A medida que la discusión sobre el Acuerdo frente a Futuras Pandemias se acerca a su fase final, asociaciones civiles locales e internacionales especializadas en salud y equidad alertan sobre los problemas del documento que votarán los 195 estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En resumen, tal y como está, este acuerdo reproducirá la profunda desigualdad en el acceso a insumos médicos, medicamentos y vacunas entre los países ricos y pobres para enfrentar la próxima crisis sanitaria.
Por eso, Aids Healthcare Foundation (AHF Perú), Acción Internacional por la Salud (AIS) y la Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE hicieron una conferencia de prensa para pedir que Perú y el resto de los países de América Latina y El Caribe voten en contra del acuerdo pandémico que empezó este lunes a discutir la Asamblea Mundial de Salud, en Ginebra, Suiza, durante su reunión anual.
La Asamblea Mundial de la Salud es el órgano decisorio supremo de la OMS. Se reúne cada año con la asistencia de delegaciones de los Estados Miembros. Su función principal es promover la salud de la población mundial y el acceso a los más altos niveles de prestación sanitaria.
“Los países ricos buscan asignar solamente el 20% de los productos sanitarios relacionados con pandemias a países de ingresos medios y bajos, dejando el 80% de los productos a precios de mercado, precios lucrativos, inaccesibles para el 85% de la población mundial”, advirtió Jorge Saavedra, director ejecutivo del Instituto AHF de Salud Pública Global, conectado en teleconferencia desde Florida.
A su turno, Roberto López Linares, director ejecutivo de AIS, advirtió que este acuerdo tendrá consecuencias catastróficas para el Perú cuando llegue una nueva pandemia. “Recordemos que las limitaciones sanitarias de nuestro país, unidas a las dificultades para conseguir insumos en momentos de desabastecimiento internacional, ocasionaron que llegáramos a tener la tasa de mortalidad por COVID-19 más alta del mundo: más de una muerte por cada 20 personas infectadas. Se calcula que 213 mil peruanos murieron entonces”, señaló.
La conferencia también contó con el testimonio de Damaris Cuyubamba, quien junto a su familia tuvo que afrontar el fallecimiento de tres familiares a causa de la COVID-19 en menos de un año, lo que les dejó una deuda por atenciones en clínicas de 157 mil soles (más de 42 mil dólares). Un monto equivalente a 13 años de un sueldo mínimo en el país.
Cinco puntos cuestionables del documento
Estos son algunos de los problemas identificiados que perjudicarían a los países pobres y los dejarían a merced de los intereses económicos de las grandes potencias:
1) No garantiza un acceso equitativo a productos relacionados a emergencias sanitarias. Por ejemplo: vacunas, medicamentos e insumos médicos, como los ventiladores mecánicos tan necesarios durante la pandemia de COVID-19. Los países de América Latina y el Caribe solo tienen garantizada la quinta parte de lo que se produzca a nivel mundial.
2) La transferencia de nueva tecnología desde países desarrollados hacia el resto del mundo es discrecional y voluntaria. Esto quiere decir que si se crea una nueva vacuna o medicamento pandémico, el momento, la cantidad y el país elegido quedará a la decisión del país de origen.
3) Pone obstáculos relacionados a la propiedad intelectual. En otras palabras: las naciones ricas aseguran patentes y precios convenientes a las ganancias de sus industrias farmacéuticas, si es que un país no elegido, desea comprar una vacuna o tratamiento, por ejemplo.
5) A pesar de dejar a los países pobres a merced de los grandes intereses económicos, se les obliga a compartir información biológica a través del Sistema de Acceso a Patógenos y Reparto de Beneficios (PABS). Es decir, tendrán que informar sí o sí sus evidencias, para un tratamiento que probablemente no les llegue.
El acuerdo no es preciso en garantizar un acceso continuo y en tiempo real a productos sanitarios críticos para la prevención de crisis sanitarias y preparación de los sistemas de salud. Por eso, diversas organizaciones especializadas en salud, equidad y acceso a los medicamentos como AIS Perū y la RedGe han cuestionado estos y otros temas sensibles en el documento desde hace tiempo.
“Todas las evidencias científicas apuntan a que es muy posible que ocurra otra pandemia. Se trata entonces de cómo la región debe prepararse para hacerle frente a la próxima emergencia sanitaria internacional. Queremos un acuerdo pandémico, pero sin presiones ni intereses corporativos y que tenga como beneficiario final a las personas de nuestras comunidades latinoamericanas. Las enormes cifras de mortalidad en la pandemia de COVID-19 eran prevenibles si hubiéramos tenido acceso equitativo a los adelantos globales, muchos de los cuales se validaron con nuestra población”, sostuvo José Luis Sebastián, director regional para la región Andina de AHF.
