Desde que el profesor de primaria Ismael Tserem llegó a la comunidad Nueva Luz, la vida de Milagros*, una estudiante de 14 años, se volvió insegura porque nunca más pudo caminar tranquila en este pueblo amazónico del distrito de Río Santiago, en la provincia Condorcanqui. Tserem dictaba clases en una escuela cercana a donde ella estudiaba y, cada vez que se la cruzaba, solía perseguirla y acosarla sexualmente. Milagros estaba asustada y se mantuvo callada por varios meses. Sin embargo, una noche de setiembre de 2021, el maestro de la escuela N° 16739 ingresó a escondidas a su casa y la ultrajó.
“El profesor me molestaba siempre y un día llegó a los hechos”, le dijo Milagros a las autoridades de la Unidad de Gestión Educativa Local Intercultural Bilingüe de Condorcanqui cuando la interrogaron en su colegio, según consta en el informe con el que se le abrió una investigación administrativa por abuso sexual al profesor Tserem. Esto se hizo en agosto de 2022, casi un año después de ocurrido el abuso. Luego, el caso pasó a manos de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes y fue derivado al Ministerio Público. En ambas instancias, la investigación sigue abierta.
Sin embargo, el profesor Tserem no ha sido alejado de las aulas pese a que la Ley de Reforma Magisterial señala que cualquier docente acusado de faltas o delitos graves contra la integridad de los estudiantes tiene que ser separado de su cargo como medida preventiva para que no esté en contacto con niños, niñas y adolescentes mientras siguen las investigaciones. La UGEL de Condorcanqui lo trasladó como docente de primaria al colegio N° 16787 del centro poblado Muchinguis, también ubicado en el distrito de Río Santiago, donde reciben clases 100 estudiantes.
Este caso refleja un sistema roto. Un sistema donde todas las instancias responsables del Ministerio de Educación -directores de colegios, Unidades de Gestión Educativa Local, Comisiones Investigadoras y de Ética Pública- no garantizan la idoneidad de los docentes a cargo de millones de niños de las escuelas públicas del país. En esta investigación periodística, Salud con lupa muestra indicios de que en realidad este sistema permite encubrir los casos, ya que los docentes acusados de graves delitos solo son rotados de colegios en un claro incumplimiento de la ley.
Desde el 2012, la UGEL de Condorcanqui registra 457 docentes acusados de haber cometido violación u hostigamiento sexual, pero solo 21 fueron destituidos de los colegios; es decir, han sido inhabilitados para volver a ejercer la docencia, según información que revisamos en la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). Sin embargo, otros 135 casos prescribieron, se dejó pasar el tiempo legal para la investigación, según ha confirmado José Martínez, presidente de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes. Por eso, varios siguen dictando clases en colegios de Río Santiago y El Cenepa, como lo hemos verificado en 11 casos.
Como no existe ningún mecanismo de transparencia abierta para conocer cómo se han resuelto las denuncias contra profesores de la educación básica regular en el Perú, solicitamos mediante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública los contratos de 35 profesores actualmente investigados en Condorcanqui por hostigamiento y abuso sexual para verificar si continuaban o no trabajando en escuelas pese a sus procesos. La UGEL Condorcanqui respondió que 24 ya no laboran en colegios, pero 11 sí estaban en las aulas, cinco de los cuales aún tienen indagaciones en curso y seis lograron que se archiven sus denuncias.
En el cuadro adjunto señalamos las escuelas donde actualmente se encuentran trabajando y los delitos por los que fueron acusados.
Un incendio que eliminó 600 expedientes
En el proceso de nuestras peticiones de información pública, conocimos un hecho bastante grave sobre los expedientes que contienen las denuncias contra los profesores en esta provincia amazónica. La UGEL Condorcanqui señaló que un incendio ocurrido en junio de 2022 en sus instalaciones destruyó los legajos de 24 maestros que tenían investigaciones por delitos sexuales en curso y habían sido separados temporalmente de sus cargos, lo que implica que las denuncias en su contra desaparecieron y tendrían que volver a iniciarse. Se sospecha que el fuego fue provocado ya que, además de pérdidas en la estructura de la institución, se quemaron alrededor de 600 expedientes abiertos contra docentes.
En el año 2018, el Ministerio de Educación se comprometió a instalar comisiones multisectoriales con abogados y especialistas en las Unidades de Gestión Educativa Local del país para que ayudaran a acelerar la resolución de los procesos de profesores con graves acusaciones e hicieran un seguimiento de sus casos en la Fiscalía. Cinco años después, comprobamos que poco o nada se ha avanzado.
Según Norma Zegarra, directora de la UGEL de Condorcanqui, la investigación en contra del profesor Tserem no avanza por falta de presupuesto y personal para realizar las diligencias preliminares. “Se necesita viajar por más de seis horas a las comunidades lejanas donde viven el docente y la menor de edad para recoger sus testimonios”, señala. Este es uno de los principales motivos por los que prescriben varios de los casos en los que ni siquiera se llega a tomar las declaraciones de los implicados. Y como si no estuviera vigente la Ley de Reforma Magisterial, Zegarra dijo que “no tenía ningún impedimento legal” para haber contratado al profesor Tserem en otra escuela.
Otro grave problema que conocimos es la demora de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes en reportar los casos de los profesores al Ministerio Público. Por ejemplo, de cinco docentes con procesos disciplinarios abiertos que actualmente enseñan en escuelas de Condorcanqui, solo dos enfrentan denuncias en la Fiscalía. El actual presidente de la comisión, José Martínez, dice que desconoce los motivos por los que sus antecesores no han cumplido con derivar estas denuncias.
Un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas ya advertía en el 2015 que quienes sufren más hostigamiento y abuso sexual por parte de profesores de Condorcanqui son estudiantes entre 14 y 17 años de edad. En esta investigación, la antropóloga Jeanine Anderson señala que las autoridades encubren a los docentes acusados de violación por la dificultad de conseguir reemplazos para las escuelas en esta distante provincia amazónica del país.
Si la ley se aplicara, los profesores responsables de agresiones y abuso sexual contra estudiantes serían destituidos de sus cargos y no podrían ejercer la docencia en el país. “No deben volver a laborar como docentes, pero sí pueden reinsertarse en empleos donde no tengan contacto con alumnos”, explica José Ordinola, responsable de la Adjuntía para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo.
Investigaciones que no son resueltas
José Chumpik es un profesor de 33 años que fue denunciado por hostigar sexualmente a Mariana*, una estudiante de 16 años que cursaba el quinto año de secundaria en el colegio Chapiza, en el distrito de Río Santiago. En agosto de 2022, Chumpik fue sometido a un proceso administrativo disciplinario, pero a pesar de ello no fue alejado de las aulas. La UGEL de Condorcanqui solo lo rotó de escuela porque ahora dicta clases de desarrollo personal y ciudadanía en el colegio Moisés Moreno Romero, del distrito vecino de El Cenepa.
Por las continuas contrataciones de profesores con denuncias de acoso y abuso sexual, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis pidió en febrero la intervención de la Defensoría del Pueblo, ya que se corría el riesgo de que 35 docentes con estas acusaciones fueran contratados en las escuelas de Condorcanqui. Sin embargo, esta vez los comisionados de la Defensoría respondieron que no podían monitorear el proceso de contratación debido a que una directiva interna se los impedía. Así, al mes siguiente, al menos 11 profesores con denuncias por delitos sexuales fueron contratados.
“Los docentes deben ser separados de los colegios desde que se registra la queja o denuncia conforme al protocolo del Ministerio de Educación. Lamentablemente, muchos directores de las Ugeles solo los cambian de escuelas”, señala la abogada Dania Pariona, del área de Niñez y Juventud de la asociación Chirapaq, que vigila los derechos de poblaciones indígenas en el país.
El daño físico y mental a los menores
Los estudiantes que han sido víctimas de hostigamiento sexual o violación pueden sufrir trastornos de ansiedad severos, síndromes depresivos y estrés postraumático. Además, como sus abusadores fueron docentes, pueden tener rechazo a continuar en la escuela, explica el psicólogo Juan Caycho, especializado en la atención en salud mental a menores de edad.
“El colegio se vuelve un recordatorio constante de los hechos de violencia sexual y deja de ser un ambiente seguro y propicio para el aprendizaje”, añade. Por eso, es muy importante que las víctimas reciban apoyo psicológico para sobrellevar el trauma.
Las cifras del portal SíseVe del Ministerio de Educación reportan 6,466 denuncias contra el personal educativo por violencia sexual a estudiantes del nivel primaria y secundaria en los colegios del país, entre el 2013 a mayo de 2023. Las cifras que registra la plataforma virtual podrían ser mayores si tomamos en cuenta que no se recogen todas las denuncias por la falta de conexión a Internet en las zonas rurales.
Los directores de colegios están obligados a comunicar a las Unidades de Gestión Educativa Local los casos de violencia sexual cometidos por docentes en un plazo de 24 horas de recibida la denuncia, según las normas vigentes. Sin embargo, no lo hacen de forma oportuna en todos los casos. La Defensoría del Pueblo ya ha advertido que pocas UGEL del país derivan los casos a la Fiscalía. “La inacción apaña voluntaria o involuntariamente el comportamiento ilícito de los profesores”, señaló en un informe.
*Se mantienen en reserva los nombres de las estudiantes.
Así supimos qué profesores investigados por violencia sexual siguen en las aulas
En Salud con lupa nos respaldamos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para acceder a los contratos y el estado de las investigaciones de 35 docentes denunciados por violar y hostigar sexualmente a estudiantes en Condorcanqui, Amazonas.
¿A quién se los solicitamos?
- A la Unidad de Gestión Educativa (UGEL) de Condorcanqui.
¿Qué encontramos?
- Cinco profesores debieron ser separados de las aulas mientras se resuelven sus investigaciones; sin embargo, fueron contratados este año.
- Otros seis docentes también están dictando clases, sus casos prescribieron ante la falta de personal administrativo que investigue sus casos.
- Los 24 profesores restantes tienen investigaciones en curso, pero este año no están dictando en Condorcanqui.
¿Por qué es importante?
- De acuerdo a la Ley de Reforma Magisterial, los docentes acusados por faltas o delitos graves contra la integridad de los estudiantes, como violación y hostigamiento sexual, tienen que ser separados de sus cargos como medida preventiva mientras duran las investigaciones, lejos del contacto con los niños y adolescentes.
- Cuando los docentes no son sancionados y continúan dictando clases se fomenta un ambiente de impunidad y el riesgo de que otros estudiantes también sean víctimas.
El proceso de nuestra solicitud
- Solicitamos a la UGEL de Condorcanqui los contratos de 35 profesores denunciados por abuso sexual para conocer en qué colegios están dictando clases y el estado de sus investigaciones.
- Solo nos entregó contratos de 11 de ellos, que actualmente están dictando clases. Cinco profesores tienen investigaciones en curso y seis tienen casos prescritos.
- Los 24 docentes restantes tienen investigaciones en curso, pero no laboran en Condorcanqui. Al pedir sus contratos de años anteriores, la UGEL nos dijo que no los tenía porque se quemaron en un incendio.
