En conferencia de prensa del 23 de febrero, Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, anunció que el gobierno combatirá la prostitución callejera como parte de los operativos para terminar con la inseguridad ciudadana. Días antes, se había reportado el asesinato de cinco trabajadoras sexuales en balaceras ocurridas en el Centro de Lima y El Agustino.
Según se denunció, los autores de los crímenes estarían vinculados a mafias que cobran cupos y extorsionan a las trabajadoras sexuales. Pero nada de esto fue mencionado por el primer ministro, quien dijo más bien que los operativos para combatir la prostitución se debían al peligro de las infecciones de transmisión sexual (ITS). “Todos debemos contribuir a limpiar nuestras ciudades”, dijo Torres. En otras palabras, para el titular de la PCM, sacar a las trabajadoras sexuales de las calles reduciría el riesgo de transmisión del VIH o de otras infecciones.
La idea planteada por Torres no es nueva. José Luis Sebastián Mesones, director de AHF Perú y especialista en salud pública, comenta que cada cierto tiempo reaparece la estrategia de desaparecer o confinar a ciertos grupos poblacionales a quienes se califica de responsables del avance de las ITS. Nunca ha funcionado.
“Lo que hacen las intervenciones represivas es alejar a estas poblaciones [trabajadoras sexuales] de los servicios de salud y esto hace que no haya controles, que no haya preservativos… Lo único que se consigue es marginalizarlas y que ejerzan a escondidas. Como estrategia de contención de una epidemia, no es efectiva”, apunta Mesones. Distintas investigaciones presentan evidencia de lo mismo: la criminalización de poblaciones vulnerables nunca ha contribuido a la prevención de infecciones de transmisión sexual. Además, resulta una violación a sus derechos humanos.
Estrategia fallida
Un estudio publicado en 2020 en la revista Nature analiza la relación entre el estigma y la prevención del VIH en distintos contextos legales en diez países de África. Los datos de las entrevistas y análisis clínicos realizados a 7259 trabajadoras sexuales entre 2011 y 2018 sugieren que el incremento de leyes punitivas está asociado con mayor proporción de casos de VIH, mientras que los estigmas y las leyes que criminalizan el trabajo sexual podrían incrementar los riesgos de VIH.
Estas conclusiones son similares a las de otra investigación publicada en 2015 en la revista The Lancet. Luego de revisar más de 800 estudios y reportes sobre el efecto, en el VIH, de las violaciones de derechos humanos de las trabajadoras sexuales, los investigadores concluyeron que esas violaciones —que incluían detenciones y arrestos ilegales— incrementan la posibilidad de contraer VIH y limitan los esfuerzos de prevención de esta infección de transmisión sexual. Esto ocurre con mayor profundidad en lugares donde el trabajo sexual es criminalizado.
Según destacan los autores, la represión policial genera riesgo directo de VIH en casos de violencia sexual contra las trabajadoras sexuales; pero también genera riesgos indirectos cuando las trabajadoras sexuales son desplazadas de las calles principales a áreas menos conocidas. En estos lugares, las trabajadoras sexuales pueden verse presionadas por los clientes a tener sexo sin protección, además de ser víctimas de violencia física o sexual. El estudio también resalta que los condones —método de prevención contra el VIH y otras infecciones— son usados por la policía como evidencia del trabajo sexual e incluso pueden ser confiscados. Así, al ser arrebatadas de los condones, o al dejar de llevarlos por miedo, las trabajadoras sexuales quedan expuestas al sexo sin protección.
Como señala el doctor José Luis Sebastián Mesones, lo que debería ocurrir es que las estrategias de prevención de VIH y otras ITS incluyan el acercamiento a poblaciones vulnerables para examinar cuáles son los problemas que experimentan para acceder a servicios de salud y así poder solucionarlos. “No me parece coherente tratar de erradicarlo [el trabajo sexual], porque la gente sigue ejerciendo su labor a escondidas y ya no van a los servicios de salud. Esto es peligroso, en lugar de combatir una epidemia, lo que se hace es fortalecerla”, explica el director de AHF Perú.
Para Ángela Villón, coordinadora del Movimiento de Trabajadoras Sexuales del Perú, las palabras de Aníbal Torres incentivan el odio hacia ellas, mientras que la represión policial no logra el objetivo de “limpieza”. “Al sacarnos de las calles, solamente van a hacer que nuestro trabajo sea más clandestino”, señala. Sus experiencias confirman los hallazgos de los estudios mencionados previamente.
Una de las consecuencias de las constantes intervenciones policiales, señala Villón, es que las trabajadoras sexuales no pueden garantizar que sus clientes utilicen preservativos. “Si las batidas vienen en cualquier momento, a cualquier hora, yo estoy tensa y no puedo negociar el uso del condón con el cliente, no me lo permite”, explica.
Gracias a sus alianzas con organizaciones como AHF Perú, los colectivos de trabajadoras sexuales reciben condones y atenciones preventivas. Como parte de su estrategia en salud sexual y reproductiva, el Ministerio de Salud también capacita a trabajadoras sexuales como promotoras de salud y les entrega preservativos para prevenir y controlar la transmisión de infecciones. Estas acciones, sin embargo, tienen su contraparte en las acciones de otras instituciones del Ejecutivo.
“Viene el Ministerio del Interior con sus estampidas de policías y si nos encuentran el condón, en vez de decir ‘qué bueno’, dicen que se trata de un medio probatorio de que estamos ejerciendo la prostitución y nos meten presas. Entonces no podemos llevar condones en la cartera, es nuestra chamba pero se nos criminaliza por llevar el condón”, reclama Ángela Villón. En Perú el trabajo sexual no es un delito, pero muchas veces es tratado como si lo fuera.
Según datos de ONUSIDA, al menos 98 países penalizan algún aspecto del trabajo sexual, mientras que en 39 países vender o comprar actos sexuales está parcial o totalmente penalizado. En cinco países, además, es posible enjuiciar o sancionar la tenencia de preservativos. “Los países que criminalizan a grupos de población clave experimentaron un menor progreso en los objetivos relacionados con las pruebas y tratamientos del VIH en los últimos cinco años”, señala la organización en un reciente reporte.
La victoria de los prejuicios
La lucha contra la inseguridad ciudadana anunciada por el gobierno ha incluido la represión contra las trabajadoras sexuales, pero no contra las mafias que, según denuncian, las están matando. Ángela Villón indica que hay personas que se hacen pasar por clientes, piden los contactos de las trabajadoras sexuales y contratan gente para que las vigile y tome nota de sus horarios, de sus clientes y cuánto cobran. Luego, las mujeres son violentadas y amenazadas para pagar cupos. “A la que no quiere, le dan un escarmiento para ponerla de ejemplo para todas”, cuenta.
De acuerdo al registro del Movimiento de Trabajadoras Sexuales del Perú, en 2021 alrededor de treinta trabajadoras sexuales fueron asesinadas por estas presuntas mafias. En lo que va del año, serían al menos siete las mujeres fallecidas. Este fin de semana se reportó otro feminicidio en El Agustino, que también estaría relacionado con el cobro de cupos a trabajadoras sexuales. A esa situación se suma la criminalización de la que son objeto.
Luego de las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, el Ministerio de la Mujer emitió un pronunciamiento rechazando la violencia hacia las trabajadoras sexuales. Esta cartera expresó particular preocupación por la discriminación que viene sufriendo la población trans. Como se recuerda, de acuerdo con una investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, el 70% de las mujeres trans del país ejercen el trabajo sexual al ser su única opción de empleo.
Pese a la alta vulnerabilidad en la que se encuentran las trabajadoras sexuales, el Estado mantiene políticas que presuntamente apuntan a reducir la transmisión de VIH y infecciones de transmisión sexual, pero que no cuentan con evidencia de eficacia. Peor aún, ponen a esta población en mayor riesgo. No solo en lo que respecta a su salud, sino a su seguridad. Como dice Villón, hoy están en medio de la represión del gobierno y las mafias de extorsión. “Nos matan y nadie hace nada”, señala.
