La pandemia puso un alto a la vida como la conocíamos, pero no supuso un freno para la violencia que experimentamos las mujeres. Durante el confinamiento por la crisis sanitaria fueron más importantes que nunca los programas del Estado enfocados en la protección y atención de las niñas, adolescentes y mujeres adultas en riesgo. ¿Cómo les fue con esa tarea?
Salud con lupa revisó el presupuesto asignado y ejecutado en 2020 para la lucha contra la violencia familiar y encontró que la inversión del gobierno nacional se enfocó en el ámbito judicial, pero no en la atención psicológica a las víctimas. Esta no fue una prioridad pese a que existían recursos disponibles. El Ministerio de Salud apenas invirtió S/ 6 millones durante todo el año, menos del 50% del presupuesto total que se le había asignado.
Para Rossina Guerrero, psicóloga y directora de Promsex, esta situación pone en evidencia un problema más antiguo que la pandemia: la poca importancia que se da al cuidado de la salud mental de las víctimas de violencia en el país. “Todos en el discurso están en contra de la violencia y a favor de la salud mental, pero una política [pública] que no tiene presupuesto es una política que no se puede implementar. Y tener un presupuesto bajo que no se ejecute, es más preocupante”, apunta.
De acuerdo a las cifras que registra el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), el presupuesto total de apertura para la lucha contra la violencia familiar en 2020 fue de S/ 573 millones, pero luego se redujo a S/ 503 millones. Fuentes con experiencia en el sector público explican que es común que los ministerios realicen ajustes a los presupuestos en los primeros meses del año, pero en lo posible se busca mantener las proyecciones iniciales. Algo que no ocurrió en el año de la pandemia con recursos para un área de atención crucial como la lucha contra la violencia de género.
Una revisión al presupuesto asignado y modificado en sectores del gobierno nacional muestra que los ministerios de Mujer y Poblaciones Vulnerables, Educación y Salud fueron los que redujeron más sus pliegos de recursos. Ese aspecto se vuelve más grave al revisar cuánto se gastó del presupuesto ya recortado. El Ministerio de Salud inicialmente contaba con un presupuesto de S/ 32,500,000 para luchar contra la violencia familiar y pasó a tener menos de la mitad: S/ 14,809,981. Pero solo ejecutó S/ 6,615,279, como lo mostramos en este cuadro que acompaña el reportaje:
Esos recursos tenían como fin la atención psicológica efectiva a mujeres víctimas de violencia, principalmente mediante la implementación de centros de salud mental comunitarios y de módulos de atención de casos de maltrato infantil y de adolescentes. El problema está en que ninguna de estas obras tuvo siquiera un 50% de ejecución de presupuesto.
Según precisó el Ministerio de Salud, el presupuesto total con el que contó el sector para esta atención en 2020 en realidad fue de S/ 34,957,125. Sin embargo, S/ 20,147,144 fueron destinados a gobiernos regionales, que ejecutaron 89,8% de ese monto total. Los recursos ejecutados directamente por el Ministerio de Salud estuvieron dirigidos a centros de salud de Lima y efectivamente, no llegan al 50% del monto considerado para todo el año.
En contraste, el Poder Judicial y el Ministerio Público ejecutaron el 90% de sus recursos para la lucha contra la violencia durante el 2020. Sectores con presupuestos más bajos, como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Educación, también invirtieron casi la totalidad del dinero público asignado para la lucha contra la violencia.
La importancia de la salud mental de las víctimas
María tenía 18 años cuando fue agredida sexualmente por cuatro hombres después de salir del colegio. Su familia la encontró en el parque donde la habían abandonado sus violadores y la llevó a un hospital. Pero el establecimiento de salud se negó a recibirla si no presentaban una denuncia penal. La madre de María tuvo que ir a dos comisarías antes de conseguirlo, pero incluso entonces, el hospital no cumplió con los estándares de atención para las víctimas de violencia sexual. Pasaron dos días para que el hospital le diera a María una receta para la píldora del día siguiente, pero no le explicaron cómo conseguirla ni tampoco que la efectividad de la anticoncepción oral de emergencia disminuye con el paso del tiempo.
El personal de salud dedicó más tiempo a preguntarle a María una y otra vez por los detalles de la violación, pero no le dieron la atención psicológica necesaria. Luego que fue dada de alta, tampoco le dieron seguimiento. Finalmente sólo uno de los cuatro agresores de María fue detenido, y apenas estuvo encerrado un año en un centro de reclusión, pues era menor de edad. Así la violencia también vino del Estado, que le falló en todas sus instancias. Por este caso, ocurrido en 2014, hoy Perú enfrenta un litigio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al haber incumplido con brindarle a María atención integral de salud.
“Es que todo gira en torno a la denuncia, que es muy importante, pero aún para que una mujer o una niña denuncie, para que continúe en el proceso, es importante la atención a su salud mental”, resalta Rossina Guerrero. El problema, señala la psicóloga, es que las acciones contra la violencia aún tienen a las niñas y las mujeres como medio y no como fin: se persigue más la condena al agresor que el bienestar de las víctimas. Lamentablemente, no atender su salud mental es uno de los factores que genera el abandono de los procesos legales, pues suponen revictimización y agotamiento para las mujeres, más aún para las niñas. En 2020, a ese problema de enfoque se sumaron las circunstancias de la emergencia sanitaria en nuestro país.
Patricia Sarmiento, representante de la Adjuntía de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, dice que la atención a víctimas de violencia se vio afectada por la pandemia, pero más aún la salud, pues todos los recursos disponibles se concentraron en la atención de los pacientes covid-19. “Durante la primera cuarentena, los centros de salud mental comunitarios no se contaron como servicios esenciales y no prestaron atención, lo que implicó que muchas mujeres dejaron de recibir esa asistencia”, indica. Según los reportes del Ministerio de la Mujer, la violencia psicológica es el tipo de violencia más denunciado. Algo que tiene sentido, pues es la base de otras violencias como la física, sexual y económica.
Los centros de salud mental comunitarios cuentan con áreas que atienden específicamente a víctimas de violencia, y según profesionales que han trabajado de cerca en ellos, antes de la pandemia ya estaban sobrepasados para atender la demanda. En octubre, Salud con lupa conversó con el médico Ángel Sánchez, del Centro de Salud Mental Comunitaria de Carabayllo, quien tenía a su cargo una lista de mil pacientes en seguimiento. En medio de la pandemia, salía del consultorio para visitarlos una vez por semana.
"Hay poco personal, no se abastecen. Por mucho que quieran, no pueden atender porque no tienen cupo", comenta la psicóloga clínica Sandy Pastor Rosales, quien participa en la asociación Centro Mujer Teresa de Jesús realizando actividades de prevención contra la violencia de género. Esta es una de las iniciativas que buscó responder a la ola de violencia registrada durante la emergencia sanitaria.
La respuesta a la violencia en pandemia
El Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - AURORA, del Ministerio de la Mujer, tiene a su cargo la prevención y atención de casos de violencia a nivel nacional. Patricia Garrido, directora de Articulación Territorial del programa, señala que durante el 2020 y especialmente durante la cuarentena, se vieron obligados a replantear sus servicios para poder dar atención a las víctimas, muchas de las cuales habían quedado encerradas junto a sus agresores.
“La Línea 100 ha sido una de las principales herramientas para poder conocer de los casos y poder trasladarnos hacia el lugar”, explica. Según informa Garrido, en el 2020 la Línea 100 ha llegado a tener más de 200 trabajadores y trabajadoras y atendieron más de 230 mil casos, un incremento considerable respecto al año anterior. Esta estrategia junto al Chat 100, los hogares de refugio temporales y los Centros de Emergencia Mujer (CEM), fueron considerados servicios esenciales. Pensando en las dificultades de las personas para acudir a los centros, también se vieron obligados a crear equipos itinerantes de urgencia que iban al lugar donde se encontrara la víctima para resguardar su seguridad.
Las personas que integran dicho equipo son profesionales de psicología, derecho y trabajo social, quienes acuden para brindar una contención emocional, apoyar en la toma de decisiones, dar acompañamiento a quienes dependan de las víctimas, dar soporte psicológico, garantizar la protección social y brindar asesoría legal. “La pandemia ha significado un esfuerzo de los trabajadores para dar una respuesta oportuna. Por la cuarentena había dificultades de acceso y se ha tenido que hacer coordinaciones para llegar a algunos lugares alejados”, comenta la funcionaria del Programa AURORA.
En la atención de salud, el equipo de los CEM se encarga del soporte inicial y sobre todo de dirigir a la víctima de violencia hacia un establecimiento de salud para que reciba la atención psicológica terapéutica necesaria para su recuperación. “Ese es un proceso a largo plazo, que mínimamente se da durante un año para que la persona agraviada desarrolle y fortalezca sus recursos”, precisa Garrido. Las víctimas de violencia tienen derecho a acceder a atención médica, que incluye atención de salud mental. Frecuentemente, sin embargo, es un plano que queda de lado.
Aún atenciones de urgencia como la aplicación de los kits de emergencia para víctimas de violación. Según informó la ministra de la Mujer, Silvia Loli, en 2020 se administraron 1.325 kits de emergencia, que contienen la píldora del día siguiente para prevenir un embarazo no deseado y retrovirales para prevenir infecciones de transmisión sexual. Esa cifra contrasta con el registro de 6.323 víctimas de violación atendidas en los CEM durante todo el año. Las especialistas consultadas por Salud con lupa concuerdan en que las normativas del Ministerio de Salud sí apuntaron a resolver el problema, pero esto no se tradujo a la realidad.
La situación es peor si consideramos el subregistro, pues las víctimas de violencia, a merced de sus agresores por el encierro, tuvieron menos oportunidades para denunciar. “Antes la niña iba a la escuela y alguien se podía dar cuenta, o la interacción con otras personas permitía revelar que algo pasaba. Pero en un contexto sin reuniones sociales, las niñas y adolescentes tenían menos espacio para hacer llamados de auxilio”, comenta Patricia Sarmiento, de la Defensoría del Pueblo. Aún así, las denuncias por violencia familiar y de género se incrementaron en 130% durante los meses de cuarentena del 2020.
Quienes logran denunciar, aún enfrentan un largo camino por delante. Como explica Rossina Guerrero, psicóloga de Promsex, afrontar un proceso legal, donde muchas veces el denunciado es el padre, hermano, tío, pareja o conocido, implica un esfuerzo que difícilmente se puede afrontar sin un acompañamiento psicológico y una atención integral de salud.
En 2020, el Ministerio de Salud tenía más de S/ 14 millones para ejecutar en Lima, la región que registra mayor cantidad de casos de violencia a nivel nacional. Debía utilizarse para la atención psicológica a las víctimas, pero no se invirtió ni la mitad. Este año, en el programa presupuestal de la lucha para la violencia familiar ya no se considera esa asignación para el Ministerio de Salud. De acuerdo al SIAF, en 2021 sólo se han destinado recursos para la lucha contra la violencia desde el Ministerio de la Mujer y el Ministerio del Interior, además de gobiernos locales.
*Este artículo se actualizó a las 11:10 a.m. del 11 de marzo.
