El presidente Francisco Sagasti acabó por abrir el debate nacional en torno a si las empresas privadas deben hacerse cargo de la compra y distribución de vacunas contra el nuevo coronavirus con una frase: "Lo que no queremos es que el que tiene plata se vacune y el que no tiene no se vacune". Un debate que se atizó en las últimas semanas tras descubrirse la vacunación irregular de 470 personas por fuera del ensayo clínico fase III de Sinopharm.
“Decir que no va a permitir que las empresas vacunen a sus trabajadores es patético. Me indigna escuchar una cosa así”, dijo casi de inmediato Roque Benavides, presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura y expresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep). En una columna de opinión, en el diario Gestión, el empresario José Luis Silva Martinot, vocero de la Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes del Perú, calificó a Sagasti como “el perro de vacunador” porque no vacuna ni deja vacunar. En esa discusión también se enfrascaron algunos candidatos a la presidencia de la República como Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, quien incluso calificó de genocidio lo dicho por el presidente Sagasti.
Lo cierto es que en estos momentos no existe un solo país en el mundo donde sus empresas privadas estén comprando las vacunas. Hay varias razones, pero principalmente porque, con un año de pandemia a cuestas, las vacunas son un bien escaso a nivel mundial. Los laboratorios no producen la suficiente cantidad de vacunas para atender la demanda. Y porque además solo pueden producirlas quienes las desarrollaron. Es decir, en el Perú hemos entrado en una discusión estéril sobre un bien que actualmente no está disponible.
La otra razón es que una vacuna contra la Covid-19 es un producto complejo. Que, como hemos visto, ha surgido de una situación que ha puesto a la humanidad en peligro. No es un negocio más. Millones de vidas están en juego.
El único caso donde los privados han tenido avances es Brasil. Y tan bien no les ha ido. En enero, el presidente Jair Bolsonaro dio la autorización y un conglomerado de clínicas brasileñas denominado ABCVAC anunciaron que se encontraban en negociaciones con AstraZeneca, fue la misma farmacéutica la que salió a desmentirlos aduciendo que no negocian con entidades privadas.
“Las vacunas se encuentran protegidas por derechos de propiedad intelectual con las patentes correspondientes. Estas patentes, que poseen una duración de hasta 20 años, constituyen una barrera de acceso tan absurda e inadecuada en medio del contexto actual, que solo las injusticias e inequidades cotidianas hacen que lo veamos con normalidad”, dice Ángela Uyen, de Médicos sin Fronteras. Mientras estos laboratorios no compartan la licencia o no se levanten las patentes será muy complicado ampliar la capacidad.
Esta escasez provoca además un dilema ético: como la oferta es insuficiente, vacunarme supone quitarle la posibilidad a otra persona que tal vez lo necesite más que yo, sea por su edad o por sus enfermedades preexistentes. Respetar los grupos de prioridad supone proteger a los más vulnerables y, por lo tanto, reducir la mortalidad. De esta manera el sistema de salud colapsado podría recuperar su funcionamiento. Recordemos que las vacunas no evitan el contagio, pero sí que disminuyen los efectos del virus.
Otro aspecto que, salvo algunas excepciones, no se está contemplando en este debate es la garantía de legalidad: las farmacéuticas que negocian con los países se hacen responsables de los efectos adversos que puedan provocar las vacunas cuyo uso está adscrito a un contexto de emergencia. ¿Los privados están en la capacidad de brindar las mismas garantías?
Una autorización de Uso de Emergencia es un mecanismo que facilita la disponibilidad y el uso de contramedidas médicas durante emergencias de salud pública, como es el caso de esta pandemia.
Entre diciembre de 2020 y febrero de 2021 seis bancadas del Congreso han propuesto 13 proyectos de ley para la adquisición de vacunas contra la Covid-19 de parte de las empresas privadas y los gobiernos regionales. Los partidos detrás de estas iniciativas: Acción Popular, Podemos Perú, Alianza para el Progreso, Unión por el Perú, Frente Amplio y Nueva Constitución. Los argumentos: la poca gestión del Gobierno y su respuesta deficiente para reducir los contagios.
Esto va en sintonía con una reciente encuesta elaborada por Ipsos Perú: 56% de peruanos estaría a favor de que se permita a los laboratorios privados sumarse al Gobierno para importar, comercializar y aplicar vacunas. El ministro de Salud, Óscar Ugarte, ha sido claro: si hay una empresa que negocie con sector privado, el Gobierno no tiene por qué impedirlo porque el marco normativo lo permite (Ley N°31091). Sin embargo, “ello no debería significar costo para el usuario” y menos “romper con el cronograma de prioridades”. Es decir, que un joven que se encuentra en el tercer grupo de prioridad por su edad se vacune antes que un adulto mayor.
“El gran problema que tiene el Ejecutivo es la falta de gestión. El privado tiene procedimientos más rápidos y, además, tienen experiencia en la gestión de estos procedimientos como son las compras y la distribución”, ha insistido Roel Alva, el segundo vicepresidente del Congreso y militante de Acción Popular. Alva olvida que en el 2006 el Estado logró inmunizar a 20 millones de personas contra el sarampión y la rubéola en tan solo 45 días. El actual proceso de vacunación a pesar de haberse ensombrecido con el ‘Vacunagate’ ya ha alcanzado a 291 mil 264 peruanos en tres semanas.
¿De qué manera se podría aprovechar la capacidad, la experiencia y los recursos del empresariado? El periodista Luis Davelouis ha dado algunas luces: “quizás debería apoyar con la logística: cadena de frío, almacenamiento, transporte, locales para convertirlos en centros de vacunación. Es mucho lo que puede hacer”.
Recomendaciones que podría tomar en cuenta Luis Miguel Ciccia, director de la Asociación de Propietarios de Ómnibus Interprovinciales del Perú (Apoip), quien anunció que su gremio está negociando la compra de 100 mil dosis de la vacuna rusa Sputnik-V. “¿El Estado va a preferir que las vacunas se pudran en Aduanas? No importa que no nos dejen sacarlas. De esa manera sabremos cómo son nuestras autoridades y qué prefieren”, criticó. Lo que Ciccia no dice es que Sputnik-V no cuenta con el registro sanitario otorgado por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid). Hasta ahora solo han obtenido este registro Sinopharm y Pfizer. Solo estas dos vacunas pueden ser importadas y utilizadas en el Perú.
La presidenta de la Confiep, María Isabel León, ya ha retrocedido: «Si el Estado garantiza la compra de 48 millones de dosis, ya no existe la urgencia de los privados de adquirirlas, pero sí ponemos a disposición nuestra capacidad logística para acelerar su llegada a todos». El gremio empresarial estima que el sector privado podría empezar a adquirir vacunas a partir del tercer trimestre de 2021, luego de que el Gobierno termine de concretar sus contratos con los laboratorios.
El investigador Patrick Wieghardt es de la opinión que recién se podrá analizar a distribuidores privados en unos meses cuando “haya decenas de vacunas en el mercado”. Pero que de llegarse a importar deberán controlarse los precios. “En Europa han fijado un precio y ganancia que cada empresa privada puede llevarse por vacunación Covid. Por lo tanto, la mayor parte de los privados, interesados en las ganancias, no han entrado a este rubro porque no les resulta atractivo competir con el Estado”.
Ángela Uyen se mantiene escéptica: “¿Cuándo fue la última vez que el privado ejecutó una campaña de vacunación masiva? ¿Qué capacidad de cadena de frío y de vacunadores tiene?”. Uyen cree que el sector privado podría depredar los recursos del Estado, entorpeciendo el proceso de vacunación masiva y gratuita.
Durante el 2020 un grupo de empresarios se unieron para liderar la compra de vacunas en el Perú. Se hicieron llamar el Comando Vacuna. El único médico que integraba aquel comando es Luis Suárez Ognio, exviceministro de Salud Pública, que ahora sabemos fue una de las 470 personas que se vacunaron en secreto. El Comando Vacuna acabó convirtiéndose en el principal vocero del Gobierno. Hasta la llegada de Francisco Sagasti a Palacio. Es bueno recordarlo ahora que el empresariado insiste en participar en la importación de vacunas contra el Covid-19.
Mientras las vacunas sean un bien escaso, con carencia de suministros, la discusión de los privados tendría que ser otra. No tanto si deben participar o no sino cuándo, pero sobre todo cómo.
