Desde que comenzaron las operaciones en el Lote 192, hace cincuenta años, las comunidades de Datem del Marañón, en Loreto, han sido testigos de continuos derrames de petróleo. Solo desde 1997 se han contabilizado 233 en esta zona de la Amazonía norte donde las cuatro cuencas de ríos han sido contaminadas. “Esto ha afectado nuestro comercio y nuestra salud. Los animales toman agua con ese derrame. Se están muriendo, ahora hay pocos peces en las quebradas", explica a Salud con lupa Aurelio Chino, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep).
El Lote 192 es un caso símbolo de lo que no debería pasar con las empresas extractivas que se retiran de un territorio: las tres compañías privadas que han operado en el lote —Occidental Petroleum Corporation of Perú (1971-2000), Pluspetrol Norte (2000-2015) y Frontera Energy (2015-2021)— se fueron sin remediar todos los daños.
Este mes se cumplió un año desde que Frontera Energy dejó de operar en la zona, en medio de reclamos de las organizaciones indígenas y ambientales que alertan que después de todos estos meses no se ha aplicado ningún plan de abandono. Este plan, que toda empresa extractiva tiene que elaborar, debería contener la lista de acciones a realizar para devolver las zonas impactadas a su estado inicial, previo a la explotación.
La empresa de capitales canadienses obtuvo el lote por un contrato temporal de negociación directa en 2015, y recibió la larga lista de sitios impactados por su antecesora. Durante los cinco años que operó Frontera Energy, se produjeron 107 derrames de petróleo, de diesel y de aguas de producción, que han generado daños en el ecosistema. Según un informe próximo a publicarse de la organización Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (Puinamudt) y Oxfam Perú, que analiza las consecuencias de las operaciones de Frontera Energy en el país, un 70% de estos derrames se debieron a fallas operativas y a la corrosión de la infraestructura de la compañía.
Este porcentaje también representa el 80% de sus barriles derramados. “Si Frontera Energy hubiese dado el mantenimiento adecuado a la infraestructura y tuviese mejores y más seguras prácticas operativas se podría haber evitado este grave impacto en territorio indígena amazónico”, consigna el informe.
Frontera Energy no cumplió del todo con la mitigación de estos desastres. Por el incumplimiento de las medidas de prevención y mantenimiento para evitar el impacto ambiental de los derrames, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) le impuso varias multas que suman 729 mil soles, mientras que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), la multó por casi dos millones. En total, sus multas alcanzan los 2.682.829,60 soles. El informe de Puinamudt y Oxfam indica también que la compañía ha judicializado algunas de estas multas, un mecanismo muy usado para evadir el cumplimiento de las sanciones económicas.
Frontera se retiró del lote en febrero del 2021 y recién en agosto del año pasado presentó al Ministerio de Energía y Minas (Minem) su primer plan de abandono, aunque la entidad se lo venía pidiendo desde el 2018. Según los lineamientos, la empresa extractiva tiene que ejecutar su plan mientras está aún en la zona. Eso, sin embargo, no ha pasado con ninguna de las operadoras del lote.
La Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del ministerio consideró que el plan entregado en agosto por la empresa no se ajustaba a los requerimientos y le dio un plazo de cinco días para que cumpliera con “presentar los requisitos mínimos para dar inicio a la evaluación bajo apercibimiento de declararla no presentada”. La empresa, no obstante, pidió un plazo de quince días adicionales. Finalmente, el 19 de enero de este año, envió el plan de abandono subsanado, el que aún permanece en evaluación de las autoridades, según confirmó el Minem a Salud con lupa. Por ello, a un año de su salida, aún no se están ejecutando acciones de remediación total en las zonas impactadas.
Pero la posición de la empresa es que ya cumplió. En un comunicado de marzo de 2021, Frontera Energy afirmó que ya había cumplido con la remediación ambiental de los derrames. “En relación con la remediación ambiental de los eventos ocurridos durante los cinco años y medio de operación, los procesos de limpieza se encuentran adelantados en un 90%. La finalización de estos trabajos tomará tres meses más. No es cierto, por lo tanto, que los eventos ambientales no hayan sido remediados”, indicó.
Sin embargo, tanto Oxfam como Puinamudt precisan que las acciones de contingencia y limpieza frente a un derrame no son lo mismo que una remediación del territorio, que sí debería estar contemplada en el plan de abandono de la empresa. “Lo que ha pasado con Frontera es que sí atendió los derrames —aunque muchos de ellos a medias— pero no ha llegado a acreditar la correcta remediación de esas áreas”, explicó a Salud con lupa la socióloga Aymara León, autora del informe de Oxfam y Puinamudt junto a Mario Zúñiga, ambos asesores técnicos de esta última organización.
León comenta que los monitores ambientales de las federaciones indígenas tienen evidencias directas de que todavía hay áreas contaminadas. “Por ejemplo, algo que ha sucedido en varios lugares es que se colocaron bolsas para recoger el petróleo, y Frontera Energy ha ido dejando sus campamentos con esas bolsas llenas. Por el sol, por la lluvia, por las condiciones propias de la selva, esas bolsas se han roto y han vuelto a contaminar. Son derrames que no han terminado de atender a tiempo”, señala.
Materiales de limpieza del petróleo derramado dejados en los alrededores de la comunidad de Antioquía, en la cuenca del río Corrientes, en marzo de 2021. En esa fecha, Frontera Energy ya había salido del Lote 192. Video: monitor ambiental Watman Hualinga.
Como hemos visto, no es la primera vez que esto sucede. En 2015 Pluspetrol Norte se retiró del lote sin aplicar un plan de abandono. La empresa indicó que no se iba a hacer cargo de los sitios impactados por su antecesora, sino solo de los afectados desde el 2000, cuando comenzó a operar. La posición del Estado, sin embargo, fue que, con la cesión de posesión contractual que Pluspetrol firmó para adquirir el lote, asumió también los derechos y obligaciones de la empresa anterior, por tanto, debía hacerse responsable de todos los sitios que requerían remediación. Por ello, el Estado rechazó hasta en tres oportunidades el plan de abandono que la compañía presentó. Ahora este deberá asumir directamente su diseño y ejecución.
La explotación petrolera de Occidental Petroleum Corporation, Pluspetrol Norte y Frontera Energy ha afectado duramente la vida de los ciudadanos indígenas que viven en la zona de influencia de las operaciones. En el Lote 192 existen 27 comunidades achuar y kichwa, algunas de las cuales han tenido que soportar más de una decena de vertimientos de crudo. Según el informe de Puinamudt y Oxfam, las comunidades que más se han visto afectadas han sido Antioquía y Alianza Capahuari, con 19 derrames, y José Olaya —lugar del derrame de enero— con 22, desde 1997 hasta diciembre de 2020. En los cinco años que la empresa estuvo operando en el lote,hubo diez movilizaciones sociales de protesta.
Una investigación publicada el 2017 mostró que durante décadas el sector petrolero ha arrojado toneladas de plomo, bario, cadmio, cromo a las fuentes de agua de toda la Amazonía norte, en niveles que superan los límites máximos permisibles actuales. De hecho, el estudio identificó que el 2008 se vertieron 5 toneladas métricas de plomo, 370 de bario y 0,3 de cadmio a los ríos. Específicamente sobre el Lote 192, en 2018, un estudio del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente del Instituto Nacional de Salud, realizado a 1138 personas que vivían en este sector, encontró que cerca del 10% tenía niveles de plomo por encima del estándar de Perú; casi un tercio presentaba niveles de arsénico por encima del límite permitido; y una de cada diez tenía bario y cadmio sobre los niveles recomendados.
Un trágico historial
La contaminación por hidrocarburos es una constante en la selva peruana. Según la publicación “La sombra de los hidrocarburos en Perú” de Oxfam y el Subgrupo de derrames petroleros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, desde 1997 hasta mayo de 2021 se han registrado 566 derrames en las regiones amazónicas, y las empresas que más de estos desastres registran son justamente Pluspetrol Norte y Frontera Energy. La primera con 306 derrames y la segunda con 114. El tercer lugar lo ocupa Petroperú con 111, la empresa estatal que es la actual operadora del Lote 192. Le siguen en la lista Olympic Perú, Petrobras Energía y Savia Perú. Repsol también aparece en el ranking con ocho derrames contabilizados.
Ahora que el Lote 192 está en manos de PetroPerú los derrames no se han detenido. Tres días antes del segundo derrame de Repsol, se había producido uno cerca a la comunidad achuar José Olaya, de la cuenca del río Corrientes, ubicada en dicho lote, en Loreto. Se trataba del quinto derrame de petróleo en la selva peruana en tan solo un mes, de acuerdo a los registros Puinamudt.
El primero sucedió también en el Lote 192, en el campamento San Jacinto, cerca al río Tigre, el 27 de diciembre del año pasado. El segundo ocurrió en el kilómetro 373,2 del Tramo II del Oleoducto Norperuano, cerca a la comunidad Nueva Unida del distrito de Santa María de Nieva, Amazonas. El 13 de enero se reportó otro en el centro poblado de Pavayacu, en el Lote 8, Loreto. Este se extendió hasta el río Huanganayacu. El cuarto sucedió también en esta región, el 21 de enero en la comunidad Nueva Alianza del distrito de Urarinas. Estos, sin embargo, no tuvieron repercusión mediática, fueron eclipsados por el que sucedió en la capital. De tan constantes, los desastres petroleros en esta región del país, al parecer, han dejado de ser noticia.
