La Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia del Indecopi inició un procedimiento administrativo sancionador a 15 empresas y 5 directores ejecutivos tras hallar indicios razonables de su participación en prácticas colusorias durante 23 procesos de compras públicas de medicamentos esenciales entre diciembre de 2006 y febrero de 2020 por un valor de 6 mil millones de soles. Varias de las prácticas se centran en la coordinación de propuestas, abstenciones de presentación a las convocatorias de adquisiciones y acuerdos para distribuirse medicamentos en las subastas inversas convocadas por el Ministerio de Salud y EsSalud.
En el grupo de empresas investigadas hay 12 que continúan siendo proveedoras del Estado, como constatamos en el sistema oficial de contrataciones y adquisiciones públicas. Por ejemplo, allí está Distribuidora Droguería Sagitario S.R.L., que tiene dos multas impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado por más de 99 mil soles y cinco penalidades por más de 2 mil soles por incumplimientos en sus contratos. El actual gerente general es Luis Alberto Pasache Espinoza.
En 2020, Distribuidora Droguería Sagitario S.R.L. ganó compras públicas del Estado de hidroxicloroquina (S/ 9,035,694) e ivermectina (S/ 8,345,275) aún cuando ya se conocían varios estudios clínicos que advertían que estos medicamentos no servían como terapias para la Covid-19. Esta empresa es aún proveedora del sector salud y solo en lo que va del año registra más de 6 millones de soles de adjudicaciones en compras públicas.
En la lista de empresas investigadas por Indecopi aparece también el Instituto Quimioterápico S.A. que acumula seis penalidades por más de 90 mil soles. Actualmente, sigue siendo proveedora del Estado y en lo que va del año ha ganado más de 21 millones de soles en contrataciones públicas de medicamentos.
Las farmacéuticas B Braun Medical Perú S.A., Instituto Quimioterápico S.A., Perulab S.A., Jobal Pharma E.I.R.L., Laboratorios AC Farma S.A., Distribuidora Droguería Sagitario S.R.L., Laboratorios Americanos S.A., Laboratorios Lansier S.A.C., Laboratorios Portugal S.R.L., Laboratorios Unidos S.A., Medifarma S.A. y Pereda Distribuidores S.R.L. están investigadas y también siguen siendo proveedoras del Estado.
En el procedimiento administrativo sancionador están incluidos también los ejecutivos de farmacéuticas Angélica Palomares Loazya, Juan Apéstegui Castro, exgerente general de Medifarma, Jose Mongilardi Fuchs, gerente de Laboratorios Americanos, Charles Mac Dowall Talavera, socio de Laboratorios Portugal, y Esther Llanos Torres. Todos están siendo investigados por su presunta participación en la planificación y ejecución de conductas anticompetitivas.
Según los registros públicos, Juan Apestegui Castro fue gerente general de Medifarma S.A. desde agosto de 2020 hasta mayo de 2023. Esta empresa registra una multa del Tribunal de Contrataciones del Estado por 4,950 soles y 16 penalidades por más de 18 mil soles. Sin embargo, no está impedida para contratar con el Estado y en lo que va del año ha ganado más de 27 millones de soles en contratos públicos.
John Charles Mac Dowall Talavera figura en registros públicos como socio de Laboratorios Portugal S.R.L. desde diciembre de 2009, cuando el propietario José Alejandro Portugal Ricketts le transfirió 418,938 participaciones valoradas en 120 mil soles. La empresa es proveedora del Estado y este año registra más de 4 millones de soles adjudicados para compras de medicamentos. Su último contrato fue con el Gobierno Regional de Cajamarca el último 28 de junio.
En la Sunat, Jose Mongilardi Fuchs figura como gerente de Laboratorios Americanos S.A. desde agosto de 2004 hasta la actualidad. La empresa es proveedora del Estado y ha ganado más de 29 millones de soles en contratos con el Estado en lo que va de 2024.
Las indagaciones
Las prácticas colusorias se habrían ejecutado a través de una serie de comunicaciones entre las empresas involucradas, así como en negociaciones que estarían plasmadas en correos electrónicos, archivos de diversa índole y conversaciones telefónicas y chats de aplicaciones de mensajería, según las indagaciones del Indecopi. En este proceso, se habrían empleado seudónimos y lenguaje críptico para no dejar rastro de la infracción.
Esta evidencia fue recogida en documentos y testimonios que tiene la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia del Indecopi, así como en reportes económicos vinculados con las propuestas, características y resultados de los procesos de las compras públicas en investigación.
Las prácticas colusorias habrían distorsionado las condiciones y los precios con los que se adjudicaron medicamentos para los servicios de salud del Estado y el seguro social. Entre las medicinas afectadas figuran antibióticos como amoxicilina y azitromicina que se usan para el tratamiento de diversas infecciones, oncológicos como el metotrexato usado para terapias de leucemias agudas, cáncer de mama, cabeza y cuello. Asimismo, están incluidos suplementos para reducir la anemia como el sulfato ferroso.
Tras el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, las empresas farmacéuticas y ejecutivos investigados tienen un plazo de 30 días para presentar sus descargos.
Hasta el cierre de edición, la Asociación Nacional de Industrias Farmacéuticas, Sanitarias, de Suplementos Alimenticios y Dispositivos Médicos (ADIFAN), que tiene entre sus asociados a varias de las empresas investigadas por el Indecopi, no emitió un pronunciamiento al respecto.
Sin embargo, quien se pronunció fue el ministro de Salud, César Vásquez, quien publicó la investigación del Indecopi con un mensaje en su cuenta personal de X en el que hizo referencia a que “estos poderes oscuros son los que están detrás de campañas negras en contra de nuestra gestión”. Vasquez añadió: “Les interesa instaurar la idea del desabastecimiento de medicamentos para obligarnos a hacer compras innecesarias a los precios que ellos acuerdan ¡Alto a la mafia de las grandes cadenas de farmacias!
De ser halladas las 15 empresas responsables de las infracciones, la ley de Represión de Conductas Anticompetitivas contempla multas desde los dos millones de soles hasta los cinco millones de soles. En caso de que se establecieran infracciones muy graves, la sanción económica podría superar los montos establecidos.
Estas multas alcanzarían a las empresas y también sus representantes legales, según el criterio de la Comisión del Indecopi a cargo.
