En diciembre de 2025 se promulgó la Ley 32535, que sustituye el enfoque de género por el de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, una medida que cambia los derechos por una concepción biologicista y moralista. Al amparo de esta ley, en los últimos meses el Estado peruano ha desmantelado avances en materia de derechos de niñas y mujeres, como la eliminación de la educación sexual integral o recientemente el lenguaje inclusivo.
Esta ley es resultado de campañas de desinformación de grupos antiderechos vinculados principalmente a distintas iglesias evangélicas y actores políticos de posicionamientos fundamentalistas, que han venido impulsando narrativas que califican, incluso, el enfoque de género de “ideología”.
Frente a esos falsos discursos es importante detenernos y analizar la importancia del enfoque de género para prevenir la violencia machista que en Perú atraviesa todos los ámbitos. La situación que enfrentan niñas y adolescentes awajún y wampis en Condorcanqui, Amazonas, que recientemente el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi), ha descrito como un problema estructural y persistente, o el caso de las adolescentes y mujeres campesinas de Manta, Huancavelica, víctimas de violación sexual y embarazo forzado por miembros de las Fuerzas Armadas durante el conflicto armado interno, ejemplifican este escenario violento.
El Estado peruano no puede normalizar estas violencias debilitando o eliminando, por ejemplo, servicios de atención a víctimas, servicios de salud sexual y salud reproductiva, o herramientas como la educación sexual integral, que contribuye a prevenir el abuso y la violación sexual.
El enfoque de género, satanizado por grupos fundamentalistas, es una herramienta metodológica de política pública destinada a garantizar el principio de igualdad real y no discriminación, reconocido en la Constitución Política del Estado y en los pactos internacionales de derechos humanos. Este enfoque permite comprender las causas estructurales de la desigualdad a fin de establecer cómo las diferencias socialmente construidas entre lo masculino y lo femenino generan relaciones de poder y subordinación, distribución inequitativa de recursos y patrones sociales, como estereotipos y roles sociales asignados, que producen violencia y discriminación.
En cambio, el enfoque de igualdad de oportunidades con el que se pretende reemplazar al enfoque de género, está orientado a asegurar el acceso o disposición de bienes, recursos y espacios de participación, sobre la base del principio liberal de la igualdad ante la ley, pero no responde a las relaciones de poder y subordinación, y por tanto, no permite enfrentar las violencias estructurales que enfrentan niñas y mujeres a diario en Perú.
Eliminar este enfoque, al tratarse de una medida regresiva en materia de derechos de las mujeres, particularmente de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW) y la Convención Belén do Pará, ratificadas por el Perú, solo sería legítimo si cumpliera con los requisitos del derecho internacional de responder a una necesidad imperiosa demostrada por el Estado, ser una medida temporal y proporcional, idónea y necesaria. Además, ser la única alternativa posible y no afectar el núcleo esencial de derechos.
La expulsión del enfoque de género de la normativa y las políticas públicas nacionales, sin embargo, no cumple con estos criterios. El Estado peruano está obligado a adoptar medidas para remover barreras estructurales que impiden la igualdad real, y por el principio de progresividad y no regresividad, a avanzar gradualmente hacia la plena efectividad de los derechos*, prohibiendo retrocesos injustificados que dejan a las niñas y mujeres peruanas en mayor desprotección y sin acceso a la justicia.
*Corte IDH. Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2018. Párrafo 146.
