“La preocupación es que los funcionarios estén bien, completamente protegidos. Es por eso que día a día revisamos los insumos con los que contamos y tenemos una supervisión específica para esto. Estamos súper al tanto de todo lo que estamos haciendo”, aseguró la doctora Magdalena Galarce, entonces directora subrogante del Hospital de La Florida, en una entrevista con el canal de televisión Mega Noticias el 12 de abril de 2020. Pero al parecer, sus mecanismos de control fallaron.
En abril y mayo, el hospital hizo compras millonarias de mascarillas KN95 y de tres pliegues con sobreprecio a “Servicios Integrales Hospitalarios”, una empresa constituida por el ingeniero civil Víctor Marcelo Kripper Mitrano, concuñado de Cristóbal Salgado Corvalán (sus esposas son hermanas). Este último era entonces subdirector de Gestión Administrativa y Financiera del establecimiento, cargo que dirige las finanzas y adquisiciones de la institución.
Kripper asegura que su empresa fue elegida porque “nos cotizaron y nos hicieron varias pruebas de servicio”. Sin embargo, la cronología de la transacción cuenta una historia diferente.
La primera oferta de mascarillas llegó al Hospital de La Florida el domingo 5 de abril a las 0:57 de la madrugada, en un correo electrónico firmado por el “equipo comercial” de Todo Hospitales, el nombre comercial de la sociedad. En ese email, la empresa ofrece “un stock exclusivo para el Hospital de La Florida de 300 mil mascarillas N95” y asegura que “no tenemos el contacto adecuado para conversar sobre cómo materializar la entrega y detalle de precios”. Este es un dato llamativo, ya que en el correo está copiado Salgado, el concuñado del dueño de la sociedad.
El sitio web de la empresa fue inscrito el día anterior al envío del correo y en ese momento, la empresa no tenía existencia legal. Se constituyó al día siguiente, el lunes 6 de abril, y el martes 7 se adjudicó por trato directo la orden de compra por 100 mil mascarillas KN95 sumando $333,2 millones de pesos (unos 390 mil dólares a la fecha). Pero la orden de compra fue anulada por un “error en valor”, según muestran los documentos de la plataforma Mercado Público. Ese mismo día, cuatro horas después, se emitió una nueva orden por el mismo producto y cantidad, pero por un total de $416,5 millones (más de 486 mil dólares). Kripper asegura que se había enviado el presupuesto sin considerar el IVA (impuesto al valor agregado) y por eso cambió el valor.
Así, al día siguiente de constituir la sociedad, esta obtuvo una orden de compra por más de 400 millones de pesos. Consultado por esta cercanía de fechas, Kripper explica que “si se valida el negocio, se activa, sino, no se activan los negocios. Es así de simple”. Por su parte, el entonces subdirector de Gestión Administrativa y Financiera, Cristóbal Salgado, dice desconocer los antecedentes legales de la sociedad.
En los primeros 45 días de existencia, la empresa le vendió mascarillas por $1.248 millones de pesos al hospital (más de 1,5 millones de dólares). Durante el año, no se adjudicó ninguna otra orden de compra con ningún organismo público. El hospital reporta que todas las mascarillas se entregaron en mayo. Luego de estos negocios, Kripper Mitrano traspasó la sociedad a Nicanor Valdés Romo por un capital social de dos millones de pesos: el mismo con el cual se constituyó.
Mascarillas con sobreprecio
La revisión de todas las órdenes de compras emitidas en mayo por mascarillas KN95 registradas en Mercado Público, muestra que la empresa que vendió la mayor cantidad fue justamente “Servicios Integrales hospitalarios”: cien mil unidades. Al analizar los precios, se constata que está número 11 en el precio más caro del mes: $3.149 la unidad (3,8 dólares). Las tres empresas siguientes que más mascarillas vendieron (15 mil y 10 mil unidades), lo hicieron por los dos precios más baratos: $1.350 y $1.850 respectivamente, es decir, alrededor de la mitad de “Servicios Integrales Hospitalarios” (ver base de datos de precios).
El 12 de mayo, la empresa vendió al hospital 100 mil mascarillas de tres pliegues por un valor de $685 cada una. Una semana después, recibió otra orden de compra del hospital por 500 mil mascarillas más, que vendió a $658 la unidad. Ambas adquisiciones le reportaron más de 465 millones de pesos en total (más de 562 mil dólares). Los proveedores que le siguen en volumen vendieron por precios muy inferiores. Por ejemplo, el Servicio de Salud del Biobío compró 250 mil unidades de mascarillas desechables a otra empresa en la misma fecha. El precio fue de $263 cada una, es decir, menos de la mitad del monto al que compró el Hospital de La Florida. Un mes y medio antes, el organismo había comprado cien mil mascarillas desechables a $420 cada una a Caissa S.A, una conocida representante de marcas internacionales para la medicina.
Consultado sobre la decisión de seleccionar como proveedora de mascarillas a “Servicios Integrales Hospitalarios” ––la empresa de su concuñado––, Salgado asegura que “varias órdenes de compras que estaban comprometidas con diferentes proveedores definitivamente no llegaron al hospital, lo que complicó la disponibilidad de stock (...) El cuidado y protección del personal de salud con elementos de protección personal fue prioridad”.
- La empresa “Servicios Integrales Hospitalarios” fue constituida por Víctor Marcelo Kripper Mitrano, quien está casado con la hermana de tu esposa, según figura en los certificados de matrimonio. ¿Reviste esto un conflicto de interés?
- Yo entiendo que no. En todo caso, yo estoy separado hace casi dos años.
Compras investigadas
La dirección general del hospital cambió en julio. El nuevo director, el doctor Rubén Gennero, ordenó hacer una revisión de las adquisiciones y procesos administrativos. A los pocos días, decidió cambiar a Salgado por un nuevo subdirector, asignándole a él otras funciones correspondientes a un grado de jefatura y salario menor. Salgado presentó su renuncia el 3 de agosto. Las compras hechas a la empresa de Kripper Mitrano se auditaron para determinar “en qué contexto se dio la decisión, cómo ocurrió la compra y por qué por ese monto, tanto en dinero como en cantidad. Hay ciertas banderas rojas”, explica Gennero.
Los pagos se efectuaron en julio, pero el 14 de octubre la nueva administración envió un oficio reservado al director del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, del cual depende el hospital, para hacer una evaluación de las transacciones. Cabe destacar que el director de este servicio, el doctor Fernando Betanzos, había firmado la autorización de una de las compras de mascarillas de mayo, debido a que el monto obligaba a su revisión por parte del organismo. No se identificó el sobreprecio ni el vínculo familiar entre el proveedor y el subdirector de Gestión Administrativa y Financiera.
“La Dirección del Servicio de Salud no puede identificar las irregularidades, dado que no participa en el proceso administrativo de cotización, generación de orden de compra, recepción de productos y pago de facturas respectivas, esa es responsabilidad del Hospital”, aclara Betanzos. Sin embargo, con el oficio enviado por la nueva administración, el Servicio de Salud hizo una auditoría cuyos resultados “dan cuenta de la gravedad de las situaciones” y ordenó un sumario administrativo que está en curso. Una vez concluido, explica Betanzos, se entregarán los antecedentes a Fiscalía.
Esa misma compra fue autorizada por la doctora Magdalena Galarce, quien era entonces directora subrogante del Hospital. Galarce no respondió a las solicitudes de entrevista para este reportaje.
Otras dos compras millonarias a esta empresa también debieron ser autorizadas, pero nunca llegaron al Servicio de Salud. Betanzos asegura que de haber llegado “hubieran saltado las alarmas, por la cantidad de mascarillas al mismo proveedor y ya que, según la totalidad de los montos involucrados, deberían haber ido a toma de razón de Contraloría General de la República”.
Paula Díaz, directora ejecutiva del Observatorio Fiscal ––fundación que monitorea el gasto público en Chile–– asegura que durante la pandemia han identificado un uso “excesivo” del trato directo como mecanismo de compra. Aunque esta modalidad fue la forma más eficiente de adquirir insumos y servicios para hacer frente a la emergencia sanitaria, Díaz explica que también “aumenta considerablemente los riesgos asociados”. Por ejemplo, la falta de órdenes de compra en transacciones con montos relevantes, o transacciones que han quedado al margen de Mercado Público, lo que “no permite efectuar una adecuada rendición de cuentas”, advierte.
Y es que para facilitar la agilidad en las compras de insumos y servicios para combatir el covid-19, el Gobierno decidió suspender al inicio de la pandemia ciertas condiciones que rigen en tiempos normales para resguardar la transparencia y probidad en las compras públicas, pero que hacen que los procesos de adquisición tomen más tiempo. Por ejemplo, se eliminó el requisito de licitar para que participen varios competidores y se pueda elegir la mejor oferta al comprar. También se suspendió la norma que obliga a recibir tres cotizaciones de proveedores antes de asignar los contratos, aunque sea por trato directo. Esto permitió que los organismos públicos compraran a proveedores de su elección sin que estos tuvieran competencia o experiencia previa en el rubro por el cual fueron contratados (ver reportaje).
El Observatorio Fiscal asegura que es clave que se implementen procesos automatizados para revisar las transacciones de compras públicas en tiempo real. “La mejor opción sería establecer puntos de control que sean automáticos y que, frente a la detección de anomalías, se implementen acciones previo a que la adquisición se haya concretado –– propone Díaz––. Pero para esto, es imprescindible contar antes con una buena calidad de datos de los procesos de compra de las instituciones públicas”.
