El jueves 5 de junio, la Comisión Nacional Permanente de Lucha Antitabáquica (COLAT) envió una carta al ministro de Salud, César Vásquez, expresando su rechazo a la posible participación del sector privado y de asociaciones con conflictos de interés en la elaboración del reglamento sobre cigarrillos electrónicos.
En la carta, COLAT solicita que se anule el artículo 6 de la Resolución Ministerial N.º 307, publicada el 5 de mayo de este año. Esta norma oficializa la creación de un grupo de trabajo multisectorial —que incluye a distintos ministerios— encargado de redactar el reglamento de la nueva Ley de Tabaco y Nicotina.
El artículo cuestionado abre la posibilidad de que organizaciones del sector privado y de la sociedad civil sean convocadas para dar opiniones o brindar asesoría. COLAT advierte que esta disposición permite la interferencia directa de la industria tabacalera en un proceso que debería estar libre de influencias comerciales, por tratarse de una norma de salud pública.
La nueva ley, aprobada el 12 de noviembre de 2024, aún debe ser reglamentada para establecer límites claros al uso y comercialización de cigarrillos electrónicos. Entre los avances más destacados, la norma prohíbe la venta de estos productos a menores de edad y obliga a incluir advertencias sanitarias visibles en sus empaques.
Sin embargo, la regulación actual dejó fuera medidas clave que figuraban en la propuesta original del Congreso. Por ejemplo, se eliminó la prohibición de vender cigarrillos electrónicos saborizados —como menta, chocolate o algodón de azúcar—, pese a que estos sabores resultan especialmente atractivos para adolescentes y jóvenes.
La preocupación de la COLAT se centra ahora en el artículo 6 de la Resolución Ministerial N.º 307, emitida por el Ministerio de Salud. Esta disposición permite que organizaciones del sector privado y de la sociedad civil participen como consultoras en la elaboración del reglamento. Según COLAT, esto abre la puerta a la interferencia de la industria tabacalera, en contra de lo establecido en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco —al que el Perú está suscrito—, que exige proteger las políticas de salud pública de intereses comerciales.
Además, esta medida también contradice el artículo 16 de la propia ley peruana, que prohíbe expresamente la participación de la industria tabacalera en el diseño y aplicación de políticas de control del tabaco.
“Esta prohibición debe extenderse, de manera coherente, a sus representantes, gremios empresariales y asociaciones vinculadas a la promoción o comercialización de productos de tabaco y nicotina”, expresó COLAT en la carta dirigida al Minsa. En esa línea, exigen filtros claros y estrictos para evitar que actores con intereses económicos influyan en decisiones que afectan directamente la salud pública.
La interferencia de la industria ha sido, a nivel global, una de las principales barreras para aprobar regulaciones eficaces en el control del tabaco y la nicotina. En el Perú, ese patrón se repite. La Asociación Peruana de Vapeadores (ASOVAPE) ya intentó influir en el proceso legislativo: durante el debate de la Ley de Tabaco y Nicotina, envió varios oficios al Congreso solicitando que se eliminen medidas clave como la prohibición de sabores y el empaquetado neutro.
Hoy, busca incidir también en la reglamentación. “Queremos aportar desde la experiencia real de usuarios que han encontrado en el vapeo una herramienta efectiva para dejar el cigarrillo”, ha declarado Jorge Palma, presidente y único vocero de ASOVAPE, en distintos medios. Pero como advierte Flavia Radovic, presidenta de la COLAT, esa narrativa omite un dato clave: los fundadores de ASOVAPE también son dueños de tiendas de vapeadores, por lo que tienen un interés económico directo que no es explicitado de forma transparente.
Además, ASOVAPE forma parte de una red de organizaciones vinculadas a la Fundación para un Mundo Libre de Humo (FSFW), financiada por la tabacalera Philip Morris, lo que refuerza las preocupaciones sobre conflictos de interés.
El grupo de trabajo multisectorial —encargado de redactar el reglamento de la nueva ley— tiene un plazo de 120 días para presentar su propuesta al ministro de Salud. La actitud que asuma el Ministerio de Salud en este proceso será determinante para demostrar si está realmente comprometido con una regulación sólida, transparente y libre de presiones externas. Como ha advertido COLAT, las políticas de salud pública no pueden negociarse con quienes lucran poniendo en riesgo la vida de las personas, especialmente la de adolescentes y jóvenes.
