En los puestos de fruta, el durazno destaca por su color y aroma dulce, pero detrás de esa apariencia se esconde un riesgo invisible. Un monitoreo ciudadano de pesticidas en alimentos, realizado en octubre de 2025, reveló la presencia de residuos químicos en esta fruta de consumo cotidiano vendida en cinco mercados de Lima y Callao. De las cinco muestras de durazno variedad Huayco analizadas, cuatro superaron los Límites Máximos de Residuos (LMR) en Perú, lo que las hace no aptas para el consumo humano. Bajo los estándares de Estados Unidos, ninguna de las muestras habría sido considerada segura.
Los análisis, realizados por el laboratorio Mérieux Nutrisciences, acreditado por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), confirman que el uso intensivo de plaguicidas en los cultivos sigue dejando rastros en los alimentos frescos que llegan a los consumidores, pese a los riesgos que implican para la salud y el ambiente. Las muestras se recolectaron en los mercados Gran Mercado Mayorista de Lima (Santa Anita), Lobatón (Lince), San José (Jesús María), Bellavista y Minka (Callao).
De las cinco muestras de duraznos analizadas, solo una —la del Mercado San José de Jesús María— cumplió con los límites establecidos por la normativa peruana. Las otras cuatro superaron los valores máximos de residuos permitidos para el consumo humano, como se detalla en el cuadro que acompaña esta nota.
El caso más preocupante se registró en el mercado Minka (Callao): allí se detectó el fungicida isoprotiolano en una concentración 45 veces mayor al límite legal, mientras que los plaguicidas azociclotín y cihexatín presentaron niveles 20 veces superiores a lo permitido.
Muchas personas compran el durazno para comerlo fresco, directamente del frutero, sin pelarlo ni lavarlo mucho, atraídas por su aspecto aterciopelado y su sabor dulce. Esa costumbre, tan común, puede ser riesgosa cuando la fruta contiene residuos por encima de los límites permitidos: al morder la cáscara, los químicos pueden ingresar al sistema digestivo, transferirse y acumularse en los diferentes órganos y tejidos.
El isoprotiolano puede causar irritación en la piel y los ojos, y si se inhala o ingiere de manera continua, afectar la fertilidad o dañar órganos internos. El ciprodinilo altera el funcionamiento del hígado, los riñones y la tiroides, además de ser tóxico para peces y otras especies acuáticas. Las sustancias usadas para eliminar ácaros, como el azociclotín y el cihexatín, representan un riesgo mayor: el primero puede provocar intoxicaciones por contacto o inhalación, y el segundo está asociado a malformaciones congénitas y daños neurológicos.
Lavar o pelar los duraznos ayuda a reducir parte de los residuos, pero algunos plaguicidas sistémicos penetran más allá de la piel y permanecen en la pulpa. Por eso, cuando las concentraciones superan los límites legales, el problema deja de ser solo una cuestión de higiene o inocuidad: se convierte en una amenaza para la salud pública.
El consumo frecuente de frutas y verduras contaminadas puede favorecer la acumulación de estos químicos en el organismo y aumentar el riesgo de enfermedades crónicas. La exposición constante a plaguicidas es especialmente peligrosa para niños, mujeres embarazadas y personas con defensas bajas o enfermedades previas, que son más vulnerables a sus efectos.
Frente a los hallazgos, el Monitoreo Ciudadano de Pesticidas en Alimentos —una iniciativa de organizaciones civiles que analizan frutas y verduras adquiridas en mercados locales para evaluar la presencia de plaguicidas— advierte la necesidad urgente de fortalecer las capacidades de vigilancia el Estado sobre la inocuidad de los alimentos que están poniendo en riesgo la salud de toda la población.
Se advierte que la responsabilidad de garantizar que los alimentos de origen agrícola sean inocuos y que no superen los Límites Máximos de Residuos de agroquímicos, corresponden a los gobiernos locales y al Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).
Los propios estudios del Senasa confirman que este problema es persistente: en el monitoreo del año 2023, 41 de 68 (60.29%) muestras de durazno resultaron no conformes, y en año 2024, 42 de 83 (50.60 %) muestras analizadas superaron los límites legales. Pese a estas advertencias, los controles actuales no logran reducir el uso indebido de plaguicidas en el campo ni evitar que productos contaminados lleguen a los mercados.
Las organizaciones que integran el Monitoreo Ciudadano de Pesticidas en Alimentos vienen analizando este problema desde hace cuatro años y han formulado recomendaciones para enfrentar sus causas estructurales. Es necesario reforzar la capacidad de fiscalización del Senasa, ampliar su cobertura hacia los pequeños y medianos productores, donde el uso de agroquímicos suele escapar al control estatal, e involucrar a los gobiernos regionales y locales en las tareas de inspección y vigilancia en los mercados. También se proponen implementar mecanismos de trazabilidad o rastreabilidad que permitan conocer el origen preciso de los productos agrícolas, ya que actualmente ingresan a los mercados sin conocerse su procedencia. Igualmente, se necesita fortalecer las certificaciones de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), destinadas a quienes aplican métodos de cultivo más seguros. Solo con controles efectivos y coordinación entre los distintos niveles del Estado será posible reducir la exposición cotidiana de la población a los plaguicidas y avanzar hacia una producción alimentaria verdaderamente inocua.
El Monitoreo Ciudadano de Pesticidas en Alimentos busca visibilizar la necesidad de garantizar calidad e inocuidad de los alimentos que se venden en los mercados, así como exigir un uso correcto de los métodos y sustancia para el control de plagas. La iniciativa nació frente a la ausencia de mecanismos de control y la escasa informacion que llega a los consumidores sobre las condiciones en que llegan los alimentos a su mesa.
