El Tribunal Constitucional rechazó un recurso presentado por el exministro de Salud Marino Costa Bauer que buscaba impedir el inicio de la investigación judicial por las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).
Costa Bauer acudió al tribunal después de que el Poder Judicial rechazó otro recurso suyo en el que sostenía que no se le podía investigar dos veces por el mismo caso y que se había violado el plazo razonable para ser investigado.
Sin embargo, en una sesión reservada, la presidenta del TC, Marianella Ledesma, y los magistrados Carlos Ramos, Eloy Espinosa-Saldaña y Manuel Miranda votaron en contra de su pedido, mientras que Ernesto Blume, Augusto Ferrero y José Luis Sardón votaron a favor.
Con este fallo, el proceso continuará en el Poder Judicial. Se ha fijado el 11 de enero de 2021 para la audiencia de presentación de cargos contra Fujimori y sus exministros de salud Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta y Alejandro Aguinaga; así como otros exfuncionarios públicos que estuvieron a cargo del Programa Nacional de Planificación Familiar y Salud Sexual y Reproductiva.
"Aunque parezca increíble recién va a empezar una investigación judicial que determine la responsabilidad penal de los denunciados”, indicó la abogada María Ysabel Cedano, de la organización feminista Demus.
De las más de 200.000 ligaduras de trompas reconocidas por el Ministerio de Salud, alrededor de 180.000 se realizaron cuando Marino Costa Bauer fue responsable de esta cartera del Estado. "Queremos que el juez investigue y determine exactamente cuál es la responsabilidad penal como coautores, pero (además) cuál es el rol que tenía cada uno, que la sanción sea la máxima que hay para los delitos cometidos", apuntó Cedano.
La abogada representa a la familia de Mamérita Mestanza, una de las víctimas de esterilizaciones que murió por complicaciones de su cirugía. Su caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Esperan reparaciones
María Esther Mogollón, de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF), y el Grupo de Seguimiento a la Reparaciones en Esterilización Forzadas, esperan también una respuesta de la ministra de Justicia, Ana Neyra, a una carta que enviaron para solicitarle información sobre las acciones de su sector para proteger el derecho a la reparación de las miles de afectadas por graves violaciones de derechos humanos.
En agosto pasado el Ministerio de Justicia publicó una resolución que creó un grupo de trabajo multisectorial para hacer un diagnóstico del caso, pero no incluyó la participación de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil. Su plazo de trabajo es hasta el 31 de julio de 2021. El problema es que no se ha tomando en cuenta que ya existen más de 7 mil testimonios consignados en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas.
