Un año y medio después de la pandemia, con más de 3 millones de muertos a causa de la covid-19, algunas potencias mundiales han demostrado por primera vez su intención de liberar temporalmente los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra el nuevo coronavirus. Una bóveda con muchas restricciones que ha impedido el acceso oportuno a la gran esperanza de la humanidad en el último tiempo.
Estados Unidos, el país poderoso que levantó polvo el miércoles a través de un comunicado, cambió de parecer luego de oponerse a esta medida bajo el mandato de Donald Trump y también, en primera instancia, bajo la administración de Joe Biden. Se trata de un vuelco a una moción que arrancó en octubre, con una solicitud de la India y Sudáfrica a la Organización Mundial del Comercio (OMC), la institución con sede en Ginebra que, como indica su nombre, se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países desde su creación en 1995.
Es necesario entender con claridad qué es una patente farmacéutica. En palabras sencillas: el derecho exclusivo que se le concede al creador de un nuevo producto o de una tecnología farmacéutica. Este derecho premia el ingenio y la capacidad de invención con la posibilidad de explotar el producto comercialmente durante un determinado periodo de tiempo. En el caso de los medicamentos y las tecnologías sanitarias ese tiempo puede extenderse hasta los veinte años e incluso más dependiendo de las modificaciones que el creador pueda hacerle. Durante ese lapso ningún otro país puede reproducir la fórmula para obtener el mismo producto. De hacerlo será sancionado. Esa protección recibe el nombre de propiedad intelectual. Un concepto tan común en otros rubros como el musical, por ejemplo.
La puerta entreabierta que ha dejado Estados Unidos a la suspensión de las patentes ha recibido el rechazo de diversas organizaciones. Muchas de ellas han tomado con escepticismo su viabilidad e incluso han ejercido el papel de aguafiestas declarando que no hay nada que celebrar. Y hasta han vaticinado los posibles impactos: desde socavar el liderazgo de los descubrimientos biomédicos hasta la proliferación de vacunas falsificadas.
Pfizer/BioNtech, la alianza entre una farmacéutica estadounidense y una alemana que dieron origen a la primera vacuna contra la covid-19 en recibir la autorización de uso para los países occidentales (en diciembre de 2020), no han sido ajenos a ello. Un portavoz del gobierno alemán ha sido enfático en decir que “la protección de la propiedad intelectual es una fuente de innovación que debe seguir así en el futuro”.
Hace unos días, Albert Bourla, presidente ejecutivo de Pfizer, dijo en una entrevista que la medida carecía de sentido pues no aumentará la producción de vacunas y a su vez “desalentará a las empresas de biotecnología a desarrollar productos en futuras pandemias”. A finales del año pasado, cuando ya se había planteado la discusión, Bourla fue más allá en sus argumentos: “la propiedad intelectual es la sangre del sector privado y es la que trajo una solución a esta pandemia. No es una barrera”.
La proyección de ventas de Pfizer/BioNtech solo para el 2021 es de 21.000 millones de dólares. Eso explica, en gran medida, el ‘desaliento’ que desean evitar. Pero las reglas no siempre fueron así. Básicamente nacieron con la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El detalle que no puede pasarse por alto es la influencia de Pfizer en la configuración de este marco regulatorio que ha terminado favoreciendo el monopolio de los medicamentos.
Edmund Pratt, expresidente de Pfizer en los años ochenta, tuvo un rol activo y determinante para incluir la propiedad intelectual en las negociaciones comerciales. Se reunió con funcionarios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de la ONU, estrechó lazos con empresas de Europa y Japón, y sentó las bases de la OMC en la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas en inglés), la institución que gobernó y administró el comercio internacional en gran parte del siglo XX.
Mediante un lobby progresivo, con el copamiento de ejecutivos de Pfizer en posiciones estratégicas, se instaló la idea de que la propiedad intelectual estaba basada en el comercio. Y de que aquellos países cuyas actividades no se alinearan a estas reglas serían considerados como ‘piratas’. Desde 1995, con la gestación de la OMC, la industria farmacéutica comenzó a patentar medicamentos y, por defecto, vacunas. Todo en aras de la ‘competitividad’.
Competitividad que ha dado pie al acaparamiento de las vacunas contra la covid-19 de parte de los países poderosos, en un momento de la historia donde es necesario que las reglas del juego se replanteen nuevamente, pero esta vez a favor de los países pobres y las poblaciones vulnerables.
“Fabricar vacunas no es solo cuestión de patentes”, ha dicho Sai Prasad, el presidente de la Red de Fabricantes de Vacunas de los Países en Desarrollo. Y en efecto, la razón lo asiste. No basta con tener el permiso para fabricar las vacunas, hay que tener la capacidad para lograrlo. Entra a tallar, entonces, un concepto denominado transferencia de tecnología. Es decir, que las farmacéuticas que desarrollaron las vacunas doten de conocimiento técnico e incluso cierto nivel de infraestructura a los demás países para que estos puedan producirla. “No es lo mismo tener permiso para preparar la torta a que me enseñes la receta de cómo se hace”, señala Ángela Uyen, asesora de políticas de salud de Médicos sin Fronteras.
El Perú produce principalmente vacunas antirrábicas que, según dicen los entendidos, no requieren de mayor complejidad. En el caso hipotético de que se revocaran temporalmente las patentes difícilmente tendría un impacto directo en nuestras políticas sanitarias. A diferencia de Brasil, México y Argentina, no contamos con la infraestructura correspondiente. No obstante, la producción masiva podría abaratar los precios de las vacunas y, con ello, el Estado podría adquirir más lotes.
Salvo el mecanismo COVAX no existe ningún otro esfuerzo mundial para enfrentar la pandemia. A propósito de ello, Avril Benoît, directora de Médicos Sin Fronteras en los Estados Unidos, sostiene que si el país gobernado por Joe Biden realmente desea acabar con la pandemia “debería compartir sus dosis de vacunas excedentes”.
Los especialistas convienen en que más allá de la decisión histórica de los Estados Unidos la suspensión de las patentes es un tema que tomará tiempo. Basta recordar que las decisiones de la Organización Mundial del Comercio requieren el consenso de sus 164 miembros. Aun así, aunque el asunto sea más complejo que liberar las patentes, está en juego la posibilidad de superar una barrera.
La Unión Europa está dividida
“Es insuficiente. Tenemos que ser mucho más ambiciosos”, afirmó el viernes Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, en la Cumbre Social que se realiza en Oporto sobre la liberación de las patentes. Un acto donde los líderes europeos se han vuelto a ver las caras y han aprovechado para sentar posición sobre la iniciativa de Joe Biden desde la Casa Blanca. Sánchez considera que debe acelerarse la transmisión del conocimiento y la tecnología para fabricar vacunas a los países pobres y fortalecer la capacidad de producción en todo el mundo.
La deliberación al interior de la Organización Mundial del Comercio podría tardar meses como años. Es un escenario incierto. Por eso urgen medidas más veloces que sean capaces de frenar la pandemia en el corto plazo. Emmanuel Macron, el presidente de Francia, coincide con su par español y a su vez desconfía en la efectividad de la medida: “Se puede dar la propiedad intelectual a laboratorios que no saben producir la vacuna y no la fabricarán mañana”.
Francia, España, Bélgica, Suecia y Dinamarca han firmado una carta conjunta que propone una disposición inmediata: que la Unión Europea done parte de sus vacunas a los países en vías de desarrollo. Aunque en el documento no han fijado un porcentaje, Macron ha deslizado que podría tratarse del 5%. El mandatario francés, además, cree que si bien debe acelerarse la trasferencia de tecnología también debe mantenerse la remuneración de los países innovadores.
Por su parte, la doctora alemana Ursual Von der Leyen, quien encabeza la Comisión Von der Leyen, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, ha sido tajante con el anuncio de Biden: “la suspensión de patentes no va a resolver los problemas, no va a proporcionar ni una sola dosis”. Es más, ha puesto en duda la disposición de los norteamericanos para exportar lo que producen, pues la Unión Europea ha exportado la mitad de las dosis que han fabricado (200 millones) a diferencia de Estados Unidos. “La Unión Europea es la única región continental democrática que exporta a gran escala”, sostuvo Von der Leyen.
Una poderosa razón para ser solidarios
“Deberían pertenecer a la humanidad”, dijo hace poco Peter Maybarduk, director del programa de Acceso a los Medicamentos de Public Citizen, una ong estadounidense. Se refería a las vacunas contra el covid-19 que han sido inventadas por científicos federales y financiadas por los fondos públicos. No son pocas. En realidad, son la mayoría.
Moderna ha sido financiada por el gobierno de los Estados Unidos, el laboratorio de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA). Antes de asociarse con Pfizer, BioNtech recibió 375 millones de euros de parte del Estado alemán. Los alemanes también invirtieron 252 millones de euros en la vacuna de CureVac. De AstraZeneca, la farmacéutica del Reino Unido que se unió con la universidad de Oxford, ni se diga: el 97% del costo de la vacuna fue costeado con fondos públicos.
En Rusia el respaldo financiero de la vacuna no ha sido muy distinto. Sputnik V, la primera vacuna contra el nuevo coronavirus que se registró en el mundo (agosto de 2020), se solventó con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) del Estado. Lo mismo ha sucedido con Sputnik Light, la última vacuna que ha aprobado el gigante ruso.
Otro ejemplo son la farmacéutica francesa Sanofi y la farmacéutica británica GlaxoSmithKline, quienes han unido esfuerzos en un proyecto de vacuna por el que el gobierno estadounidense ha desembolsado 2.100 millones de dólares. Además de otros 30 millones de dólares de los contribuyentes. Asimismo, Sinopharm, la primera vacuna que arribó al Perú, pertenece al Estado chino. Para ser exactos: a la Comisión estatal para la supervisión y administración de los activos del Estado.
Ser respaldados económicamente con fondos públicos tendría que ser una razón para que las farmacéuticas mostraran su lado más solidario en este segundo año de la pandemia. Moderna ha sido la única compañía que ha declarado públicamente que no exigirá el cumplimiento de ninguna de sus patentes durante esta emergencia mundial. Lo hizo en octubre. Noubar Afeyan, cofundador de Moderna, ratificó su decisión hace unos días. “Invitamos a todos los demás a unirse a la misma iniciativa. No podemos imaginar a las empresas haciendo valer sus patentes durante una pandemia”, cuestionó Afeyan.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha planteado una idea para aterrizar el tema: que los gobiernos ofrezcan incentivos a las farmacéuticas para que ellas compartan su tecnología y conocimiento. Aún no se sabe bajo qué condiciones sería, pero de haber quorum podría convertirse en una posibilidad. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, entiende que no hay más tiempo que perder. “La innovación es importante y apoyamos que las compañías obtengan beneficios por su trabajo, pero estamos ante una crisis sin precedentes y hay que actuar”.
Cada semana mueren 100 mil personas a causa del covid-19. Y la suspensión temporal de las patentes farmacéuticas es un mecanismo que ya existe en la Organización Mundial del Comercio. “Si no lo usamos ahora, ¿cuándo?”, remata Tedros. Mientras tanto, las acciones de Pfizer, Moderna y BioNtech sufrieron una caída entre el 4% y el 10% el jueves, el día después del anuncio de Biden. Un impacto inmediato que pone de manifiesto la dificultad de esta lucha.
