En la recta final para elegir a quien asumirá el cargo de Presidente o Presidenta de la República, vale la pena preguntarse qué partidos han asumido la defensa de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres como parte de su proyecto político. Especialmente teniendo en cuenta que desde el inicio de la pandemia, la violencia y los límites para acceder a servicios esenciales de salud han resultado en situaciones que ponen en riesgo la vida y la integridad de esta población ya vulnerable.
Durante el 2020, se denunciaron casi 13 mil casos de violencia sexual y más de 6 mil correspondían a violaciones. Sin embargo, en ese período sólo se administraron 1.325 kits de emergencia para víctimas de violación, pese a ser una atención médica obligatoria para prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual. Así, no sorprende que durante la pandemia también se triplicaran los partos de niñas de 10 años o menos.
Este año, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ya registra más de 3 mil casos de violencia y 150 partos de niñas menores de 15 años, cuatro de los cuales corresponden a menores de 10 años o menos.
Pese a ese preocupante escenario, la entrega de kits de emergencia y los embarazos infantiles forzados no son temas prioritarios para la mayoría de partidos políticos. Así lo revela el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), que elaboró un informe sobre los 18 planes de gobierno presentados para estas elecciones. Los temas bajo revisión fueron diez: muerte materna y violencia obstétrica; embarazo adolescente y embarazo infantil forzado; acceso a métodos anticonceptivos y kit de emergencia; educación sexual integral; acceso al aborto; derecho de la infancia a ser cudiada; igualdad y no discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género; violencia sexual; trata de personas y garantías para la vigilancia de derechos sexuales y reproductivos.
Catorce partidos incluyen al menos uno de los temas en sus planes, pero cuatro no mencionan ninguno: Avanza País, Renovación Popular, Democracia Directa y Renacimiento Unido Nacional (RUNA).
Para la abogada Jennie Dador, presidenta del Consejo Directivo de Promsex y autora del informe, estos temas aún no son percibidos como un problema público, por lo que apenas entran en la agenda política. “En algunos casos los temas sí se incluyen, pero hay que observar cuál es el enfoque desde el cual se plantea el problema porque pueden ser enfoques ultraconservadores”, señaló.
Niñez ignorada
De acuerdo al análisis elaborado por Promsex, uno de los temas “huérfanos” en los planes de gobierno es el embarazo infantil forzado. Sólo dos partidos políticos se refieren al respecto: el Partido Morado y Juntos por el Perú. El primero apunta a proteger a niñas y adolescentes del matrimonio infantil que las somete a condiciones de desventaja, mientras que el segundo especifica el objetivo de eliminar el embarazo infantil forzado y propone legislación para el aborto en menores de 15 años embarazadas producto de violación sexual por vulneración a su salud.
Respecto al acceso al kit de emergencia para víctimas de violación, no hay menciones específicas en los planes de gobierno. Juntos por el Perú y Frente Amplio sí se refieren a la anticoncepción oral de emergencia o píldora del día siguiente, uno de los insumos que conforman el kit pero no
Salud con lupa realizó una revisión de las cifras del Ministerio de Salud sobre partos de niñas menores de 15 años desde 2016 hasta la fecha. Tal como se mencionó antes, el escenario más dramático se presenta desde el año pasado, con el incremento de partos de niñas de 10 años o menos. Cabe recordar que al tratarse de niñas menores de 14 años, jurídicamente se consideran casos de violación sexual. Lo peor es, como indica Jennie Dador, que estas cifras son sólo las que registra el sistema de salud y podemos esperar que el panorama real sea más crítico.
Pese a ello, hay partidos como Fuerza Popular que no se refieren al problema del embarazo infantil forzado, pero sí a la defensa de la vida del concebido. “Se olvidan de la vida de la persona que ya nació, que camina, que está ahí y que ahora tiene una afectación a su salud. No hablan de la vida de las niñas, hablan de la vida del concebido y lo equiparan a un niño”, señala Dador.
Sin embargo, como recuerda la abogada de Promsex, jurídicamente no se puede hacer esa equivalencia, por lo que la propuesta de Fuerza Popular resulta contraria al estándar de derechos humanos.
El problema de fondo, apunta Jennie Dador, es que aún se mantiene una idea de la niñez como objeto de protección, pero no como sujeto de derechos. “Esto también favorece el tema de violencia sexual y abuso dentro de las familias. Hay una cultura de que tú puedes hacer con tus hijos lo que quieras. Esa misma mirada es la que les quiere negar información en la escuela, que les niega el acceso a servicios… porque no quieren que se construyan como sujetos”, explica.
Sin educación para la prevención
Una forma de abordar propuestas para eliminar los embarazos infantiles forzados y la violencia sexual en general, es plantear una educación sexual integral. Sin embargo, este es otro tema poco tocado en los planes de gobierno. “Casi todos apuestan por meterle mano al currículo educativo, pero no se basan en evidencia, desarrollo ni ciencia, sino que hablan de enseñar espiritualidad, basados en la Biblia”, comenta Jennie Dador.
Efectivamente, ocho partidos plantean el tema de la educación, pero no necesariamente con propuestas que consideren a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Sólo el Frente Amplio propone un Programa Nacional de Educación Sexual Integral y la formación de niñas y niños con enfoque de igualdad de derechos, además de garantizar la educación laica.
En contraparte, el partido Patria Segura propone incluir un curso de Principios y Valores para la vida donde se estudien las escrituras (Biblia u otro) desde la infancia. En el caso de Fuerza Popular, su plan se refiere a la “defensa de participación de los padres en la educación de sus hijos”, un tema que ya fue zanjado por la Corte Suprema en 2019, cuando se ratificó la inclusión del enfoque de género en el Currículo Nacional de Educación Básica.
La Educación Sexual Integral (ESI) resulta un factor preventivo contra la violencia sexual pues como señala Dador, permite “que niñas y niños aprendan a conocer su cuerpo y diferenciar la forma en que otros se acercan a ellos. Eso hace que puedan comunicar oportunamente lo que está pasando”.
Acceso al aborto: un asunto de salud pública
Siete partidos tienen propuestas sobre el acceso al aborto en sus planes de gobierno, aún si es para manifestarse en contra. Fuerza Popular y Podemos Perú plantean la defensa de la vida “desde su concepción”, pero tal como se mencionó anteriormente, no plantean propuestas sobre las niñas agredidas sexualmente y forzadas a llevar un embarazo que pone en riesgo sus vidas. Del lado opuesto, el Partido Morado se posiciona en contra de la injusticia de obligar a las mujeres a llevar un embarazo forzado, y Juntos por el Perú precisa una propuesta para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas.
En el caso del Frente Amplio, propone despenalizar el aborto por violación sexual y seguir la implementación del protocolo de aborto terapéutico, mientras que el partido Perú Libre señala que la ley ya contempla el aborto terapéutico, pero discrepan en que “el aborto se utilice como método anticonceptivo”. Por otro lado, el Partido Popular Cristiano (PPC) plantea la despenalización del aborto por violación sexual. Un hecho a resaltar pues es la primera vez que esta agrupación de tendencia conservadora coloca una propuesta así.
Lamentablemente, si bien es positivo que el tema del aborto cada vez se toque más en la agenda pública, aún resulta preocupante el desconocimiento de la mayoría de partidos sobre el estándar de derechos humanos. “Lo peor que podría pasar es quedarse en el estándar, que no avance. Pero es inaceptable que hayan propuestas por debajo del estándar de derechos humanos”, comenta Jennie Dador.
Teniendo eso en cuenta, la situación que tendremos con el próximo Gobierno y Congreso se presenta difícil. “En los 90s o 2000, mujeres de distintos proyectos políticos podían generar acuerdos. Ahora parece difícil que haya alianzas transversales, por la polarización y la baja institucionalidad. La gente llega, se instala en el Congreso y hace lo que quiere”, lamenta Dador. Así, la victoria de partidos con propuestas que plantean retrocesos en los derechos de niñas, adolescentes y mujeres sería un problema más grave si la polarización impide a partidos opositores tender lazos para poner la defensa de esos derechos en agenda.
