El 9 de enero, mientras el país registraba cerca de 30 fallecidos como consecuencia de la represión policial en las protestas sociales, la viceministra de Salud Pública, María Elena Aguilar, se presentó en la Comisión Especial Covid-19 del Parlamento para explicar el estado de las reservas de vacunas que tiene el Perú contra esta enfermedad y por qué hasta hace pocas semanas no se había hecho público que ya había ingresado al país el primer lote de vacunas bivalentes.
Aguilar entregó un reporte que pasó inadvertido por la crisis política y social: en el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos (Cenares) y en los almacenes de los gobiernos regionales hay 16 millones de dosis monovalentes. Estas vacunas corren el riesgo de vencerse si no llegan pronto a los brazos de las personas que las necesitan.
Sobre el lote de medio millón de dosis de la vacuna bivalente para adultos del laboratorio Pfizer, que aterrizó en suelo peruano en noviembre del año pasado, la viceministra dijo que se enteró de su existencia el 25 de diciembre cuando se alistaba la resolución ministerial para incorporar la vacuna bivalente al proceso de inmunización, pero tampoco lo hizo público. Cuando ella asumió el cargo, ningún antecesor se lo había reportado.
Para esclarecer los stocks de vacunas contra la Covid-19, Salud con lupa hizo peticiones de acceso a la información pública al Cenares, como en anteriores ocasiones, pero esta vez los datos fueron negados bajo el argumento de que eran reservados.
Sin embargo, pudimos conocer que hasta el cuatro de enero había solo en el almacén del Cenares 8.7 millones de dosis con un valor potencial de 669 millones de soles. Del total de esas vacunas, 2.3 millones vencen en febrero.
Claramente, hay un sobrestock de vacunas, en parte por la disminución del ritmo de vacunación que no ha sido contrarrestada a lo largo de los meses. Hasta el momento, el 74% de la población objetivo adulta tiene tres dosis y el 26%, cuatro. En el caso de los niños, las brechas son mayores: la mitad de los 6.6 millones a vacunar tiene una dosis; el 40%, dos dosis; y tan solo el 16%, tiene tres vacunas a puertas de iniciar el año escolar.
La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, ha estimado que incluso vacunando a toda la población peruana con cuatro dosis monovalentes habrá un exceso de 9 millones de ellas. “Haremos la gestión para que estas vacunas puedan donarse y no se desperdicien los recursos del país”, mencionó. Esta salida ya ha sido empleada en septiembre del año pasado cuando el gobierno peruano regaló 2 millones 400 mil dosis de Astrazeneca a Ecuador porque vencían en tres meses.
Pero este no es todo el stock con el que contará Perú. En el transcurso de este año llegarán en total 13 millones de vacunas bivalentes de Pfizer y Moderna —de ellas ya recibió más de un millón de dosis— y hasta el 2024, otras 5 millones de diferentes laboratorios como parte del mecanismo Covax. En un contexto donde es necesario ser transparentes con el uso de las vacunas y lograr que la mayor cantidad de la población esté protegida contra las nuevas variantes del virus SARS-CoV-2; el Ministerio de Salud opta por el secretismo.
Además, ha aprobado un protocolo de vacunación sin sustento científico: ahora se exige tres o cuatro dosis monovalentes, dependiendo si son adultos mayores o personal de salud, para recibir el refuerzo de la dosis bivalente.
Información oculta
La llegada al Perú de las vacunas adultas bivalentes de Pfizer se conoció por un informe de la Contraloría General de la República difundido el 30 de diciembre, en vísperas de Año Nuevo.
Fue entonces que todos los peruanos conocieron que 432 mil dosis habían ingresado a los almacenes del Cenares el 18 de noviembre y estaban sin distribuir. En ese período era ministra de Salud, la médica cirujana y congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino. El 21 de noviembre, el Cenares recibió otras 120,960 dosis; sin embargo, esta información tampoco se hizo pública como sí había sucedido antes con otros lotes.
La ministra que reemplazó a Portolatino en diciembre, Rosa Gutiérrez, tampoco conocía de la llegada de las 552 mil 960 dosis. Mientras estas se encontraban guardadas a la espera del protocolo de vacunación, Gutiérrez anunciaba que recién llegarían en enero de 2023.
El actual viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Henry Rebaza, también dijo que desconocía de las dosis de vacunas bivalentes almacenadas, y anunció la reestructuración del equipo de conducción de las vacunas en el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos.
Como consecuencia de ello y en amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Salud con lupa solicitó el 26 de diciembre los registros actualizados de todas las vacunas contra la covid-19 que habían ingresado al Cenares, el stock que se manejaba y el detalle de las que vencieron. Esta información incluía los números de lotes, fechas y marca de las vacunas; no obstante, fue negada bajo la justificación de que se trataba de información reservada.
De acuerdo a la carta enviada por Carlos Honorio, ejecutivo adjunto de la Dirección de Almacén y Distribución del Cenares, y basada en una resolución ministerial de 2021, la “información que se emita en la etapa de negociación, contratación y ejecución contractual para la adquisición de la vacuna contra la covid-19” es reservada. También señala que, según un oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la divulgación de información contenida en contratos y acuerdos vinculados a la adquisición de vacunas “perjudicaría los procesos negociadores o alteraría los acuerdos adoptados, poniendo en riesgo el suministro de las vacunas contra la covid-19”.
Sin embargo, datos similares ya han sido entregados a los periodistas de Salud con lupa el año pasado en ejercicio del derecho de acceso a la información pública. En febrero, el Cenares brindó detalles del ingreso de vacunas anticovid-19 a sus almacenes, el stock actualizado y recalcó que ninguna había vencido; mientras que en abril especificó cómo había sido la distribución de las dosis a nivel nacional hasta ese mes.
El reparto de las vacunas que efectúa el Cenares a otras instituciones es de acceso público en uno de sus buscadores, por lo que resulta absurda su justificación. Además, las solicitudes realizadas no incluyen documentos sustentatorios del proceso de negociación de vacunas anticovid-19 y su adquisición.
Para Dilmar Villena, abogado y director ejecutivo de la ONG Hiperderecho, esta negativa de entregar información implica un retroceso en la transparencia si la institución ya había brindado datos similares. “No hay motivos para negar los datos, al menos que haya una variación en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y eso no ha sucedido”, agrega. La decisión del Cenares fue apelada por Salud con lupa ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Este organismo, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, admitió el recurso y ha solicitado al Cenares sus descargos.
Las consecuencias del sobrestock
La justificación de la exministra de Salud, Kelly Portolatino, para no hacer pública la llegada de las vacunas bivalentes al Perú y tampoco mencionar el tema en ninguno de los Consejos de Ministros realizados en noviembre y diciembre del año pasado, según constan en sus actas, fue terminar con el stock de las vacunas monovalentes y así “evitar gastos al erario del Estado”.
Es decir, su estrategia era priorizar lo administrativo sobre la salud, pese a que las vacunas bivalentes son versiones actualizadas que protegen contra Ómicron y sus variantes, más contagiosas y complejas de detectar.
El tema administrativo también parece prevalecer en la actual gestión del Ministerio de Salud. Para recibir la dosis de refuerzo de la vacuna bivalente; el personal de salud tiene que tener cuatro dosis, mientras que los adultos mayores o personas con comorbilidades al menos tres. En tanto, a los adultos de entre los 18 y 59 años de edad se les va a exigir cuatro para acceder al refuerzo. Este protocolo tiene como base una nota técnica de la Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, y dos actas de reuniones del Comité de Expertos de la Dirección de Inmunizaciones del Minsa, pero ninguno de los documentos sustenta científicamente la decisión.
“No hay un sustento técnico para exigir tres o cuatro dosis monovalentes. Mi hipótesis es que se pide ello ante el stock de vacunas que tenemos, pero es un error”, explica el epidemiólogo César Ugarte. Sostiene que al tener vacunas que brindan protección para una variante no se deberían poner barreras para acceder a ellas. Por el contrario, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos recomiendan tener el esquema primario de vacunación para recibirla; es decir, dos dosis.
En su presentación del 9 de enero ante la Comisión Especial Covid-19, la viceministra de Salud Pública, María Elena Aguilar, sostuvo que no están pidiendo tres o cuatro dosis porque haya vacunas de sobra, sino porque “un paciente va a estar más protegido con ellas dado que el virus muta constantemente”. Su afirmación se base en lo siguiente: durante la quinta ola han fallecido o estado en Unidades de Cuidados Intensivos aquellos que no tenían vacunas monovalentes o no habían completado su esquema de vacunación, según información del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Minsa.
En este escenario, el exviceministro de Salud Pública, Percy Minaya, sostiene que las vacunas monovalentes siguen teniendo valor y que el énfasis de la cuarta dosis debe ponerse en personas con condiciones crónicas y adultos mayores, en quienes es más beneficiosa. No obstante, ante la llegada de la vacuna bivalente, esta debería aplicarse primero a esa población, y luego al personal sanitario con mayor exposición al virus, pero sin pedirles completar los esquemas de tres o cuatro dosis.
El sobrestock de vacunas, de acuerdo a Minaya, es consecuencia de no contemplar elementos técnicos para su compra, y eso en parte es razonable porque no se conocía la efectividad y duración de la inmunidad. A ello se suma la incapacidad de mantener y estimular la demanda.
“La demanda se redujo paulatinamente por acciones opositoras de los antivacunas y por la falta de comunicación apropiada sobre la vacuna y su utilidad”, sostiene. También explica que es probable que se sigan perdiendo vacunas y dinero en la medida de que no mejoren las estrategias comunicacionales.
