Han transcurrido diez días desde que el presidente Nicolás Maduro, quien gobierna bajo el desconocimiento de 61 países del mundo, ordenó a la población venezolana a cumplir una cuarentena social tras confirmarse que el virus que causa la gripe y neumonía COVID-19 comenzó a circular en el país. Cuando se supo del primer caso en Brasil y luego en Colombia, países fronterizos con Venezuela, se sabía el riesgo latente que corría la nación de volver a enfrentar otra epidemia.
La preocupación se incrementó al tener en cuenta la crisis sanitaria que ya atraviesa Venezuela: desde un déficit de camas y fallas de infraestructura en sus hospitales públicos, un acceso poco eficiente e irregular a insumos médicos y medicinas hasta el reducido número de médicos y enfermeras que han dejado de trabajar por los bajos salarios que ofrece una economía marcada por la hiperinflación y la recesión.
Es más: Venezuela enfrenta una nueva pandemia mientras que otras enfermedades, eliminadas en el pasado, se vuelven a propagar en el territorio, como la malaria, la difteria y el sarampión. Las dos últimas infecciones volvieron porque el Estado no pudo mantener en óptimas condiciones las coberturas de vacunación en más del 95% de todo el país, como lo ha denunciado ampliamente la Sociedad Venezolana de Salud Pública y como quedó asentado en un informe que se presentó en 2018 ante el Consejo Directivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La incidencia de estas enfermedades, y otras de notificación obligatoria, aumentan en medio de lo que se ha bautizado como "silencio epidemiológico", que hace referencia al ocultamiento, ya desde hace dos años, del Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud, que ha impedido, entre otras cosas, que el personal de salud tome decisiones para prevenir que la población enferme.
Descrito así el panorama de la salud pública en Venezuela, que despertó la preocupación incluso de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, el clamor compartido por los venezolanos se resume en la siguiente afirmación: se asume que el problema no es enfermar, sino conseguir atención adecuada en la red de salud pública.
Apalancados en esta premisa, el confinamiento colectivo, descrito como una de las medidas de prevención y contención más efectivas para detener el avance de COVID-19, se ha cumplido en 90%; al menos esa es la estimación de la que hacen eco los funcionarios que conforman la Comisión Presidencial, en quienes recae la vocería de todo lo relacionado con la enfermedad provocada por un nuevo coronavirus. Irónicamente, el Ministerio de Salud, como ente rector de las políticas sanitarias, no ha tenido voz en las alocuciones públicas, aunque su representante, Carlos Alvarado, participa en las reuniones.
El 13 de marzo, la vicepresidente Delcy Rodríguez confirmó los dos primeros casos de COVID-19 en Venezuela, que habían llegado en un vuelo de Europa. Ambos, según la versión oficial, son procedentes del estado de Miranda. Días después, Maduro decretó el Estado de Alarma, figura de Estado de Excepción contemplada en la Constitución Nacional, para atender la epidemia. En esta medida se ampara la cuarentena social. Mantener las calles y avenidas del país prácticamente vacías ahora es una responsabilidad que pesa también sobre funcionarios policiales y militares.
Ahora, Maduro aspira a elevar en 95% la cuarentena. La orden en las calles es dejarlas "limpias", incluso la poca afluencia de transeúntes fue propicia para el emprendimiento de una labor de desinfección de las vías. En principio, Maduro recomendó el uso de mascarillas a toda la población que se movilizara. Pero algo jugó en contra: el Gobierno no ofrecía tantas mascarillas para proteger a la población y las personas no contaban con 300.000 bolívares -unos 3.5 dólares- para comprarlas en una farmacia. En Venezuela, el salario mínimo equivale a 2.3 dólares.
Las contradicciones no solo quedan en las medidas de prevención. Los datos de nuevos casos ofrecidos por el Estado carecen de información técnica. Hasta ahora, de acuerdo con el último parte oficial, hasta el 27 de marzo, el país acumuló 113 casos de COVID-19 confirmados. El foco de la epidemia se mantiene en el estado Miranda donde hay 46 casos confirmados.
Aún hay dudas sobre cómo harán las personas que tiene consultas médicas por distintas enfermedades y deben cumplir sus tratamientos. Una infectóloga me comentó que recibió denuncias de pacientes a los que les impidieron acercarse a los hospitales en Caracas. Supe del caso cercano de un familiar que vive en Valencia, una ciudad que queda a dos horas y media de la capital, que no sabe aún cómo trasladarse al servicio de Oncología del hospital Dr. Domingo Luciani, porque no hay transporte y debe someterse a su quimioterapia, cuyos ciclos son cada 21 días. Las consultas están suspendidas también. Los hospitales solo atenderán emergencias.
El Gobierno dispuso de 46 hospitales grandes para atender casos posibles de COVID-19. Pero, de acuerdo a la ONG Médicos Unidos, que tiene en su organización una red de médicos en gran parte de los centros asistenciales del país,no todos los establecimientos de salud cuentan con suministros de insumos ni cupos suficientes para tratar a la población afectada. El Gobierno, en el transcurso de la semana, dio anuncios de que el presidente Maduro habló con el director de la OMS para solicitar asistencia humanitaria, luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI), instancia que el chavismo ha cuestionado desde hace 20 años, negara ofrecer un préstamo de 5 mil millones de dólares para asistir al país ante la emergencia que supone la epidemia y el colapso de la red pública. Pero en medio de los anuncios, la calma parece imperar en las calles, las personas hacen sus diligencias tranquilas, aunque el sentimiento de expectativa de cuánto tiempo se extenderá la medida aún permea en los venezolanos.
Armando Altuve es un periodista venezolano que cubre temas de salud pública y política. Actualmente, pertenece a la Unidad de Investigación del medio El Pitazo.
