El lucro de vender pruebas rápidas a costos excesivos y sin autorización

La mañana del 2 de mayo, con una fiebre de más de 39 y sin poder dictar sus clases virtuales de matemática, la profesora Irma^[1] notó que su hijo menor empezó a enfermar. Tenía tos seca, falta de respiración, dolores musculares que lo postraron en la cama y escalofríos que iban y venían sin importar las tres colchas que traía encima. En casa conocían muy bien esos síntomas: Irma y su esposo también los tenían.

De inmediato pidió a su hijo mayor Rubén que buscara en internet cómo se manifestaba la COVID-19. Luego de escuchar la lista de malestares y de confirmar que tenían casi todos, Irma no lo pensó dos veces y llamó a las líneas 113 y 107 del Ministerio de Salud, canales destinados a atender casos del nuevo coronavirus en el país.

No importó cuántos minutos estuvo en línea escuchando cómo timbraba el teléfono o cuántas veces marcó el número, durante ese día y el siguiente no obtuvo respuesta. Recién al cabo de dos días, una voz gruesa e indiferente le dijo que irían a su casa durante las próximas 24 horas para realizar la prueba a toda la familia. Mientras los síntomas de cada uno empeoraba y su hijo mayor —el único sano hasta ese momento— se dedicaba a atender a todos, Irma tuvo que esperar a lo largo de esa tarde a que llegara un representante del MINSA. Sin embargo, en cuatro días nadie tocó la puerta.

Cansada de esperar, comenzó a buscar por internet un laboratorio privado que pudiera hacerles la prueba de descarte. Ella no lo sabía, pero desde el 23 de abril, a través de una alerta sanitaria de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), las clínicas privadas y los laboratorios autorizados pueden hacer pruebas rápidas y moleculares de la COVID-19. Pero esto ha creado una serie de problemas.

“Si el Gobierno no provee, no hace compras eficientes y encima autoriza a los privados a realizar pruebas, lo único que está generando es un mercado”, dice Mario Ríos, abogado especializado en temas de salud. El 24 de abril, el gobierno declaró en alerta roja el sistema sanitario ante el colapso de los hospitales en el país. Más de 19 millones de ciudadanos asegurados en el Seguro Integral de Salud (SIS) y cerca de 11 millones en el Seguro Social de Salud (EsSalud), ya no pueden atenderse en estos establecimientos y necesitan que el Estado les haga las pruebas en sus casas. El problema radica en que el Gobierno no se da abasto para realizarlas a todos. En medio de la pandemia, las personas deben pagar dinero de su propio bolsillo para atenderse.

El negocio de las pruebas de descarte

Sin saber sobre la alerta de Digemid, ni que el MINSA tiene una lista de laboratorios autorizados que no es pública, desde su habitación, la profesora Irma llamó al primer laboratorio que apareció en Google: Suiza Lab. Por suerte, este establecimiento sí cuenta con autorización al igual que al menos seis laboratorios más: Unilabs; Roe; Medical Assistant; Gestión, Trabajo y Salud; SYNLab y Laboratorios Integrados. Todos ellos ofrecen pruebas rápidas o moleculares a precios que oscilan entre los 160 a 700 soles. “El Gobierno no tiene pruebas para hacérselas a los ciudadanos. Sin embargo, el sector privado las ofrece a precios inaccesibles. Mientras unos acceden porque tienen dinero para pagar, la mayoría espera en sus casas sin tener el auxilio de los servicios públicos”, explica Ríos.

Tras varios minutos de espera, Irma pudo comunicarse finalmente con una operadora de Suiza Lab:

— Nosotros solo hacemos pruebas rápidas. Las hacemos a domicilio. El costo es de 220 soles por persona más 70 soles por ir a la casa, le dijo el encargado que la atendió.

— ¿Cuándo vendrían?

— En tres días. En realidad, tenemos cupos para dentro de cinco días, pero en vista de que toda la familia tiene síntomas, le doy la opción de atenderlos en tres días.

— ¿En cuánto tiempo tendré los resultados?

— En 24 horas, le aseguraron.

Aquella respuesta y la tos incontrolable de su hijo menor que se oía hasta su habitación, le bastaron para aceptar el servicio. Tenía la esperanza de que tal vez, antes de que pasaran esos tres días y tuviera que gastar mil soles, alguien del MINSA llegaría a atenderlos, pero no fue así.

Tal como dijeron por teléfono, al tercer día un técnico de Suiza Lab llegó a su casa para realizar los exámenes. Para entonces Irma se sentía tan mal que, mientras le sacaban sangre de un dedo, no pensó cuán fiables eran las pruebas rápidas de Suiza Lab, quién analizaría sus resultados, dónde tendría que atenderse en caso saliera positivo, entre muchas otras dudas. Pero un día después, cuando le llegaron los resultados por correo, todas estas preguntas cayeron sobre su cabeza como una tormenta: su esposo, su hijo menor y ella tenían la COVID-19.

Llamó al laboratorio para saber qué debían hacer. Pero ahí solo le dijeron que se acercara a un centro de salud o a una clínica privada. “El trabajo del laboratorio solo es brindar los resultados. El análisis de ellos y el tratamiento a seguir lo debe dar un especialista”, narra la señora Irma por teléfono desde su casa en Barranco.

Había otra preocupación que la atormentaba: ¿por qué su hijo Rubén, que empezaba a tener síntomas, había dado negativo? Las pruebas serológicas o rápidas son similares a un examen de sangre. Sirven para detectar anticuerpos generados por el sistema inmunitario cuando enfermamos de la COVID-19. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no la recomienda por dos motivos: en primer lugar, se ha generado un gran mercado de pruebas rápidas y no todas tienen la capacidad para diferenciar entre los anticuerpos producidos por el nuevo coronavirus y los otros seis coronavirus humanos, lo que puede llevar a un falso positivo. Además, no todas las pruebas poseen la misma sensibilidad y el mismo margen de error. Este puede variar entre el 10% y el 40%, según la marca.

En segundo lugar, si bien algunos estudios revelan que si se hacen en el momento preciso no dan falsos positivos ni negativos y su margen de error es de 10%, la única forma de tener un resultado fiable en esta prueba es realizándola en el quinto o sexto día de la infección: el periodo en que empiezan a formarse los anticuerpos. Por eso, es muy importante saber cuándo hacerse la prueba rápida y, en base al resultado, el personal de salud debe interpretar los valores y ofrecer un diagnóstico. El problema reside en que los laboratorios no analizan esta situación y pueden hacer las pruebas al inicio de la enfermedad, arriesgándose a obtener un resultado erróneo y haciendo que las personas paguen por algo que no les sirve.

Por otro lado, hay un grupo de laboratorios que ofrecen los exámenes a precios que no superan los 130 soles. Sin embargo no están autorizados para realizar estos análisis clínicos.

Uno de ellos es EyC Medical Group, establecimiento que brinda pruebas para trabajadores de empresas a precios más económicos, pero que no aparece en la lista de Digemid. Esta informalidad genera diferentes problemas. Primero, los laboratorios no cuentan con ninguna certificación que acredite que sus pruebas son seguras y que su personal está capacitado para realizarlas.

Segundo, al no contar con la autorización del Estado, los resultados no se envían al Ministerio de Salud y sus casos positivos no forman parte del conteo general del país. De esta manera, las cifras actualizadas a diario en la Sala Situacional COVID-19 del MINSA y que anuncian las autoridades del país, no estaría incluyendo los casos positivos que revelan los análisis de estos laboratorios.

Según fuentes de Digemid, dirección encargada de supervisar a los establecimientos de salud, la disposición para que el sector privado pudiera efectuar los exámenes clínicos se dio con el objetivo de que el Estado no acapare todo el mercado. No obstante, el decreto no especifica lineamientos de supervisión y Digemid no tiene ni la capacidad técnica ni humana para fiscalizar.

La falta de supervisión y protocolos en estos laboratorios ya ha provocado denuncias de vecinos de San Luis y San Miguel en los últimos días. Diferentes establecimientos que vienen realizando análisis a trabajadores de mercados y empresas, y que no cuentan con autorización del Estado, arrojan los restos de las pruebas usadas en las calles.

¿Quién puede comprar pruebas?

El 13 de mayo, el Gobierno emitió una resolución que autoriza a cualquier laboratorio, empresa y organización a importar o comprar pruebas rápidas y moleculares. El proceso de adquisición también debe ser supervisado por Digemid, pero los requerimientos para las empresas no son específicos y pueden ser incluso menos estrictos que los que impuso el Ministerio de Salud para su propia adquisición de pruebas.

Hasta antes de que se publicara esta resolución, entre el 11 de abril y el 10 de mayo, 13 empresas ya habían importado pruebas rápidas al país por una suma de 4’019.557 dólares. Sin duda esta cifra se incrementará con la nueva disposición.

Las pruebas que llegaron al país cuestan entre 10 y 16 soles la unidad dependiendo la marca, pero las clínicas y laboratorios privados las venden hasta 23 veces más caro que ese precio. Estos kits que fueron comprados a las compañías Assure Tech Hangzhou, Core Technology, Gencurix, Co-Diagnostics, Acartron Laboratoires, vinieron de China, Corea, Hong Kong, Estados Unidos y España. Al igual que con los procedimientos de compra y toma de pruebas, nadie supervisa a qué precio se venden al público.

¿Qué sucede después de un
diagnóstico positivo?

Tras recibir los resultados del laboratorio, Irma veía cómo la salud de su esposo empeoraba y necesitaba con urgencia atención médica. Decidió ir a un establecimiento de salud para recibir el diagnóstico certero de un doctor. Después de su experiencia con las pruebas, sabía que sería inútil acercarse a un hospital de EsSalud, a pesar de que cada mes le descuentan un porcentaje de su sueldo para pagar el seguro. Así que llamó a la clínica San Felipe, en donde le dijeron que tenía que ingresar por emergencia y que la prueba molecular le costaría 920 soles cada una.

A pesar de que debía gastar 3.680 soles por estos exámenes para toda su familia, Irma no lo dudó y decidió que los cuatro acudieran a la clínica. Los resultados, que llegaron tres días después, confirmaron su diagnóstico, el de su hijo menor y el de su esposo. Pero revelaron algo más: su hijo mayor Rubén también tenía la enfermedad. “Sentí que las primeras pruebas habían sido un gasto innecesario de dinero. Porque tuve que hacer de todos modos pruebas moleculares y porque mi hijo mayor también estaba mal y no lo sabíamos”, cuenta con la voz quebrada.

Pero no era él quien más le preocupaba. La salud de su esposo, un matemático y catedrático universitario de 60 años, se deterioraba rápidamente. Tenía una tos seca constante que no lo dejaba hablar, ni comer ni dormir. Además de dolor de garganta y falta de respiración. Los médicos de la clínica San Felipe recomendaron su internamiento. Aunque él contaba con el seguro Pacífico Multisalud (por el que cada mes abona 240 soles), Irma tuvo que pagar 20 mil soles de su bolsillo como cuota de ingreso. Para ello tuvo que pedir un préstamo a dos bancos.

Sin su seguro privado con el que apenas cuentan 1’638.701 personas en el país, el pago habría ascendido a 50.000 soles.

El 23 de abril, el ministro de Salud, Víctor Zamora, declaró en conferencia de prensa que “todo paciente con coronavirus puede atenderse indistintamente en un establecimiento de salud público o privado gracias al intercambio prestacional aprobado en el Decreto Legislativo 1466”. En este documento se menciona que las prestaciones de servicios de salud a las personas contagiadas o con riesgo de contagio son excepcionalmente cubiertas por las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) que comprenden el SIS, EsSalud y Empresas Prestadoras de Salud (EPS) como Rimac, Mapfre, Pacífico Seguros, entre otras, a la cual está afiliado el paciente. Sin embargo, esto no se ha cumplido en la mayoría de los casos.

La Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) ha indicado que las clínicas no pueden negarse a atender a ningún paciente en situación de emergencia, pero muchos establecimientos no parecen hacer caso. En las últimas semanas, se han reportado diversas quejas de enfermos que se acercaron a clínicas y no los quisieron atender. El motivo: no les alcanzaba para pagar la cuota de ingreso. Ante la gran cantidad de denuncias a SuSalud, la institución viene preparando un plan de supervisión para evitar que se condicione el ingreso de pacientes a emergencia y los cobros excesivos.

“El problema aquí es que el Estado aún no fija un tarifario de atención ni lineamientos para que el sector privado atienda a los asegurados del SIS y EsSalud”, explica Mario Ríos, quien afirma que hasta la fecha no existe un acuerdo entre el Gobierno y las clínicas privadas sobre precios y cuotas de ingreso. Por eso, aunque la señora Irma tenía el seguro de EsSalud, éste no le ayudó a cubrir el pago de la clínica San Felipe.

Solo a través de Pacífico Seguros pudo finalmente cancelar la cuenta. El precio por día es de 700 soles si te llevan a un cuarto normal, y pasa los mil soles si ingresas a la Unidad de Cuidados Intensivos. Afortunadamente, su esposo no requirió de una cama UCI ni de un ventilador mecánico. Se recuperó con el oxígeno que le daban en una de las habitaciones del quinto piso de la clínica, cuya UCI se ha acondicionado para recibir a pacientes diagnosticados o con alta sospecha de la COVID-19.

Ocho días después, con una cuenta que supera los 30 mil soles, y que no cubre el seguro privado, la señora Irma, su esposo y sus dos hijos están en casa, recuperándose. Saben que son afortunados por haberse podido atender a tiempo en un centro de salud y estar vivos. Sin embargo, aún no saben cómo pagarán la deuda adquirida con los bancos por un servicio que debía cubrir el Estado. Por ahora, tratan de no pensar en el saldo que empezarán a pagar a fin de mes. Paradójicamente, esa misma fecha, sus empleadores aportarán a EsSalud por un seguro que no los atendió cuando más lo necesitaron*.

[1] A pedido de la persona que confió su testimonio a Salud con lupa mantenemos en reserva su identidad.

*Esta nota fue actualizada el 24 de mayo a las 2:30 pm.