El mundo negocia un tratado para responder a futuras pandemias: ¿por qué es importante?

Después de un viaje de 12 horas, la noche del 7 de febrero de 2021 un avión de Air France aterrizó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez del Callao. La nave trajo al Perú las primeras 300 mil dosis de la vacuna china de Sinopharm contra la covid-19 que devolvieron a la mayoría de peruanos la esperanza para controlar una pandemia que hasta entonces había acabado con la vida de 42 mil personas en el país. La pandemia demostró que Perú no se había preparado y falló en su respuesta a una emergencia sanitaria de gran magnitud, la que también evidenció todas las anomalías del sistema multilateral de coordinación y cooperación en salud coordinado a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS). No solo se declaró con un mes de retraso la alerta mundial por el brote de SARS-CoV-2 en Wuhan, China, sino que también el manejo de la emergencia reflejó grandes inequidades en el acceso a información, medicamentos y vacunas entre países ricos y pobres.

Países desarrollados, como Estados Unidos y Rusia, aprovecharon su poder adquisitivo y las inversiones que realizaron en el desarrollo de las vacunas para tener, antes que otras naciones, un acceso privilegiado cuando las farmacéuticas empezaron a venderlas. En la carrera para obtener lo más pronto posible las vacunas demostraron falta de solidaridad al acaparar las reservas y limitar el acceso de los países de ingresos medianos o bajos a un bien que debió ser público. Así, Perú se convirtió en el noveno país de América Latina y El Caribe en iniciar la vacunación: los primeros fueron México, Chile, Costa Rica y Argentina en diciembre de 2020, el mismo mes que Rusia, Estados Unidos y Reino Unido.

Ante este escenario, en abril de 2020 Chile manifestó la necesidad de contar con una nueva herramienta para hacerle frente a futuras pandemias, una iniciativa que fue respaldada siete meses después por la Unión Europea en el Foro de París sobre la Paz. En diciembre de 2021, durante una reunión extraordinaria de la Asamblea Mundial de la Salud, los 194 países miembros de la OMS crearon un Órgano de Negociación Internacional para que los represente en la redacción y negociación de un convenio, acuerdo u otro instrumento internacional sobre la prevención, preparación y respuesta frente a pandemias. El texto es conocido como tratado pandémico y entre sus ejes aborda el concepto de una sola salud; es decir, el hecho de que no se puede enfrentar pandemias sin considerar la interdependencia y vinculación entre la salud de las personas, de los animales y del planeta.

Para el doctor Luis Beingolea, coordinador del Organismo Andino de Salud, es urgente garantizar la equidad en el acceso a herramientas para prevenir pandemias -como vacunas, equipos de protección personal y conocimientos especializados- y el acceso a la atención de salud de todas las personas. Sin equidad se incrementan las desigualdades, como lo han advertido Amnistía Intencionalidad, Global Justice Now, Frontline AIDS y Oxfam: al inicio de la pandemia estimaron que, para el año 2021, 70 países pobres sólo podrían inmunizar a una de cada diez personas, pese a que se requería al menos que el 70% de la población esté vacunada ​​para hacerle frente a la transmisión viral, y con ello reducir las muertes y hospitalizaciones. Ni siquiera el mecanismo Covax, que buscaba que los países de ingresos bajos y medios accedan a las vacunas, funcionó porque hasta mayo de 2023 sólo el 6% de las vacunas que llegaron a América Latina fue mediante esta iniciativa.

Se busca ahora que el tratado pandémico sea vinculante; es decir, que los países cumplan obligatoriamente las disposiciones que acuerden que sean así. De esta manera, si se acepta que haya una distribución equitativa de medicinas o vacunas en una futura pandemia, sean sancionados quienes obstaculicen esas metas. En este punto también hay que considerar que no todos los países están en las mismas capacidades de responder a las obligaciones, por las brechas tecnológicas o económicas existentes.

Es la primera vez que se negocia un documento de esta magnitud para hacerle frente a las futuras pandemias. Hasta ahora solo se cuenta a nivel global con un Reglamento Sanitario Internacional (RSI) que tiene como finalidad prevenir la propagación de enfermedades infecciosas y cuya última actualización fue aprobada el 2005. Nació en la década del 50 con el propósito de vigilar y controlar inicialmente seis enfermedades transmisibles: cólera, peste, fiebre amarilla, viruela, fiebre recurrente y tifus, y fue actualizándose en los últimos años. Este reglamento resultó ineficiente para que los países coordinen la respuesta frente a la pandemia de manera equitativa, solidaria y transparente; y hoy también está en un proceso de revisión.

¿Quiénes negocian el tratado pandémico?

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su Representación Permanente ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, y el Ministerio de Salud (Minsa), mediante el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), participan en las reuniones donde se debate el tratado pandémico. Sin embargo, Perú aún no ha emitido una posición sobre su contenido. Cuando solicitamos una entrevista a la Misión Permanente para conocer cómo va la participación del país, se nos dijo que no podían dar información porque “la negociación aún está en curso”.

En Salud con lupa accedimos a un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores de septiembre pasado sobre el estado actual del tratado pandémico. En el documento de tres páginas, José Gonzáles, director para Asuntos Sociales de la Dirección General para Asuntos Multilaterales y Globales, explica que la Cancillería cuenta con las opiniones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi), el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), los ministerios de Agricultura y Desarrollo Agrario, Ambiente, y Comercio Exterior y Turismo; pero que está a la espera de la respuesta del Minsa para “construir una posición nacional”. Luego de tener una posición como país recién la compartirá con las organizaciones de la sociedad civil para recibir sus opiniones. No obstante, el tiempo para la retroalimentación es corto porque el tratado pandémico debería aprobarse en mayo de 2024 durante la 77.ª Asamblea Mundial de la Salud.

Si bien la Cancillería no ha debatido el tema de manera pública en el país, sí hay organizaciones que lo han hecho en varias oportunidades como la Red por una Globalización con Equidad (RedGE), Acción Internacional para la Salud (AIS) y la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), con la participación de académicos, investigadores y profesionales de la salud.

A través de estas reuniones han expresado su interés en que se pueda discutir mecanismos para liberar las patentes -un derecho que otorga cada país a una invención, hasta por plazo de 20 años, sin la posibilidad de que sea utilizada por terceros sin permiso del titular- para crear vacunas o medicinas en escenarios de pandemias; beneficios para los países que reporten patógenos que luego son utilizados por la industria farmacéutica para patentar tecnologías sanitarias; y el fortalecimiento de los sistemas de salud y recursos humanos para asegurar la atención de los pacientes durante las emergencias sanitarias.

Algunos de esos puntos, de acuerdo con la Cancillería, están obstaculizando las negociaciones. En el caso de la liberación de patentes, las grandes potencias estarían siendo presionadas por la industria farmacéutica y de dispositivos médicos para no aceptar esa condición; o el hecho de brindar beneficios a los países que reporten nuevos patógenos que son utilizados para desarrollar vacunas o medicamentos que terminan siendo patentados por las farmacéuticas y por los que obtienen millones de dólares anuales.

Otro de los factores que complican las negociaciones son los intereses diferenciados de las naciones. Por ejemplo, a países de ingreso medio como Perú les interesa más acceder de manera oportuna a vacunas y medicamentos para enfrentar pandemias; mientras que los países con una industria farmacéutica más importante, como Brasil o India, prefieren obtener tecnología para producir sus propias vacunas o medicamentos en caso de una emergencia sanitaria. Los países europeos, en tanto, privilegian la prevención y buscan mecanismos para que se reporten rápidamente los patógenos que las compañías farmacéuticas utilizan para crear nueva tecnología sanitaria.

El tercer factor que dificulta las negociaciones del texto que incluye 41 artículos es su obligatoriedad dado que muchos países lo toman como una declaración de intenciones y no un instrumento vinculante. Hay muchos intereses en juego, porque los países desarrollados protegen los beneficios de sus industrias como por ejemplo para la liberación de patentes.

La salud sobre las patentes

En 1998, cuando África fue golpeada por la epidemia del VIH (virus de la inmunodeficiencia humana), los países ricos donde se encontraban las grandes farmacéuticas se negaron a retirar las patentes a los antirretrovirales. Los medicamentos tardaron diez años en llegar a los países de bajos ingresos económicos, pese a que eran necesarios para evitar las muertes por Sida. Este tipo de escenarios se han tomado en cuenta en el tratado pandémico, pues aún no se llega a un consenso para suspender las patentes de medicamentos, vacunas o dispositivos médicos en emergencias sanitarias con la finalidad de asegurar la equidad en su distribución.

Durante la pandemia de la covid-19, las vacunas estuvieron bajo el control de las grandes farmacéuticas, como Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinovac y Novavax, y “las patentes fueron el mecanismo por excelencia que creó un oligopolio que decidió cómo y dónde se distribuían”. Así primero se beneficiaron los países que podían pagar los altos precios impuestos por las farmacéuticas que se negaron a liberar sus patentes pese a que más de 100 países se lo plantearon. En América Latina, por ejemplo, se registraron ocho patentes en Brasil, México y Perú: seis para la vacuna de Johnson & Johnson y dos para Moderna.

Una reciente publicación de Javier Llamoza, químico farmacéutico e investigador de Acción Internacional para la Salud (AIS) desde hace más de 15 años, muestra que para febrero de 2021, Canadá había comprado vacunas contra la covid-19 para vacunar 9 veces a su población; Reino Unido, 5 veces; y Estados Unidos, 3 veces. A finales de abril de 2021, de las 1.3 millones de dosis que se administraron en el mundo, solo el 0.2% se aplicó en países de bajos ingresos. Tres años después de declarada la pandemia las brechas continúan: hasta agosto de 2023, el 72.9% de la población de los países de ingresos altos había sido vacunada con al menos una dosis; mientras que en los países de ingresos bajos la inmunización llegó al 35.9%.

Sin embargo, no solo basta con liberar las patentes para asegurar una distribución equitativa de las vacunas u otros medicamentos, sino de transferir conocimientos técnicos a fabricantes de tecnología sanitaria en los países del sur y financiamiento, de acuerdo con los investigadores Gregg Gonsalves y Gavin Yamey. Y esos son puntos que no tienen consensos en el borrador del tratado pandémico. Por ejemplo, en el artículo 11 está en debate si debe o no “suspenderse la aplicación de los derechos de propiedad intelectual, mediante el uso de exenciones sujetas a plazos, a fin de facilitar el aumento de la producción, la fabricación y el suministro de los productos destinados específicamente a una pandemia”.

También hay que considerar que las vacunas no fueron creadas sólo con dinero de las farmacéuticas. Para el desarrollo de la vacuna contra la covid-19; BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Jhonson & Jhonson y Novavax recibieron en total más de 5 mil millones de dólares; y en el caso de las vacunas de ARN Mensajero, el financiamiento por parte de Estados Unidos ha sido de miles de millones de dólares en los últimos diez años. A pesar de ello, los resultados de ese financiamiento público no fueron liberados.

María Natalia Echegoyemberry, coordinadora del Grupo de Trabajo de Preparación y Prevención de Pandemias de Vacunas para los Pueblos de América Latina, plantea que se promueva la obligación de reinversión cuando las empresas se vieron favorecidas por la inversión pública. Esto significa que, si recibieron dinero público para realizar sus investigaciones, los resultados sean puestos a libre disposición de otras personas que puedan producir o mejorar esa tecnología. También apunta a la renuncia automática a la propiedad intelectual con la declaración de la pandemia. “Hay muchas omisiones. ¿Cuál es el lado normativo que tendrá el derecho a la salud? ¿Cómo vamos a lograr la equidad, la accesibilidad, la rendición de cuentas del sector privado?, paradigmas que también están desarrollándose en Latinoamérica vinculados a la responsabilidades de la empresa y garantía de los derechos humanos”, dice.

Contratos abusivos y secretismo

Además de la financiación pública, las farmacéuticas tuvieron otros beneficios a través de sus contratos. En el caso peruano, el investigador Javier Llamoza analizó los requisitos exigidos por Pfizer en sus contratos y los comparó con los acuerdos que se firman a través de licitaciones públicas y compras internacionales. Encontró que no existen penalidades por la demora en la entrega de vacunas -tampoco había plazos estipulados-, responsabilidades ante cualquier efecto adverso, o la resolución del contrato por incumplimiento de algún término, como sí ocurre en la adquisición de otros bienes o servicios. El Perú estaba legalmente indefenso ante cualquier eventualidad.

A pesar de que las compras de vacunas se realizaron con dinero público, predominó el secretismo y los países terminaron aceptando cláusulas abusivas de las farmacéuticas, más aún al ser negociaciones individualistas sin ningún afán de solidaridad con los demás países. De todas las dosis contra la covid-19 adquiridas en América Latina, el 73.8% se hizo mediante acuerdos bilaterales; es decir, por negociaciones entre los gobiernos y las farmacéuticas. En la urgencia por conseguir las vacunas para inmunizar a su población y la dependencia tecnológica que tenían, al menos 13 países de América Latina, incluido Perú, tuvieron que modificar sus leyes para comprarlas, librando de cualquier responsabilidad a las farmacéuticas.

Este escenario no debería volver a repetirse, pero está ausente en el borrador del tratado pandémico. En su artículo 10 el texto sólo dice que cada país definirá “estrategias para gestionar en su territorio los riesgos de responsabilidad derivados de la fabricación, distribución, administración y uso de las vacunas desarrolladas para responder a las pandemias”. Entre las estrategias podrían estar la definición de disposiciones de contratos modelo, mecanismos de indemnización por daños provocados por vacunas o mecanismos de seguros, pero siguen siendo medidas vagas.

Otro de los consensos que no se ha logrado está relacionado con el acceso y distribución de beneficios. Javier Llamoza lo explica de una manera sencilla durante una reunión de diálogo con la sociedad civil realizado el pasado 5 de octubre: los países están obligados a reportar ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) el material genético de nuevos patógenos, información que luego llega a las grandes farmacéuticas para realizar investigaciones y crear nuevas tecnologías que terminan siendo patentadas. Sin embargo, ahora no existe ningún beneficio para los países que reportaron el patógeno.

Sobre este punto hay varias alternativas dentro de las negociaciones del artículo 12 del tratado pandémico. Por ejemplo, brindar a la OMS como mínimo el 20% de los productos que se generen a raíz de los reportes de patógenos para que sean distribuidos a los países en desarrollo: la mitad se entregaría como donación y el resto a un precio asequible. Otra posibilidad es que los fabricantes de vacunas o medicamentos, en caso se declare una pandemia, realicen “todos los esfuerzos posibles para donar productos relacionados con las pandemias a los países que los necesiten” y en caso haya escasez “los países hagan esfuerzos para que un porcentaje de la producción trimestral se venda a países menos adelantados”. Alguna de estas disposiciones podría ser aceptada, modificada o no tomada en cuenta.

Es importante la participación de los países en la negociación del tratado, más aún cuando, de acuerdo con la abogada Echegoyemberry, se da en un contexto de poco poder de influencia de los países del Sur, que quedaron endeudados como consecuencia de la pandemia y “políticas fiscales inequitativas que lleva a los Estados a aceptar condiciones desfavorables”. Además de ello, también es necesario que los países como Perú estén preparados para enfrentar una pandemia como la que apareció el 2020, con un sistema de salud reformado que no vuelva a colapsar.

En septiembre pasado fueron convocados los jefes de todos los Estados del mundo, organizaciones civiles y académicos en Nueva York, Estados Unidos, para participar, entre otros espacios, en la Reunión de Alto Nivel para Prevención, Preparación y Respuesta a Pandemias. La reunión fue cuestionada por 11 países: Belarús, Bolivia, Cuba, Corea, Eritrea, Irán, Nicaragua, Rusia, Siria, Venezuela y Zimbabwe, mediante una carta dirigida al presidente de la Asamblea General de la ONU. En el documento señalan que no hay voluntad de los países desarrollados de entablar negociaciones significativas y que se ignoraron las comunicaciones formales de los países en desarrollo y el intento de forzar consensos.

Desinformación sobre el tratado pandémico

Las negociaciones sobre el tratado pandémico están pasando casi desapercibidas en el Perú. Si alguien busca información en las redes sociales sobre el proceso, puede toparse con información falsa que ha incrementado desde que se publicó el primer borrador del texto en febrero de este año. La falsedad más recurrente que circula es el hecho de que mediante este documento la Organización Mundial de la Salud (OMS) pretende intervenir en la soberanía de los Estados; sin embargo, las negociaciones las realizan los 194 países miembros que “tienen el derecho soberano de legislar y aplicar leyes en cumplimiento de sus políticas de salud”. Además, cumplirán las obligaciones que se les indique “en consonancia con los principios de igualdad soberana e integridad territorial”.

Ante esto el director general de la OMS, Tedros Adhanom, ha manifestado que existen grupos de interés, aunque no ha identificado quiénes son, que están divulgando desinformación para bloquear las negociaciones así como sucedió antes de aprobar el Acuerdo Marco para el Control del Tabaco. “Lo mismo está ocurriendo ahora. Grupos con vastos intereses están declarando falsamente que el acuerdo servirá para que la OMS acumule poder, y que frenará la innovación y la investigación, lo que son completas mentiras”, sostuvo. Por el contrario, las negociaciones de este tratado son una oportunidad para aprender de los errores cometidos durante la pandemia de la covid-19 y evitar que se vuelvan a repetir.

También está circulando en portales y las redes sociales la afirmación de que la OMS podría obligar a las personas a vacunarse en caso suceda otra pandemia. Sin embargo, el documento sólo hace referencia al término “vacunación” para especificar que cada país fortalecerá y reforzará sus funciones de salud pública para asegurar de manera continua los servicios de salud, incluyendo las atenciones médicas, salud mental y vacunación. El tratado pandémico busca la distribución equitativa de medicamentos, vacunas y otros productos entre los países más ricos y más pobres que ayuden a mitigar los impactos de futuras pandemias.

Otra de las falsedades es la posibilidad de que la OMS envíe tropas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para hacer cumplir el tratado. Si bien se busca que el tratado sea vinculantes para los países aún no se ha definido qué artículos serán obligatorios y tampoco la OMS puede intervenir a los Estados por dos razones: sería una usurpación a la soberanía y porque la ONU no cuenta con fuerzas militares permanentes, solo misiones de paz en sus Estados miembros.