Desde que revelamos que seis supermercados de Lima y Callao venden frutas y verduras que superan los límites máximos de residuos de plaguicidas, los autores de esta investigación nos hemos reunido con cinco instituciones del Estado para explicarles los hallazgos y conocer qué acciones concretas adoptarán ante este problema.
El pasado 11 de abril, el director general de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), Marco Cárdenas, convocó a los autores del monitoreo a una reunión en la que explicamos el problema. Sin embargo, después de recoger información señaló que no brindaría declaraciones hasta reunirse con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), responsable de la vigilancia sanitaria de los alimentos agropecuarios en el campo y durante su producción primaria; y con la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA), del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que analiza el impacto de los plaguicidas en el ambiente.
Cuatro días después fuimos convocados por el Senasa. Su director general de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria, Josué Carrasco, dijo que no tienen la capacidad para vigilar todos los cultivos del país y que hasta el momento -a pesar de su competencia para hacerlo- no han sancionado a ninguna empresa o agricultor por la presencia excesiva de plaguicidas en las frutas y verduras que luego se comercializan en los mercados y supermercados del país.
El ingeniero agrónomo también coincidió en la necesidad de retirar del mercado los plaguicidas más peligrosos. Para establecer una ruta de trabajo dijo que se reuniría con la Digesa y la DGAAA. “Este tema requiere un enfoque sistémico y no se ha abordado de esa manera pese a que existe una normativa que así lo establece. Se está tomando por primera vez ese camino entre las tres autoridades para revisar temas pendientes”, añadió.
En la reunión adelantó que se trabaja en una propuesta normativa para verificar si las frutas o verduras tienen sustancias prohibidas o sus residuos de plaguicidas exceden los límites máximos permitidos antes de que ingresen a los mercados del país.
El Indecopi también interviene
La tercera entidad del Estado que nos convocó a una reunión fue el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), encargada de proteger a los consumidores de los abusos de las empresas. La cita se realizó el 21 de abril con la presencia de seis funcionarios, entre ellos Rosa Cabello, jefa de la Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Institucionales; Ángela Sevilla, de la Comisión de Protección al Consumidor N° 3; e Ivette Sánchez y Alessandro Nanetti, de la Dirección de Fiscalización.
Así, Rosa Cabello nos informó que incluirán el tema en el Consejo Nacional del Consumidor, en el que participan 16 representantes del sector público y privado, como ministerios, gremios empresariales, asociaciones de consumidores, entre otros, y que tiene la potestad de invitar a las instituciones involucradas en el tema.
La primera sesión se realizó el 26 de abril de manera virtual. Sin embargo, el representante del Senasa, Humberto Reyes, y el coordinador de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, Juan Arévalo, que participaron del consejo se limitaron a explicar las normas que rigen el uso de los plaguicidas en el Perú y las funciones que tienen que cumplir.
La representante de la Defensoría del Pueblo, Ana Palomino, que también participó en la videollamada le preguntó al funcionario del Senasa si han evaluado el impacto de las capacitaciones que han brindado a los agricultores sobre el uso de plaguicidas, y si han coordinado con el Ministerio de Salud sobre las prácticas que pueden hacer los ciudadanos para reducir la presencia de residuos de agroquímicos en los alimentos; sin embargo, estas consultas no fueron respondidas.
Control interno
El Órgano de Control Institucional (OCI) del Senasa fue otra de las instituciones del Estado que nos solicitó una reunión en la sede de la Contraloría General de la República el pasado 3 de mayo. En esta cita también explicamos a Marcos Álvarez, jefe de la OCI, y a Jenny Pérez, de la Subgerencia de Control del Sector Agricultura y Ambiente, los resultados de la investigación.
Sin embargo, los funcionarios no tenían toda la información sobre cómo funciona el Servicio Nacional de Sanidad Agraria y sus responsabilidades.
Cinco días después de la reunión, el Órgano de Control Institucional nos pidió el informe de resultados del monitoreo ciudadano y todos los datos que dispongamos sobre los impactos a la salud. Información similar también fue solicitada por el Senasa, el Indecopi y Cencosud, propietaria de las cadenas de Wong y Metro. Enviamos la información requerida, pero creemos que no es indispensable para empezar a corregir errores entorno a la fiscalización sobre el uso de plaguicidas en el país.
El equipo de Salud con lupa y los aliados del primer monitoreo ciudadano -el Consorcio Agroecológico Peruano, el Consorcio por la Salud, Ambiente y Desarrollo, y la Red de Agricultura Ecológica- también nos reunimos con el fiscal superior Alfonso Barrenechea, coordinador nacional de las Fiscalías en Prevención del Delito. Uno de los problemas que se abordó fue el uso de plaguicidas que están prohibidos en el Perú, y que ingresan por contrabando por las fronteras. Este problema requiere un trabajo articulado con la Policía y Aduanas.
Hasta el momento, quienes no se han pronunciado oficialmente son los supermercados Plaza Vea, Metro, Tottus, Wong, Vivanda, de Lima Metropolitana, y Minka, del Callao. De acuerdo a la explicación de Josué Carrasco, director general de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria del Senasa, la preocupación de los supermercados está en que tenga la percepción de que ellos son la única razón del problema y que el tema no se maneje de forma sistémica. Esta es una gran oportunidad para ofrecerles a sus clientes productos que no sean perjudiciales para la salud, que debe ir de la mano de mejores políticas y fiscalizaciones.
Para este Primer Monitoreo Ciudadano de Agroquímicos en Frutas y Verduras de Supermercados de Lima y Callao se tomaron, en presencia de notarios públicos, 84 muestras de ocho tipos de frutas y verduras vendidas en los supermercados: ají amarillo, apio, fresa, beterraga, pimiento, cebollita china, tomate y pepinillo, que luego fueron analizadas por los laboratorios certificados Groen Agro Control y Meriux Nutrisciences Perú. En 51 de las muestras hubo 37 plaguicidas por encima del límite máximo permitido, incluido el carbofurano, un insecticida muy peligroso que está prohibido usarlo en el Perú desde septiembre de 2022.
