A los 18 años, Mary Cabrera, joven quechua de la provincia de Huamanga, Ayacucho, se acercó a un centro de salud para solicitar métodos anticonceptivos. “¿Por qué tienes necesidad de empezar tu vida sexual? ¿Para qué los quieres?” fueron parte del grupo de preguntas que le hizo la empleada del área administrativa que la atendió luego de varias horas de espera. Mary decidió retirarse, sin información y sin ninguna medida que le ayude a prevenir un embarazo no deseado o enfermedades de transmisión sexual.
Fabiola Quispe Berrocal (23) pasó por una situación similar. “Esto es lo único que hay”, le dijo una enfermera del centro de salud de la provincia de Vinchos, Ayacucho, tras darle condones para su pareja sin explicarle cómo se usaban. “No me informaron que existían las pastillas anticonceptivas y otros métodos para las mujeres que deseamos cuidarnos cuando tenemos una relación sexual”, cuenta.
Mary y Fabiola, jóvenes representantes de organizaciones en defensa de adolescentes y jóvenes de su comunidad quechua, son solo dos ejemplos de las mujeres indígenas a las que se les niega atención en salud sexual. De acuerdo con el Centro de Culturas Indígenas del Perú (Chirapaq), catorce regiones del país presentan niveles medios o bajos de acceso a información y servicios para la prevención en salud sexual entre las mujeres indígenas.
La medición corresponde al índice de prevención en salud sexual, creado por Chirapaq e incluido en su último reporte nacional sobre violencia sexual contra niñas y jóvenes indígenas, publicado a inicios de este año. El índice se construyó a partir de tres indicadores: desconocimiento de enfermedades de transmisión sexual (ETS), falta de uso de métodos anticonceptivos y falta de acceso a servicios de planificación familiar en un establecimiento de salud.
Los datos se obtuvieron de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) 2019, que recogió las respuestas de 12 551 mujeres indígenas (33% del total de mujeres encuestadas).
Respecto al primer indicador, solo un 2.7% del total de mujeres indígenas encuestadas conocía cuatro o más ETS y el 30%, menos de 3 ETS. Estas cifras resultan preocupantes porque existen 30 agentes patógenos que pueden transmitirse sexualmente y, de los más conocidos, cuatro son curables y cuatro incurables, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud.
En todo el país, solo 30 mujeres que participaron en el sondeo conocían los siete tipos de ETS descritas en la encuesta. Cuatro de esas mujeres son indígenas, lo que equivale al 0.03% del total de indígenas encuestadas, señala el reporte de Chirapaq.
El segundo indicador, sobre el uso de métodos anticonceptivos, evidenció que el 15% de mujeres indígenas encuestadas no utilizaba ningún método anticonceptivo en el momento de la entrevista o utilizaba la técnica del retiro o coito interrumpido. En cuanto al tercer indicador, referido al acceso a los servicios de planificación familiar en centros de salud, el 17% no obtuvo en ellos información sobre métodos anticonceptivos o prevención de enfermedades transmisibles.
Como se indica en el cuadro anterior, las regiones con los menores niveles de conocimiento sobre prevención en salud sexual están ubicadas principalmente en la Amazonía (Loreto, San Martín, Ucayali y Madre de Dios) y en la zona centro-sur del país (Ica, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa y Moquegua). A ellas se suman Piura y Áncash, que escapan de esa regla, pero que también muestran niveles insuficientes.
La falta de prevención en salud sexual puede traer graves consecuencias como embarazos no deseados, niñas obligadas a ser madres y abortos clandestinos que, en ocasiones, lleva a la muerte a las mujeres. La Endes 2019 indagó sobre los embarazos no deseados en mujeres indígenas. El 62% aseguró haber quedado embarazada sin planificarlo.
Las principales barreras
Una dificultad que experimentan las adolescentes y jóvenes indígenas respecto a sus derechos sexuales y reproductivos es la ausencia del enfoque intercultural en la práctica profesional del personal de salud que atiende en los centros de salud.
“En nuestra comunidad, gustamos de usar falda y sombrero, y mis compañeras han recibido ofensas tras ser cuestionadas por qué usan tantas faldas. Nos dicen que somos sucias y no nos bañamos. Tampoco respetan nuestra lengua. Creen que la manera de tratarnos es con los gritos: ‘abre las piernas, así como las abriste con tu chico”. Eso solo nos siembra temor”, confiesa Fabiola Quispe.
A pesar de que la Política Sectorial de Salud Intercultural, aprobada en 2016, exige la aplicación del enfoque intercultural, aún persisten el maltrato y una relación vertical entre el personal de salud y las pacientes indígenas. El racismo se evidencia en las burlas por su forma de comunicación y por el uso de prácticas tradicionales para prevenir el embarazo.
En julio de este año, la Defensoría del Pueblo publicó un informe sobre la atención que reciben las menores embarazadas como producto de una violación, en los centros de salud. El informe, que abarcó 39 establecimientos de salud de segundo nivel, encontró que solo el 13% de ellos (5) contaba con personal que hablara la lengua de la región (quechua o aimara). Entre las regiones comprendidas en el informe figuran Amazonas, Ucayali, Loreto, Cajamarca y Cusco.
Otros problemas que identifican las jóvenes indígenas es la lejanía de los centros de salud respecto a sus comunidades y el hecho de que el personal de salud las obligue a esperar varias horas para ser atendidas. Esto lleva a que las pacientes tengan que dejar sus labores cotidianas y destinar todo un día para asistir a una consulta. Solo si reclaman y protestan, reciben atención adecuada e inmediata, subrayan.
Durante la pandemia, el Gobierno aprobó tres directivas directamente vinculadas a garantizar servicios de salud sexual y reproductiva, pero ninguna contempla expresamente el componente de interculturalidad. Esto sugiere que se olvidaron de las necesidades de las mujeres indígenas.
