En los mercados de todo el país, las montañas de espinaca fresca atraen a los compradores por su aspecto verde y saludable. Este vegetal, cultivado sobre todo en Lima —en zonas como Cañete, Chancay y Huaral— y en Tarma (Junín), se produce en pequeñas parcelas familiares y se cosecha a mano. Su contenido de hierro, vitaminas y antioxidantes la hace una opción habitual para quienes buscan una dieta balanceada. Pero detrás de esa imagen saludable, la espinaca que llega a las mesas peruanas no está libre de riesgos.
Un monitoreo ciudadano de pesticidas en alimentos, realizado en octubre de 2025, reveló la presencia de residuos de plaguicidas en espinacas vendidas en cinco mercados de Lima y Callao. De las cinco muestras analizadas, el 60% superaron los límites máximos permitidos según la norma peruana, lo que confirma que el uso excesivo de plaguicidas sigue siendo un problema sanitario que afecta directamente a los consumidores.
Las muestras se recolectaron en el Gran Mercado Mayorista de Lima (Santa Anita), el Mercado Lobatón (Lince), el Mercado Minka y el Centro Comercial Bellavista (Callao) y el Mercado San José (Jesús María). Los análisis estuvieron a cargo del laboratorio Mérieux Nutrisciences, acreditado internacionalmente y autorizado por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).
De las cinco muestras, solo dos —las del Mercado Lobatón (Lince) y el Centro Comercial Bellavista (Callao)— cumplieron los estándares nacionales. Las otras tres resultaron no conformes, un patrón que coincide con los resultados históricos del propio Senasa: en 2024, de 81 muestras analizadas en todo el país, 62 no cumplieron con la norma; y en 2023, 48 de 84 también fueron desaprobadas. Si se aplicaran los parámetros de Estados Unidos, el 80 % de las muestras analizadas esta vez no podría comercializarse en ese país.
El caso más preocupante se registró en el Mercado Minka, donde se detectaron seis pesticidas distintos en concentraciones muy por encima del límite permitido: fipronil, pirimetanil, tebuconazol, carbofurano, dimetoato y ometoato. Entre ellos, el carbofurano destaca por estar prohibido en el Perú desde septiembre de 2022. También se encontraron niveles elevados de ometoato en las muestras del Mercado San José de Jesús María y de tebuconazol en las del Gran Mercado Mayorista de Santa Anita.
Estos seis pesticidas pueden causar efectos neurotóxicos y, a largo plazo, daños en órganos vitales como el hígado, los riñones y la tiroides, especialmente cuando las dosis son altas o se acumulan con el tiempo. En el caso del fipronil, estudios en humanos han mostrado un efecto inhibidor sobre la secreción de la hormona que regula la función tiroidea. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos lo ha clasificado como “posible carcinógeno humano”, tras observar aumentos de tumores en células tiroideas en ratas expuestas.
El pirimetanil, también encontrado en las muestras, es un fungicida usado en diversas frutas y verduras. Investigaciones en animales —ratas, peces y ranas— han revelado alteraciones en su sistema endocrino tras la exposición a esta sustancia, lo que genera preocupación por su potencial de disrupción hormonal en humanos. El tebuconazol, otro fungicida detectado, se caracteriza por degradarse lentamente, lo que hace que sus residuos permanezcan por largo tiempo en el ambiente —en el aire, el suelo, el agua y los alimentos—. Estudios señalan que puede causar toxicidad hepática, alteraciones hormonales y daños en la fertilidad y el desarrollo fetal.
El dimetoato y el ometoato son insecticidas organofosforados que actúan interrumpiendo las señales nerviosas de los insectos, provocándoles parálisis, y la muerte. El ometoato está prohibido en 32 países, entre ellos todos los de la Unión Europea, además de Suiza, Reino Unido, Indonesia, Palestina y Siria. En Costa Rica se prohibió en 2004 debido a su alta toxicidad para la salud humana y el medio ambiente.
El dimetoato también fue prohibido en la Unión Europea desde el 17 de julio de 2020, por su impacto negativo en la salud de los trabajadores agrícolas, los insectos polinizadores —como las abejas— y los acuíferos. La EPA de Estados Unidos lo clasifica como “posible carcinógeno humano” y ha restringido su uso por los riesgos que implica para la salud laboral y los residuos en alimentos.
A simple vista no es posible saber si una espinaca contiene pesticidas. La espinaca se consume cruda, en ensaladas o jugos verdes, y cocida, en postres, cremas y salsas, pero no hay garantía de que esté libre de contaminantes peligrosos. Además, ni el lavado ni la cocción eliminan por completo los residuos químicos usados en el cultivo.
Ante estos resultados, el Monitoreo Ciudadano de Pesticidas en Alimentos —una iniciativa de organizaciones civiles, incluida Salud con lupa, que analiza frutas y verduras de mercados locales— advierte la urgencia de fortalecer la capacidad del Estado para garantizar la inocuidad de los alimentos. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) debe reforzar sus capacidades de monitoreo, fiscalización y sanción frente al uso indiscriminado de plaguicidas que ponen en riesgo la salud.
Es clave consolidar un sistema nacional de vigilancia y control con la participación activa de los gobiernos regionales y las municipalidades. Persisten, además, desafíos como implementar un sistema de trazabilidad que permita identificar el origen de cada producto y establecer un mecanismo de certificación de buenas prácticas agrícolas que asegure un uso responsable de agroquímicos desde la producción hasta la venta.
