Después de diez días de haberse formado, la Comisión Investigadora sobre el uso de vacunas experimentales por fuera del ensayo clínico fase III de Sinopharm entregó ayer un informe que ha sido cuestionado por la opinión pública por sus tibiezas y omisiones. El encargado en presentarlo fue el doctor Fernando Carbone, como presidente de la Comisión, en compañía del ministro de Salud, Óscar Ugarte.
“Muchos dicen que no debieron hacerlo, que fue un error, que debió hacerse público, que debió informarse abiertamente, que se equivocaron”, dijo Carbone sobre las 470 personas que fueron inoculadas con la vacuna de Sinopharm. Calificó de error un acto que permaneció oculto durante seis meses sin ninguna fiscalización de por medio. Con la excepción, por cierto, del doctor Aldo Javier Lucchetti, entonces director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud, quien dejó en claro, con su testimonio, que sí considera que debió aceptar la inoculación de la vacuna candidata contra el Covid-19.
Carbone mencionó que de estos 470 implicados, 369 integran los equipos de investigación del estudio mientras los 101 restantes no guardan ninguna relación con el ensayo. Son personal del Ministerio de Salud, Cancillería, familiares e invitados. Carbone confirmó también que de las 3,200 dosis secretas, 1,200 fueron entregadas a la Embajada de China.
Pero el documento, que consta de 66 páginas, sienta algunas posturas a diferencia de su interlocutor: los investigadores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia no debieron incluir en el protocolo que se vacunaría al equipo de investigación y personal relacionado al estudio porque según la normativa de los ensayos clínicos en el Perú (y el mundo) no pueden aplicarse productos fuera del estudio.
"El Comité Nacional Transitorio de Ética en Investigación (CNTEI) del Instituto Nacional de Salud (INS) no debió aprobar el protocolo ni las cantidades de insumos ahí solicitadas, pues debió ceñirse al documento técnico; el INS no debió autorizar un protocolo que incluye 3,200 dosis adicionales a las necesarias y tampoco un texto ajeno a lo permitido por el Reglamento de Ensayos Clínicos; y la Oficina General de Investigación y Transparencia Tecnológica (OGITT) del INS tampoco debió autorizar el protocolo aprobado por el CNTEI, pues incumple el Reglamento de Ensayos Clínicos", se lee en el informe.
Una cadena de instituciones que actuaron indebidamente y que permitieron “un tráfico de vacunas”, como lo denominó el contralor general de la República, Nelson Shack. En el informe se establece también que fueron los investigadores principales del proyecto quienes le extendieron la invitación a su equipo de vacunarse en secreto. Se refieren a los doctores Germán Málaga, de la Universidad Cayetano Heredia, y a Eduardo Ticona, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero con una diferencia: dentro de su lista la Universidad Cayetano Heredia utilizó la clasificación de “personal relacionado”, incluyendo así al expresidente Martín Vizcarra, a funcionarios del Ministerio de Salud, Digemid, Cancillería e inclusive a autoridades de la misma universidad, y familiares.
En ese sentido, el informe concluye que esa terminología “personal relacionado” fue interpretada por los implicados de una manera que les permitió beneficiar a su círculo más cercano. “Laxa y flexible” son los términos que usaron los entrevistados. “La interpretación dada a la frase antes mencionada no ha seguido las reglas de la lógica pues no es posible que se interprete más allá del sentido semántico de las mismas. Era, pues, evidente que el límite de dicha frase era el estudio propiamente dicho, y no más allá del mismo. Por lo tanto, otro tipo de interpretación puede haber constituido un acto de falta de diligencia grave en relación al cumplimiento del protocolo”, reza el informe.
Un detalle importantísimo que revela lo turbio del Vacunagate es que los entrevistados aseguran que luego de ser inoculados con la candidata a vacuna de Sinopharm no recibieron ningún seguimiento de parte de ningún monitor a diferencia de los 12 mil voluntarios formales. “Ello constituiría una infracción al indicado protocolo”, sostiene el documento.
Pero, ¿cuáles son las grandes omisiones del informe Carbone? No hay hallazgos ni cuestionamientos sobre la vacunación de personajes influyentes y poderosos como el expresidente Martín Vizcarra, las máximas autoridades de la Universidad Cayetano Heredia y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Nuncio Apostólico, Nicola Girasoli, e incluso la abogada Cecilia Blume, una de las ‘invitadas’ del doctor Germán Málaga, responsable de incluirla en lista. Ninguno era voluntario ni formaba parte del equipo de investigación.
Tampoco se menciona directamente a altos funcionarios del Ministerio de Salud como lo son los doctores César Cabezas, jefe del Instituto Nacional de Salud y Raúl Timaná, director general de la Oficina General de Investigación y Tecnología (OGITT), que depende del ISN. Fue la OGITT el área que no pudo advertir este proceso de vacunas irregulares a pesar de haber realizado una decena de inspecciones. Y es el INS, la institución encargada de supervisar todos los ensayos clínicos y la conducta de los investigadores en el Perú.
De su contraparte, la Digemid, entidad que autorizó la importación del producto en investigación y productos complementarios, apenas unos párrafos. “Respecto a esto, las declaraciones dadas por la Directora General de la Digemid, Carmen Ponce Fernández, ante la comisión, difieren de las declaraciones de la directora ejecutiva de Productos Farmacéuticos de la misma Digemid, Sofía Salas Pumacayo y, la Asistente Ejecutiva II, Cecilia Arrese Mogollón, beneficiarias de la vacuna candidata, en relación a cómo se generó la posibilidad de beneficiar a algunos trabajadores de Digemid y de qué manera se determinó quienes eran los beneficiarios de la vacuna”. Una investigación periodística de El Foco reveló que al interior de Digemid se sortearon cinco vacunas.
No se menciona en ninguna parte al doctor Eduardo Gotuzzo, exmiembro del comité de expertos del Ministerio de Salud, cuya empresa Gotuzzo Asociados (una organización de investigación por contrato, conocida en la jerga médica como CRO) fue contratada por la Universidad Cayetano Heredia para monitorear las historias clínicas de los 12 mil voluntarios del ensayo clínico de la vacuna de Sinopharm en el Perú. Gotuzzo también fue vacunado irregularmente. A propósito de su Gotuzzo Asociados, una de sus empleadas que recibió la vacuna es Paloma Verne Ugarte, hija de Claudia Ugarte, a cargo de la Dirección General de Personal de la Salud del Minsa. Ugarte no fue vacunada, pero sí su hija.
En el apartado VI, el informe de la Comisión realiza una serie de recomendaciones: entre ellas el retiro de confianza a 13 funcionarios con nombre y apellido entre los que figuran la exministra de Salud Pilar Mazzetti, el ejecutivo Adjunto II del Viceministerio de Salud Pública, Mario Tavera; y director general de la Oficina General de Cooperación Técnica Internacional, Víctor Cuba, entre otros. El detalle es que todas esas personas ya presentaron sus renuncias, como dejamos constancia en un informe anterior. ¿Qué sentido tiene entonces? Entre esas recomendaciones no se pide el cese de César Cabezas, jefe del INS, ni de Carmen Ponce, directora de Digemid o de Raúl Timaná, de OGITT.
El informe Carbone ha confirmado una información que la prensa ya manejaba: que los enlaces para el reparto de las vacunas secretas fueron el director de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Relaciones Exteriores, Jorge Jarama, y el asesor de Inmunización del Minsa, el doctor Carlos Castillo. Respecto a Castillo, él entregó una lista con 33 vacunados, de los cuales solo 30 coinciden con la información entregada por la Universidad Cayetano Heredia. El informe no revela la identidad de esos tres individuos, pero además menciona que no encontraron la dependencia laboral de dos de ellos y que, por lo tanto, no han podido ser ubicados.
Finalmente, durante la conferencia de prensa el doctor Fernando Carbone aludió constantemente a los 271 anexos del documento. Estos anexos contienen las entrevistas de los implicados. Sin embargo, ninguno ha sido publicado hasta la fecha. El informe Carbone será enviado a la Fiscalía Anticorrupción, la Contraloría, la Superintendencia Nacional de Salud y el Congreso. Más que una investigación, es un documento descriptivo que no apunta a comprender las implicancias de este grave hecho que tendrá impactos en la investigación clínica con seres humanos en el Perú.
