El último fin de semana, dirigentes de ollas comunes de San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores advirtieron que las bolsas de sangre de pollo refrigerada entregadas por la Municipalidad de Lima tenían un olor desagradable. Pero tan preocupante como el estado del producto es la forma en que se adjudicó este contrato millonario.
Salud con lupa halló que el Consorcio San JoseMaria, responsable de proveer 673 mil kilos de sangre de pollo refrigerada, fue creado apenas 12 días antes de firmar el contrato con la Municipalidad de Lima. A pesar de no tener trayectoria ni competencia, logró un contrato por más de 5 millones de soles.
El consorcio se constituyó el 15 de mayo de 2025 y está formado por las empresas Negociaciones Valentina Kar y Corporación JoseMaria. Fue el único postor que se presentó al concurso convocado por la gestión del alcalde Rafael López Aliaga. Solo doce días después de haberse conformado, el 27 de mayo, firmó el contrato.
La empresa Corporación JoseMaria, una de las integrantes del consorcio, fue creada en 2015 y no registra antecedentes de contratos públicos. Según datos de la SUNAT, no tiene personal registrado y recién comenzó a declarar actividad desde el 2024.
A esto se suma un dato clave: el gerente de Corporación JoseMaria, Rodrigo Ramos Rojas, ha sostenido al menos cinco reuniones entre 2023 y enero de 2025 con Isabel Ayala Melgarejo, actual gerenta de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Lima, área encargada de la atención a las ollas comunes.
Ayala ha sido investigada por casos de corrupción en gestiones anteriores. En 2020, cuando trabajó en la Municipalidad de Independencia, la Contraloría detectó irregularidades en la entrega de canastas básicas durante la pandemia. Entre los hallazgos figuran el uso de información imprecisa para seleccionar a los beneficiarios y la ausencia de criterios técnicos, lo que permitió que muchas canastas terminaran en manos de personas clasificadas como “no pobres”.
Por ese caso, la Fiscalía abrió una investigación contra Ayala por cohecho y peculado doloso, al existir indicios de que las empresas que concursaron para vender las canastas pertenecían a una misma familia y que el padre del dueño de la empresa ganadora del contrato de canastas depositó S/ 11,000 en la cuenta personal de Ayala.
Tres años después, en 2023, salieron a la luz audios en los que Ayala admitió haber recibido 18 toneladas de alimentos para ollas comunes a cambio de gestionar una reunión entre comerciantes del Gran Mercado Mayorista de Lima, funcionarios del EMMSA y el alcalde López Aliaga. La Procuraduría Anticorrupción pidió entonces ampliar otra investigación por tráfico de influencias.
Hoy, desde su actual cargo, Ayala está nuevamente en el centro de una contratación cuestionada: un consorcio sin trayectoria, conformado días antes de la firma, con vínculos previos con su oficina, sin competencia en el proceso y con quejas por la calidad del producto entregado.
¿Qué se está entregando a las ollas comunes?
El producto que están recibiendo las ollas comunes viene envasado en una bolsa plástica con el nombre de Corporación San JoseMaria S.A.C., identificada como distribuidora y fabricante. Según el etiquetado, cuenta con una única autorización sanitaria: la N.° 000923-MIDAGRI-SENASA-LIMACALLAO, otorgada en noviembre de 2024.
Ante las quejas por el mal olor, la Municipalidad de Lima difundió por WhatsApp un video “explicativo” dirigido a las dirigentes de ollas comunes. En él, funcionarios aseguran que el olor fuerte es característico de la sangre de pollo, pero que “al cocinarse, el sabor es rico”.
Sin embargo, los testimonios recogidos por Salud con lupa muestran otra realidad. Una integrante de una olla común en San Juan de Miraflores contó:
“Me acaban de traer la sangre a mi olla y la verdad es que apesta. No sé si así huele la sangre, pero huele horrible. Ese olor me ha dado náuseas y me he quedado con ganas hasta de vomitar”.
Desde San Juan de Lurigancho, otra dirigente comentó: “Las ollas de aquí se están quejando. Es horrible el olor de esa sangre. Yo tengo una amiga que tiene una agrícola de pollos y siempre me da sangrecita en baldes, pero el olor no es como este que nos está dando la municipalidad”.
Pero más allá del olor, también hay temor. Una tercera dirigente, también de San Juan de Miraflores, dijo: “Si no recogemos [la sangre], no nos van a dar nuestro horno”. Esa frase resume la presión que sienten muchas ollas comunes: si rechazan el producto, podrían perder otros beneficios prometidos, como hornos o cocinas.
El problema no termina en el estado del alimento. Los indicios apuntan a una cadena de decisiones preocupante: contratos millonarios adjudicados a proveedores sin experiencia, procesos poco transparentes y presiones indebidas hacia las mujeres que sostienen, día a día, la alimentación de sus comunidades más vulnerables.
No es un caso aislado
En agosto de 2023, la Municipalidad de Lima adjudicó un contrato por más de S/ 13 millones al Consorcio Valentina, integrado por Distribuidora Sarmiento S.A.C. y Negociaciones Valentina Kar S.A.C., para distribuir conservas de sangrecita y hojuelas de avena a las ollas comunes de la capital. Desde las primeras entregas, en noviembre de ese año, la Red de Ollas Comunes de Lima denunció que los productos presentaban características de estar en mal estado. Las quejas se repitieron en febrero de 2024, pero no fueron atendidas. Consultado por Salud con lupa, el Consorcio Valentina afirmó que no recibió alertas formales sobre alimentos en mal estado y que solo se reportaron incidentes con empaques rotos o abollados, los cuales —según indicaron— fueron reemplazados.
