En 2020 la economía chilena sufrió las consecuencias de las cuarentenas y el receso de varias actividades productivas. Pero hay quienes convirtieron la emergencia sanitaria en un negocio millonario al crear rápidamente empresas para vender al Estado insumos y servicios para combatir el Covid-19. Lo llamativo, es que cerraron esos negocios a sólo días de constituir las sociedades. Más de cien empresas lo hicieron en el primer mes de creadas.
¿Cómo eligieron los organismos públicos a estos nuevos proveedores?
El análisis de las transacciones revela vínculos familiares y políticos entre ellos. En el norte del país, por ejemplo, un empresario conocido en el rubro de la entretención nocturna con vínculos con Renovación Nacional, creó una empresa que en menos de dos semanas fue contratada por el Servicio de Salud de Antofagasta y luego por la Intendencia. El dueño de la empresa fue compañero de colegio del intendente. En Santiago, el Hospital de La Florida compró con sobreprecio 800 mil mascarillas a la empresa recién creada de un familiar del subdirector de Gestión Administrativa y Financiera del establecimiento, cargo que dirige las finanzas y adquisiciones de la institución. La primera orden de compra se emitió al día siguiente de crearse la empresa.
También hubo empresas que cambiaron su giro tributario en el Servicio de Impuestos Internos incluso después de recibir la orden de compra, para que su rubro coincidiera con el producto o servicio por el que les pagaron sumas millonarias. La Intendencia de la Región del Maule, por ejemplo, compró cajas de alimentos a una empresa de servicios de gasfitería e instalaciones eléctricas, antes de que cambiara su giro a venta al por mayor de abarrotes. En Tarapacá, “DID producciones”, una organizadora de eventos sin experiencia en venta de abarrotes, recibió un contrato de la Intendencia para repartir cajas de alimentos. 20 días después cambió su giro comercial para hacerlo coincidir con el objeto del contrato. Como esta, otros contratistas sin ninguna relación con la venta de alimentos recibieron órdenes de compra para las cajas, por lo que el Ministerio Público inició una investigación.
Comprar rápido
El 3 de marzo del año pasado se diagnosticó el primer caso de Covid-19 en Chile. Rápidamente, los servicios públicos se abocaron a comprar insumos para poder combatirlo: mascarillas, tests rápidos, guantes, alcohol gel. También servicios de transporte para los contagiados, cajas de alimentos para familias vulnerables y diversos productos para contener la emergencia sanitaria. La pandemia obligó a comprar rápido: los casos se dispararon y hubo quiebre de stock. En muchos hospitales y consultorios, el personal médico debió conseguir sus propias mascarillas y escudos faciales.
El Gobierno dictó Estado de Excepción Constitucional y —para facilitar la agilidad en las compras—, decidió suspender ciertas condiciones que rigen en tiempos normales para resguardar la transparencia y probidad en las compras públicas, pero que hacen que los procesos de adquisición tomen más tiempo. Por ejemplo, se eliminó el requisito de licitar para que participen varios competidores y se pueda elegir la mejor oferta al comprar. También se suspendió la norma de compras ágiles que obliga a recibir tres cotizaciones de proveedores antes de asignar los contratos, aunque sea por trato directo.
Salud con Lupa y CONNECTAS revisaron todas estas compras registradas en la plataforma Mercado Público, donde se transan los productos y servicios que adquiere el Estado. Se analizaron más de 7.500 RUT (rol único tributario que le otorga el Estado a todas las organizaciones y personas en Chile) de empresas y personas naturales que vendieron a organismos públicos por este sistema. Para elaborar la base de datos, se usaron las palabras "corona", "virus", "covid", "sars cov2", "emergencia sanitaria", "coronavirus" y “ncov-19". Se cruzaron estos datos con la información del Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, más conocido como “Sistema de empresas en un día”, y luego con la información del Servicio de Impuestos Internos (SII), para ver cambios de giros o inicio de actividades.
El análisis tiene algunas limitaciones: hubo servicios públicos que no subieron al portal de compra todos los contratos de los productos adquiridos. Otros, registraron en la orden de compra que adquirían mascarillas, por ejemplo, pero no identificaron si eran desechables, KN95 o N95.
Los resultados arrojaron que más de 90 organismos públicos compraron por trato directo, mascarillas, tests rápidos, guantes y otros elementos, a 110 empresas que se habían constituido a menos de un mes de recibir las órdenes de compra. En estas transacciones se identificaron sobreprecios y vínculos entre los nuevos empresarios y los organismos públicos. Durante el año, estas empresas se adjudicaron órdenes de compra por $10.322 millones en total (más de 13 millones de dólares).
De la entretención nocturna a empresario de pandemia
El empresario Pablo Ormeño es conocido en el rubro de la entretención nocturna de Antofagasta. Ha sido dueño de pubs y discotecas, y en 2019 intentó instalar un nightclub en un barrio residencial de la ciudad, lo que levantó protestas de vecinos. El Estado de Excepción Constitucional impuesto por la emergencia sanitaria afectó ese rubro, pero no los negocios de Ormeño: el 25 de marzo constituyó una sociedad para vender productos para combatir el Covid-19 y doce días después fue elegido por el Servicio de Salud de Antofagasta -–sin licitación de por medio–- para comprar $1.648 millones en mascarillas (más de 1,9 millones de dólares a esa fecha): una de las compras más grandes que hizo este organismo durante la pandemia (ver reportaje).
El empresario tiene vínculos de amistad con políticos de Renovación Nacional, el partido de la coalición gobernante en Chile. Entre ellos está el exintendente de Antofagasta y actual subsecretario de Minería, Edgar Blanco, con quien fue compañero de colegio. En mayo, la Intendencia eligió vía trato directo a la empresa de Ormeño para un contrato de sanitización de espacios públicos, por 350 millones de pesos (unos 421 mil dólares a esa fecha). Para ello se utilizaron los recursos del 5% de emergencias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
La empresa de Ormeño ––una sociedad por acciones llamada “Limpieza Industrial”–– siguió teniendo negocios con el Estado durante el año. Vendió mascarillas y guantes a superintendencias, a la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), que nutre a la red pública de salud, y a Aduanas, entre otros organismos. Sus contratos hasta diciembre de 2020, suman más de $6.500 millones (más de 8 millones de dólares).
El vocero de Limpieza Industrial, Carlos Claussen, sostiene que “es una empresa nueva que se creó para una necesidad nueva”. Además asegura que no hay vinculación entre funcionarios públicos y alguno de los socios de “Limpieza Industrial”, a pesar de que Edgar Blanco, intendente de Antofagasta durante 2020 ––cuando se firmó el contrato con la Intendencia––, reconoció que fueron compañeros de curso en el colegio y hay fotos actuales en redes sociales que muestran una relación de amistad entre ambos.
Mascarillas con sobreprecio en el Hospital de La Florida
El Hospital de La Florida compró 800 mil mascarillas con sobreprecio a una empresa constituida por un familiar de Cristóbal Salgado Corvalán, entonces subdirector de Gestión Administrativa y Financiera del establecimiento, cargo que dirige las finanzas y adquisiciones de la institución. La empresa fue creada por el ingeniero civil Víctor Marcelo Kripper Mitrano. Su esposa y la de Salgado son hermanas (ver reportaje).
La primera oferta que envió la empresa llegó al hospital por correo electrónico el domingo 5 de abril a las 0:57 de la madrugada, asegurando que tenía “un stock exclusivo para el hospital de 300 mil mascarillas con todas sus certificaciones”. En ese momento, la sociedad no tenía existencia legal. La empresa se constituyó al día siguiente del envío de ese correo, el lunes 6 de abril, y el martes 7 se adjudicó por trato directo una orden de compra por 100 mil mascarillas KN95. Consultado por la cercanía de fechas entre la conformación de la sociedad y la orden de compra del hospital, Kripper explica que “si se valida el negocio, se activa, sino, no se activan los negocios. Es así de simple”. Salgado dice desconocer los antecedentes legales de la sociedad.
En mayo, el hospital le compró a la empresa otras 100 mil mascarillas. La revisión de todas las órdenes de compra de ese mes registradas en Mercado Público, muestra que esta fue la empresa que vendió la mayor cantidad, pero está número 11 en el precio más caro. Las tres empresas siguientes que más mascarillas vendieron lo hicieron por los tres precios más baratos. Ese mismo mes, el hospital le compró a la empresa de Kripper 600 mil mascarillas desechables, por más de $465 millones (más de 562 mil dólares). Los proveedores que le siguen en volumen vendieron por precios muy inferiores. Por ejemplo, el Servicio de Salud del Biobío compró 250 mil unidades a otra empresa en la misma fecha. El precio fue menos de la mitad del monto al que compró el Hospital de La Florida.
En los primeros 45 días de existencia, esta empresa le vendió $1.248 millones en mascarillas al hospital (más de 1,5 millones de dólares). Durante el año no se adjudicó ninguna orden de compra de ningún otro organismo público. La dirección del hospital cambió en julio y el nuevo director, el doctor Rubén Gennero, ordenó hacer una revisión de las adquisiciones y procesos administrativos y auditar estas compras. “Hay ciertas banderas rojas. Buscamos determinar por qué fueron por ese monto, tanto en dinero como en cantidad”, explica Gennero. El Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente ordenó un sumario administrativo. Una vez concluya, los antecedentes serán entregados a Fiscalía.
Cambios de rubro exprés
La zona norte del país concentra buena parte de los cuestionamientos realizados por la Contraloría General de la República y de los hallazgos de este reportaje. En la Región de Antofagasta, por ejemplo, se repiten casos de empresas que vendieron productos y servicios vía trato directo al Estado, pero que su giro fue modificado poco antes de recibir la orden de compra.
Un caso es el de “EDS JCM Ingeniería y Servicios”, que fue contratada para la adquisición de 40 mil canastas familiares del programa “Alimentos para Chile”. El contrato, suscrito el 6 de mayo, implicó un monto de $1.663 millones (2 millones de dólares a esa fecha) y se firmó tres días después del cambio de giro. Según identificó Contraloría, la empresa no cumplía con los requisitos mínimos para la contratación con el Estado, por cuanto su giro original —que data de junio de 2018— apuntaba al desarrollo de proyectos de ingeniería, construcciones y servicios de obras civiles. JCM amplió su giro a “venta al por mayor de huevos, lácteos, abarrotes y otros alimentos” solo un día antes de recibir la solicitud de cotización por las cajas por parte de la Intendencia de Antofagasta.
Caso similar es el de “Asesorías Need Solutions”, una sociedad por acciones que tenía como rubro la “gestión de empresas, intermediaciones financieras y consultorías comerciales”. La ampliación del giro para venta de huevos y abarrotes se realizó el mismo día de solicitada la cotización. “Need Solutions” también le vendió cajas de alimentos a la Intendencia de Antofagasta por mil millones de pesos (1,3 millones de dólares).
El representante de “Need Solutions”, Hugo Villagrán, explica que en una búsqueda de oportunidades de negocio, ofrecieron sus servicios mediante una carta a la Intendencia, lo cual les permitió participar de la venta de cajas de alimentos. Pero reconoce que debieron subcontratar a una empresa “cuyo giro principal es el de distribución de alimentos”. Por su parte, la Intendencia de Antofagasta descartó irregularidades en un primer momento, pero luego reconoció que por esto iniciaron un sumario interno que aún sigue en curso. “EDS JCM” no respondió a las consultas enviadas al respecto.
En el Servicio de Salud de Antofagasta, “BDP Solutions”, una empresa que había sido propiedad de una funcionaria de ese organismo hasta diciembre de 2019, se adjudicó un contrato para proveer de test rápidos a esa entidad por $161 millones (más de 200 mil dólares a esa fecha). La funcionaria es hermana de un dirigente de Renovación Nacional. “BDP Solutions” tenía como giro el prestar “servicios de ingeniería y consultora de gestión” y en Mercado Público no figura que antes haya tenido órdenes de compra emanadas desde un ente fiscal.
El Servicio de Salud niega que haya alguna falta en el contrato, pero no explica por qué una empresa sin historial de ventas con el Estado, que no se dedica al rubro sanitario y vinculada a una funcionaria, fue elegida para este millonario contrato sin licitación previa.
Desde Chilecompra, la institución estatal encargada de administrar Mercado Público, explican que aunque no existe una norma reglamentaria que prohíba la adjudicación de un proveedor respecto de un rubro u otro, “en periodo de pandemia, la Contraloría General de la República emitió un dictamen al respecto, a partir del cual las entidades públicas están solicitando a los proveedores que cuenten con el giro del bien o servicio adquirido”.
Hay hallazgos y denuncias en todo Chile. La Intendencia de la Región del Maule compró $800 millones (cerca de un millón de dólares) en cajas de alimentos a la empresa “Consultora Sergio Cáceres E.I.R.L.” solo tres días después de que cambiara de giro. Desde 2018 tenía el giro de servicios de gasfitería e instalaciones eléctricas, pero en julio de 2020 lo cambió a venta al por mayor de abarrotes. Antes del cambio de giro, la empresa vendió otras cajas de alimentos en dos órdenes de compras distintas, también a la Intendencia.
En Tarapacá, la Fiscalía investiga licitaciones de cajas de alimentos adjudicadas por la Intendencia a la empresa “C&A Eventos”. Esta estaba impedida de tener contratos con el Estado. Para ello, se habrían utilizado como “prestanombres” a una persona particular y la “YMCA”, organización de cuya directiva fue parte el actual intendente de esa región: Miguel Ángel Quezada. A esto se suma que una de las sociedades elegidas para proveer cajas de alimentos en Tarapacá es una empresa de sonidificación: “DID Producciones”. Esta realizó los cierres de campaña electoral de dos candidatos al parlamento del oficialismo en la última elección parlamentaria: la de la actual senadora Luz Ebensperger y la del diputado Ramón Galleguillos.
La Intendencia de Tarapacá y las empresas cuestionadas en esa zona, fueron contactadas para entregar su versión, pero se excusaron argumentando que hay una investigación de Contraloría en curso. Solo la YMCA respondió que su contrato se ejecutó en regla, aunque reconoció que debió subcontratar servicios y que efectivamente el intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, fue parte de su directorio.
En la región de Los Ríos, la empresa Weber —sin experiencia en el rubro de la venta de alimentos—, se adjudicó un contrato por 5 mil cajas a un costo total de $223 millones (290.000 dólares a esa fecha). La Contraloría detectó una serie de irregularidades, entre ellas, que un alto funcionario de la Intendencia le avisó a Weber el monto por el cual debían ofertar para ganarse el contrato, y que ese mismo funcionario actuó como garante ante una empresa de servicio financiero para que Weber obtuviera el crédito para realizar el negocio (ver reportaje).
Ni la Intendencia de Los Ríos ni la empresa Weber estuvieron disponibles para entregar sus versiones sobre el informe de Contraloría.
La fundación Observatorio Fiscal monitorea el gasto público en Chile desde 2016. Su directora ejecutiva, Paula Díaz, asegura que han identificado un uso “excesivo” del trato directo como mecanismo de compra durante la pandemia. “La forma más eficiente de hacer las compras fue a través de esta modalidad––explica––, pero esto al mismo tiempo aumenta considerablemente los riesgos asociados”. Díaz advierte que es importante que se implementen flujos “de revisión de transacciones a través de procesos automatizados, basados en riesgos o anomalías, que puedan ser efectuados en tiempo real para que sean efectivos en su oportunidad”.
