El Gobierno de El Salvador puso bajo secreto por varios años la mayoría de la información oficial relacionada con la atención de la pandemia de Covid-19, incluidos los datos vinculados con el manejo hospitalario, compras de alimentos e informes de la Policía.
Los índices de información reservada de las unidades de Acceso a la Información Pública dan cuenta de estas acciones, de las que medios locales también han informado.
Cada oficina de Acceso a la Información está obligada por ley a elaborar periódicamente estos índices, en los que señalan los documentos que están bajo reserva.
Uno de los casos más recientes se dio a mediados de noviembre, cuando el Ministerio de Salud (Minsal) puso bajo reserva durante siete años un total de 49 sistemas informáticos, que no incluyen únicamente información sobre la atención de la pandemia.
Entre estos se encuentra el sistema que registra las altas hospitalarias, defunciones y nacimientos, además del sistema de vigilancia epidemiológica semanal y resultados de laboratorio.
Los sistemas relacionados directamente con la atención del Covid-19 son los de ingresos y salidas de los hospitales, indicaciones médicas, exámenes de laboratorio y traslado de pacientes.
De igual forma, la cartera de Salud, a cargo del ministro Francisco Alabí, puso bajo reserva la información sobre los centros de contención instalados por el Gobierno y en los que, según organizaciones sociales, se violaron derechos humanos.
Esta acción del Minsal se dio siete días después de que la Fiscalía General de la República (FGR) allanara su sede y otras oficinas gubernamentales en el marco de al menos 17 investigaciones sobre indicios de supuesta corrupción en el manejo de fondos públicos. Uno de los casos fue revelado por Salud con lupa.
En julio pasado, el Minsal ya había puesto bajo llave los datos generados en el Laboratorio Nacional de Salud Pública sobre los "mecanismos de toma, procesamiento y divulgación de resultados de pruebas para el Covid-19".
"No podemos dar un acceso a los expedientes clínicos de los pacientes por la garantía de la privacidad, esta información puede utilizarse de una manera inadecuada", indicó Alabí a mediados de octubre como justificación.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura puso bajo reserva, con lo que la población no puede conocer la información, los expedientes relacionados con un "examen especial" de fiscalización realizado a esta cartera de Estado sobre la compra y la distribución de ayuda alimentaria para personas afectadas por la pandemia.
De acuerdo con medios locales, solo en una primera entrega de alimentos a la población se gastaron 151,9 millones de dólares.
Mientras, el Ministerio de Hacienda declaró la reserva por cinco años de la información generada "durante el desarrollo de la emisión y colocación" de títulos valores cuya "finalidad sea la obtención de recursos financieros".
A toda esta información puesta bajo secreto se suma la del "informe situacional" para la atención de la emergencia del Covid-19 de la Policía Nacional Civil.
Con información de Agencia EFE
