La controversia por la millonaria compra de robots quirúrgicos Da Vinci Xi por parte de dos hospitales del Ministerio de Salud (Minsa) da un paso importante. Un reciente informe de la Contraloría General de la República ha confirmado lo que reveló Salud con lupa en su investigación: el Minsa adquirió estos equipos sin ninguna evaluación previa que justificara su compra. La acción de control también detectó que el ministerio ni siquiera cuenta con normas ni procedimientos técnicos vigentes para evaluar nuevas tecnologías sanitarias.
En octubre de 2024, el Hospital Dos de Mayo y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) gastaron casi 70 millones de soles en dos sistemas Da Vinci Xi. El INEN pagó S/ 34.9 millones y el Dos de Mayo, S/ 35.2 millones. Estas cifras contrastan con los precios internacionales: hospitales en Brasil, Ecuador y España adquirieron equipos similares por montos que van desde S/ 7 millones hasta S/ 18 millones.
La empresa que vendió los robots en Perú fue Álvarez Larrea Equipos Médicos (ALEM), la única que los comercializa en el país. Esta compañía ya ha sido cuestionada en Ecuador por vender con sobreprecio e incumplir contratos.
La adquisición de estos robots en el INEN, además, tuvo un alto costo de oportunidad. Significó postergar la compra de equipos médicos esenciales como un tomógrafo, una cabina de flujo laminar y un angiógrafo, valorizados en S/ 10 millones. También implicó redirigir S/ 23 millones que estaban destinados a fortalecer áreas críticas como cuidados intensivos, la cocina y el comedor de pacientes, así como actividades de prevención y control del cáncer. Mientras tanto, cientos de pacientes oncológicos en el INEN enfrentan esperas de hasta 40 días para acceder a una tomografía y 10 días adicionales para recibir los resultados, lo que los obliga en muchos casos a pagar hasta S/ 750 en servicios privados.
Una alarmante falta de control
El Informe de Orientación de Oficio N.º 045-2025-OCI/0191-SOO, emitido por la Contraloría el 18 de julio de 2025, aborda un problema de fondo: el Ministerio de Salud no tiene normas ni procedimientos para evaluar nuevas tecnologías médicas, a pesar de ser la autoridad máxima del sector.
Estas evaluaciones, conocidas como Evaluaciones de Tecnologías Sanitarias (ETS), son esenciales para saber si un nuevo equipo, medicamento o procedimiento realmente funciona, si es seguro, si vale lo que cuesta y si trae beneficios concretos para los pacientes. Sin ellas, no hay garantía de que lo nuevo en salud sea lo mejor ni lo más útil.
En ese contexto, la Contraloría preguntó si se había hecho alguna evaluación del sistema de cirugía robótica Da Vinci, comprado por el Hospital Dos de Mayo y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN). La respuesta fue clara: ninguna institución responsable había solicitado esa evaluación.
La Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RENETSA) —que reúne al Instituto Nacional de Salud (INS), DIGEMID y EsSalud— confirmó que no recibió ninguna solicitud para evaluar este robot quirúrgico.
La unidad encargada de hacer estas evaluaciones dentro del propio INEN también confirmó que nunca se le pidió analizar esta tecnología.
El Hospital Dos de Mayo dijo que no veía necesario pedir una evaluación, porque el equipo ya estaba registrado en su banco de inversiones y en el portal de DIGEMID, lo que —según su interpretación— validaba su compra.
Desde el Minsa, la Dirección General de Operaciones en Salud señaló que su Dirección de Equipamiento y Mantenimiento no tiene facultades para pedir una ETS. Esa responsabilidad —aclararon— recaería en otras direcciones del ministerio, específicamente en las que usan los equipos.
En resumen, nadie asumió la responsabilidad de evaluar técnicamente estos costosos robots antes de comprarlos. Y, peor aún, el Minsa no ha establecido reglas claras para asegurar que se hagan estas evaluaciones antes de incorporar nuevas tecnologías al sistema público de salud.
Esta falta de control contradice lo que exige la ley. Por ejemplo, el Decreto Legislativo N.º 1504 establece que toda tecnología en salud debe estar respaldada por evidencia científica que pruebe su eficacia, seguridad y buen uso del dinero público. Y la Ley General de Salud N.º 26842 encarga al Minsa justamente la función de regular y garantizar eso.
¿Cuál es el impacto real en los pacientes?
La falta de una evaluación técnica independiente y rigurosa deja serias dudas sobre la justificación de estas compras millonarias. Si bien los hospitales y la empresa proveedora, ALEM, han defendido la cirugía robótica argumentando que ofrece más precisión, menor sangrado, menos dolor después de la operación y una recuperación más rápida, gran parte de esa información proviene del propio fabricante o de estudios que han sido cuestionados por su baja calidad metodológica.
Incluso el director del INEN, Dr. Francisco Berrospi, reconoció que el costo-beneficio de estos equipos es “difícil de calcular”.
El médico epidemiólogo Álvaro Taype Rondán ha sido crítico con los informes favorables de EsSalud. Señala que estos documentos admiten no haber encontrado beneficios clínicos claros, pero aun así asumen que habrá menos necesidad de convertir las operaciones a cirugía abierta y proyectan altos costos —sin sustento suficiente— para justificar supuestos ahorros.
Frente a estos hallazgos, la Contraloría ha recomendado al Ministro de Salud tomar medidas preventivas y correctivas. Esta advertencia pone en evidencia una urgencia mayor: el sistema de salud peruano necesita tomar decisiones de inversión en tecnología médica con base en evidencia clara, transparente y útil para los pacientes. La modernización es importante, pero debe ir acompañada de responsabilidad y un uso eficiente de los recursos públicos, priorizando las verdaderas necesidades de miles de personas que esperan atención médica oportuna y de calidad.
