Más de 270 periodistas de investigación de 24 países han firmado un pronunciamiento en el que denuncian que la Ley N.º 32301, promulgada por la presidenta Dina Boluarte, representa una grave amenaza a la libertad de prensa en Perú. Esta norma otorga al Estado facultades de control previo sobre los medios que reciben financiamiento de la cooperación internacional, al exigir que sus investigaciones, proyectos o actividades sean previamente aprobadas por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). De este modo, se vulneran principios esenciales del ejercicio periodístico, como la independencia editorial y el secreto profesional.
Entre los firmantes se encuentran figuras clave del periodismo de investigación a nivel global: Carlos Dada, fundador y director de El Faro (El Salvador); Jon Lee Anderson, cronista de The New Yorker; Marina Walker, directora ejecutiva del Pulitzer Center; Rosental Alves, director del Knight Center for Journalism in the Americas; Natalia Viana, directora ejecutiva de Agência Pública (Brasil); Katia Brembatti, presidenta de la Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji); y Marcela Turati, co fundadora del laboratorio de investigación Quinto Elemento Lab (México).
También respaldan el documento Joseph Poliszuk, coeditor fundador de Armando.info (Venezuela); Hugo Alconada Mon, periodista de investigación en La Nación (Argentina); Paul Radu, director y cofundador de la red global Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP); y Carlos Eduardo Huertas, director de la plataforma latinoamericana CONNECTAS.
El pronunciamiento tiene el apoyo de destacadas voces en la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa como Jo-Marie Burt, asesora principal para América Latina en la Washington Office on Latin America (WOLA); César Ricaurte, director de Fundamedios en Ecuador; y Zuliana Lainez, directora de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), reconocida por su compromiso con el periodismo independiente en el país.
Asimismo, la declaración ha sido suscrita por integrantes de 22 organizaciones internacionales de referencia en la protección de derechos fundamentales y el periodismo de investigación. Entre ellas, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), WOLA, el Pulitzer Center, el International Press Institute (IPI), el International Center for Journalists (ICFJ), y Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica.
También suman su respaldo FOPEA (Argentina), ABRAJI (Brasil), Fundamedios, Fundación MilHojas y Periodistas Sin Cadenas (Ecuador), la Red Centroamericana de Periodistas, la Relatoría de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), el colectivo No Nos Callarán (Guatemala), el Centro Nacional de Comunicación Social (México), La Liga Contra el Silencio y la Universidad de los Andes (Colombia), la Environmental Investigation Agency (Estados Unidos), la Fundación Más Voces (Estados Unidos) y el Fórum Catarinense de Comunicação (Brasil), entre otras.
Un llamado que nace desde los medios de investigación peruanos
Esta declaración internacional fue impulsada y redactada por los directores e integrantes de medios digitales de investigación del país: Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros; Romina Mella, editora general de IDL-Reporteros; Clara Elvira Ospina, directora de Epicentro; David Hidalgo, director ejecutivo de Ojo Público; Milagros Salazar, directora de Convoca; y Fabiola Torres, directora de Salud con lupa.
Estos medios —reconocidos por la solidez de sus investigaciones, su independencia editorial y su papel clave como contrapeso frente a los cada vez más escasos espacios de investigación en la prensa peruana— impulsaron esta declaración tras un análisis exhaustivo del marco legal de la nueva norma y de sus implicancias reales sobre derechos fundamentales como la libertad de prensa y la libertad de asociación en el país.
Control político encubierto como regulación
La Ley N.º 32301 le otorga al Poder Ejecutivo, a través de la APCI, la facultad de aprobar o bloquear proyectos periodísticos financiados con fondos internacionales. Esta medida afecta directamente a medios sin fines de lucro que han sido clave para revelar casos emblemáticos de corrupción en el país, como Lava Jato o Los Cuellos Blancos. También pone en riesgo el trabajo de medios como Salud con lupa, cuyo periodismo ha sido esencial para destapar irregularidades en compras públicas del sector salud y programas alimentarios, visibilizar la criminalización de mujeres pobres tras enfrentar emergencias obstétricas, alertar sobre el avance de grupos fanáticos que buscan eliminar la igualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos, y documentar con rigor la represión estatal que dejó más de 50 personas muertas y decenas de heridos durante las protestas al inicio del actual gobierno.
La norma exige ―de forma inconstitucional y bajo amenaza de sanciones drásticas― la inscripción obligatoria en la APCI. Incluye términos vagos como “intervención en política interna” o “actos que afecten el orden público”, que abren la puerta a su aplicación arbitraria contra cualquier medio que cuestione al poder. Además, prohíbe que los fondos de cooperación se utilicen para iniciar acciones legales contra el Estado, como litigios para acceder a información pública, una herramienta clave del periodismo en contextos de opacidad institucional. Esta restricción deja también sin protección legal a periodistas sometidos a acoso judicial.
El modelo reproduce patrones ya vistos en países como Venezuela, Nicaragua y Paraguay, donde normas similares han servido para cerrar medios, hostigar a la prensa crítica y desmantelar organizaciones de la sociedad civil.
Rechazo internacional a una deriva autoritaria
El pronunciamiento también denuncia que la norma es promovida por una coalición política con mínimos niveles de aprobación ciudadana, que ha capturado instituciones clave del Estado y necesita eliminar los contrapesos democráticos para mantenerse en el poder. En ese contexto, el periodismo libre se convierte en un blanco a silenciar.
Entre los firmantes hay periodistas de medios peruanos digitales y tradicionales, reporteros freelance y corresponsales de prensa extranjera. Destacan Edmundo Cruz, periodista de investigación con amplia trayectoria en la cobertura de casos de corrupción; Rosa María Palacios, analista y conductora de programas informativos; Paola Ugaz, periodista de investigación especializada en redes de poder y abuso clerical; Jacqueline Fowks, reportera de IDL-Reporteros y profesora universitaria; Pedro Salinas, cronista y autor de investigaciones sobre la pederastia en el Sodalicio; Mabel Cáceres, directora del medio El Búho en Arequipa; y Christopher Acosta, jefe de la Unidad de Investigación de Latina Noticias.
El documento también fue suscrito por integrantes de 11 organizaciones de la sociedad civil peruana: Asociación civil JAPIQAY, Memoria y Ciudadanía, Cultura Crítica, Redagrícola, Asociación Nacional de Centros (ANC), Fomento de la vida – FOVIDA, Comisión Andina de Juristas, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Las Tejedoras, Promsex, Servicios en Comunicación Intercultural Servindi y el Instituto de Defensa Legal.
En este enlace pueden leer la lista completa de adherentes:
