El Salvador: El Ministerio de Salud anula el contrato para renovar despacho del ministro

La mañana del lunes 9 de noviembre de 2020, personal de la Fiscalía ingresó a la sede del Ministerio de Salud en la calle Arce de San Salvador para comenzar un proceso de indagación de posibles irregularidades en los contratos realizados durante la pandemia. Los casos de posible corrupción han salido a luz en diversas investigaciones periodísticas, como la que publicó Salud con Lupa el 17 de junio, cuando se reveló que el gobierno había comprado a sobreprecios unos protectores faciales suministrados por la empresa de un funcionario público.

El trabajo de la Fiscalía no terminó el lunes y se ha concentrado en buscar contratos y pistas en varias áreas del Ministerio: la Unidad de Compras y Adquisiciones (UACI), la Unidad Financiera (UFI), Tesorería, el área jurídica y las direcciones de Abastecimientos y de Hospitales.

Es probable que cuando los fiscales revisen los cientos de documentos incautados, se encuentren con una resolución que confirma las anomalías reveladas por este medio hace exactamente tres meses. El 9 de agosto, Salud con Lupa publicó un reportaje que detallaba que el ministro de Salud, Francisco Alabí, había decidido renovar su oficina en medio de la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años, y en un contexto de escasez de recursos para hacer frente a los problemas sociales y económicos que la COVID19 provocó en El Salvador.

Dos meses y medio después de la publicación, a las 8 de la mañana del lunes 26 de octubre, el ministro Alabí firmó el proceso de nulidad del contrato “Libre Gestión No. 204/2020 denominada Adecuación de oficinas Despacho Ministerial” por un monto de $32,303.89. Dicha decisión fue comunicada al día siguiente a la UACI.

Al sumar el contrato de construcción y otro de amueblamiento fueron más de 50 mil dólares los que se le otorgaron a Richard Márquez Monge, hermano de Bitia Marthaly Márquez Monge, quien se había convertido en la asistente personal de Alabí e incluso lo sustituía en las reuniones del Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

Según detalla la resolución, al día siguiente de la publicación se solicitó a la alcaldía de San Miguel copia de las partidas de nacimiento de los hermanos Monge y se estableció el vínculo familiar, lo cual viola el artículo 26 de la Ley de Compras y Adquisiciones Públicas (LACAP). Las certificaciones indican que sus padres coinciden; ambos son hijos de Hugo Richard Márquez y Martha Roxana Monge de Márquez. Con esta información quedó evidenciado que había una causal para iniciar el proceso de nulidad del contrato, informa el documento.

Dicho artículo 26, en el literal c, señala que no pueden ser contratistas “el cónyuge o conviviente, y las personas que tuvieren vínculo de parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad” con algún funcionario de la institución que licita.

El contrato de adjudicación para renovación del despacho se asignó el 25 de mayo de forma exprés y no lo firmó Alabí, sino la viceministra Karla Díaz de Naves. Unas semanas antes, el ministro había delegado en ella la potestad de firmar contratos por libre gestión. Uno de los primeros que firmó Díaz fue este que ordenaba remozar las oficinas de su jefe.

En la resolución de nulidad se señala que Bitia Marthaly Márquez trabaja en el Minsal desde el 29 de mayo de 2020 como colaboradora técnica médica. Sin embargo, en muchas publicaciones del Minsal y del ministro en redes sociales aparece acompañando al funcionario en varias actividades públicas desde marzo. Hay otra designación que indica, además, que Bitia Marthaly Márquez forma parte del círculo de confianza. El lunes 4 de mayo, fue juramentada como suplente del ministro en el Consejo Directivo del Seguro Social; es decir, es la persona que le representaría cuando no pueda asistir a las reuniones semanales en el ISSS.

Alabí dejó el cargo de viceministro de Operaciones en Salud y asumió como ministro el 27 de marzo, tras la sorpresiva salida de Ana Orellana, quien también ya había ordenado sus propias readecuaciones al despacho durante los nueve meses que estuvo en el cargo.

El desenlace es incierto, y dos especialistas consultados por Salud con Lupa, advierten la ruta y las medidas que debería tomar la institucionalidad -incluido el Ministerio de Salud- para garantizar la salvaguarda de los intereses del Estado. Según la abogada y docente de la Universidad Centroamericana (UCA) Ruth Eleonora López, lo que debió ordenarse es una investigación que dilucidara la cadena de responsabilidades en la toma de decisiones e indagara sobre el criterio de selección para que Márquez asumiera el proyecto: “Es evidente que están tratando de bajarle volumen, de sacudirse la culpa como si no hubiese pasado nada. Y estamos ante un hecho grave: la contratación de un servicio al hermano de la asistente del ministro. ¿Qué influencia tuvo ella en que él conociera el proceso o que fuera contratado? Ese es el punto”, indicó.

En su momento, quisimos obtener los detalles de las decisiones tomadas para asignar contratos de insumos o servicios pero no recibimos respuesta ni de la Oficina de Información ni de la Secretaría de Comunicaciones.

Arquitecto asume culpa pero pide liquidación

El proceso nulidad del contrato arrancó el 1 de septiembre y concluyó el 26 de octubre con la resolución final firmada por Alabí. El contratista tuvo derecho a audiencia y defensa. Dos abogados representantes del arquitecto Richard Márquez Monge enviaron un escrito el 23 de septiembre indicando que aceptaban la nulidad del contrato y entrar a la fase de liquidación, y advirtieron que no hay “daño colateral de índole cuantitativo”.

Según los abogados, se debe tomar en cuenta que el contratista no puede salir afectado porque “ha cumplido con la totalidad de las obligaciones en cuanto a la adecuación de oficinas del despacho ministerial”. Y que si bien es cierto la LACAP señala que cuando se declara nulidad hay que evaluar la restitución recíproca y la parte culpable debe indemnizar a la contraria por daños y perjuicios, en este caso no procede porque “por la naturaleza de la obra, los materiales utilizados para la adecuación de las oficinas referidas no pueden ser restituidos ya que los mismos se encuentran adheridos al edificio por consistir en la Adecuación de las oficinas del despacho ministerial (sic)”. Añaden que “es imperioso determinar el cumplimiento de las obligaciones pendientes”.

En el contrato firmado el 25 de mayo quedó establecido que el proyecto se pagaría de la siguiente forma: Un anticipo del 30 % de adelanto del monto contratado, y otros dos pagos más (40 % y uno final del 30 %). Todo contratista del Estado firma una declaración jurada en la que asegura que no tiene ningún impedimento y da fe de estar cumpliendo las disposiciones legales del país, entre las que se encuentran las establecidas en los artículos 25 y 26 de la Lacap, que sancionan los conflictos de interés.

En este punto, el abogado José Marinero, especialista en derecho administrativo, advierte del riesgo de que el gobierno negocie una salida lesiva para los intereses estatales. “El Minsal está dispuesto a pagarle a este contratista que, todo parece indicar pudo engañar al Ministerio. En mi opinión no debería pagarle y además debería demandarlo por daños y perjuicios, en el supuesto que se compruebe que fue el ofertante quien mintió", señala Marinero, a quien le mostramos la resolución. “No hacerlo es una omisión en detrimento del interés público”, añade.

Los defensores de Márquez Monge también recalcan en su escrito que el Minsal no estableció ninguna cuantificación de daño alguno y que ellos consideran que no procede. Sobre ese detalle, la resolución que firmó Alabí le pasa la pelota al administrador del contrato: “Será el informe de la administración del contrato el que evidenciará el cumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales, así como la posible existencia o no de daños y perjuicios”. Edgar Mauricio Chacón Montoya, técnico de la Unidad de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria, es quien fue nombrado por la viceministra como administrador del contrato y quien ahora deberá emitir el informe para absolver o señalar responsabilidades al hermano de una de las funcionarias más cercanas del ministro.

Ni la viceministra Díaz de Naves que firmó el contrato, ni el ministro Alabí tendrá la responsabilidad final.

“Lo que más me llama la atención es que nadie parece ser responsable de la nulidad. Todos terminaremos pagando el abuso ministerial sin que haya ninguna rendición de cuentas o deducción de responsabilidad”, menciona Marinero.

Vacíos en la investigación interna

La anulación no menciona que el contrato original fue modificado el 3 de julio y se elevó en más de tres mil dólares por modificaciones imprevistas durante la obra. En todo caso la anulación tendría que haber sido no por $32,303.89 sino por el monto final autorizado que fue de $35,730.11. El relato tampoco hace referencia a que el mismo hermano de la asistenta de Alabí fue beneficiado con el contrato de amueblamiento para dicha área por un monto de $18,304.62, por lo que también se ordenaría un proceso similar de anulación.

En la solicitud de compra aprobada el 27 de julio quedaba claro que se necesitaba amueblar varios espacios: una estación de café, sala de espera, un escritorio principal y una sala de reuniones. En el llamado a proveer estos artículos se incluyó al mismo proveedor de las obras de construcción y a tres empresas que sí distribuyen muebles en el país: Muebles Molina, Arte y Madera y Ambiente Modular. Todas expusieron que no atendieron la invitación del Minsal. El contrato lo ganó, de nuevo, Richard Márquez.

El 9 de agosto, el mismo día de la publicación del reportaje de Salud con Lupa titulado “Ministro de Salud se regala una oficina de más de 50 mil dólares en plena emergencia sanitaria”, el presidente Nayib Bukele brindó una cadena nacional de radio y televisión y, entre otros temas, se burló de que se estuviera pensando adquirir una estación de café de más de mil dólares. Sin embargo, la estación de café fue ofertada y adquirida por un valor de $1,299.50, según la orden de compra publicada en el sitio web de compras públicas Comprasal.

El reportaje comparó como varios hospitales del país recibieron incluso mucho menos de 50 mil dólares para adecuar sus instalaciones de cara la atención de los casos de COVID19. Para aplacar las críticas sobre la renovación, Alabí dijo que en realidad se estaba montando un centro de vigilancia epidemiológica y que él seguiría ocupando la oficina antigua de cuando fungía como viceministro.

Pero hay muchos otros gastos millonarios durante la pandemia que han sido denunciados por medios como El Faro, El Diario de Hoy, GatoEncerrado y Revista Factum, que involucran al Minsal y también a los ministerios de Turismo, Agricultura y Obras Públicas. La Corte de Cuentas, la Comisión Especial contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) llevan meses de auditorías y ahora se suma la Fiscalía General.

El 17 de junio, Salud con Lupa reveló que el ministro Alabí había firmado en abril dos órdenes de compras para adquirir 400 mil protectores faciales con sobreprecio lo que había significado un gasto adicional de más de medio millón de dólares. Uno de los principales beneficiados había sido Jorge Aguilar, presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), a quien el presidente destituyó tres días después y cuya empresa vendió una parte de esas caretas de plástico reciclado.

El 20 de junio el fiscal general se comprometió a abrir una investigación por este caso.

Pero fue hasta cinco meses después que los fiscales aparecieron en las oficinas del Minsal y también del Ministerio de Hacienda. Los allanamientos generaron tensión este martes, ya que la Policía Nacional Civil intentó impedir que los fiscales siguieran realizando las tareas de recolección de información y el Ministerio de Salud denunció a través de Twitter que estos procesos ponen en dificultad sus tareas de combate del Covid19.

Este miércoles, en una entrevista a la televisora TCS, el fiscal Melara defendió sus acciones y dijo que los allanamientos son fruto del trabajo con la CICIES, e incluyen no solo instituciones estatales sino también empresas proveedoras.