La tarde del 5 de junio, un técnico de Inkafarma falleció por COVID-19 en el hospital Rebagliati. Darío* estuvo internado por más de una semana, pero al final su cuadro se complicó por una diabetes que arrastraba desde hace tiempo. Llevaba diez años trabajando en esta cadena de boticas que pertenece al Grupo Intercorp. El último local en el que atendió se encuentra en San Juan y es uno de los llamados establecimientos Oro (locales grandes, con gran cantidad de productos y mayor afluencia de clientes). Pero desde que empezó la cuarentena su horario laboral cambió abruptamente. Trabajaba doce horas diarias, tres días a la semana. Llegaba antes de las siete de la mañana para abrir la botica y limpiar la tienda, y se marchaba después de la siete de la noche, en pleno toque de queda. Muchas veces no almorzaba hasta terminar sus labores porque, entre los más de 1.400 clientes que compraban al día en la botica, no le quedaba tiempo para comer. Además tenía miedo de hacerlo: sin comedores dentro de los locales, solo le quedaba almorzar en el almacén junto a los medicamentos o en la zona de despacho, donde las superficies podían estar contaminadas.
Durante la pandemia, el número de clientes creció en un 40%, según los químicos farmacéuticos de las cadenas de Inkafarma y Mifarma. Sin embargo, desde un inicio ninguna de estas dos boticas implementó los protocolos de seguridad para sus trabajadores. Tampoco contrató a un personal especializado para realizar la desinfección de los locales, salvo un equipo de limpieza que solo va una vez a la semana. Un ritmo de sanidad insuficiente en tiempos de pandemia. Por eso, son los mismos técnicos quienes se encargan de limpiar y desinfectar las tiendas todos los días, abrir y cerrar las puertas, recibir y ordenar mercadería, ordenar las bodegas, atender a los clientes y hacer caja. Todo esto por un sueldo mínimo. “La empresa solo nos da una comisión si es que vendemos productos de su propia marca. Como el sueldo es básico y no alcanza, nosotros aceptamos hacerlo”, dice una trabajadora que pidió no revelar su identidad.
A pesar de que Darío era un empleado muy conocido en esta cadena de boticas y sus jefes sabían que tenía diabetes, siguió laborando en el área de empaque por órdenes de la empresa hasta fines de marzo. Luego, salió de vacaciones y se reincorporó a fines de abril.
A inicios de mayo, se enteró de que una de sus compañeras de local había dado positivo a la COVID-19 en una prueba que ella misma tuvo que pagar con su dinero. La preocupación lo invadió a él y a todos sus compañeros: habían estado en contacto directo con ella. Al conocer el diagnóstico de su colega, los trabajadores pidieron a la empresa que les hiciera una prueba de descarte a todos, pero nadie escuchó sus pedidos. Recién el 8 de mayo, más de una semana después de haber vuelto al trabajo, Inkafarma dio a Darío una licencia de descanso por ser una persona vulnerable que él mismo solicitó porque se sentía mal.
Cinco días más tarde, unos dolores musculares y una fiebre de 39º lo tumbaron en la cama. Sus amigos más cercanos aseguran que ningún personal de la empresa lo llamó ni hizo seguimiento a su caso, a pesar de haber creado el aplicativo ConsultAPP para que los trabajadores informen si presentan síntomas. A través de esta herramienta, los más de 11 mil empleados deben llenar un cuestionario sobre sus malestares. Luego, un grupo de médicos independientes contratados por InRetail lee las respuestas para identificar a casos sospechosos de COVID-19. Los trabajadores con síntomas son enviados a sus casas en “aislamiento” con la promesa de que un doctor se contactará con ellos, les enviará una receta cuyo costo asumirá la empresa y les harán pasar por una prueba de descarte. Sin embargo, según el testimonio de los mismos empleados, ni Mifarma ni Inkafarma han cumplido con este protocolo.
Darío, de 49 años, vivía solo, nunca recibió atención, ni los medicamentos que necesitaba y mucho menos le hicieron ninguna prueba. Por eso no supo que tenía COVID-19 hasta una semana después de tomar su licencia, cuando su estado de salud se volvió crítico y tuvo que ir solo al hospital Rebagliati donde se quedó internado.
Los empleados de estas cadenas de boticas del Grupo Intercorp denuncian que la empresa no les ha brindado todas las medidas de seguridad en medio de la cuarentena, a pesar de que nunca dejaron de trabajar. Recién tras la muerte de Darío, empezaron a realizar pruebas a sus trabajadores que han tenido contacto directo con algún caso confirmado de COVID-19.
Salud con lupa se comunicó con InRetail Pharma para conocer su versión. A través de un correo que envió su equipo de comunicaciones, aseguraron de que “desde el inicio del período de emergencia sanitaria tomamos varias medidas de seguridad para proteger a nuestros colaboradores y clientes”. Para ello, afirman, implementaron una serie de protocolos sanitarios que fueron evolucionando de acuerdo a la nueva información disponible y a los requerimientos del Gobierno. Sin embargo, los trabajadores de Inkafarma y Mifarma aseguran que no fue hasta la segunda semana de abril que la empresa empezó a enviarles insumos y equipos de protección como mascarillas de tela reutilizables y guantes.
Desprotegidos en la primera línea
El 15 de marzo, luego de que el presidente Martín Vizcarra declarara la emergencia sanitaria en el país, Soledad*, una química farmacéutica de Inkafarma, no recibió ninguna indicación sobre cómo debían trabajar en adelante. Solo sabía que sus labores no se detendrían con la cuarentena.
Antes de la pandemia, las boticas y farmacias ya eran el primer lugar al que acudía una persona con problemas de salud, según el informe de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística e Informática 2018. Además, el 61% del gasto de bolsillo en el país para costear una atención médica se realiza en farmacias, centros de diagnóstico y laboratorios, según un estudio publicado en el 2018 en la Revista Panamericana de Salud Pública. “A nosotros nos llegan los casos sospechosos de COVID-19 antes de que pasen a los hospitales. Somos trabajadores de alto riesgo, pero la empresa no parece entenderlo”, dice Soledad, quien lleva trabajando en Inkafarma desde el 2012.
Ante la falta de comunicación de InRetail Pharma con sus trabajadores, ella cuenta que fueron los mismos empleados quienes tuvieron que organizarse para adquirir sus equipos de protección personal y crear un protocolo de seguridad que también protegiera a los clientes. Juntaron dinero entre todos para comprar cintas y hacer los círculos en el suelo que indican la distancia prudente entre los usuarios, láminas transparentes para separar a vendedores de clientes, mascarillas especiales y caretas de protección facial. “Todas las medidas de seguridad las implementamos nosotros con dinero de nuestro bolsillo. Incluso llegamos a comprar alcohol. La empresa recién empezó a enviar insumos y equipos cuando ya había pasado tres semanas de la cuarentena”, explica Soledad, quien añade que incluso estos insumos no eran los adecuados para ellos: “El alcohol en gel nos irritaba la piel y las mascarillas no duran ni siquiera un día”.
En su respuesta, InRetail afirma que sus mascarillas tienen la calificación de la Administración de Medicamentos y Drogas de Estados Unidos (FDA) para uso quirúrgico hospitalario, son descartables y las entregan diariamente. Pero esto no concuerda con el testimonio de los técnicos y los químicos farmacéuticos de las tiendas, quienes aseguran que las primeras mascarillas que recibieron eran las descartables con tres pliegues y que luego se las cambiaron por unas de tela que siguen siendo insuficientes para protegerlos.
Sin embargo, lo que sí se implementó con eficacia fue un nuevo horario laboral. Hasta el 15 de marzo, los empleados de Inkafarma y Mifarma debían trabajar 48 horas en seis días. Pero el horario cambió por la cuarentena. La empresa dividió al azar a los trabajadores de cada local en dos grupos (A y B), con el argumento de que se respetara la distancia social entre ellos. Sin embargo, los locales pequeños de estas farmacias miden por lo general 27 metros cuadrados y los empleados señalan que, pese a la división, es imposible cumplir con el distanciamiento. Ahora cada uno debe trabajar solo tres días a la semana. Y aunque pareciera menos horas laborales, en realidad este nuevo horario no les favorecía. Hoy tienen que trabajar doce horas al día de corrido.
Además, si algún empleado de uno de los grupos da positivo para COVID-19, los trabajadores del otro grupo tienen que cubrir sus horas perdidas sin que eso implique un pago extra. Es decir, en muchos casos acaban trabajando seis días a la semana y doce horas diarias. Conforme pasa el tiempo, cada vez son más los empleados que deben cumplir este horario de trabajo: cada día aumentan los trabajadores que son puestos en aislamiento.
En la segunda semana de abril, la empresa empezó a enviar equipos de seguridad ante la insistencia de los empleados, pero ya era tarde. Muchos de los que llenaron el cuestionario del aplicativo tenían síntomas y estaban en aislamiento en sus casas. Soledad y dos de sus técnicas fueron parte de ese grupo. A pesar de todas las medidas que tomaron, un día comenzaron a sentir dolores musculares, gripe, tos seca y una fiebre que duró dos semanas.
“Me enviaron a mi casa y dijeron que debía quedarme ahí quince días y que un doctor se pondría en contacto conmigo para darme una receta”, explica. A los cinco días, un médico la atendió por videollamada, pero luego nunca le enviaron ninguna receta ni le hicieron la prueba de descarte, a pesar de que la Resolución Ministerial 239-2020 dice que si un trabajador tiene síntomas de COVID-19, el empleador deberá realizar la prueba serológica o molecular a él y a sus compañeros. Su preocupación aumentó cuando su hijo de diez años también presentó fiebre. Soledad intentó comunicarse con el médico nuevamente, pero esta vez nadie le respondió.
La Resolución 239 también especifica que la empresa debe realizar pruebas de descarte a quienes regresan o se reincorporan a su puesto de trabajo, según el nivel de riesgo de la labor que desempeñan. Una farmacia calificaría como de Alto Riesgo, pero en su protocolo Inkafarma no ha indicado una clasificación específica. Según la respuesta enviada por InRetail, para que sus trabajadores puedan volver a trabajar, tienen que haber pasado por el aislamiento obligatorio en el que un médico le hace seguimiento, pero si después de unos días este descubre que la fiebre no es por COVID-19, el colaborador podría retornar a su lugar de trabajo sin necesidad de pasar por un test de descarte. Sin embargo, a Soledad, que sí presentaba claros síntomas de la enfermedad, nunca le hicieron ninguna prueba y aun así tuvo que regresar al trabajo quince días después sin tener la certeza de estar o no contagiada. Lo mismo pasó con Darío, después de estar tres semanas de vacaciones, se reincorporó a su trabajo sin que le hicieron la prueba de descarte.
“Ellos han esperado a los últimos días de plazo para cumplir con las normas. Enviaron el protocolo el 18 de mayo, y el plazo era hasta el 20. Implementaron su Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo el 6 de junio porque era el último día para hacerlo”, explica. Pero hasta ahora no acaban de implementar en todas las tiendas los insumos y equipos de protección necesarios. “Si todavía no terminan en Lima, cómo estarán los locales de provincia”, dice la química farmacéutica.
Salud con lupa pudo conversar con una trabajadora de Inkafarma de La Libertad, quien asegura que hasta la fecha no han recibido todos los insumos de limpieza y equipos de protección que indica el protocolo de seguridad de la empresa. “A nosotros que somos de provincia siempre nos dejan al último”, dice Rosaura, quien trabaja en el área de despacho. La falta de protección hizo que se contagiara de COVID-19 y, aunque en sus resultados se consigna que tiene la hemoglobina baja y sufre de hemorragias constantes, su jefa directa no le quiso dar la licencia de persona vulnerable. “Me dijo que no podía dejar de trabajar porque no había más personal”. El 8 de mayo, luego de varios días sintiéndose mal, Rosaura tuvo que pagar una prueba rápida para saber si estaba contagiada o no. La empresa nunca se hizo cargo.
Reuniendo dinero para comprar una prueba
Mariana* trabaja en Mifarma desde el 2010. Es química farmacéutica y desde el 7 de junio la enviaron a su casa porque una de las trabajadoras dio positivo de COVID-19. “Mi técnica regresó del aislamiento sin que le hicieran la prueba, como se sentía muy mal, ella misma se pagó su examen y le salió positivo”, dice Mariana. De inmediato envió los resultados al correo de sus jefes y les pidió que por favor le realizaran la prueba a ella y a todo su equipo. Un día después, le indicaron que debía ir a la central, ubicada en la avenida Alzamora frente al Metro de Canadá, para que le tomaran el examen. “Recién después de la muerte del técnico de Inkafarma, la empresa ha empezado a hacer las pruebas de descarte, pero solo a los empleados que han tenido contacto directo con un caso COVID-19 confirmado”, explica.
Por eso, los trabajadores de ambas cadenas han decidido organizarse y pagar entre todos un examen al compañero que tiene síntomas. Si da positivo, envían los resultados a la central con el fin de que la empresa decida pagar la prueba a todos los empleados de esa tienda. Según Mariana, esta es la única forma que han encontrado para saber si están infectados.
“La empresa no sabe cuántos de sus empleados tienen COVID-19, porque no le han hecho pruebas a la mayoría y al menos un 40% ha ido a aislamiento porque tenía síntomas”, explica Mariana, quien el 8 de junio tuvo que ir a la central para que un técnico de un laboratorio privado cuyo nombre no conoce le hiciera la prueba rápida. Cuatro días después, se enteró que ella y dos de sus trabajadoras tenían la enfermedad. “No te envían los resultados, tú nunca los ves, por eso no sé qué laboratorio nos habrá hecho el examen. Ellos solo te llaman y te dicen si estás contagiado o no”, asegura.
El 3 de junio, el Colegio Químico Farmacéutico del Perú envió un comunicado a InRetail Pharma en el que exigía el cumplimiento de las normas sanitarias y protocolo de atención de pacientes con sospecha de COVID-19 en las boticas que tienen a su cargo. “Se debe realizar estrictamente, por lo menos una vez al mes y bajo responsabilidad, el descarte de COVID-19 a todo el personal de las más de 2000 boticas que tienen a nivel nacional”, decía el comunicado.
Hasta la fecha, Inkafarma no ha dicho nada sobre la muerte de Darío, el técnico del local San Juan. A diferencia de otras empresas que han publicado comunicados en sus páginas oficiales por el fallecimiento de sus trabajadores, InRetail se ha mantenido en absoluto silencio. Los mismos empleados no saben cuántos de sus compañeros han fallecido. En su respuesta, la empresa acepta la muerte de colaboradores estando en cuarentena, pero no ha querido revelar la cifra “por respeto a las familias que han perdido un ser querido”. Solo indicó que el número está por debajo del promedio nacional.
Por otro lado, los supervisores del local San Juan han justificado ante su personal que Darío no se contagió en horario de trabajo y que InRetail no es responsable.
El 8 de junio, tres días después de esta muerte, la cadena de boticas publicó un video en el que incentivaba a sus empleados a participar en un concurso de canto sobre lo orgullosos que se sienten de trabajar en esta cadena. Muchos de ellos, entre químicos y técnicos, escribieron comentarios mostrando su indignación porque la empresa no los está protegiendo y varios no saben si están enfermos o no. “Esta es una de sus estrategias para mostrar hacia afuera que todo está bien. Pero la realidad es que la empresa no nos cuida”, dice Soledad quien asegura que InRetail no solo ha puesto en peligro la vida de sus empleados, sino también la de sus familias y clientes que todos los días van a sus locales buscando una cura.
* Los compañeros de Darío han preferido mantener en reserva su identidad. Asimismo, para poder dar sus testimonios, las trabajadoras Soledad y Mariana solicitaron no aparecer con sus nombres completos.
