Con la colaboración de Fabiola Torres y José Luis Huacles.
El hilo de la madeja de ‘Vacunagate’ empezó con el caso del expresidente Martín Vizcarra. Justo cuando el personal de primera línea empezaba a ser vacunado contra la Covid-19 en el Perú, supimos que Vizcarra, su esposa y su hermano habían sido inmunizados el año pasado por personal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia con “dosis de cortesía” del laboratorio Sinopharm que no eran parte del estudio clínico de la vacuna que se realiza en el país. Hoy la lista de las personas involucradas en esta vacunación irregular incluye a más de 400 personas. Entre ellos, funcionarios del Estado que, como Vizcarra, beneficiaron también a sus familiares.
Este jueves, la Contraloría General de la República informó que su investigación preliminar ha identificado 26 grupos familiares en la lista de personas que recibieron vacunas al margen del ensayo clínico de la farmacéutica china Sinopharm. “Hay 19 funcionarios públicos que han tenido el abuso de hacer que también se vacunen sus familiares (...) Hubo un tráfico de vacunas”, declaró el contralor Nelson Shack.
El caso más conocido es el del exviceministro de Salud Pública, Luis Suárez Ognio, de 60 años, quien se vacunó junto a su esposa, la neuropediatra Inés Caro Kahn (59), su hermana María del Carmen Suárez Ognio (56); sus hijos, Juliet Suárez Caro (23) y Luis Suárez Caro (31); y sus sobrinos Mario Acha Suárez (26) y María de Fátima Acha Suárez (28). En total seis familiares que fueron vacunados además de él, lo que según Suárez Ognio se sustenta porque “eran las personas a quien podríamos llevarles la infección por nuestra alta exposición”. Y al parecer otros servidores públicos siguieron su ejemplo, pues Salud con lupa identificó seis grupos familiares adicionales, integrados por personal del Ministerio de Salud (Minsa).
La comunidad de la vacuna
Según la lista entregada por la Universidad Cayetano Heredia a las autoridades, el mismo día que Luis Suárez Ognio recibió la primera dosis de la vacuna, 12 de septiembre de 2020, también lo hizo la médica cirujana Gladys Ramírez Prada, de 59 años. Ella ha sido directora del Centro Nacional de Epidemiología Prevención y Control de Enfermedades (CDC) y en agosto del año pasado asumió el cargo de Ejecutiva Adjunta II del Despacho Viceministerial de Salud Pública del Ministerio de Salud. Exactamente dos días después de que Suárez Ognio asumiera este despacho. Al igual que su jefe, Ramírez Prada también llevó a buen grupo de sus familiares para ser vacunados de manera secreta.
Las primeras personas de su entorno en ser beneficiadas fueron su padre, José Ángel Ramírez Pareja, de 94 años, y dos de sus sobrinas, Gabriela Ramírez Arredondo (24) y Mariella Ramírez Merida (29), quienes recibieron la primera dosis el 17 de octubre y la segunda el 10 de noviembre. Este año, además, se unieron a la vacunación irregular un hermano y otra sobrina de la funcionaria: José Carlos Ramírez Prada (64) y Diana Ramírez Arredondo (27), quienes fueron inoculados el 9 y el 30 de enero. En total, cinco familiares. De ellos, el padre y el hermano consignan Cusco como su lugar de residencia.
Hay aún más.
La invitación a vacunarse en la Universidad Peruana Cayetano Heredia no estuvo limitada a familiares, sino también a personal cercano a los funcionarios. Luz Quevedo Ramos, identificada por fuentes de Salud con lupa como antigua secretaria de Suárez Ognio y persona de su confianza, recibió la primera dosis de la vacuna el 17 de octubre, junto a su esposo, Luis Antonio Tasayco.
Quevedo ejerció el cargo de Asistenta de Alta Dirección de la Jefatura del Instituto Nacional de Salud (INS) desde el 8 de abril hasta el 30 de setiembre de 2020, fecha en la que la entidad aceptó formalmente su renuncia. Según consta en el listado entregado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, las vacunaciones irregulares iniciaron el 9 de setiembre, cuando la funcionaria aún trabajaba para el INS, la entidad que regula -o debería hacerlo- los ensayos clínicos en nuestro país. Sin embargo, en los meses en los que ella y su esposo fueron inmunizados, figura primero como auxiliar administrativa y luego como jefa de equipo del CDC. En el caso de su esposo, Tasayco Gonzáles, se desempeñaba como auxiliar administrativo de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Minsa.
Rita Abanto Rojas, jefa de equipo del Despacho Ministerial del Minsa, es la única de las personas identificadas en este reportaje que recibió la vacuna de Sinopharm después que su familiar. Diana Graciela Garay Abanto está listada por la Cayetano Heredia como personal del estudio y recibió las dosis el 13 de octubre y el 3 de noviembre. Su madre lo hizo recién este año, el 12 de enero y el 5 de febrero. Luego de descubrirse sus nombres en la lista de Vacunagate, Abanto Rojas renunció a su cargo.
Además de ellos, el 12 de septiembre se vacunó un personaje clave en la trama del ‘Vacunagate’: Carlos Castillo Solórzano, quien fue reconocido por Germán Málaga, el investigador que lideraba el ensayo de Sinopharm en la Cayetano Heredia, como el enlace con el Minsa. Como Salud con lupa informó anteriormente, Castillo no solo era asesor de inmunizaciones del ministerio, también era persona de confianza de la exministra Pilar Mazzetti y fue designado como su representante ante la Comisión Multisectorial encargada de seguir las acciones para el desarrollo, producción, adquisición, donación y distribución de las vacunas y tratamientos contra la Covid-19.
En esa privilegiada posición, Carlos Castillo no recibió solo la vacunación irregular gestionada por la Universidad Cayetano Heredia (UPCH), también incluyó a su esposa: Elena Vera de Castillo, quien recibió su segunda dosis el 9 de enero, exactamente un mes antes que iniciara la vacunación del personal de primera línea a nivel nacional.
Los funcionarios vinculados a la OPS
Además de su importante rol en el Ministerio de Salud, Carlos Castillo ha tenido una larga trayectoria ligada a la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). En 1990 inició como consultor para el programa de inmunización de dicho organismo multilateral y menos de diez años después se desempeñó como asesor regional en vacunas e inmunización en la sede de la OPS/OMS en Washington, D.C.
Salud con lupa identificó a otros funcionarios del Minsa con una trayectoria en la Organización Panamericana de la Salud que beneficiaron a sus familiares con las dosis secretas que algunos funcionarios han aludido como “vacunas de cortesía”. El principal caso es el de la médica cirujana Mónica Pun Chinarro, de 56 años, quien aparece listada por la Cayetano Heredia como parte del Minsa y al menos hasta el 2019 era parte de la OPS/OMS. Este medio buscó confirmar su permanencia en esta institución con el actual representante de la OPS en Perú, Carlos Garzón, pero no atendió nuestras llamadas.
En 2016, Pun Chinarro integró la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Minsa y también trabajó en el CDC. En 2020, fue inmunizada de forma irregular y también tres de sus familiares: sus hermanos Juan Félix y Ana Patricia Yolanda, quienes recibieron las dosis el 17 de octubre y el 7 de noviembre; y su madre Julia Chinarro, de 85 años, quien fue inoculada el 12 de noviembre y el 10 de diciembre.
Aparece también el médico Washington Toledo Hidalgo, de 66 años, quien recibió su segunda dosis el 18 de noviembre, cuando se desempeñaba como especialista en inmunizaciones del Minsa. Toledo tiene experiencia previa en la OPS/OMS, y fue director general del Instituto Nacional de Salud cuando Luis Suárez Ognio lo dirigía. Junto a él también fue vacunada de forma irregular su hija de 25 años, Brenda Toledo Valverde.
Por los hechos hasta ahora conocidos sobre el caso ‘Vacunagate’ es evidente que algunos funcionarios públicos buscaron beneficiar a la mayor cantidad de familiares posibles con dosis secretas de vacunas. Esta es la justificación del exviceministro Luis Suárez Ognio expresada en una carta que él mismo se encargó ayer de circular: el protocolo del ensayo clínico de Sinopharm “consideraba vacunar también al entorno cercano de los investigadores y eso se extendió a los funcionarios del Minsa que dirigían la respuesta frente a la pandemia”. Salud con lupa explica a continuación el error de ese razonamiento.
Un criterio aplicado solo en Vacunagate
Si bien el protocolo del ensayo clínico es confidencial hasta ahora, el Instituto Nacional de Salud reconoció en un comunicado que el documento incluía un ‘Plan de Ampliación’ del estudio que contemplaba “la administración voluntaria de la vacuna al equipo de investigación y personal relacionado al estudio”. Sin embargo, en el mismo pronunciamiento, la entidad asegura que la Universidad Cayetano Heredia nunca les informó de la activación del mencionado plan.
Como Salud con lupa ya ha precisado antes, contar con una dotación de vacunas extra, por fuera de un ensayo clínico, no es una práctica usual considerada en normas de investigación científica en ninguna parte del mundo. Pero incluso si así lo fuera, el protocolo no planteaba a funcionarios del Estado y menos aún a sus familiares como posibles accesitarios a la vacuna experimental.
El infectólogo Juan Villena explica que el criterio para vacunar a los familiares de los funcionarios o del personal del ensayo clínico no existe en ninguna norma actual de nuestro país. “Si fuera así, tendría que vacunarse a los familiares de los médicos que trabajan en cuidados intensivos, las enfermeras, los técnicos… esposas, hijos, etc. y eso no está sucediendo”, afirma. Los motivos para priorizar a un grupo por sobre otro obedecen a la cantidad medida de vacunas. Es por ello que ahora que el Perú se encuentra en su primera fase de vacunación, se vacuna exclusivamente al personal de salud y no a sus familiares, por más que la primera línea sea la más expuesta al coronavirus. “No existe ese criterio (vacunar a familiares), no está escrito en ningún lugar”, apunta.
