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¿Por qué las clínicas cometen abusos y el Estado no hace reformas de fondo?

Después de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció la expropiación de las clínicas si sus representantes no integraban la mesa de negociación de tarifas para la atención de los pacientes COVID-19, los voceros de los servicios privados y el Ministerio de Salud llegaron a un acuerdo al filo de la medianoche. Salud con lupa explica las razones que dificultan que el Estado corrija en forma definitiva las prácticas que perjudican a los usuarios en el sistema privado de salud en el Perú. 

El negocio privado de la salud en el Perú está en constante crecimiento. Actualmente existen veinte aseguradoras, cuatro Empresas Prestadoras de Servicios de Salud  (Rimac, Mapfre, Sanitas y Pacífico) y más de 11.000 clínicas, consultorios privados y centros odontológicos que ofrecen atención médica. Sin embargo, desde que se abrió el mercado de la salud en 1997, hace 23 años, no existió un organismo público que supervisara la calidad de la atención prestada. Recién desde el 2013, los pacientes cuentan con una entidad encargada de resolver reclamos y denuncias por abusos o negligencias médicas cometidas en el sector privado: la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud).

Antes de ese año, las personas afectadas por un mal servicio solo podían recurrir -al margen de iniciar una larga demanda en el Poder Judicial- al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Entre el 2010 y junio del 2020, esta entidad sancionó a 313 establecimientos de salud privados del país con multas y medidas correctivas por sus malas prácticas. Sin embargo, el Indecopi no actuó como supervisor de la calidad de los servicios de salud privados, sino como árbitro a pedido de los pacientes afectados. A su comisión de protección al consumidor llegaron denuncias por cobros indebidos, malos tratos administrativos y demandas contra establecimientos que causaron daños irreversibles en la salud de sus pacientes.

Pese a ser la entidad pública encargada de proteger los derechos de los usuarios en los servicios de atención médica, la labor de SuSalud ha sido limitada, como se ha evidenciado en la crisis por la pandemia. En los últimos días varios medios reportaron denuncias de pacientes COVID-19 atendidos en clínicas que les exigieron pagos de entre 100.000 y 700.000 soles por todos los servicios prestados. En esos casos, SuSalud dijo que no pudo intervenir debido a que no está facultada como entidad evaluadora y reguladora de las tarifas de los servicios, sino solo como fiscalizadora de la calidad de la atención.

Después de varias semanas de quejas de decenas de usuarios, el presidente de la República, Martín Vizcarra, declaró ayer que si en un plazo de 48 horas las clínicas no integraban la mesa de negociación planteada por el Ministerio de Salud para establecer acuerdos sobre las tarifas cobradas a los pacientes COVID-19 se suprimirá sus derechos de propiedad. Esta medida está contemplada en el artículo 70 de la Constitución peruana y puede aplicarse por razones de seguridad nacional o de necesidad pública. 

El pronunciamiento del mandatario se produjo luego de que la  Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP) desconoció un acuerdo con el Seguro Integral de Salud (SIS) - el seguro a cargo del Estado- relacionado con las tarifas de atención a pacientes infectados con el nuevo coronavirus. Este acuerdo implicaba que el SIS cubriera la atención de sus asegurados derivados a cualquiera de las 65 clínicas afiliadas a esta asociación. 

Entrevistado por Salud con lupa, el abogado Mario Ríos, presidente de la organización civil Justicia en Salud, declaró que el Gobierno está tomando el camino más largo para resolver el problema con las clínicas. Si el Estado pretende expropiar las clínicas, tendría que establecer el precio de estos servicios de salud, hacer modificaciones legales y presupuestales que incluye una indemnización a estas empresas. “Todo esto demora y ya sabemos cuáles son los tiempos del Estado”, explicó.

“En un contexto de enorme urgencia como el actual, la expropiación podría no ser la mejor ruta para el Gobierno porque lograr la aprobación de una ley en el Congreso puede tomar semanas o incluso meses”, dijo el abogado Álvaro Másquez Salvador, del Instituto de Defensa Legal. Esto no permitiría atender de inmediato las necesidades de los miles de afectados por el nuevo coronavirus. 

La ruta más corta para resolver este problema implica que el Gobierno emita un decreto supremo que establezca un tarifario del costo de los servicios en las clínicas, es decir que se aplique el artículo 82 de la Ley General de Salud. Según Masquez, en un contexto de pandemia como el que vivimos, el Ministerio de Salud puede disponer de todos los recursos médico-asistenciales tanto del sector público como del privado. “Su aplicación hoy es válida”, apuntó.

El cambio de postura del Gobierno

El 23 de abril, el ministro de Salud, Víctor Zamora, declaró en una conferencia de prensa que “todo paciente con coronavirus en el Perú puede atenderse indistintamente en un establecimiento de salud público o privado gracias al intercambio prestacional aprobado en el Decreto Legislativo 1466”. Sin embargo, esto nunca se cumplió.

Según esta norma, las atenciones en los servicios de salud a las personas contagiadas o con riesgo de contagio de COVID-19 serían excepcionalmente cubiertas por las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) que incluyen al SIS, EsSalud y las EPS, como Pacífico Seguros, Rimac y Mapfre. 

A pesar de esto, en las últimas semanas decenas de personas empezaron a denunciar en diversos medios que las clínicas les cobraban entre 8.000 y 10.000 soles diarios por atender a pacientes COVID-19. Los costos eran asumidos por las familias de los afectados y no por el Estado. 

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Carlos Acosta Saal, Superintendente Nacional de Salud. Foto: Andina

Un mes después, el 23 de junio, la Plataforma Ciudadana para la Formulación en Políticas Públicas en Salud y Derechos Humanos publicó una carta dirigida al Superintendente Nacional de Salud, Carlos Acosta Saal, en la que expresó la preocupación de 661 pacientes por los cobros abusivos que estaban realizando las clínicas en medio de la pandemia. “Los dramas familiares difundidos ampliamente en los medios de comunicación aluden no solo a economías familiares arruinadas, sino también al incremento de sufrimiento, angustia e incertidumbre en la gente”, se lee en la carta.

Ayer, el ministro Víctor Zamora se vio obligado a pronunciarse y lo hizo a través de su cuenta de Twitter. "Nos indigna profundamente el afán de lucro en medio de una pandemia que enluta a nuestros compatriotas. Dejen de sacar cuentas y ver su margen de ganancia, y dediquémonos a salvar vidas; invitamos a las clínicas a volver a la mesa de diálogo". En respuesta, Carlos Joo Luck, vocero de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú, declaró: “si va a haber una imposición [del Estado], no tiene sentido ninguna negociación”. 

Razones que dificultaron una negociación

Salud con lupa encuentra dos razones que complicaron las negociaciones entre el Estado y las clínicas para reducir las tarifas de sus servicios en beneficio de los usuarios. En primer lugar, no hay una entidad pública que regule las tarifas de las clínicas. La Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) solo puede fiscalizar las acciones de las clínicas, pero no interviene ni siquiera como veedora en el establecimiento de los tarifarios. 

Actualmente, las clínicas establecen sus tarifas de manera discrecional, según la categorización que tiene su establecimiento. Hasta el 2012, había una negociación entre la Asociación de Clínicas Particulares del Perú y la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, debido a que la principal fuente de ingresos de las clínicas era precisamente los contratos con las aseguradoras, que les pagaban 1.250 millones de soles anuales por los servicios que prestaban a sus afiliados. Sin embargo, ahora ya muchas no tienen que hacer esa negociación porque varias clínicas y empresas de seguros pertenecen al mismo grupo empresarial, es decir, son parte de un mismo dueño. 

Desde el 2011, la cadena de atención del sistema privado de salud empezó a concentrarse en grandes grupos empresariales como Credicorp y Breca, propietarias de las aseguradoras Pacífico Seguros y Rimac Seguros, respectivamente. Estas corporaciones compraron aseguradoras, clínicas, laboratorios y centros diagnósticos que les han permitido tomar el control de gran parte del sistema privado de salud en el Perú. Muchas veces, en perjuicio de los pacientes, como se evidencia ahora en la pandemia. 

En una entrevista para el diario Gestión, el vocero de la Asociación de Clínicas Particulares, Carlos Joo, dijo que sus asociadas (un total de 65 clínicas) habían incrementado sus precios de atención debido al mayor riesgo que suponen los pacientes COVID-19. Pasaron de cobrar 3.500 soles por una cama UCI a 8.000 soles. Según explicó Joo, esto se dio porque a diferencia de los hospitales, a ellos el Estado no les brinda ningún recurso. “En el sector privado el Estado no nos da nada, nosotros corremos con todo el riesgo, gestionamos nuestro riesgo”, dijo. 

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En segundo lugar, durante varios años, el Estado le ha dado a las clínicas la libertad para establecer sus tarifas y las prestaciones que dan al Seguro Integral de Salud se han convertido en uno de sus principales ingresos. El problema está, dice el abogado Mario Ríos, en que los servicios de salud privados inflan el precio de todas sus prestaciones cobradas al Estado. “Están haciendo lo mismo que hacían con los medicamentos. Es decir, ofrecer descuentos por afiliación a sus programas para fármacos, cuyos precios han sido inflados previamente con el objetivo de que el paciente crea que está pagando menos por ellos. Y eso ocurre porque las clínicas no tienen ninguna regulación clara”, insiste.

Se sabe que desde el 28 de noviembre del 2019, el Gobierno decretó que todo peruano sin seguro médico sería incluido en el sistema de atención pública, es decir, en el Seguro Integral de Salud. Evidentemente, la población por atender se incrementó y los hospitales y centros de salud públicos no pueden recibirlos a todos. Esta situación generó que el SIS recurriera con mayor frecuencia a la modalidad de tercerización de servicios de atención médica con las clínicas. Es decir, el SIS le pagaría a las clínicas por atender a sus asegurados.

El martes 23 de junio, el SIS informó que ya había llegado a un acuerdo con las clínicas y mixtas para la atención de los casos de COVID-19. Según este acuerdo, se pagaría 3.320 soles diarios por cama UCI en clínicas de nivel II y 3.539 soles en las de nivel III, como lo mostramos en el cuadro adjunto a esta nota. Mientras que por día de hospitalización, el SIS tendría que pagar 757,39 soles y  759,66 soles, respectivamente. Pero pocas horas después, la asociación de clínicas rompió nuevamente el acuerdo. 

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Tras el ultimátum del presidente de la República, las clínicas volvieron anoche a la mesa de negociación con el Gobierno para fijar las tarifas que cobrarán por la atención a los pacientes con COVID-19 que derive el Estado. El monto fijado es de 55.000 soles más IGV por un periodo indeterminado de días de atención que puede ir desde uno hasta más de 30 días. Aún ha quedado pendiente negociar el pago de las deudas de las atenciones dadas a los pacientes del SIS en los servicios privados.

El presidente del Acuerdo Nacional, el psiquiatra Max Hernández, actuó como mediador del acuerdo e informó las conclusiones al filo de la medianoche. En la reunión con las clínicas estuvieron presentes los ministros de Salud y Economía, así como el arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo.

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