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Comunidades amazónicas: amenazadas por el coronavirus y la minería ilegal

En el Perú, la comunidad nativa San José de Karene, de la Reserva Comunal Amarakaeri, no solo lucha para evitar que el coronavirus ingrese a su territorio, también para frenar la actividad minera ilegal. Su presidente, Juan Carlos Arique, denuncia que la población indígena está excluida de los planes del Estado para combatir ambos problemas.

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Las comunidades indígenas de Madre de Dios luchan no solo para prevenir el avance del COVID-19, sino también la minería ilegal. Foto: Audrey Córdova Rampant

Desde que el presidente del Perú, Martín Vizcarra, declaró estado de emergencia nacional por la pandemia de COVID-19, las comunidades nativas de Madre de Dios, una región amazónica al sur del país, han acatado con responsabilidad el aislamiento social obligatorio. Comunidades como San José de Karene, Shintuya, Diamante, Barranco Chico y Puerto Luz protegen la Reserva Comunal Amarakaeri.

Estas poblaciones no solo luchan para prevenir que el COVID-19 llegue a sus territorios, sino también para frenar la actividad minera de terceros. Se han identificado zonas del territorio comunal donde las medidas de excepción dictadas no se cumplen y el avance de esta actividad extractiva avanza y pone en peligro la salud y la seguridad de las comunidades asentadas en la zona.

Ante este panorama, Juan Carlos Arique Quique, presidente de la comunidad San José de Karene, explicó las principales medidas que se han tomado para evitar el avance del nuevo coronavirus, que ya ha afectado a 19 personas en Madre de Dios.

“En una asamblea comunal tomamos la decisión de cerrar el ingreso total a San José de Karene. Hemos bloqueado las vías de acceso para que no pasen personas desconocidas. También estamos concientizando a los comuneros sobre el nuevo coronavirus. Recomendamos mucha higiene y alejamiento”, sostuvo.

Según el líder indígena, una de las principales preocupaciones que tiene es la falta de acciones dirigidas a las comunidades indígenas por parte del Estado. La población está excluida del subsidio de 760 soles otorgado por el Gobierno pese a que el impacto económico que está generando la pandemia ya los ha afectado. Arique señaló que, tras la cuarentena, sus actividades de subsistencia están paralizadas.

“Ninguna personas de la comunidad se benefició del bono monetario del Estado. ¿Por qué los nativos no estamos beneficiados? Siempre nos hemos sentido excluidos y nunca hubo presencia del Estado”, aseveró.

La lucha también es contra la minería

A la pandemia de COVID-19 se suma la lucha contra la minería. La actividad minera de terceros no se ha detenido, pese a la declaratoria de emergencia. El jefe de San José de Karene explicó que los mineros continúan operando en el territorio comunal y no hay presencia policial.

En esta comunidad existen concesiones mineras superpuestas al territorio comunal, las cuales ya han creado conflictos socio ambientales. Además, la cantidad de mineros comunales en San José de Karene y poblaciones aledañas se ha incrementado de forma considerable debido al desplazamiento de los trabajadores que operaban en la “La Pampa”, el mayor campamento de mineros ilegales en la Amazonía, ubicado en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.

“Hemos constatado que siguen trabajando y no hay vigilancia por parte de las autoridades (…) Tenemos miedo, porque son extraños y pueden transmitir enfermedades”, aseguró Arique.

En un intento por manejar la situación, pobladores de San José de Karene están resguardando la comunidad con el bloqueo de las vías de acceso y desalojo de extraños, pero no es suficiente. Por eso, el líder harakbut pide al Estado peruano implementar la posta médica de su comunidad. “Esta enfermad sería perjudicial para las comunidades, principalmente para niños y ancianos. Se deben mejorar nuestros puestos de salud”, puntualizó.


Este artículo fue publicado originalmente en la página oficial de ECA Amarakaeri y lo republicamos con su autorización.

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ECA Amarakaeri

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