Este 15 de enero se cumplen dos años desde que 11,900 barriles de petróleo crudo de la Refinería La Pampilla, administrada por la transnacional española Repsol, fueron derramados en el mar de Ventanilla (Callao). La falta de una pronta respuesta para controlar el derrame ocasionó la contaminación de 15 mil hectáreas costeras y marinas, la muerte de 1,852 animales silvestres y paralizó las actividades económicas de cerca de 10 mil familias que dependían del mar para subsistir.
Desde entonces, las familias de pescadores artesanales no han vuelto a pescar, por lo que cada mes dejan de percibir ingresos de S/ 11,902, según el estudio “Valorización económica de la pérdida para las familias pescadoras afectadas por el derrame de Repsol en la costa de Perú” elaborado por CooperAcción con apoyo de Oxfam en Perú. Esto representa una pérdida anual de S/ 149,714 por familia.
Para realizar el estudio, la economista Kely Alfaro encuestó entre noviembre y diciembre de 2022 a 374 jefes de hogar -284 hombres y 90 mujeres- que pertenecen a 17 asociaciones de pescadores. Ellos trabajan como pescadores, pinteros, armadores, comerciantes, entre otros roles vinculados a la pesca, tal como se observa en el siguiente cuadro:
En total estos hogares están conformados por 1,424 personas -en su mayoría adultos de entre 30 y 44 años de edad-. De este grupo, el 53% ha estado enfermo o ha tenido malestares en los últimos 12 meses. Algunos han reportado sentirse deprimidos.
Los pescadores y las pescadoras involucran en sus trabajos a sus hijos e hijas, en diferentes actividades como la reparación de redes dañadas, la pesca y la venta. No obstante, temen que estas relaciones de aprendizaje no continúen. “Si dejamos de pescar durante 5 o 10 años, yo no enseño a pescar a mis hijos y se pierde esa costumbre”, dice el presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales del distrito de Aucallama, Luis Díaz.
La economista Alfaro calculó la pérdida de ingresos, tomando como referencia la cantidad de peces que capturan al mes y su precio de venta estimado por el Ministerio de la Producción (Produce) a enero de 2022. Luego, añadió el monto perdido por la depreciación de los materiales que usan para pescar.
Durante el estudio encontró que en total las familias afectadas por el derrame de petróleo pescaban 31 especies de peces, casi el doble de lo reportado por Repsol en la mesa de diálogo con las asociaciones de pescadores entre marzo y abril de 2023. Entre las especies que más pescaban se encuentran la lorna, la chita, el pejerrey, el lenguado y la corvina.
“Estamos viendo que una generación de especies se ha muerto, no sabemos si al final de todo esto va a ser como antes del ecocidio”, añade Luis Díaz.
Compensaciones injustas
Repsol asegura haber compensado económicamente al 98% de los pescadores afectados, pero lo ha hecho mediante acuerdos extrajudiciales. Estos pagos únicos, que oscilan entre los S/ 50 mil y S/ 70 mil, no obstante, representan aproximadamente la cuarta parte de lo que deberían recibir las familias afectadas, según el estudio de CooperAcción.
La firma de los acuerdos ha sido calificada de injusta por la Defensoría del Pueblo porque se dio en un contexto de alta necesidad de las familias al quedarse sin su principal fuente de ingreso. Además, de acuerdo con una publicación de IDL-Reporteros, los contratos establecen que los beneficiarios no pueden reclamar ni demandar a la empresa por los daños ocasionados y que, ante cualquier investigación, colaborarán para resolver el tema lo más pronto posible.
“No es posible que pasado dos años no haya información sobre las consecuencias y el tiempo para la recuperación del mar que permita a los pescadores volver a su trabajo. Tampoco es posible que los pescadores no puedan recibir una compensación justa. Esta práctica contraviene los estándares internacionales en materia de empresas y derechos humanos”, dice Miguel Levano, coordinador de Programas y Alianzas en Oxfam en Perú.
Daños sin remediar
Tras el derrame de crudo fueron afectadas más de 15 mil hectáreas a lo largo del litoral de Lima y Callao que incluyen 30 playas, el Área de Conservación Regional los Humedales de Ventanilla, y dos áreas naturales protegidas: la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, y la Zona Reservada Ancón. En estas zonas viven diferentes especies de animales silvestres, algunas clasificadas en peligro, como el pelícano peruano, la chuita y el pingüino de Humboldt.
No obstante, el mar continúa contaminado y al menos 25 playas no están aptas para ser usadas.
Repsol ha presentado al Ministerio de Energía y Minas (Minem) 18 planes de remediación, pero han sido observados por no cumplir con los criterios técnicos solicitados. De ellos, 9 fueron subsanados, pero aún no hay ningún plan aprobado para la rehabilitación de las zonas afectadas por el crudo. “La postergación de la remediación sólo ahonda aún más la crisis social y ambiental en la zona afectada. Recordemos que los pescadores afectados llevan dos años sin poder trabajar y la sensación de incertidumbre general que se ha instalado está generando impactos en la salud emocional de las familias afectadas”, señala Alejandro Chirinos, coordinador del Programa Gobernanza Marino Costera de CooperAcción.
Como consecuencia del gran desastre ambiental también fallecieron 1,852 animales silvestres. Por eso, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) multó con S/ 6.8 millones a Repsol, monto que ha sido pagado por la compañía española. Esta es la primera sanción a una empresa petrolera por daños ocasionados a la fauna en Perú, explica Luis Zari, especialista legal del Programa de Bosques de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
Actualmente, 8 pingüinos de Humboldt, una especie endémica de Perú y Chile en peligro de extinción, no podrán regresar a sus hábitats porque los daños a su salud son severos y tienen enfermedades infecciosas adquiridas por el contacto con el petróleo. El Serfor evalúa nuevamente sus casos para determinar si sanciona a Repsol por actuar con crueldad al haberlos perjudicado.
En tanto, la firma de abogados Pogust Goodhead, con sede en Reino Unido, demandó el pasado miércoles a Repsol ante la corte distrital de La Haya en los Países Bajos por la pérdida de miles de puestos de trabajo como consecuencia del derrame de crudo en el mar peruano. La demanda colectiva la realizó en nombre de la Fundación Neerlandesa de Derechos Ambientales y Fundamentales y reúne a más de 34 mil personas afectadas de los distritos de Ancón, Aucallama, Chancay, Huacho, Santa Rosa y Ventanilla, quienes reclaman 1,272 millones de dólares. En junio, la corte determinará si la demanda procede.
