El negocio detrás del arroz fortificado: una empresa, una fórmula, millones del Estado

Millones de estudiantes de colegios públicos en Perú reciben arroz fortificado como parte de su alimentación escolar. Este producto, enriquecido con vitaminas y minerales, ha sido presentado como una solución para prevenir la anemia infantil. Pero detrás de esta política hay una historia poco conocida: la multinacional DSM-Firmenich (en adelante DSM), fabricante de ingredientes para alimentos y suplementos, participó en la definición técnica del arroz fortificado que más tarde terminó vendiéndole al Estado.

Una investigación de Salud con lupa revela que, durante siete años, DSM participó en las reuniones técnicas para fijar las características del arroz fortificado. Este producto combina arroz blanco con una pequeña porción de grano símil, una partícula elaborada con harina de arroz, vitaminas y minerales que imita la forma y color del grano de arroz convencional. Mientras colaboraba en la elaboración de las normas oficiales, la empresa vendía ese mismo grano símil al programa Qali Warma, encargado de distribuir alimentos en las escuelas.

Lo hacía a través de su distribuidor en Perú: Insumos y Servicios Maquilak (en adelante Maquilak), una compañía vinculada a la familia Castro Yangali, antiguos proveedores del Estado que concentran los contratos de alimentos en Junín y Huancavelica y con antecedentes por entregas de productos contaminados o en mal estado. Un negocio que se mantiene.

El modelo DSM: diseño técnico y dominio del mercado

El arroz fortificado comenzó a repartirse en el programa Qali Warma en 2019. Ese mismo año, Justina Gadea, madre de familia del colegio 20475 en el distrito de Barranca, en la provincia de Lima, denunció por televisión la extraña apariencia del arroz entregado por Qali Warma. Mostró algunos granos que, según dijo, parecían hechos de plástico. “Mi hijo no comió el arroz, prefirió llevarlo a casa porque no le gustó. Por eso pude darme cuenta”, explicó. Lo que recibió era arroz fortificado, pero nadie le informó qué era ni por qué se veía diferente.

El Estado justificó esta política señalando que no hacía falta una campaña educativa porque el sabor, color y olor del arroz no cambiaban. Sin embargo, las quejas de madres de familia se repitieron en Cajamarca, Arequipa y Tacna.

Detrás de ese arroz fortificado estuvo DSM, una empresa de origen neerlandés que en 2023 se fusionó con la suiza Firmenich. Su filial en Perú, DSM Nutritional Products Perú, jugó un rol clave en las decisiones técnicas sobre este producto. Entre 2017 y 2024, fue parte de la revisión de las fichas de homologación: documentos que establecen los requisitos nutricionales del arroz y guían las compras públicas. Actualmente, esta filial es dirigida por Francisco Vidal Añaños, un ingeniero zootecnista que trabajó como docente en la Universidad Agraria La Molina.

En 2018, el comité aprobó por primera vez la ficha técnica con una fórmula que incluyó diez micronutrientes: hierro, zinc, tiamina, niacina, piridoxina, vitaminas A, B12, D y E, y ácido fólico. Según el Centro Nacional de Nutrición y Vida Saludable (CENAN), un órgano técnico del Instituto Nacional de Salud, los valores seguían las recomendaciones del Codex Alimentarius, el estándar internacional de la FAO y la OMS. Pero estos parámetros —que se mantuvieron sin cambios en la actualización de 2022— estaban lejos de lo que sugiere el Codex. La fórmula, en realidad, favoreció al producto que ya ofrecía DSM, que se consolidó como la principal opción para abastecer el arroz fortificado del programa Qali Warma.

Este arroz se elabora con grano símil, una partícula hecha a base de harina de arroz, vitaminas y minerales. Tiene la apariencia del arroz común, pero se mezcla en proporciones pequeñas: entre 1% y 3% del total. Es decir, por cada 100 gramos de arroz, solo uno a tres gramos son fortificados.

En paralelo a su participación revisando las fichas de homologación, DSM colocó su producto en las compras públicas a través de Maquilak, su distribuidor en Perú.

Entre 2020 y 2021, seis empresas proveedoras del programa Qali Warma en Junín y Huancavelica compraron el grano símil de DSM Nutritional Products Perú. En total, la compañía facturó 114,980 dólares por la venta de 24,986 kilogramos de este insumo, según contratos y facturas revisados por Salud con lupa.

Aunque DSM no contrató directamente con Qali Warma, logró posicionar su producto a través de la familia Castro Yangali. Este grupo no solo es propietario de Maquilak, la empresa que compra y distribuye el grano símil de DSM, sino también de cuatro de las compañías proveedoras del programa: Selva Distribución, Cadisel, Eduardo Castro Yangali y Disaselv. Gracias a ello, entre 2020 y 2021, tanto DSM Nutritional Products Perú como los Castro Yangali se beneficiaron con 53 contratos del programa de alimentación escolar, que consistían en paquetes de alimentos e incluían arroz fortificado. Las empresas del grupo accedieron a puntajes adicionales al ofrecer este producto enriquecido y ganaron contratos que, en conjunto, superaron los 160 millones de soles, convirtiéndose en los principales proveedores en las regiones del sur central (Junín y Huancavelica).

En algunos casos, el arroz elaborado con el grano símil fue empacado con la marca comercial “María”. En Huancavelica, la empresa Corporación Alimentaria Huancavelica, aunque no está directamente vinculada a la familia Castro Yangali, también utilizó el grano símil adquirido a Maquilak para cumplir sus contratos con el programa.

Salud con lupa identificó que todas las facturas de las ventas llevan la firma de Gabriela Lock, quien desde octubre del 2002 era la gerente general de DSM Nutritional Products Perú y se mantuvo en ese cargo hasta abril de 2024. Lock también participó en las reuniones para definir la fórmula del arroz, lo que significa que DSM tuvo voz en las reglas mientras vendía el producto.

Este detalle nunca fue cuestionado por los directores del CENAN: la doctora Nelly Zavaleta Pimentel (2016-2020) ni por su sucesor, Walter Vílchez Dávila, actual director. Vílchez, nutricionista de profesión, representó al CENAN como ponente el 2 de septiembre de 2021 en un evento virtual organizado por la Fundación GAIN —que contaba con un miembro de DSM en su consejo directivo—. Antes de asumir el cargo, trabajó en el programa Qali Warma.

Zavaleta señaló a Salud con lupa que DSM y “otras empresas del rubro” revisaron y opinaron sobre las fichas de homologación del arroz fortificado después de que el CENAN presentó el expediente, aunque evitó precisar cuáles fueron esas compañías. También indicó que Perú Compras —la agencia del Ministerio de Economía y Finanzas encargada de revisar los requerimientos para las contrataciones públicas— recibió opiniones de empresas interesadas y especialistas antes de aprobar de forma definitiva las fichas.

“La fórmula del grano símil es de acceso público, no es exclusiva de ninguna empresa; cualquier compañía interesada puede producirla. Los 10 nutrientes incluidos se definieron con base en reuniones técnicas, revisión bibliográfica y recomendaciones internacionales, como las del Codex Alimentarius”, respondió la exfuncionaria ante un cuestionario que le enviamos.

En las reuniones técnicas también participaron representantes de Qali Warma, Cuna Más, los ministerios de Agricultura y Salud, la Asociación de Productores y Molineros de Arroz (APEMA), la Sociedad Nacional de Industrias, Unicef y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Este último mantiene una alianza estratégica con DSM desde 2007 para mejorar la nutrición en países de bajos ingresos. En ese marco, la empresa aporta su conocimiento científico y el PMA ayuda a distribuir sus productos. Juntos han desarrollado galletas listas para comer, cereales para embarazadas y polvos con micronutrientes usados en al menos 20 países, entre ellos Zambia y Bangladesh.

Sin estudios locales ni seguimiento de impacto

A pesar de la magnitud de la política, no se han realizado estudios en Perú que prueben la efectividad del arroz fortificado. No existe evidencia científica publicada que confirme que haya reducido los casos de anemia infantil. El CENAN, del Ministerio de Salud, debía elaborar informes anuales sobre el impacto del producto, pero no los ha presentado. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), responsable del programa de alimentación escolar, tampoco ha mostrado evaluaciones.

Salud con lupa verificó que, al momento de aprobarse la ley, el Ministerio de Salud usó como principal respaldo un estudio de 2015 que destacaba beneficios del arroz fortificado en Brasil, Chile, Venezuela e India. Sin embargo, ese mismo documento advertía que era necesario realizar investigaciones locales para evaluar su impacto a largo plazo en el contexto peruano.

Las entregas del producto tampoco han sido regulares. En regiones como Junín y Huancavelica, durante los años 2020 y 2021, Qali Warma distribuyó arroz fortificado en solo dos ó tres veces de las ocho entregas que estaban programadas a lo largo del año escolar. En esas condiciones, resulta imposible determinar si el consumo fue suficiente como para generar algún beneficio real en la salud de los escolares.

Los estudios que se usaron como referencia internacional se realizaron bajo condiciones muy distintas: hubo consumo diario, población con diagnóstico confirmado de anemia y seguimiento de indicadores de salud como los niveles de hierro antes y después de la intervención. En India, por ejemplo, la política fracasó debido a la baja aceptación del arroz fortificado: muchas comunidades rechazaron el producto por su sabor y textura. En ese país, DSM también jugó un rol clave: incluso construyó una planta de producción del grano símil en la ciudad de Hyderabad, uno de los polos industriales más importantes del país.

En Perú, hasta ahora no se conocen los resultados de una prueba sensorial realizada en 2017 por la Universidad Nacional Agraria La Molina para evaluar la aceptación del arroz. En distintas regiones como Cajamarca, Arequipa y Tacna, madres de familia han expresado su rechazo por el sabor, la textura pegajosa o el color del producto. Algunas incluso lo han llamado “arroz de plástico”.

Aun así, la ley peruana permite que el arroz fortificado se comercialice también en el mercado privado. No es obligatoria la fortificación, sin embargo el plazo para que las empresas que quieran vender este tipo de arroz adapten su producción venció el 16 de mayo de 2025. Hasta el momento, solo una marca —Paisana, de la empresa Costeños Alimentos SAC— se encuentra disponible en supermercados. Esta empresa también figura como cliente de Maquilak.

Fallas en la supervisión del producto

Cuando el producto de DSM empezó a llegar al país en 2019, no tenía competencia nacional. Todo el arroz fortificado elaborado con su grano símil solo requería pasar por un análisis realizado por un laboratorio externo para validar su composición nutricional, según lo permitía la normativa peruana vigente hasta junio de 2022. Esto significa que, durante los primeros años de implementación en Qali Warma, ninguna entidad del Estado —como el CENAN— tenía la obligación de verificar si el producto cumplía con los niveles requeridos de vitaminas y minerales.

Aun bajo esas condiciones laxas, el producto no siempre cumplió con los estándares exigidos. En al menos 13 compras de arroz fortificado realizadas por Qali Warma en Junín durante 2020, los análisis mostraron que la cantidad de ácido fólico en el grano símil de DSM estaba por debajo del mínimo establecido. Todas estas compras correspondían a una misma muestra, analizada por el laboratorio Eurofins en Estados Unidos para la tercera entrega del año. El resultado fue apenas 7.91 microgramos de ácido fólico, cuando la norma peruana exigía 6,000 microgramos.

Pese a esta diferencia significativa, el arroz fortificado fue distribuido a más de 119 mil escolares en Junín, según los contratos revisados por Salud con lupa. Ningún supervisor del programa detectó el incumplimiento antes de su entrega.

Aun con este antecedente, DSM continuó vendiendo su grano símil al programa. En las entregas posteriores, el producto sí cumplió con los valores nutricionales exigidos.

Los Castro Yangali, socios comerciales

Detrás del negocio del arroz fortificado de DSM hay un actor clave: la familia Castro Yangali. Los hermanos Carlos y Eduardo Castro Yangali, nacidos en Huancayo (Junín), llevan más de siete años vendiendo alimentos al programa Qali Warma, pese a contar con cuestionables antecedentes por la calidad de sus productos. En 2019, entregaron conservas de pollo contaminadas con metales pesados y, en 2023, leche en mal estado que provocó la intoxicación de estudiantes en Junín. Además, en febrero de este año, la Fiscalía empezó a rastrear su supuesto vínculo con el exdirector de Qali Warma, Fredy Hinojosa -hoy, vocero de la presidenta Dina Boluarte- tras un audio entregado por un colaborador eficaz donde se menciona que los Castro Yangali le entregaron pagos para ser beneficiados en el programa.

Lo que hasta ahora no se conocía es que esta familia fue clave para que DSM pudiera distribuir su arroz fortificado en el país. Los contratos de 2020 y 2021 —los primeros años de implementación de esta política nutricional— muestran que la empresa Maquilak, fundada por Samuel Castro Yangali, fue la encargada de comprar el grano símil de DSM Nutritional Products Peru. Luego, ese arroz era empacado con la marca comercial “María” y distribuido por cuatro empresas del grupo familiar que sí tenían contratos directos con Qali Warma: Eduardo Castro Yangali, Selva Distribución, Disaselv y Cadisel.

Este esquema operó principalmente en Junín. En el caso de Huancavelica, la empresa contratada por Qali Warma fue Corporación Alimentaria Huancavelica, propiedad de Robinson Común Tupac. Pero incluso allí, el arroz fortificado que entregaron fue adquirido a Maquilak. Es decir, aunque Maquilak nunca firmó contratos directos con el programa, logró beneficiarse económicamente vendiendo el producto a los proveedores oficiales.

Una política alimentaria con preguntas sin responder

El gobierno sostiene que el arroz fortificado es una herramienta efectiva para prevenir la anemia y la falta de micronutrientes en la población. Así lo justificó el Centro Nacional de Alimentación, Nutrición y Vida Saludable en al menos tres informes técnicos de los años 2018, 2019 y 2022 revisados por Salud con lupa.

Según sus datos, cada peruano consume en promedio 140 gramos de arroz al día, y los niños menores de cinco años, 36 gramos diarios. Aunque se planteó como una política dirigida a toda la población, la implementación del arroz fortificado comenzó en programas orientados a niños, como Qali Warma y Cuna Más.

En esos informes, el CENAN argumentó que no era necesario realizar una campaña educativa para introducir este arroz en la dieta. Sus expertos afirmaron que, al usar grano símil, el color, sabor y olor del producto no cambiaban. La exdirectora del CENAN, Nelly Zavaleta, indicó que se “realizaron una serie de reuniones para degustar preparaciones con arroz fortificado y no se notó la diferencia, observándose una excelente aceptación”. Sin embargo, sí hubo reticencia por su aspecto.

El rechazo al arroz fortificado no fue exclusivo del Perú. En India, un país con condiciones distintas pero desafíos similares, el gobierno ordenó que 80 millones de personas consumieran arroz fortificado. La estrategia fracasó. Muchas comunidades lo desecharon por su sabor y textura, como documentó la investigación ModifiedRice del medio The Reporters’ Collective. El reportaje reveló que detrás de esa decisión del gobierno indio hubo influencia de seis organizaciones vinculadas a DSM, la misma empresa que vendió arroz fortificado al programa Qali Warma en Perú.

En el caso peruano, no se hicieron estudios previos para saber si este tipo de arroz sería aceptado por los estudiantes. Tampoco se han hecho estudios de largo plazo ni investigaciones enfocadas específicamente en escolares beneficiarios de Qali Warma para determinar si el arroz fortificado ha ayudado a reducir la anemia. Según la ley vigente, el CENAN está obligado a elaborar un informe anual para supervisar el uso del arroz fortificado en programas sociales. Sin embargo, al ser consultado por Salud con lupa, la entidad reconoció que no cuenta con esa información.

A fines de 2024, el programa Qali Warma fue reformulado bajo el nombre Wasi Mikuna. Pero en marzo, volvieron a reportarse problemas de calidad con los alimentos entregados. El 13 de abril, el gobierno aprobó su restructuración total. Se anunció que a partir de 2026 se implementarán nuevos mecanismos para definir qué alimentos se comprarán y cómo se elegirán. No se ha confirmado si el nuevo programa volverá a incluir el arroz fortificado.

Para el doctor Enrique Jacoby, exasesor de la Organización Panamericana de la Salud y exviceministro de Salud, hay un punto esencial: no se puede pretender que un solo alimento enriquecido con micronutrientes garantice una nutrición integral para los estudiantes. La dieta escolar, señala, debe adaptarse a cada realidad del país e incluir frutas, verduras, legumbres y otros alimentos producidos localmente por los agricultores. Pero hasta ahora, esos aspectos no han sido cubiertos por el programa alimentario.

Por su lado, DSM y Maquilak han mostrado interés en seguir posicionando el producto a pesar de la falta de estudios de efectividad. En abril de 2025, auspiciaron un seminario con la Asociación de Productores y Molineros de Arroz (APEMA), el gremio más importante de arroz que agrupa a 35 empresas molineras para informales sobre la ley del arroz fortificado. Luego, en mayo, ambas empresas también organizaron un evento en la Sociedad Nacional de Industrias con participación de Marinés Sánchez-Griñán, asesora del Ministerio de Salud, y la ingeniera mexicana Carina Ochoa, química de formulación de DSM.

Un modelo aplicado sin rigor

En países como Costa Rica, que sirvieron de referencia para la política peruana, los estudios continúan más de 20 años después de aplicar la fortificación. La química Andrea Irías Mata y la ingeniera agrónoma Catalina Acuña, investigadoras del Centro para Investigaciones en Granos y Semillas de la Universidad de Costa Rica, desarrollan métodos para verificar si el arroz fortificado cumple con los niveles exigidos por ley, si mantiene sus propiedades nutricionales tras la cocción, o si se deteriora durante el almacenamiento.

Pero el avance de la política de fortificación en Costa Rica no se ha basado en un solo alimento, sino en una estrategia integral. Así lo explica la doctora Marcela Dumani Echandi, profesora de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica:

“No se puede evaluar el impacto de la fortificación mirando solo un alimento. En Costa Rica, fortificamos varios productos —como el arroz, la harina de trigo y la de maíz— y eso ha sido clave. Por ejemplo, gracias a la fortificación con ácido fólico, logramos reducir problemas graves en el desarrollo del cerebro y la médula espinal de los bebés, como la anencefalia. También disminuyeron las deficiencias de este nutriente en mujeres en edad fértil. En un país donde se consume mucho arroz y trigo, estos productos han sido fundamentales para reducir la anemia”.

La química Andrea Irías Mata, del Centro para Investigaciones en Granos y Semillas de la Universidad de Costa Rica, advierte sobre los nuevos desafíos de la política de fortificación en su país:

“Hace dos años se redujeron los aranceles para importar arroz, lo que ha incentivado la entrada de producto extranjero. Esto afecta al arroz nacional, que ya no puede competir en precio. Pero además, no tenemos la seguridad de que el Estado cuente con los recursos suficientes para garantizar que todo el arroz importado esté realmente fortificado. Nuestro reglamento exige que al menos el 80% de los micronutrientes del arroz permanezcan después del lavado, pero no hay estudios recientes que confirmen que eso se esté cumpliendo”.

En Perú, en cambio, se ha impulsado una política incompleta, y sin bases sólidas. Se tomaron como referencia estudios hechos en otros países, pero no se generó evidencia propia. Tampoco se realizaron evaluaciones independientes ni un seguimiento riguroso del impacto en la salud de los escolares. Desde el inicio, la estrategia estuvo marcada por decisiones técnicas en las que influyó directamente la empresa interesada en vender el producto. Así, más que una política pública construida desde el interés común, el arroz fortificado terminó siendo un negocio con pocos controles y muchas dudas pendientes.