? Según las especialistas consultadas por Salud con lupa, se necesita que la Procuraduría General del Estado determine las responsabilidades de las entidades públicas que implementarán las reparaciones para Azul Rojas. Esas disposiciones quedan plasmadas en un documento llamado acuerdo resolutivo.
A fines del 2020, a Azul y a sus representantes legales les prometieron fechas para iniciar las reparaciones, que finalmente no se cumplieron. “Nos dijeron que iban a demorar tres meses, pero ya ha pasado más de un año y medio [desde esa reunión] y no se ha avanzado en aprobar el acuerdo resolutivo. Lo único que nos responde el Ministerio de Justicia es que la Procuraduría sigue en la elaboración de su informe”, señala Edith Arenaza, abogada de Promsex, organización que junto a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y REDRESS llevaron el caso de Azul ante la Corte Interamericana.
El 12 de marzo de este año, se venció el plazo que tenía Perú para cumplir con las medidas dictadas por la Corte. Tanto Promsex como la Defensoría del Pueblo han enviado distintos escritos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos —entidad que debe vigilar el cumplimiento de este tipo de sentencias—, pero la respuesta siempre ha sido la misma: mientras no haya acuerdo resolutivo, nada avanza.
“De no cumplir con implementar el fallo de la Corte, el Estado peruano incurriría en responsabilidad internacional. La Corte Interamericana tiene la posibilidad de consultar qué se ha hecho en relación a lo que dispuso hace dos años”, indica Porfirio Barrenechea, jefe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo.
Según señaló Edith Arenaza, Promsex evalúa solicitar a la Corte que se active dicha supervisión. En ese caso, el Estado tendría que responder directamente a este organismo internacional por qué no ha cumplido con las reparaciones.
Distintas circunstancias podrían explicar la demora. Una de ellas es la emergencia sanitaria. Otra es la inestabilidad política. Desde que la Corte Interamericana emitió la sentencia a favor de Azul Rojas, en Perú ha habido siete ministros de Justicia. El 10 de marzo, poco antes que se cumpliera el plazo que tenía el Estado, el defensor del Pueblo envió un oficio al entonces ministro de Justicia, Ángel Yldefonso, para exhortarlo a establecer el acuerdo resolutivo necesario para las reparaciones. Nueve días después, había un nuevo ministro en esa cartera.
Para las fuentes consultadas por Salud con lupa, sin embargo, una demora de dos años implica sobre todo una falta de voluntad política por parte del Estado. Así, cada día que pasa sin que las medidas de reparación y no repetición sean cumplidas, la violencia institucional contra Azul Rojas y otras personas LGTBI se mantiene.
Una atención necesaria
En enero de este año, la Procuraduría General del Estado envió un oficio a la Defensoría del Pueblo para informar sobre el estado de cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte. Respecto al tratamiento de salud —la medida más urgente—, la entidad apuntó que Azul Rojas cuenta con el Seguro Integral de Salud (SIS) y que ha recibido nueve atenciones médicas ambulatorias entre 2014 y 2018. Una situación que está lejos de constituir una reparación.
“[El SIS] No cubre las medicinas ni exámenes que Azul requiere. Adicional a estas barreras, el seguro tampoco cubre gastos de traslado ni hospedaje. Azul vive en Casa Grande, a tres horas de Trujillo. Para llegar al hospital tiene que viajar en bus, y si no logra atenderse ese mismo día, tiene que hospedarse en la ciudad”, explica Edith Arenaza.
Debido a la violencia que sufrió, actualmente Azul Rojas sufre de estrés postraumático y necesita una atención especializada que el Seguro Integral de Salud no puede ofrecerle. Por ese motivo, el SIS no resulta el mecanismo apropiado para una reparación. Lamentablemente, sigue siendo la respuesta más común del Estado para la atención de salud en casos de violaciones a los derechos humanos.
“Cuando la Corte Interamericana ordena mecanismos para la recuperación o rehabilitación de situaciones que afectan la salud física y mental, lo que está diciendo al Estado es que tiene que garantizar que estas personas accedan a una atención integral que pueda mejorar las condiciones en que se encuentran. El SIS no cumple con ese estándar, no es la atención idónea para responder a la reparación de las víctimas”, precisa Brenda Álvarez, abogada de Justicia Verde.
Uno de los motivos por los cuales Azul desconfía de las promesas del Estado es que hasta ahora —catorce años después de los crímenes que sufrió y dos años después de la sentencia a su favor— no se haya hecho cargo del tratamiento de su salud. “Si mi salud física, emocional, psiquiátrica no está bien, ¿cómo voy a querer hacer un acto público de reconocimiento y disculpas? No, señor. Ese acto lo tiene que hacer el Estado, sí. Pero quien se tiene que sentir reparada soy yo”, dice Azul.
En el 2020, cuenta, le ofrecieron que ese acto público —parte de las medidas de reparación— se hiciera en privado y en Lima. Azul se negó rotundamente. Cuando el momento llegue, exige que los representantes del gobierno vayan a su hogar, a Casa Grande. “Que tengan el suficiente valor de decir ‘de este pueblito, de este monte, salió el caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dice. Ese día no solo será Azul quien reciba una reparación, también todas aquellas personas que, como ella, han sido violentadas por su orientación sexual, su identidad o su expresión de género.
Contra una cultura del odio
28 de octubre de 2007. Yefri Peña Tuanama estaba esperando un taxi cuando cinco personas empezaron a atacarla, en medio de insultos transfóbicos. La patearon, la golpearon, incluso le cortaron la cara con una hoja de afeitar. Yefri logró escapar y se acercó a un puesto de vigilancia, pero los policías se negaron a ayudarla. Los atacantes la volvieron a encontrar y solo se fueron cuando pensaron que había muerto. Yefri Peña estuvo en semicoma por un mes.
25 de febrero de 2008. Azul Rojas Marín, de 26 años, caminaba hacia su casa cuando un grupo de policías bajó de su vehículo para registrarla y golpearla mientras gritaban “cabro concha de tu madre”. En todo el tiempo que estuvo detenida en la comisaría de Casa Grande, recibió insultos que hacían referencia a su orientación sexual. La obligaron a desnudarse, en medio de golpes, y abusaron de ella al introducirle una vara policial en el recto.
Abril del 2020. En la emergencia sanitaria por la covid-19, el gobierno de Perú dispuso restricciones por género: días en los que podían salir mujeres y días en los que podían salir hombres. Se reportó la detención de un grupo de mujeres trans por parte de policías de la comisaría de Bellavista (Callao). En un vídeo se observa que las mujeres son forzadas a hacer ejercicios físicos mientras las obligan a decir “quiero ser un hombre”.
De acuerdo a la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos (2020), 71% de la población peruana considera que las personas de la comunidad LGTBI son las más discriminadas. Ese estudio también revela los estereotipos y actitudes discriminatorias de los encuestados: 46% piensa que una persona trans vive confundida; 45% considera que las personas se vuelven homosexuales por traumas o malas experiencias; 19% aún piensa que la homosexualidad es una enfermedad.
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Azul Rojas reconoce que históricamente las personas LGTBI han sido víctimas de discriminación estructural y de diversas formas de violencia por su orientación sexual, identidad de género o expresión de género. La Corte también precisó que la violencia hacia esta población tiene un fin simbólico, pues se busca comunicar —a través de la víctima— un mensaje de exclusión.
Es por ello que, entre las medidas ordenadas al Estado peruano, se dispone implementar un plan de capacitación y sensibilización sobre la violencia contra las personas LGTBI, así como un sistema nacionalNacional de registro de casos de violencia contra esta población.
Actualmente, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables registra las denuncias que son atendidas por los Centros de Emergencia Mujer (CEM), pero no cuenta con el nivel de detalle que la sentencia de la Corte plantea. “En la ficha de los CEM sí existe un apartado para indicar si la víctima pertenece a la comunidad LGTBI, pero nada más. Y esa información no forma parte de un sistema de recopilación de datos, por ello no contribuye para establecer mejores políticas públicas”, explica Edith Arenaza, de Promsex.
Otra importante medida ordenada por la Corte es la adopción de un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGTBI víctimas de violencia.
Basta recordar las vulneraciones que sufrió Azul Rojas durante la investigación de su caso. “Le decían de forma reincidente que cómo le iban a creer que había sido violada, si ella tenía relaciones con hombres. Estos prejuicios en torno a su orientación sexual y su identidad de género fueron los principales obstáculos para que ella pudiera acceder a justicia”, cuenta la abogada Brenda Álvarez, quien representó a Azul en los primeros años de su lucha.
Ahora, en 2022, la investigación fiscal del caso de Azul —reabierta en el 2018— sigue avanzando con demora. “Es más complicado determinar los hechos después de tantos años, pero cuando Azul hizo la denuncia se llegó a individualizar a los agresores, dónde fue, a qué hora. Todo eso está de alguna manera demostrado, lo que pasa es que no se ratificó una investigación como un caso de tortura, como correspondía”, señala Porfirio Barrenechea, de la Defensoría del Pueblo.
Edith Arenaza, abogada de Promsex que lleva el caso actualmente, confirma que Azul ha pasado por un examen integral que corrobora los hechos de violencia en su contra, pues el equipo médico ha determinado que Azul presenta altos indicios de haber sido víctima de tortura por su orientación sexual. El estrés postraumático que sufre es consecuencia de ello.
Después de más de una década, el cansancio y la decepción no son ajenos a Azul Rojas. Haber tenido que recurrir a la justicia internacional para denunciar a su país no fue fácil. Reconocer que su propio país vulneraba sus derechos, tampoco. La sentencia de la Corte Interamericana fue una meta que alcanzó después de mucho sufrimiento, y ahora exige al Estado peruano que la cumpla.
“Aquí estoy, después de catorce años, y yo ya no volteo atrás, a lo que me pasó. Eso se acabó. Yo tengo una sentencia y no es tan solo mía”, resalta. Hoy Azul lucha por la memoria de su madre, que sufrió con ella, y por todas las mujeres trans y personas LGTBI que han sido víctimas de la misma discriminación y violencia. Sabe que la victoria, cuando llegue, será de todas y todos.
