Esta entrega es parte de un investigación colaborativa entre Salud con Lupa y El Foco .
N
ueve inspecciones. El Instituto Nacional de Salud a través de su Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica (OGITT) realizó nueve inspecciones al Ensayo clínico Fase III de Sinopharm, tal como lo consignan en un comunicado de prensa emitido el 15 de febrero, en medio del destape del Vacunagate. Allí mencionan, además, que ese mismo lunes y el viernes 12 de febrero realizaron inspecciones extraordinarias acerca de la administración de vacunas no incluidas en el Ensayo a cargo de la Universidad Cayetano Heredia.
Salud con lupa conversó con uno de los supervisores del INS que visitaron las instalaciones del Centro de Investigación de la Universidad Cayetano Heredia en una de esas nueve inspecciones, y nos contó que Germán Málaga, el científico a cargo del proyecto, se rehusó a entregarles la lista de personas que accedieron al lote extra de vacunas, porque ya se lo había enviado a Raúl Timaná, director de OGITT. Pero nuestra fuente, quien ha optado por preservar su identidad, cuenta que Málaga mantuvo esta actitud esquiva y hermética durante todos estos meses. “Nos hemos sentido utilizados”, dice el supervisor sin esconder su malestar.
Tal vez los supervisores no hayan podido advertir el irregular manejo de las vacunas en un par de visitas. Pero difícilmente se les haya pasado en nueve inspecciones con la minuciosidad que trabajan en condiciones normales.
Aunque el actual ministro de salud, Óscar Ugarte, haya afirmado que el INS no está involucrado en el Vacunagate, el médico cirujano César Cabezas tiene una responsabilidad directa como su máxima autoridad. Uno de los grandes problemas del Instituto Nacional de Salud es que se trata de una institución fiscalizadora que carece de poder sancionador. Los investigadores clínicos en el Perú no son castigados por sus malas prácticas porque muy pocas veces se aplica el Reglamento Nacional de Ensayos Clínicos y en los últimos diez años solamente cuando intervino la Fiscalía se sancionó con la suspensión temporal para ejercer la investigación clínica en el país. En el 2013, César Cabezas tuvo la oportunidad de corregir este vacío legal, cuando también ocupaba la jefatura del INS. Sin embargo, el proyecto permaneció en su despacho y él no hizo nada para remediarlo.
El proyecto surgió a raíz de la muerte de Fernando Ríos Astudillo en octubre de 2011, un paciente que fue reclutado irregularmente por el cardiólogo Alex Gallegos para un experimento de Bristol Myers Squibb Perú. En julio de 2013, el INS suspendió a Gallegos del ejercicio de la investigación clínica por un año. Una pena benigna. César Cabezas pudo cambiar el carácter sancionador del INS, pero se abstuvo. Ocho años después, en el mismo mando, se le presenta una infracción mayúscula, pero aún no se ha pronunciado al respecto. A Germán Málaga el INS le puede abrir un procedimiento sancionador por las violaciones al reglamento de ensayos clínicos, pero hasta ahora esta entidad del Ministerio de Salud solo ha emitido un comunicado en el que se deslinda de responsabilidades. Que sus funcionarios no sabían de la aplicación secreta de vacunas en experimentación pese a que dieron luz verde al ingreso del lote extraordinario revelado en los últimos días.
Un pasaje oscuro de la ciencia en el Perú que también arrastra a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid). Si por un lado el INS es la entidad encargada de fiscalizar y vigilar los ensayos clínicos, la Digemid es quien autoriza el ingreso de los suministros para esos ensayos al país. Como reveló el portal Sudaca, la directora ejecutiva de la Dirección de Productos Farmacéuticos, Sofía Salas Pumacayo, figura en la lista de los 487 inmunizados fuera del estudio oficial de Sinopharm. Esta química farmacéutica tenía entre sus funciones la autorización de la importación de las vacunas de este laboratorio al Perú. El 26 de enero de 2021, Salas aprobó la llegada excepcional de un lote de un millón de dosis de la vacuna. Se supo después, conforme a la lista develada, que había recibido sus dos dosis entre septiembre y octubre de 2020. Es decir, se vacunó antes de dar su visto bueno.
No fue la única funcionaria de Digemid en haberse vacunado en secreto. También figuran Cecilia Arrese Mogollón, asistenta de gerencia; Yolanda Cortez Chaupin, profesional de Digemid; y Yuber Sucso Grandez, evaluadora de Digemid.
Recordemos que fue la Digemid quien dio una opinión favorable cuando la Universidad Cayetano Heredia solicitó una autorización especial al Instituto Nacional de Salud para ingresar en agosto de 2020 el lote extra de las 3,200 dosis de la vacuna de Sinopharm. “El motivo de la solicitud es la necesidad de mayor producto de investigación”, alegó la Universidad. El lote fue liberado de pasar por aduana gracias a un permiso de Digemid.
“No revisamos esas listas, no tomamos la decisión, creo que fue un error”, dijo ayer Germán Málaga en su comparecencia ante el Congreso a través de una sesión por videollamada que duró cinco horas. Málaga aludía a las listas de lo que hoy algunos medios llaman el club de los 487. Según él, fueron dos funcionarios en particular del Ministerio de Salud y la Cancillería quienes las confeccionaron y sirvieron de enlace.
Se trata de Carlos Julio Castillo Solórzano, asesor de inmunizaciones del Minsa y Jorge Arturo Jarama Alván, director de Ciencia y Tecnología de la Cancillería. Castillo es un hombre de confianza de la exministra de salud Pilar Mazzetti. Como consta en una resolución ministerial del 9 de agosto de 2020, Mazzetti lo designó como su representante alterno ante la Comisión Multisectorial encargada de seguir las acciones para el desarrollo, producción, adquisición, donación y distribución de las vacunas y/o tratamientos contra el Covid-19.
Jarama Alván, por su parte, es un diplomático de largo recorrido. En el 2012 fue elegido Cónsul General del Perú en San Pablo, República Federativa de Brasil. También ha sido director general sustituto para asuntos económicos. Jarama integró la Comisión de Trabajo Multisectorial encargado de la negociación de la vacuna Sinopharm. El diplomático se vacunó en octubre de 2020.
Como ha sucedido con otros personajes, Jarama vacunó a su entorno más cercano. A su esposa Darlene Mendizábal Quiñones, a su cuñado Víctor Francisco Mendizábal Quiñones y, además, a su suegra Violeta Quiñones, viuda de Mendizábal.
Jarama Alván es uno de los ocho miembros de la Comisión Multisectorial sobre vacunas y tratamiento contra el Covid-19 que se vacunó. Esta Comisión se instaló el 14 de agosto de 2020 con la finalidad de establecer nexos con las empresas farmacéuticas en el extranjero y adquirir finalmente los lotes de vacuna para el Perú. Fueron ellos finalmente quienes suscribieron el contrato con Sinopharm. Esta Comisión la integraron 18 miembros. Ocho de esos dieciocho se vacunaron clandestinamente, por fuera del ensayo clínico oficial.
Además de Jarama y Castillo Solórzano, figuran la exministra de salud, Pilar Mazzetti; la excanciller Elizabeth Astete; Mario Tavera, quien reemplazó a Castillo Solórzano en enero de 2021 y fue nombrado ejecutivo Adjunto II del Viceministerio de Salud Pública. A Tavera lo vacunaron en septiembre de 2020. Es decir, cuando ingresó a la Comisión ya estaba vacunado.
Completan el grupo de los ocho funcionarios: Rafael Suárez Peña, un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que aparece en la lista como “personal de estudio”; el rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Orestes Cachay; y el vicerrector de Investigación de la Universidad Cayetano Heredia, Alejandro Bussalleu Rivera.
La ruta del lote extra de 3,200 dosis de la vacuna de Sinopharm es un asunto que está esclareciéndose. Germán Málaga declaró ante el Congreso de la República que 1,200 dosis fueron enviadas a la Embajada de China en el Perú. Si bien la Embajada aún no ha presentado ninguna lista, llama la atención la cantidad. Se trata de 600 dosis completas. O sea, 600 personas que la Embajada del Gobierno chino escogió sin ninguna fiscalización de por medio.
Las otras mil dosis corresponden a los 487 implicados en el Vacunagate. De las mil restantes, Málaga ha declarado que alrededor de 250 se le inocularon a los voluntarios y alrededor de 800 están almacenadas. Se entiende que en el Centro de Investigación de la Universidad Cayetano Heredia. Ochocientas dosis sin usar, en reposo.
Hay un asunto más por esclarecer. Los números de las 3,200 dosis no cuadran del todo. Y es que a algunos de la lista de los 487 se les aplicó tres dosis. ¿Por qué? Al parecer se trata de un miniensayo dentro del ensayo para aumentar la efectividad de la vacuna de Sinopharm. Un estudio sin autorización de ninguna institución. Un estudio que no fue supervisado por nadie, y que acabó por violar todos los estándares internacionales de investigación científica.
*Salud con lupa se contactó con César Cabezas, jefe del INS, pero hasta el cierre de esta publicación no atendió nuestro llamado.
