La piurana Celia Ramos Durand, madre de 3 niñas, murió a los 31 años de edad a consecuencia de una esterilización en uno de "festivales de ligaduras" realizados por el gobierno de Alberto Fujimori fines de la década de los noventa. Celia fue una de las cerca de 300.000 mujeres pobres a quienes se les ligaron las trompas como parte de una política pública de control de natalidad sin consentimiento informado. Este 23 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evaluará su caso en una audiencia pública.
La CIDH admitió el expediente en el 2019, once años después de que Demus, en representación de las madres y las tres hijas de Celia Ramos, víctimas de la política de esterilizaciones forzadas del Estado, presentara una petición, al no haber garantías para encontrar verdad, justicia y reparaciones integrales en los procesos judiciales en el Perú.
“Acudimos a un organismo internacional con la finalidad de poder obtener justicia y verdad para nuestra madre, ya que las autoridades peruanas continúan dilatando el proceso por incumplimiento del deber de garantía de los derechos de las víctimas. También, para lograr medidas de no repetición”, señalaron Marisela, Marcia y Emilia Monzón Ramos, hijas de Celia Ramos. Ellas consideran fundamental que el caso llegue a la Corte IDH y se marque un precedente favorable para las demás víctimas.
Al respecto, Milton Campos, abogado de Demus, señaló que la audiencia pública alienta la esperanza de justicia para los familiares de Celia Ramos, quienes tienen gran expectativa de que se emita un informe de fondo que permita continuar con la siguiente etapa.
“Esperamos que se dé paso a un juicio internacional en la Corte IDH, ya que se ha acreditado la vulneración de los derechos de Celia Ramos cuando fue víctima de esterilización forzada como las 217 mil mujeres esterilizadas entre 1996 y 2000, en el marco de la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva Nacional liderado por Alberto Fujimori”, explica Campos.
A su turno, María Esther Mogollón, coordinadora de GREF de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, indicó que el caso de Celia no es un caso aislado de delito común. “Representa la violación de derechos humanos de la política de Estado aplicada con patrón de acoso, intimidación, precariedad, riesgo y muerte. Es emblemática la revictimización por la falta de justicia y reparaciones integrales que padecen cientos de miles de víctimas”, sostuvo.
“Celia Ramos no murió, a ella la mataron quienes ordenaron las campañas de ligaduras de trompa en postas de salud en zonas de pobreza para cumplir con metas y cuotas, sin garantizar consentimiento informado, libre y por escrito. La acosaron, la asustaron y cansaron hasta lograr su objetivo de esterilizarla en una posta que no estaba equipada para atender complicaciones”, indicó Maria Ysabel Cedano, abogada de Demus.
Celia Ramos tenía 34 años cuando llegó al Puesto de Salud La Legua en Catacaos, Piura, el 3 de julio de 1997, y fue sometida a una esterilización sin tener información previa adecuada de los métodos anticonceptivos existentes y tras ser acosada y amedrentada por parte del personal de salud para practicar este procedimiento. Fue la última paciente de 15 programadas para ser operadas ese día. Durante la intervención sufrió complicaciones y la posta médica no contaba con implementos necesarios, lo que generó su muerte el 22 de julio de 1997.
“El Estado debe asumir su responsabilidad, no puede negar la política basada en la vulneración de derechos humanos reproductivos, ni alegar que Celia consintió. El Estado peruano también le negó justicia cuando la fiscalía archivo irregularmente la investigación. La CIDH debe presentar el caso a la Corte Interamericana para que al fin se logre verdad, justicia y reparaciones Integrales”, sostiene Cedano.
