No hay cómo contar la cantidad de ampollas en los pies, los dedos que han perdido las uñas y los tobillos que se troncharon en el camino. Tampoco hay quien lleve la cuenta de los morrales rotos y las maletas de rueditas averiadas que quedaron al borde de la carretera que va desde Caracas a Bogotá, Quito, Lima o Santiago de Chile. Ese tipo de estadísticas no existen en Sudamérica, pero a partir del 2015 —y antes de que la pandemia frenara su ritmo— cinco millones y medio de venezolanos ya se habían marchado de su país.
El covid-19 cambió la dinámica migratoria en el continente y sucedió lo impensable: muchos de los venezolanos que ya se habían radicado en otros países se quedaron sin trabajo, sin casa, sin qué comer, así que decidieron regresar al lugar de donde habían huido. No se sabe con certeza cuántos caminantes emprendieron el viaje de regreso, se estima que fueron 125 mil o quizás más. En algunos tramos hicieron parte del trayecto en camiones, en carros, en buses que algunas ciudades fletaron para llevarlos a la frontera entre Colombia y Venezuela, donde permanecieron durante varios días acampando en las peores condiciones, antes de que los dejaran cruzar por los puentes oficiales que han estado cerrados desde marzo de 2020.
El gobierno venezolano les dio una bienvenida inolvidable. Algunos funcionarios se refirieron a ellos como “armas biológicas”, y el propio Nicolás Maduro dijo que estaban siendo utilizados por enemigos de la patria que querían “contaminar” a Venezuela. Los llamaron “trocheros”, refiriéndose a los trochas o cruces clandestinos por donde algunos atravesaban y los amenazaron con cárcel. A los que cruzaron por los pasos oficiales (los abrieron para admitir el ingreso de 200 personas diarias), que ya se habían hecho pruebas del lado colombiano, de todos modos los consideraron casos sospechosos de covid-19 y los obligaron a hacer cuarentenas de 14 días en sitios determinados —hoteles, escuelas, instalaciones deportivas— llamados PASI (Puestos de Atención Social Integral), que el gobierno habilitó a lo largo de distintos puntos de la frontera. Algunas personas permanecieron en esos lugares mucho más tiempo del necesario, según esta investigación de Prodavinci.
Los que se quedaron en los países de acogida, no la han tenido fácil en los últimos meses. El 80 por ciento de los refugiados y migrantes de Venezuela, según cifras de ACNUR, dependían del empleo informal para sobrevivir. Con el cierre del comercio y otras actividades económicas durante largas cuarentenas, no pudieron seguir trabajando. Al no tener ingresos, no pudieron pagar sus arriendos y miles fueron desalojados y terminaron viviendo en la calle o en condiciones de hacinamiento, lo cual hace más difícil evitar el contagio por covid-19, según un reporte de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, elaborado entre octubre y noviembre de 2020, con 1810 encuestas realizadas en Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. Han pasado hambre y muchos no han contado con asistencia de los gobiernos u otras organizaciones, ni tampoco atención adecuada en salud, aunque entre los encuestados más del 20 por ciento tenía una condición médica o enfermedad crónica, había mujeres embarazadas o lactantes y más del 5 por ciento eran mayores de 60 años. Por cadenas de whatsapp y redes sociales han recibido mensajes xenófobos y noticias falsas, como que serían deportados o les robarían los órganos si acudían a un hospital.
En medio de este clima de incertidumbre y penurias, las vacunas empezaron a llegar a la región y con ellas la esperanza de que en los próximos meses mejoren las condiciones de vida y oportunidades laborales. Ante esta posibilidad, la emigración que se había frenado con la pandemia, se reactivó a principios del 2021 y se estima que por trochas están pasando unos 25 mil venezolanos cada mes. Algunos van a quedarse en Colombia, otros continuarán hacia el sur del continente, aunque las fronteras también están cerradas, los cruces clandestinos militarizados, y sobre todo, aunque ellos no tengan la certeza de que podrán ser vacunados en esos países contra el coronavirus, especialmente si llegan como indocumentados.
Pasos militarizados y deportaciones anunciadas
La frontera entre Colombia y Venezuela continúa oficialmente cerrada y, a lo largo de los 2.200 kms que comparten ambos países, hay patrullaje de militares y policías. La estrategia se llama Operación Muralla y empezó desde 2020 con el objetivo de frenar un poco los ingresos y también contrarrestar las acciones de los grupos criminales que asaltan, extorsionan y violan a los migrantes en la zona. Los casos de violaciones sexuales a las viajeras en estas trochas han incrementado en un 60 por ciento desde que empezó la pandemia. La cifra de casos era de 2 o 3 por semana, pero hubo una semana en que reportaron 28. Pese a esta situación, el gobierno colombiano anunció que la frontera continuará cerrada hasta mediados de 2021.
Los pasos oficiales entre Colombia y Ecuador también han estado cerrados desde marzo del año pasado, al igual que los de este país con Perú. (Valga recordar que todos los venezolanos necesitan una visa para ingresar a Ecuador desde 2019). Y, desde el pasado 26 de enero, la frontera entre Ecuador y Perú está militarizada. Unos 1200 soldados peruanos fueron desplegados para vigilar más de 30 cruces clandestinos, algunos de ellos también controlados por mafias y “coyotes” que cobran peaje para pasar. Las fuerzas de seguridad ecuatorianas también participaron de lo que sería una operación conjunta y coordinada entre ambos países para impedir el paso de los migrantes. La medida fue fuertemente criticada por organizaciones como Amnistía Internacional, pues en la operación hubo hasta disparos de bala para dispersar la aglomeración de gente.
Siguiendo la ruta hacia el sur, en la otra frontera, que conecta a Perú con Chile, y a Chile con Bolivia, también se presentó una situación delicada hace un par de semanas, especialmente en Colchane, en donde los migrantes lograron superar en número a los locales, desbordando la capacidad de atención y los servicios. La respuesta del gobierno chileno ante la crisis en el lugar fue deportar a los extranjeros, la gran mayoría de ellos, venezolanos. Los vistieron con trajes blancos biológicos con capuchas, los escoltaron como si fueran elementos peligrosos y los subieron a un avión de la Fuerza Aérea Chilena, rumbo a Caracas. Para rematar la operación ejemplarizante, ante las cámaras de televisión, el ministro del Interior chileno, Rodrigo Delgado, dijo: “Esta es una notificación que hacemos como Gobierno de Chile para que todas aquellas personas que piensan ingresar por pasos clandestinos lo piensen, porque el destino de ellos va a ser la expulsión".
A Txomin Las Heras, analista del Observatorio de Venezuela en la Universidad del Rosario, (Colombia) le ha llamado la atención que todos estos países hayan militarizado las fronteras recientemente. Coincide con el arribo de las primeras dosis de vacunas, pero también puede ser una medida que responde a intereses y cálculos políticos internos: los que gobiernan quieren mostrar que están controlando la situación, en medio de altísimas cifras de desempleo y recesión económica generalizada, además de serios problemas de confianza y gobernabilidad ante la opinión pública. Además, en Perú y Ecuador es momento de elecciones.
La pandemia aumentó la xenofobia
El anti venezolanismo en la región existía antes de la pandemia. Un estudio de percepciones sobre la migración venezolana en Colombia, Ecuador y Perú realizado por Oxfam en 2019 registraba que más del 70 por ciento quería medidas más estrictas de control en las fronteras. En parte, se debe a la percepción negativa que hay en los tres países: 7 de cada 10 personas considera que los migrantes son sinónimo de mayor inseguridad y delincuencia. Y, sin embargo, otro informe del Brookings Institution y Migration Policy Institute en Washington, elaborado con datos oficiales de los mismos países en el mismo 2019, concluyó que los migrantes venezolanos en Colombia, Perú y Chile cometen muchos menos delitos per cápita que la población local. Es más, muchos de ellos también han sido víctimas de la delincuencia.
No obstante, asesinatos recientes en Perú y en Colombia, y el manejo de los mismos por parte de autoridades y medios de comunicación, están alimentando esta percepción negativa, que en Lima derivaron en una marcha de protesta y un ataque a la sede diplomática de Venezuela. Y en Bogotá, culminó en la decisión de la alcaldía de prohibir el transporte de “parrilleros” en las motos de domiciliarios y medidas adicionales de seguridad en la capital.
Esto ya sucedió en Ecuador, uno de los países que se destacaba por un marco normativo incluyente y garantista en materia migratoria y que plantea en su artículo 40 de la Constitución que: “Ningún ser humano será considerado como ilegal debido a su condición migratoria”. Fue por un hecho de violencia puntual —un feminicidio a manos de un hombre venezolano en Ibarra, y la posterior reacción de la gente y de las autoridades, inclusive del mismo presidente Lenin Moreno— que el país decidió reformar su ley, con un enfoque más securitista y exigencias como la presentación de antecedentes penales.
La xenofobia y la aporofobia —el miedo y rechazo a las personas pobres— se han disparado en el último año, y Colombia, Ecuador y Perú son tres de los países alrededor del mundo que, según la encuesta Invamer- Gallup, rechazan más a los migrantes. Además de ser estigmatizados como personas “peligrosas” —no solo por ciudadanos, también por funcionarios públicos en los distintos países que incluso han señalado que son pagados por Maduro para infiltrar protestas sociales— con la aparición del Covid-19, los migrantes fueron percibidos como una amenaza a la salud pública.
En Colombia, donde hay casi dos millones de venezolanos —la mitad en situación irregular— la imagen negativa de los migrantes alcanzó un pico del 80 por ciento el año pasado, por temor a que pudieran ser transmisores del coronavirus. El rechazo bajó a un 67% en la última medición, pero más del 70 por ciento de los colombianos encuestados por Gallup prefiere que las fronteras permanezcan cerradas.
En el otro extremo del continente, en Chile, la encuesta Cadem reveló cifras similares en su última medición: el 60 por ciento no ve con buenos ojos la llegada de inmigrantes al país, el 72% cree que es necesario imponer mayores restricciones para evitar el ingreso de extranjeros indocumentados y un 56% cree que los inmigrantes que han entrado de forma irregular deberían ser expulsados.
Según Alejandro Daly, quien dirige el Barómetro de la Xenofobia en Colombia, una plataforma que sistematiza y analiza las publicaciones de mensajes anti-inmigrantes en medios y redes sociales, los picos o los momentos en que más se exacerban estas actitudes están directamente relacionados con declaraciones de figuras públicas y de autoridad, como puede ser un alcalde, un ministro o hasta el mismo presidente. Ese tipo de mensajes, lamentablemente, no han faltado durante la pandemia. Y algunos han estado asociados a las vacunas.
Contra una supuesta “estampida”
Tres días antes de Navidad, el 21 de diciembre de 2020, el presidente colombiano, Ivan Duque, dijo en una entrevista con una emisora de radio que los venezolanos que no tuvieran papeles en Colombia (casi un millón de personas) no serían vacunados contra el covid-19. ¿Las razones?: “Tendríamos un llamado a la estampida, a que todo el mundo cruce la frontera para pedir que lo vacunen”.
Duque recibió fuertes críticas por sus declaraciones sin fundamento, dentro y fuera del país, pero especialmente por parte de la comunidad internacional y organismos multilaterales. La OIM, ACNUR, el Vaticano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ONGs que velan por los derechos humanos como Amnistía Internacional, han insistido en el mensaje contrario: que ningún migrante se quede sin vacuna.
El presidente colombiano trató de matizar, no es que no quisieran vacunarlos, el problema era de fondos: “Cuando miramos la crisis siria, el aporte de la comunidad internacional por migrante es de 2.000 dólares, (en cambio) el aporte de la crisis migratoria de Venezuela —que supera la siria— no llega a 200 dólares por migrante”. El ministro de salud, Fernando Ruiz, dijo que estaban haciendo gestiones ante el mecanismo Covax para buscar esas dosis. “Ya tiene destinado un número bastante grande de vacunas para poblaciones en situación irregular en otros países y nosotros estamos haciendo la respectiva aplicación para tener acceso a esas vacunas”. Y añadió que el problema, además de fondos, era de identificación, en especial la población que tiene estatus irregular: “Representa un reto debido a su condición de nómada y a que no está identificada, lo que dificulta su ubicación. Acordémonos que hay que aplicarles una segunda vacuna, porque la mayoría de las vacunas vienen en dos dosis. Entonces, el reto aquí es identificar y tener la certeza de que esa población se va a vacunar y revacunar, que la podemos realmente ubicar con su lugar de residencia”, dijo.
Quizás por la necesidad de acceder a fondos de la comunidad internacional (especialmente de los Estados Unidos, que con Joe Biden de presidente ha cambiado su postura criminalizante frente al tema migratorio) y porque epidemiológicamente hay que saber quiénes son y dónde están los inoculados, semanas después, el 9 de febrero de 2021, el mandatario colombiano dio un giro de 180 grados: anunció la creación de un estatuto que le dará a los venezolanos indocumentados en el país la posibilidad de regularizarse y, así, acceder a contratos laborales y de arrendamiento legales, al sistema de salud y a la vacuna contra el covid-19, aunque no se sabe ni cómo, ni cuándo, ni con qué dosis podrían empezar a inocularlos.
El temor al “turismo de vacunas”
En Chile también hubo declaraciones infortunadas que crearon una gran confusión y debate nacional respecto a los derechos de los refugiados y migrantes a recibir la vacuna. El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, dijo que los extranjeros con visa de turismo que estuvieran en el país no podrían vacunarse y añadió: “Tampoco van a poder vacunarse los extranjeros que estén en el país en una situación irregular, pero que no hayan iniciado los trámites de solicitud de una visa temporal o definitiva”.
El colegio de médicos, las organizaciones de derechos humanos y otros sectores criticaron al canciller, y el ministro de Salud, Enrique París, y la subsecretaria, Paula Daza, salieron a aclarar que los migrantes sí estaban incluidos en los planes de vacunación. “Lo que no queremos es que esto se transforme en un turismo de vacuna”, dijeron ambos funcionarios, como reacción a un canal de televisión peruano que promocionaba un paquete turístico para irse a vacunar a Santiago, desde Lima, dado el exitoso esquema de vacunación que ha implementado el país austral, el único en la región que, además tiene suficientes dosis aseguradas para su población.
No es claro que el ponerse una vacuna en otro país sea una nueva razón para un súbito “turismo de vacunas”. Es un fenómeno que se ha visto en ciudades como Miami, a donde los extranjeros ricos han ido a vacunarse, incluso en vuelos charter. Pero hablar de “turismo de vacunas” desde Venezuela es un sinsentido. El país está prácticamente aislado, con vuelos autorizados solo a cinco destinos: Turquía, Panamá, República Dominicana, Bolivia y México, y los tiquetes de avión son impagables para la gran mayoría de los venezolanos. Además, muchos de ellos ni siquiera tienen pasaportes o los tienen vencidos. Los que llegan hasta Chile —o a cualquiera de los otros países del continente— caminando durante varios meses, lo hacen por necesidad, por razones de reubicación familiar, pero no por un plan vacacional. Además, de momento, las organizaciones que hacen trabajo de campo o prestan asistencia humanitaria en las fronteras no han identificado que la vacuna contra el covid-19 sea un motivo de fuga del país, como sí lo son la hiperinflación, la escasez de comida y medicinas, la falta de oportunidades, la represión o la violencia.
Desinformación y escándalos de corrupción
En el Perú, con un altísimo número de casos y muertes por el covid-19, y en medio de una crisis política e institucional severa en los últimos meses, que solo empeoró con el escándalo de corrupción, Vacunagate, ha circulado mucha desinformación respecto a las vacunas. Entre los mensajes que compartieron por las redes de extranjeros decían que no los iban a vacunar o que los iban a vacunar de últimas, después de todos los peruanos, sin importar que fueran aportantes o no al sistema de salud, EsSalud. Perú es el segundo país de la región, después de Colombia, con más migrantes venezolanos (casi un millón) y el 60% de ellos se ha sentido discriminado en algún momento, según datos de ACNUR.
El mismo día en que llegaron las primeras vacunas, y antes de que la ex ministra de Relaciones Exteriores del Perú, Elizabeth Astete, renunciara a su cargo tras descubrirse que era una de las funcionarias que se vacunó de manera prioritaria y a escondidas, Astete dijo que los “venezolanos residentes” serían incluidos en el plan de vacunación. Entre ellos están miles de médicos y enfermeras que han estado trabajando en diferentes clínicas y hospitales del país, en la primera línea de atención con pacientes enfermos de covid-19. Sus declaraciones dejaron muchas dudas: ¿qué significaba “residentes”? ¿Solo los que tuvieran una visa?
Días después, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, dijo a un canal de televisión que muchos de los migrantes provenientes de Venezuela no han podido regularizar su situación migratoria y dio a entender que no se quedarían sin vacuna: "Recordemos que son personas pues, que han llegado con muchas dificultades y que la vacuna es universal y gratuita”. Pero tampoco dio detalles sobre cómo pueden demostrar que son residentes, si no tienen papeles.
En Ecuador, cuyo gobierno está en los últimos días, también se empezó a hablar de un Vacunagate, al descubrirse que el propio ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, había inoculado de manera secreta a miembros de su familia y amigos. Hubo muchos cuestionamientos a su gestión, y reclamos ante la poca claridad sobre cómo está funcionando el esquema de vacunación que, durante semanas, no se publicó, a pesar de la insistencia de varios sectores políticos, organizaciones sociales y periodistas, que instauraron acciones legales para que el ministerio divulgara el plan. Un juez falló a favor y le dio 15 días para publicar la información.
Finalmente apareció en una página web llamada Planvacunarse.ec que afirma: “El proceso de vacunación será universal y gratuito para la población ecuatoriana (ecuatorianos y residentes)”.
En una rueda de prensa, días antes de su renuncia y salida del país en medio del escándalo de corrupción, al ser preguntado si los migrantes estaban incluidos o no, Zevallos dijo: “No podemos hacer distinción, que a alguien migrante no se le vacune, tienen que estar integrados porque tienen derecho como cualquier otro ecuatoriano”. Pero tampoco dio mayores detalles al respecto y no aclaró si el “residentes”, incluye o no a los inmigrantes indocumentados.
Sin documentos: lo que no está escrito no existe
Más del 30 por ciento de los migrantes en el continente se encuentra en situación irregular, según cálculos de ACNUR. Ante este problema, desde julio de 2019, el Gobierno del Ecuador empezó un proceso de registro y regularización de ciudadanos venezolanos que ya estaban en el país. Pero, según Ruth Urbano, de la oficina de HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society) que trabaja en la atención de esta población en Quito, más de 200 mil personas se quedaron sin poder hacerlo porque no tenían los 50 dólares para pagar el trámite, tampoco tenían pasaportes o estaban vencidos, y además el sistema de citas se suspendió por la pandemia. El país anunció en días pasados que eliminaba una de las visas a las cuales podían acceder los venezolanos —la Visa de Residencia Unasur—, que era más económica que otras pero exigía tener un pasaporte vigente, certificado de antecedentes penales reciente y apostillado.
Por falta de documentos miles de venezolanos tampoco han podido tramitar la Visa de Responsabilidad Democrática en Chile (se estima que sólo 5 por ciento ha podido sacarla en dos años), un Permiso Temporal de Permanencia (PTP) en Perú, o el Permiso Especial de Permanencia (PEP) que es el que otorgaba Colombia hasta hace un mes. Hay todavía un corto circuito entre las exigencias que hacen los funcionarios de los países y la realidad de los migrantes y refugiados. “Es difícil que un burócrata en Lima o en Santiago entienda la dimensión de la emergencia humanitaria. Les parece poco creíble que un venezolano no pueda tener un certificado de antecedentes penales”, dice Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas.
Parte del problema está en el origen, en Venezuela, donde el Servicio Administrativo de Migración y Extranjería (SAIME), que permaneció cerrado el año pasado, ha tenido problemas de escasez de materiales especiales para elaborar pasaportes, cédulas y otro tipo de constancias o certificados. Muchos venezolanos tampoco tienen los recursos para sacar un documento o renovarlo, y mucho menos tienen con qué pagar a los “gestores” que cobran miles de dólares por acelerar el trámite. En los hospitales públicos, donde se expiden los certificados de nacidos vivos a los bebés, también ha habido escasez de materiales y por eso muchos niños pequeños que emigraron en los últimos años no tienen documentos que acrediten su identidad y nacionalidad, quedando en riesgo de apatridia.
La otra parte del problema de acceso a los documentos no está en Venezuela, sino en los consulados de otros países, que tampoco tienen material suficiente o simplemente dejaron de operar, como consecuencia del rompimiento de relaciones diplomáticas. En los últimos años, y especialmente a partir de 2017, varios países de la región se alinearon a la estrategia diplomática del Grupo de Lima de crear un “cerco diplomático” contra el gobierno chavista, para tratar de forzar la salida de Maduro del poder y así resolver “el problema de raíz”. La lógica era: si Maduro caía, los venezolanos se regresarían a su país, o al menos dejarían de emigrar a los países vecinos. Pero cuatro años después, varios analistas internacionales coinciden en que las presiones, las sanciones, y el desconocimiento de Nicolás Maduro como presidente no han sido efectivos, y los representantes que la oposición delegó en distintos países no pueden cumplir funciones consulares ni expedir ningún documento para sus compatriotas, que han quedado en una especie de limbo y ahora en una gran incertidumbre: ¿van a exigirles papeles para vacunarlos?
“Carece de sentido que no te pongan una vacuna si no tienes documentos vigentes”, dice Trujillo. Ante esta situación lo que debería primar es el derecho a la salud y la posibilidad de que la gente que no tiene documentos asista a los centros de salud, y se registre de buena fe con un nombre y apellido, porque lo que se está buscando es la inmunidad. Para él, parte del problema es no querer reconocer el problema como lo que es: “No estamos hablando de un problema migratorio, sino de una crisis de refugiados”, dice.
Si los países lo reconocieran como tal, podrían adoptar otras medidas, especialmente ante una emergencia de salud pública como la que se está viviendo, que no tengan que pasar por tanta burocracia y trámites, y que permitan soluciones más expeditas, porque la gran mayoría de los venezolanos no va a regresar, y menos ahora. Para ello, según Trujillo, lo que ha faltado, además de presupuesto, comprensión y capacidad, es voluntad política.
Los prerrequisitos para vacunarse
Más allá de las declaraciones y confusiones, de los cierres fronterizos, de lo que digan o no los documentos, lo que importa es que los migrantes queden incluidos en el esquema de vacunación, que cuenten en los lotes de vacunas que están siendo adquiridas, que los países creen campañas específicas para informar y atender a esta población (ACNUR ha ofrecido apoyar a los países en esta labor y otras de logística e infraestructura durante la fase de vacunación), y que no queden en el último lugar o sean excluidos por no tener documentos.
En los planes de vacunación y decretos de los distintos países se mencionan a otros grupos vulnerables como habitantes de calle o población carcelaria, incluso están priorizados en las fases. No pasa lo mismo con los refugiados y migrantes. O bien no aparecen o aparecen, pero hay poca claridad sobre cómo y cuándo serán vacunados, especialmente los indocumentados. ¿Por qué? Para intentar aclarar esta situación, y la incertidumbre de los migrantes, (ver sus testimonios), Salud con Lupa envió una serie de preguntas a los ministerios de Salud de los cuatro países del corredor andino. Sus respuestas nunca llegaron o fueron muy vagas.
📌 Ecuador
El Ministerio de Salud ecuatoriano nunca contestó las preguntas enviadas por Salud con Lupa*, a pesar de varios mensajes insistentes, durante más de tres semanas. La información que hay en documentos públicos es poco clara, no dicen qué tipo de requisitos o documentos van a exigirles, (a los ecuatorianos les están pidiendo el DNI, documento nacional de identidad) o si deben afiliarse primero al sistema de salud, aunque en la página web planvacunarse.ec dicen que: “El ser o no afiliado al IESS no ha sido ni es un criterio de inclusión ni exclusión para la vacunación.”
En el Ecuador las fases de vacunación han sido planeadas con dos criterios, nivel de riesgo y edad de las personas. Según dio a entender el ex ministro Zevallos, antes de renunciar, la mayoría de los migrantes, especialmente si son venezolanos “son jovencitos, y ellos tendrán que esperar porque la edad es lo que prima”.
Esta afirmación desconoce que dentro de los migrantes y refugiados, aunque pueden ser una minoría, hay mayores de 60 años y que muchos más jóvenes también tienen otros problemas de salud que habría que tener en cuenta para evaluar el riesgo, y recibir una vacuna con la misma prioridad que los ecuatorianos.
Esther, venezolana en Ecuador
“Sinceramente, creo que es más probable que me dé coronavirus a que me llegue la vacuna. Si todavía no ha comenzado el proceso de registro con los ecuatorianos, qué quedará para uno que es extranjero. Ya nos dijeron prácticamente que no les interesa vacunarnos.
El derecho a la salud es universal. No pueden manifestar abiertamente que no nos van a vacunar. Pero cuando te dicen que tienes que estar inscrito en un registro, en el padrón electoral, ahí ya te están diciendo que hay un montón de gente que no está. En las noticias vimos que teníamos que estar registrados en el CNE (Consejo Nacional Electoral) para acceder a la vacuna. Lo vimos, pero no es una información que fue ampliamente difundida.
Yo no estoy inscrita en el CNE. Tengo visa, pero no tengo cédula porque el proceso de sacar la cédula también es complicado: las citas son lejanas, hay que pagar un seguro privado y, realmente, después que me saqué la visa le he dado prioridad a otras cosas: a sobrevivir.
Frente a la pandemia, como comunidad hemos tenido más esa preocupación: cómo comprar comida, cómo tener un trabajo. Mucha gente empezó a irse de regreso porque se quedaron sin dónde vivir, y bueno eso ha sido muy complicado, el tema económico. Acá hay muchas organizaciones sociales para venezolanos pero se han dedicado a eso: asistencia humanitaria y capacitación para emprendimiento. Ninguna de las que yo conozco ha planteado el tema de la vacunación para la comunidad. Porque el virus mata, pero el hambre mata también.”
📌 Colombia
El Ministerio de Salud tampoco contestó las preguntas, a pesar de varios mensajes insistentes, durante más de tres semanas. En Colombia hay muchos interrogantes sobre cómo va a funcionar la vacunación para los migrantes, especialmente los que están en condición irregular, y así lo reconoce el documento del plan: Actualmente, los migrantes en condición regular están incluidos en el Plan Nacional de Vacunación contra Covid-19 en las mismas condiciones de la población nacional, es decir, de acuerdo con el enfoque de priorización establecido en este documento. Sin embargo, debido al desafío operativo para la identificación, ubicación y trazabilidad de los migrantes en condición irregular, esto es, debido a la ausencia de listas nominales, la inclusión efectiva de los migrantes en condición irregular se constituye en un desafío para el que se exploran alternativas en el marco del Plan Nacional de Vacunación.
Al anunciar el nuevo Estatuto de Protección Temporal se dijo que, como prerrequisito para regularizarse y luego sí poder acceder a una vacuna, tendrían que inscribirse en el nuevo Registro Único de Migrantes, pero este apenas comenzaría a funcionar en tres meses, según Lucas Gomez, Gerente de Fronteras del gobierno.
También hay varios puntos en el nuevo estatuto que preocupan, y que fueron motivo de observaciones al borrador del decreto reglamentario, tanto por organizaciones de derechos humanos, la academia y Representantes de la Comisión Accidental para el seguimiento de la crisis de Venezuela: el que tengan que demostrar con una “prueba sumaria” de que viven en Colombia (quienes están en la informalidad no tienen contratos de arriendo por escrito, ni un recibo de luz a su nombre) o la discrecionalidad que tiene el gobierno para decidir si aceptan o no a alguien en el registro y posteriormente beneficiarse del nuevo Permiso de Protección Temporal. Además, el nuevo estatuto cubre a quienes crucen la frontera por los pasos autorizados en los próximos dos años, pero como están cerrados, los que están ingresando por trochas no quedarían incluidos y podrían ser deportados.
“Este estatuto no va a resolver en el corto plazo que puedan acceder a las vacunas. Los tiempos no concuerdan con los plazos del plan de vacunación”, dice Lucía Ramírez, experta en derecho migratorio de Dejusticia. Según el decreto 109 que reglamenta el Plan de Vacunación en Colombia, hay que estar en alguna de las bases de datos del sistema de salud. Si el registro migratorio va a ser la “base de datos” oficial de los migrantes, que luego les permite entrar en el sistema de salud y recibir una vacuna, van a pasar varios meses, incluso puede ser más de un año, antes de que puedan inocularse.
Tampoco hay claridad sobre qué va a pasar con cientos de miles de venezolanos que ya tienen visas o permisos legales de residencia o trabajo en Colombia, pero que tampoco están afiliados a las empresas prestadoras del servicio, las EPS, que son las que están administrando el proceso de vacunación. Las EPS exigen a sus afiliados que actualicen sus datos para entrar en la fila de asignación de turnos para vacunarse. El documento que exigen a los colombianos para recibir la dosis es la cédula de ciudadanía.
Alejandro, venezolano en Colombia
Yo me vine para acá por una oferta de trabajo en el 2018 y a los dos meses tenía una visa de cortesía, que es una visa muy especial porque permite trabajar, estudiar, invertir y dura dos años. Durante ese tiempo estuve bien y protegido. Pero esa visa expiró en mayo de 2020 y no he podido renovarla o cambiar a otra visa, y eso me tiene en situación de irregularidad.
En diciembre fui al aeropuerto porque quería viajar y en migración me detuvieron, les expliqué que estaba en proceso de renovarla, pero en el sistema no encontraron nada. Me dejaron viajar y volver al país, pero me pusieron una multa y pasé como 30 minutos llenando papeles….
Es una mortificación latente la que tengo, porque hace poco intenté sacarme una línea de teléfono y no pude por tener la visa vencida. Y sé que es algo que le ha pasado a otros venezolanos, que tampoco pueden tener cuenta de banco por eso.
Si no puedo sacar una línea de teléfono, asumo que no podré vacunarme. Es una deducción, no lógica, pero sí muy frecuente que uno tiene, que como no tiene visa, no puede hacer otras cosas. No tengo EPS (empresa prestadora de salud pública). Tengo un seguro de salud privado, pero no he recibido ninguna llamada, ni ningún tipo de información a través del seguro para la vacuna. No he oído a ninguno de mis amigos hablar del tema. Es que ni siquiera está en la cabeza de nosotros que nos van a vacunar. Pero somos tantos los venezolanos aquí que no nos pueden dejar por fuera porque si no, no van a lograr la inmunidad contra el virus.
📌 Chile
En Chile también hubo mucha confusión sobre el procedimiento para que los migrantes accedan a las vacunas, luego de las declaraciones del ministro Allamand afirmando que los que no tuvieran documentos en regla se quedarían por fuera. “El canciller no se equivocó, hay un documento que existe y no ha sido derogado. Es peligroso, porque cualquier funcionario puede utilizarlo a discreción para discriminar a la hora de vacunar”, dice Armando Arjona, secretario general de la Coordinadora de Migrantes, que agrupa a más de 25 organizaciones en Chile.
Arjona se refiere a la exenta número 136, que supuestamente define con mayor precisión cuáles extranjeros pueden vacunarse en el país: los que tienen visas de estudiantes, de residentes, por contrato de trabajo, residencia definitiva, o cuyos procesos de solicitud se encuentran en trámite. No menciona específicamente a quienes no tienen documentos ni han hecho ningún trámite.
Lo que el gobierno dijo posteriormente es que los que no tienen status regular migratorio deben “auto-denunciarse” ante la policía, para poder inscribirse en el sistema de salud público chileno, en su plan más básico, conocido como FONASA "A". Es al que también tienen acceso los habitantes de calle. Solo cuando estén en FONASA "A" podrán acceder a la vacuna. “No se debería cruzar la salud con la seguridad”, dice Arjona. “Las personas tienen miedo de que si van, les pongan multas o los deporten, que sea una cacería de brujas”.
Posteriormente, se conoció un documento, el oficio 794, enviado por el ministro de Salud, Enrique París, al ministro del Interior Rodrigo Delgado, en el que expresa: “No debería solicitarse información respecto al estatus migratorio en ninguna vinculación con el sistema de salud y debe garantizarse la confidencialidad de la información”. París añadía que era importante seguir las recomendaciones de la CIDH y de la OEA, de no ejecutar acciones de control migratorio en hospitales o albergues y que no deberían estar intercambiando información entre servicios médicos y autoridades migratorias “con fines represivos”.
Sobre el orden en el que les corresponde la vacuna a los migrantes, una funcionaria del Ministerio de Salud de ese país le dijo a Salud con Lupa simplemente que: “No hay distinción de migrante o chileno”. Es decir que independientemente de su nacionalidad deben ser vacunados y que los criterios que van a determinar el turno son la edad y otras condiciones que han quedado establecidas en el mismo plan de vacunación y otros lineamientos técnicos, sin distinciones entre nacionales y extranjeros.
Jesús, migrante venezolano en Chile
“Yo pasé toda la pandemia aislado. En mi oficina hicieron arreglos de trabajo remoto, pero me quedé sin empleo al final de octubre. Utilicé las cesantías, pero tuve que ponerme a hacer delivery con un primo que montó un negocio de ensaladas. Y tuve que volver a vivir en un cuarto, en arriendo, en el apartamento de mi ex mujer, con mi hijo y mi ex suegra, una señora mayor que estaba expuesta a que yo entrara y saliera, porque andar en bicicleta es la única fuente de trabajo que yo tengo. A ella ya la vacunaron, y estamos un poco más serenos.
Pero yo no sé cómo vacunarme, porque al perder mi empleo formal, perdí mi seguro y no he podido inscribirme en Fonasa, que es el sistema de salud público. Si está disponible la vacuna, me la pongo. Voy a ir a preguntar, pero yo no tendría que ir a autodenunciarme primero, (como ha dicho el gobierno que deben hacerlo los que son irregulares) porque no he cometido ilegalidad alguna, aunque estoy, como se dice, en una situación de irregularidad, soy un número negro.
Gestioné una visa profesional, la tuve un año, y luego hice mi aplicación de visa definitiva, porque tuve tres años de empleo totalmente formal, con empleador, ganando buena renta. Cargué todos los documentos requeridos al sistema, pero me dijeron que necesitaba antecedentes penales venezolanos apostillados. Tuve que volver a hacer el trámite, ante el Ministerio de Exteriores de Venezuela. Entregué los papeles. Pasaron varios meses y me dijeron luego que la solicitud no avanzaba porque la había hecho fuera del plazo. Es lo más risible, no me lo podía creer.
Fui a dos sedes de extranjería distintas y no hay atención al público, nadie responde nada. Las oficinas no despachan, te metes a Internet y no te dicen nada. No hay mecanismos, llamas a Chile Atiende, a Extranjería y te dan respuestas estándar. Quedas desvalido porque no hay nadie que responda. La sensación generalizada es que a todo el mundo le están negando todo, para que se obstine y se vaya.
Yo ahora estoy con visa chilena expirada, mi cédula como extranjero está expirada, mi pasaporte venezolano está expirado. Y aquí con el documento vencido no puedo ni cobrar un cheque o una orden de pago en un banco. Esa es la irregularidad. Tú quedas a la buena de Dios.”
📌 Perú
Según un funcionario de la oficina de prensa del Ministerio de Salud peruano, hay todavía muchas cosas por definir. La entidad le pidió el padrón de migrantes a la oficina de Migraciones para cruzar datos y saber cuántos son. Pero hay muchos que por su condición irregular no están en el padrón y tampoco están afiliados al Sistema Integral de Salud SIS. Según una encuesta del Centro de Estudios Económicos Equilibrium, se estima que el 69% de los migrantes en Perú no tienen ningún seguro de salud, en parte porque no conocen cómo es el sistema, pero también porque no tienen el carnet de extranjería.
A los peruanos les van a exigir el DNI cuando se presenten para la vacuna. Sobre los documentos que les van a pedir a los migrantes y refugiados, la respuesta fue: “No te podría decir si les van a exigir pasaporte o qué”. El funcionario señaló que lo importante, más que el tipo de documento que presenten o si está vigente, es llevar un registro de quienes han sido vacunados, y qué tipo de vacuna recibieron, porque la mayoría son de dos dosis.
La mayoría de peruanos, como los migrantes, serán vacunados durante la fase tres, que apenas comenzará a mediados de año o en agosto. “La idea del Gobierno es vacunar a todos los residentes del país, no se ha hablado de si son legales o no”, explicó el funcionario. Sobre si habrá una campaña informativa especial para migrantes la respuesta fue: “No podría asegurarte”.
María, venezolana en Perú
Hace un año y medio perdí mi carnet de extranjería. No sé en qué momento ni dónde. Fui a la policía y empecé a tramitar el duplicado. Pero he ido, sin mentir, cuatro veces a migración y nunca me explicaron bien qué tenía que tramitar para sacarlo. Me pidieron después una constancia de la SUNARP (Superintendencia de Registros Públicos) pero para que me den la constancia, necesito tener el carnet de extranjería. No me aceptaron la fotocopia. Les expliqué que se me había perdido, pero no les importó. Volví a migración a decirles que era absurdo todo ese trámite, que había un vacío o un problema que no saben que existe o, si lo saben, no lo solucionan. Tuve un cruce de palabras fuerte con la persona allí y lo único que me dijo fue que aplicara entonces a refugio, como si yo estuviera irregular aquí.
Durante un tiempo me resigné a quedarme así, sin el carnet, y a andar con la fotocopia plastificada, aunque esa no la aceptan en los bancos. Para que me paguen en el trabajo tengo que pedir que hagan transferencia a la cuenta de mi novio, y si la policía me detiene, puede ponerme una multa. Luego llegó la pandemia y habilitaron la opción de hacer los trámites en línea, y solo así pude sacar mi constancia de la SUNARP. Con ella volví a meter la solicitud a migración y ahora estoy esperando a ver si sale. Demora porque somos demasiados venezolanos. En estos meses también se me venció mi pasaporte, pero por fin pude sacar una prórroga.
Desde que llegué acá no he tenido estabilidad laboral, todos los empleos que he conseguido han sido temporales e informales. Y por la pandemia perdí el único trabajo formal que había logrado conseguir. Ya iba a firmar el contrato cuando Vizcarra declaró cuarentena y todo eso se echó para atrás. Conseguí otro empleo, en una de esas empresas que están empezando, una app que reparte a domicilio. Pero me dio covid por estar trabajando allí, en la oficina, porque el jefe no dejó que las personas trabajaran desde casa y decía que el covid era “mental”, que si tenías buena actitud no te iba a dar. Me dio en la oficina, me hicieron prueba y salió positivo. Entonces dejé de ir como una semana. Cuando me depositaron a fin de mes, el salario estaba incompleto. Les dije que yo me había enfermado por negligencia de la empresa, pero el jefe dijo que no estaba obligado a cancelarme la semana completa que había faltado. Yo no tenía cómo reclamar porque no tenía contrato ni nada. Decidí no regresar, aunque me quedara sin empleo. No quería trabajar para una persona que no se preocupa por la salud de los demás.
Me recuperé y gracias a Dios nunca me ahogué, porque no tengo seguro de salud. Fui un día a la posta (un centro médico público) a ver si me atendían, pero ese día había demasiada gente y me dijeron que volviera al día siguiente. Yo me cuidé, y para no contagiar a mi novio porque vivimos en una habitación. Ayudó que él es vigilante y esa semana le tocaron turnos por la noche y no dormíamos juntos. Cuidarnos, al final, es lo único que podemos hacer. Yo tengo amigos en otros países que les dieron ayudas económicas, pero aquí ni se ocupan de los propios peruanos, mucho menos van a ocuparse de nosotros. Estamos muy vulnerables, muy solos. Hay venezolanos aquí que se enferman de covid, mueren en un cuarto y nadie se entera hasta que huele feo.
Lo de la vacuna me genera temor. En este país hay mucha corrupción, primero se vacunaron Vizcarra y los del gobierno, no los médicos. Y encima aquí adulteran todo, hasta el alcohol. He visto que en algunas farmacias lo vendían con agua. Entonces dudo que sepan gestionar bien la vacuna. Hace dos días escuché en las noticias que había que registrarse en un formulario, tuve la curiosidad de meterme y solo está la opción de inscribirse con DNI. Entonces no sé si nos van a vacunar. La ministra dijo que sí, pero la verdad es que el papel aguanta todo. Entonces yo creo que no.
*Una semana después de publicarse este artículo, el Ministerio de Salud de Ecuador nos envió sus respuestas. Las pueden ver aquí.
Este artículo fue elaborado con el apoyo de Paulette Desormeaux en Chile, Pierina Sora (de Cápsula Migrante) en Perú, y María Sol Borja e Isabela Ponce (de GK) en Ecuador.
