El Salvador: Ministerio de Salud pagó más por protectores faciales que otras entidades del gobierno

El trabajo riesgoso del personal de primera línea demandó que los gobiernos se preocuparan por adquirir mascarillas, guantes, gorros, gabachones, trajes de seguridad y un nuevo accesorio indispensable en el equipo de trabajo contra el COVID19: los protectores faciales.

Las primeras máscaras en aparecer masivamente en El Salvador estaban elaboradas en Honduras por Invema, una empresa hermana de Insema, radicada en El Salvador, propiedad de Jorge Aguilar, quien fue reclutado para el equipo de gobierno de Nayib Bukele como presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (Fonaes). Los protectores tenían el atractivo de haber sido fabricados con material plástico reciclado (PET), proveniente de triturar y transformar en resina miles de envases de bebidas. La marca comercial de las máscaras era Invemask.

Entre abril y mayo, cuando la pandemia arreciaba en El Salvador y provocó las primeras muertes, el gobierno hizo al menos dos compras de los protectores faciales Invemask que evidencian una distorsión más en los pagos que la administración Bukele hizo por el equipo. Al ya documentado sobreprecio, revelado por Salud con lupa, que el Ministerio de Salud pagó en abril a la empresa de Jorge Aguilar por un lote de 100,000 caretas, ahora se suma que el gobierno hizo la compra de otros dos lotes de protectores Invemask, pero por medio de compañías intermediarias, y llegó a pagar hasta menos de la mitad. La lección: si el gobierno compra directamente a la empresa del funcionario, pagará el doble.

El 15 de abril el Ministerio de Salud compró 100,000 protectores faciales, a US$ 2.50 cada uno, e hizo un contrato por 250,000 dólares con la fábrica del presidente del Fonaes. Otras instituciones del gobierno gastaron menos por el mismo producto, pero no a través del fabricante.

En una entrevista concedida la semana pasada a El Faro, Jorge Aguilar, afirmó que está desligado de la empresa familiar Insema aunque está convencido de que el Minsal obtuvo un buen precio con la venta que hizo su hija: “No existía en ese momento una careta full face que valiera menos”, declaró. Sin embargo, una orden de compra del Fondo Solidario para la Salud (Fosalud) lo desmiente. El Fosalud compró las Invemask a mejor precio ocho días después de la primera compra del Minsal, y eso que adquirió únicamente 4 mil unidades. El 24 de abril, la directora de Fosalud, Natahalie Larreinaga, firmó una orden de compra por US$ 6,640, ya que cada una valía US$ 1.66.

La empresa que las entregó a FOSALUD es The Coffee Net SA de CV. Esta sociedad tuvo la acción de, además, donar 2 mil pantallas al Minsal el 4 de mayo. También aparece en la lista de proveedores de FONAES.

Un mes después de la primera compra con sobreprecio del Minsal, el gobierno, por medio del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), dio un contrato de 125 mil máscaras recicladas a una compañía que a su vez las compra a la fábrica de Aguilar. Con esta empresa intermediaria también ocurrió lo mismo: en lugar de venderlas a más de los 2.50 dólares a los que el fabricante las había vendido al Ministerio, se las cobró a solo 1.24 dólares, para un desembolso total de 155 mil dólares.

Nuevamente quedó evidenciado que el Ministerio de Salud pagó el doble del precio al comprar directamente a la fábrica propiedad de Jorge Koky Aguilar y su familia.

Cuando Aguilar asumió como presidente de Fonaes, en junio de 2019, colocó en su currículum que había fundado Insema en 2001, y agregó otros dos párrafos para ampliar su trayectoria como empresario de la industria del reciclaje: “Insema ha ido creciendo a lo largo de los años, procesando gran variedad de materiales ferrosos, no ferrosos y plásticos”, decía.

Cuando en marzo de este año inició la crisis sanitaria por la pandemia, muchos negocios tuvieron que cerrar obligadamente. La historia para Insema fue diferente y siguió operando. En cuestión de un mes, la empresa familiar de Aguilar se reconvirtió y supo aprovechar una demanda creciente ante la pandemia.

El Ministro de Salud, Francisco Alabí, obvió el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas (Lacap), que prohíbe que los funcionarios del Gobierno y autónomas sean contratistas en cualquier institución pública y firmó, el 15 de abril, una primera orden de compra para adquirir los protectores faciales distribuidos por Insema.

El 20 de junio, el presidente Nayib Bukele resolvió separar del cargo al presidente de Fonaes por una posible violación ética.

La compra de las máscaras en el ISSS se hizo el 29 de mayo, un mes después de las adquiridas por el Minsal, a la compañía Importaciones Salvadoreñas (Importsalva). El pago fue en una sola entrega, ya que contaban con disponibilidad inmediata del producto.

Ese día de la orden de compra del ISSS, 29 de mayo, era el último día hábil para compras de emergencia tras una resolución de la Sala de lo Constitucional que congeló la situación excepcional que había logrado el gobierno de Bukele no solo para restringir derechos fundamentales, sino también para relajar los controles en las compras y adquisiciones del Estado.

Nuevo proveedor en el ISSS

Importsalva fue inscrita el 18 de enero de 2019 en el Centro Nacional de Registros con el objetivo de “compra y venta al detalle y al por mayor de mercadería en general”. Hasta diciembre del año pasado, esta empresa no aparecía en el banco de proveedores del ISSS, pero la pandemia le significó una apertura de puertas para proveer de sus productos al gobierno, e hizo su primera venta a la institución a finales de marzo, unos días después de aprobada la Ley de Emergencia.

El 27 de marzo, Importsalva ganó un contrato directo por 180 mil dólares para proveer 10 mil trajes de seguridad, es decir, a 18 dólares cada uno provenientes de China. Curiosamente, el 14 de abril, vendió otros 337 trajes de seguridad pero al doble: El ISSS le pagó US$38.50 por cada uno. Al igual que para la compra de protectores faciales, en esta dos no hubo competencia y recibió el 50% del pago anticipado.

Hasta julio, ImportSalva había ganado en tres de cuatro intentos. El único que perdió fue cuando sí compitió para una solicitud de compra de termómetros. Ofreció a 240 dólares cada aparato. La orden fue asignada a dos empresas que lo ofrecieron a 100 y a 140 dólares cada termómetro digital.

El representante legal de Importsalva es Billy Ernesto Durán Candell. El 2019, este joven, en ese entonces de 29 años, incursionó en el mundo de los negocios. En enero de ese año inscribió su empresa, pero en los registros también aparece que, desde mayo de 2019, Durán Candell es administrador suplente de otra sociedad: Elitech International SA de CV.

El representante y administrador propietario de Elitech Internacional es Mario Antonio Tenorio Ordóñez, el hijo del diputado de GANA, Mario Tenorio. GANA fue la bandera que le permitió a Nayib Bukele correr por la presidencia en 2019 y que se ha convertido en el principal aliado y defensor de las iniciativas del Ejecutivo en la Asamblea. El partido oficial del presidente Bukele es Nuevas Ideas, y participará por primera vez en elecciones legislativas y municipales en febrero de 2021.

Tenorio Ordóñez labora en la oficina Promotora de Exportaciones de El Salvador (Proesa) desde 2012, pero fue ascendido como gerente de Promoción Comercial en junio de 2019 y a director de Exportaciones en enero de este año, según actualizó en su currículum de Lindkein.

Varios reportajes han documentado cómo la Ley de Emergencia y su reforma, el decreto 606 del 23 de marzo, se convirtió en una puerta fácil para asignar contratos directos a familiares, funcionarios o empresas nacionales y extranjeras que no tenían mayor experiencia en proveer insumos médicos. Algunas, incluso, aún no han entregado la mercadería o incumplieron con los plazos de entrega.

En la publicación del 20 de junio, Salud con Lupa ya había advertido que la orden de compra que el ministro Francisco Alabí firmó el 15 de abril fue adquirida con un sobreprecio de 121%. La representante de Insema, la empresa proveedora que firmó como contraparte, fue María Fernanda Aguilar, hija de Koky Aguilar. Ella misma envió una cotización con el precio de US$ 1.13 por máscara si se compraba al por mayor, cuando se le solicitó.

Los lineamientos creados por el Ministerio de Hacienda, el 24 de marzo, para guiar las compras de emergencia, sugerían hacer un sondeo de mercado para tomar las decisiones rápidamente y tener parámetros. Si hubieran buscado los anuncios que aparecían de este producto en Internet podrían haber encontrado que el precio de cada pantalla no sobrepasaba los US$ 2 al consumidor.

Pero el 25 de abril, el ministro Alabí adquirió 300 mil protectores reciclados más, nuevamente, a un precio de US$2.50 cada uno; es decir, un desembolso de 750 mil dólares. Esta vez el cheque se lo llevaría SYGM, una sociedad anónima que está inscrita con el giro de “asesorías empresariales”. En diez días, el gobierno pagó un sobrecosto de 548 mil dólares. El Diario de Hoy reveló que los representantes de dicha empresa tienen vínculos con el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya.

El periódico El Mundo también siguió la pista a la segunda orden de compra y publicó que quien estampó la firma como representante de SYGM fue Joel Martínez, un camarógrafo y productor que trabaja con Cristian Flores, ex candidato de Nuevas Ideas en San Miguel. Martínez le dijo a la periodista de ese periódico que él solo trabajó como mensajero y creía que había firmado “una cuestión de recibido”. Pero en realidad lo que estampó fue una venta de tres cuarto de millón de dólares.

Flores cedió el puesto que había ganado en las internas del partido Nuevas Ideas para correr como candidato a alcalde en San Miguel para las elecciones del 2021 a Wil Salgado, miembro de GANA. Ahora Cristian Flores está más cerca del círculo de confianza del presidente Bukele, ya que fue nombrado recientemente subcomisionado de Proyectos Estratégicos.

Las auditorías pendientes

Ante los múltiples señalamientos de posibles irregularidades en la decisiones de compras durante la emergencia, el ministro de Salud, Francisco Alabí, se desmarca y, a pesar de que las órdenes de compra llevaban su firma, ha señalado que “son procesos con una metodología establecidas y las unidades del Minsal tienen especialistas para determinar a quién comprar”.

Después de que Salud con Lupa hizo su primera publicación, el presidente Nayib Bukele informó en su cuenta de Twitter que había decidido separar del cargo a Koky Aguilar y que pediría una auditoría a la Corte de Cuentas y otra a la Comisión contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).

Este domingo 20 de setiembre se cumplió un año de la firma del convenio con la Organización de Estados Americanos (OEA), con el cual se formalizó la instalación de una misión especial para el combate a la corrupción y la impunidad. En 12 meses, la CICIES nunca ha emitido un informe público de los casos que investiga ni del resultado de sus hallazgos.

El 18 de marzo, el presidente Bukele informó que había solicitado la contratación de 60 auditores para vigilar todos los procesos de adquisición de las compras de emergencia. Una vocera de la CICIES dijo que, por el momento, no están dando declaraciones del trabajo que realizan.

El Fiscal general, Raúl Melara, también anunció vía Twitter que investigaría el caso de Insema que involucró al ministro de Salud y al presidente de Fonaes. La encargada de comunicaciones de la Fiscalía, Rosa Arce, expresó que la institución está en diligencias para consolidar información, pero que el avance depende de la colaboración de ministerios y otras instituciones involucradas.

Uno de los puntos que buscarán aclarar las autoridades es a dónde fue a parar el material recolectado durante el Reto Recicla y que costó más de 200,000 dólares al gobierno. A mediados de abril, en las mismas fechas que Insema lanzaba su producto al mercado y Alabí firmaba órdenes de compra a esa empresa, Aguilar comenzó una gira de donativos de protectores creados con material PET del Reto Recicla a diversas instituciones.

La compra de 4.5 millones de botellas recolectadas en 26 puntos de acopio significó un desembolso de 225 mil dólares para la Administradora Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). Así lo respondió el oficial de información de Fonaes, Rodrigo Cabrera, el 30 de julio pasado a una petición de información ciudadana. Sin embargo, en la entrevista que brindó Koky Aguilar a El Faro evidenció una contradicción. Al resumir los números de recolección, estos son menores a los oficiales. “¿Sabés cuántas botellas se recogieron? 2 millones y medio de unidades. Eso son aproximadamente 190 mil libras”, dijo. Por tanto, el egreso de ANDA de pagar US$ 0.05 centavos por botella tendría que haber sido menor: 125 mil y no 225 mil dólares.

Dicha materia prima, según respondió el oficial de información a una petición de Salud con Lupa, se la llevaron dos personas: Beatriz Arévalo (91,946 libras) y Javier Alejandro Marroquín (70,910 libras). A la pregunta de qué destino tuvo el dinero producto de esa transacción la respuesta fue que hubo un canje: “El destino del dinero de una de las ventas se utilizó para comprar insumos relativos a la pandemia de COVID-19, por un valor de US$ 6,436.20. El comprador adquirió 100 galones de alcohol gel a US$ 24.00 c/g ($2,400.00) y 1,922 fardos de agua potable de 25 unidades cada una a US$ 2.10 c/u (US$ 4,036.20), lo que hace un valor de los insumos entregado al Centro de Acopio del CIFCO por un total de $6,436.20.” La respuesta entregada este lunes 21 de setiembre no detalla cómo se recibió el monto de la otra venta.

Por otra parte, según Fonaes, con las máscaras que donó Insema se vieron beneficiadas unas 16 instituciones. En los registros oficiales, estas suman 8,925. En la entrevista con El Faro, Aguilar expresó que había entregado un total de cinco veces más: “Lamentablemente, nunca se habló de cuántas vidas salvaron las caretas o de que solicité una donación de un promedio de casi 40 mil.”

En cada evento de entrega de donativos, Aguilar repetía orgulloso que esa máscara anticovid era ya la transformación o resultado del plástico acumulado después de la jornada denominada #RetoRecicla. Las láminas de plástico para armar eran idénticas en diseño, marca y empaque a las que la empresa familiar Insema vendía al público en general a través de redes sociales, y al mismo gobierno, a pesar de las restricciones de la Lacap.

Tanto la Secretaría de Comunicaciones, CIFCO y los Ministerios de Medio Ambiente y Defensa pusieron recursos y personal a su disposición para la promoción, organización y realización de la campaña de tres días realizada entre el 7 y 9 de febrero. Solo Fonaes gastó en logística, comida y transporte más de 9 mil dólares.

En febrero pasado, Koky Aguilar dijo que para evitar cualquier conflicto de interés el material recolectado sería licitado y aprovechado por otras empresas recicladoras. Al final, esto no sucedió y no se sabe si la Junta Directiva tomó la decisión de entregarlas sin ningún concurso. Aseguró que la CICIES ya llegó a Fonaes a verificar la documentación de los acuerdos realizados para deshacerse de la basura, que en realidad era materia prima.

“Estamos corrigiendo grandes emblemas de la corrupción que nos dejó el gobierno anterior, como la presa El Chaparral, el puente hacia el Puerto de la Libertad”, expresó el presidente Bukele el pasado 15 de setiembre, en su mensaje del Día de la Independencia “Nos dicen: ‘ya habíamos empezado nosotros’. Pues claro, pero lo que habían empezado era a robar, porque la poca construcción estaba inservible y con serios casos de corrupción que ya fueron presentados a la Fiscalía” añadió.

En el primer caso de sospecha de corrupción que salpicó a su gobierno, y a dos de sus funcionarios, Bukele asumió un compromiso hace tres meses. “Si las auditorías encuentran algún indicio de corrupción, yo mismo enviaré la denuncia a la Fiscalía para que sean procesados los responsables”, sostuvo en un tuit el día que anunció la separación de Jorge Aguilar del cargo del presidente de FONAES. El gesto de firmeza le agenció más de 13,000 “likes” y 2,000 retuits en la red que usa como plataforma favorita de comunicación. Sin embargo, la Corte de Cuentas informó que nunca recibieron dicha petición y que la auditoría que realizan es por iniciativa propia.

* Con información de David Bernal

Nota: El cierre de este reportaje fue actualizado el 22 de setiembre para incluir información relevante.