Mientras 69 países toman medidas comerciales proteccionistas y se disputan insumos, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, apoya la creación de un banco voluntario de derechos de patentes, donde estén liberados los datos de pruebas de diagnóstico, medicinas, vacunas, ventiladores, máscaras N95 y otros equipos que puedan compartirse con todos los países para frenar la crisis sanitaria global.

La iniciativa fue propuesta por funcionarios del Gobierno de Costa Rica a comienzos de abril en medio de crecientes preocupaciones de que algunos productos médicos para COVID-19 se vuelvan inaccesibles para los países de más bajos recursos. Al establecerse un mecanismo voluntario de liberación de derechos de patentes, bajo el auspicio de la OMS, se espera que farmacéuticas, empresas de tecnología médica, universidades y otros centros de investigación cedan sus derechos en favor de la salud pública.

Por lo pronto, la Unión Europea ya ha enviado un proyecto de resolución a la Asamblea Mundial de la Salud, máximo órgano de decisión de la OMS, para poner en marcha el banco voluntario como parte de un plan para garantizar el acceso equitativo a pruebas, tratamientos, vacunas y otros productos médicos relacionados al tratamiento de COVID-19. La Asamblea llevará a cabo una sesión virtual sobre este tema el próximo mes.

El proyecto implica que la Asamblea Mundial de Salud trabaje con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Fondo de Patentes de Medicamentos, Unicef, la Coalición para la Innovación en Preparaciones para Epidemias, el Fondo Mundial para la Lucha contra el VIH/SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, y la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (conocida por sus siglas en inglés GAVI).

Dicho modelo es distinto a las licencias obligatorias. Este tipo de licencias aprobadas por los Estados permite que una agencia pública o un fabricante de medicamentos genéricos copie un fármaco o producto patentado sin el consentimiento de la compañía de marca que posee la patente. La medida se justifica en la protección de la salud pública y está amparada en un acuerdo de la Organización Mundial del Comercio.

"Todo se reduce a si una empresa cede voluntariamente las patentes o si el Estado decide (...) Algunos creen que no se puede confiar en que las empresas actúen en forma voluntaria”, dijo Ken Shadlen, experto en patentes y profesor del London School of Economics, al periódico estadounidense STAT News.

El negocio de la crisis

La pandemia de COVID-19 ha generado investigaciones colaborativas entre científicos y acciones solidarias de varias empresas, pero también se han dado casos de personas y compañías que intentan sacar provecho de la crisis a través de sus patentes. En marzo pasado, la offshore Labrador Diagnostics LLC, del Fortress Invesment Group, demandó a la compañía estadounidense BioFire por infracción de patente al haber producido copias de sus pruebas de diagnóstico de coronavirus.

Cuando se hizo público el caso, Labrador Diagnostics LLC dijo en un comunicado de prensa que permitiría a terceros usar su tecnología patentada para desarrollar pruebas de COVID-19. Mientras que en Italia un fabricante de dispositivos médicos se negó a compartir el diseño y esquemas de las válvulas que se necesitaban con urgencia en el hospital de Chiari en Brescia.

La lucha contra el coronavirus se veía en peligro porque no había más válvulas que se utilizan en los respiradores tan necesarios en las Unidades de Cuidados Intensivos donde se trataban a los pacientes más graves por la enfermedad. Por eso, los jóvenes italianos Cristian Fracassi y Alessandro Ramaioli crearon desde cero un archivo 3D de estas piezas para replicarlas. La alternativa funcionó y, aunque no son tan duraderas ni reutilizables, el costo de cada impresión hace que sea una opción más que viable.

Después de este hecho, la Comisión Europea trabaja en la liberación de las licencias de hasta 14 productos sanitarios (entre guantes, mascarillas y batas de protección) para que se produzcan de forma masiva por todas las empresas que están en condiciones de hacerlo para enfrentar la crisis.

Cuatro países evalúan romper patentes

Las patentes han amenazado la salud pública en el pasado. Esta es una de las razones por las que al menos cuatro países ya abrieron el camino para el proceso de licencias obligatorias. En marzo pasado, el Congreso de Chile aprobó una resolución que permitiría al Gobierno emitir licencias para cualquier método de diagnóstico, medicamento o vacuna para COVID-19.

La resolución respaldada por la Cámara de Diputados haría también que el Ministerio de Salud de Chile solicite a la OMS que recopile información sobre los costos de investigación y desarrollo directamente asociados con los productos utilizados para prevenir, detectar y tratar la enfermedad por el nuevo coronavirus, incluidas las inversiones públicas y privadas.

Luis Villarroel, director de Corporación Innovarte, dijo que esta medida permitiría mejorar la transparencia en los costos de investigación y desarrollo de medicinas y vacunas para tener una mejor comprensión de los roles desempeñados por el gobierno y la industria.

La Asamblea Nacional de Ecuador también ha aprobado una resolución que pide al Ministro de Salud emitir licencias que permitan al Gobierno eludir las patentes relacionadas con las tecnologías médicas de COVID-19. "Esta resolución establece la necesidad de sopesar los derechos de propiedad intelectual con los derechos fundamentales para garantizar un equilibrio adecuado entre propietarios y usuarios", según Hernán Núñez, director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

De igual modo, los congresistas canadienses aprobaron un proyecto de ley para acelerar el proceso de emisión de estas licencias. Mientras tanto, Alemania extendió el plazo que tiene el Gobierno para suspender los derechos de patentes e Israel aprobó una licencia obligatoria para el antiviral Kaletra, que llevó al fabricante AbbVie a renunciar a los derechos de la patente y a eliminar las restricciones a los suministros genéricos a nivel mundial.

El Gobierno del presidente Trump y los miembros del Congreso tienen un antecedente importante para preocuparse por los conflictos de las patentes. Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center y el Pentágono, se hicieron amenazas creíbles de los ataques bioterroristas de ántrax que podrían haber infectado a millones. El gigante farmacéutico Bayer tenía la patente de ciprofloxacina, el único tratamiento de ántrax aprobado, pero afirmó que necesitaba 20 meses para cumplir con la solicitud estimada por el gobierno para el medicamento.

Los fabricantes de genéricos ofrecieron fabricar la misma cantidad de dosis en solo tres meses. Pero a pesar de las solicitudes de la administración de Bush, Bayer se negó a permitir la ciprofloxacina genérica o a bajar sus propios precios altos. Solo después de que el gobierno amenazó con romper la patente para permitir la competencia genérica, la compañía concedió un descuento del 50% en la venta al por menor y aumentó la producción.

Algunos expertos que representan a compañías biotecnológicas y farmacéuticas han pedido que se amplíen las patentes sobre pruebas de diagnóstico en Estados Unidos; otros buscan aumentar el plazo de la patente para las vacunas (que ya tienen vigencia de hasta 25 años). En lugar de ayudar a salir de la crisis, la historia muestra que los abusos de empresas en situaciones privilegiadas reducen el acceso al tratamiento de una enfermedad y la posibilidad de salvar la vida de millones de personas.