Desde el 1 de marzo, el Ministerio Público desarrolla la lectura de cargos por el caso de Esterilizaciones Forzadas en audiencias varias veces postergadas. El fiscal Pablo Espinoza acusó este martes al expresidente Alberto Fujimori de ser el “máximo y principal responsable” por las muertes y lesiones graves causadas a miles de mujeres sometidas a cirugías para controlar su derechos reproductivos sin consentimiento informado.
La responsabilidad recae también en los exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga Recuenco, así como otros funcionarios del ministerio, quienes son acusados como autores mediatos del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones graves, seguidas de muerte, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos entre 1995 y 2000.
La tesis fiscal se centra en que Fujimori impulsó las esterilizaciones como un método sistemático para reducir la pobreza a través de la reducción de la tasa de natalidad. Durante la audiencia, Espinoza presentó evidencias de las políticas aplicadas durante el régimen fujimorista en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar: un sistema de metas y cuotas para que el personal de salud realizara el mayor número de ligaduras de trompas y vasectomías en zonas rurales con población de bajos recursos y quechuahablante.
Hasta el año pasado, estaban inscritas cerca de 8 mil mujeres y hombres en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), abierto por el Ministerio de Justicia en 2016. Sin embargo, investigaciones académicas y periodísticas estiman que el total de personas esterilizadas llegaría a 272 mil mujeres y 22 mil hombres. El 90% sufrió intervenciones sin su consentimiento.
"Esto era conocido por Fujimori a través de informes que le presentaban mensualmente sus ministros de Salud, [hubo] denuncias de medios de comunicación e informes de instituciones como la Defensoría del Pueblo, y pese a ello no detuvo su aplicación sino que se reformuló para eludir responsabilidades", sostuvo el fiscal Pablo Espinoza durante la audiencia de más de tres horas. La lectura de cargos continuará el jueves 22 de abril.
Un largo proceso para buscar justicia
En esta investigación fiscal están incluidas más de 1,300 víctimas como denunciantes, la mayor parte mujeres de las regiones de Ayacucho, Cusco, Piura y Huancavelica. Han pasado casi dos décadas para que llegara a formularse una acusación fiscal, ya que en cuatro oportunidades las investigaciones fueron archivadas.
En 2003, el Estado peruano suscribió un Acuerdo de solución amistosa ante la CIDH por el caso de María Mamérita Mestanza, víctima de esterilización forzada fallecida. A raíz de estos hechos, se estableció el compromiso de investigar y juzgar a los responsables de ligaduras de trompas y vasectomías no consentidas realizadas en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar durante el gobierno de Alberto Fujimori.
Sin embargo, las investigaciones se archivaron parcialmente y solo la perseverancia de las organizaciones de víctimas hizo que se abriera nuevamente pese a la lentitud de la Fiscalía.
En 2016, cuando el caso estuvo a cargo de la fiscal Marcelita Gutiérrez, se archivó sin que se valoraran indicios que señalaban responsabilidad en el expresidente Alberto Fujimori. Dos años después, el fiscal superior Luis Landa ordenó que se incluya en la denuncia fiscal a Fujimori y a tres de sus exministros.
En 2020, el Tribunal Constitucional rechazó el recurso interpuesto por uno de los denunciados, el exministro Marino Costa Bauer, para archivar nuevamente el caso. Finalmente, en marzo de este año, comenzaron las audiencias de presentación de cargos.
Además existen otras dos denuncias que aún se encuentran en fase de investigación preliminar por parte de la Fiscalía. “En total son por lo menos 2 mil denunciantes, incluidas las 1300 que ahora ya están prácticamente en sede judicial”, indica María Ysabel Cedano, abogada del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus) que representa a varias víctimas de esterilizaciones.
Los fundamentos de la denuncia
El fiscal Pablo Espinoza sustentó que el expresidente Alberto Fujimori fue el máximo responsable de las esterilizaciones forzadas, por haber impulsado, validado y ejecutado una política de Planificación Familiar que priorizó las anticoncepciones quirúrgicas de manera masiva durante su gobierno con el fin de reducir la tasa de natalidad en los lugares más pobres del país.
El fiscal citó testimonios que señalaron que, en reuniones con los directores generales de Salud, Fujimori mostró su intenso interés en la ligadura masiva de mujeres pobres como un medio para reducir la pobreza.
Espinoza indicó, además, que el personal de salud buscó a mujeres de escasos recursos en zonas rurales de distintas regiones para ser esterilizadas quirúrgicamente bajo amenazas, engaños o con la promesa de entrega de víveres. Los procedimientos se realizaron sin cumplirse con los protocolos necesarios: las historias clínicas estaban incompletas, no había registros de evaluaciones pre operatorias, los centros de salud no tenían la infraestructura requerida, no se contaba con personal especializado, ni el debido consentimiento informado de los pacientes, entre otras irregularidades. Esto ocasionó secuelas y lesiones graves en muchas mujeres, mientras que otras murieron como consecuencia de la cirugía.
Según la investigación fiscal, Alberto Fujimori tenía conocimiento de estos hechos a través de los informes enviados mensualmente por sus ministros de Salud, así como por las denuncias periodísticas y los informes de la Defensoría del Pueblo. Pese a ello, no detuvo la aplicación de esta política y más bien emitió normas que tuvieron como fin librarlo de responsabilidad, señaló el fiscal.
El congresista electo Alejandro Aguinaga Recuenco es otro de los investigados. Ocupó el cargo de viceministro y ministro de Salud en el periodo en que se llevaron a cabo las esterilizaciones forzadas. Como viceministro (entre 1994 y 1990), Aguinaga fue la máxima autoridad técnico administrativa del Minsa que intervino en las reuniones con los directores regionales de Salud y visitó establecimientos de todo el país para apoyar la ejecución del Programa de Planificación Familiar.
Como ministro (1999-2000), condujo la Política Nacional de Salud e impulsó normas que ayudaron a la ejecución de las esterilizaciones. Según la investigación fiscal, Aguinaga daba cuenta mensualmente al expresidente del cumplimiento de las metas propuestas a nivel nacional, así como de las denuncias y problemas que presentaba el Programa de Planificación Familiar.
Junto a directores regionales de Salud se propiciaron los “festivales de la salud”, actividades donde se captaba mujeres y hombres para esterilizarlos.
Contexto electoral
La próxima audiencia para que la Fiscalía continúe con la imputación de cargos está programada para este jueves 22 de abril. Luego que el fiscal Pablo Espinoza termine con la lectura de imputaciones, los abogados de los acusados tendrán opción a presentar sus descargos.
Contando con retrasos en las audiencias, la decisión del juez Rafael Martínez de abrir o no una investigación judicial podría conocerse en mayo o incluso cerca a la segunda vuelta del proceso electoral, señala la abogada María Ysabel Cedano. Como se recuerda, el caso de esterilizaciones forzadas guarda relación con las elecciones: Keiko Fujimori, hija del principal acusado, es candidata a la presidencia y Alejandro Aguinaga, otro de los acusados, ya es virtual congresista de la República.
Sin embargo, eso no evitaría que Aguinaga pueda ser denunciado e investigado pues este año se aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria, recuerdan los abogados de Demus, organización no gubernamental que ha seguido el caso desde hace más de dos décadas. El exministro y médico de cabecera de Alberto Fujimori también está implicado en el escándalo de vacunaciones VIP denominado ‘Vacunagate’, ya que se inmunizó junto a su esposa como presunto consultor del ensayo clínico de la vacuna de Sinopharm.
