La noche del jueves 7 de abril, aplausos y vivas se escucharon en el hemiciclo del Congreso. Con 78 votos a favor, la ley de tenencia compartida había quedado aprobada y exonerada de una segunda votación. Al parecer, los promotores de esta iniciativa están convencidos de haber hecho lo correcto.
—Recojo las experiencias de muchos padres que buscan una salida en esta ley. La tenencia compartida significa equidad— dijo el congresista Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular, un partido que sucesivamente se ha opuesto a proyectos a favor de la igualdad de género.
Como su nombre lo indica, la ley de tenencia compartida apunta a que, tras una separación, el padre y la madre puedan pasar la misma cantidad de tiempo con sus hijos y tengan los mismos derechos sobre su crianza. Para ello, establece que los jueces deben priorizar esta opción. La tenencia exclusiva —cuando solo uno de los padres se hace cargo de los hijos y el otro accede a un régimen de visitas— pasaría a ser la excepción y no la regla.
Que ambos padres puedan compartir la tenencia de sus hijos parecería lo ideal. Entonces, ¿cuál es el problema? Según alertan especialistas en cuidado de la infancia y organizaciones de mujeres, la norma impone este esquema sin revisar las circunstancias específicas de cada caso; por ejemplo, si uno de los padres ha sido acusado o sentenciado por maltratar a su expareja.
—No evaluar esa situación pone en riesgo físico y emocional a los hijos e hijas, porque la violencia impacta también en ellos. Si el padre ejerce violencia sobre la madre, eso se transfiere a los niños, que son las personas más vulnerables dentro de la familia —señala Yanet Niquen, especialista de Protección de Save the Children.
Una vez más: el problema no es la tenencia compartida en sí; lo que preocupa son los términos en los que se la pretende imponer.
—La tenencia compartida es una figura positiva en general, el Ministerio de la Mujer no se pronuncia en contra de la tenencia compartida. El tema está en pasar por encima de todas las consideraciones para instaurarla como una figura por defecto —explica Efraín Rodríguez, director general de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Esta entidad ha anunciado que observará la norma.
Si bien la ley aprobada por el Congreso permite que el juez cambie luego la tenencia compartida por una exclusiva, los especialistas alertan que la lentitud de nuestro sistema de justicia puede llevar a que los niños y adolescentes permanezcan mucho tiempo expuestos a conductas agresivas. Mientras se espera una resolución, los menores podrían ser usados para lastimar a la madre, un comportamiento que se conoce como violencia vicaria.
—Las agresiones se dan vía amenazas de quita de tenencia, acoso judicial, condicionamientos por pensión alimentaria, denuncias falsas sobre negligencia en cuidados, hostigamiento, entre otros —precisa el Frente de Lucha Materna en un pronunciamiento. Por ese motivo, explica, la ley de tenencia compartida solo generaría mayor daño y desgaste a aquellas mujeres que decidieron cortar vínculos de maltrato.
Estos puntos no fueron considerados por los congresistas de Fuerza Popular que propusieron la iniciativa, Alejandro Aguinaga y Patricia Juárez. Tampoco por la comisión de la Mujer que aprobó el dictamen. De hecho, la ley de tenencia compartida llegó al Pleno del Congreso sin tomar en cuenta ninguna opinión técnica.
Así, la autógrafa de la ley fue enviada al despacho presidencial este martes 26 de abril. El Ejecutivo tendrá hasta el 18 de mayo para observar la ley.
Sin sustento ni consulta
Los congresistas Juárez y Aguinaga presentaron sus proyectos de ley sobre tenencia compartida el 30 de diciembre y el 10 de enero, respectivamente. Se suponía que dos comisiones —Mujer y Justicia— pondrían la iniciativa a debate. Sin embargo, se decidió exonerar el dictamen de la comisión de Justicia. Todo quedó en manos de la comisión de la Mujer, liderada por la congresista de Perú Libre Elizabeth Medina.
A fines de febrero, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) envió a dicha comisión un informe con los motivos por los cuales se oponía a la propuesta. Pero no se hizo caso a esa opinión técnica, ni en la comisión ni en el Pleno.
—Bueno, ha habido varios ministros [del MIMP] y de distintas tendencias. Habría que ver quién hizo el informe. Pero al final es una opinión, ya depende de cada presidente de comisión si la toma o no —declaró María del Carmen Alva, la presidenta del Congreso, el día del debate en el hemiciclo.
Efectivamente, Elizabeth Medina no la tomó. Tampoco consideró la opinión de la Defensoría del Pueblo, cuyo informe llegó a la comisión el 5 de abril recomendando que la propuesta vuelva a debatirse pues no consideraba el interés superior de niños, niñas y adolescentes. El 8 de abril, el Poder Judicial envió un informe con el mismo mensaje: los vacíos en la ley de tenencia compartida pueden perjudicar a los menores.
Si esta ley se aprobó sin escuchar las opiniones de entidades públicas, ni de especialistas en temas de infancia y adolescencia, y menos de madres y cuidadoras, ¿en qué se basaron los congresistas para plantear la tenencia compartida automática?
De acuerdo a una investigación de Wayka, la propuesta procede de la Asociación Tenencia Compartida, cuyo presidente, Alex Jaramillo, ha sido denunciado por maltrato físico y psicológico, así como por lesiones contra la vida, el cuerpo y la salud. Fue Jaramillo quien impulsó la iniciativa en el Congreso, como prueban las distintas visitas que hizo desde setiembre de 2021 al despacho de al menos ocho parlamentarios. Entre ellos, los fujimoristas Alejandro Aguinaga y Patricia Juárez, quienes finalmente presentaron los proyectos de tenencia compartida.
De esa forma, una norma que involucra a madres, hijos y padres, solo recogió la opinión de estos últimos. Incluso de aquellos con antecedentes de violencia. Esto se hizo aún más evidente durante el debate en el Pleno del Congreso, cuando Patricia Juárez pidió agregar una disposición que beneficiaría a los acusados de agresión.
—En caso que uno de los padres sea investigado por un delito doloso o por violencia familiar, el juez a pedido de parte debe disponer de forma provisional la utilización de medios digitales para mantener el vínculo parental hasta que culmine el proceso de tenencia —fue el texto que propuso.
La congresista de Fuerza Popular resaltó el derecho de los niños a relacionarse con ambos padres. Pero lo cierto es que mantener contacto presencial o virtual con un papá que ha sido violento con ellos o con su mamá no es una medida que garantice su bienestar ni su integridad.
En peligro
—(Las visitas) eran la oportunidad en donde podía tener el mínimo contacto conmigo. Frente a mi hija me decía que yo era una prostituta.
—Él y su familia me han agredido en ese momento (las visitas). He recibido amenazas directas de muerte y de quitarme a mi hijo.
—Las agresiones eran frente a los niños: combos, patadas, cachetadas, me tiraba el pelo, me mordía, escupía, insultaba y gritaba.
—Tuvo orden de alejamiento que duró casi un año. Al entregarme a las niñas me amenazaba y acosaba sexualmente.
Estos testimonios fueron recogidos por dos psicólogas de la Universidad de Concepción (Chile) como parte de un estudio que buscaba conocer las percepciones de un grupo de madres respecto a sus experiencias de violencia vicaria. De las 239 mujeres encuestadas y las 10 entrevistadas, 66% reportó ser agredida por el padre de sus hijos cuando a él le tocaba visitarlos.
Además de las situaciones en las que el agresor aprovecha el encuentro con los hijos para lastimar a la madre, existen casos en que los mismos niños y adolescentes son blanco de la violencia. Esa también es una forma de hacer daño a la expareja.
En 2021, la Asociación de Mujeres de Psicología Feminista de Granada publicó un análisis de los casos más extremos de este tipo de violencia: 51 asesinatos de niños y niñas. Esta investigación encontró que en el 44% de los casos, los menores se encontraban conviviendo con el padre en el momento del crimen, ya sea porque estaban en régimen de visitas o en custodia compartida.
En nuestro país, el contexto en el cual se busca imponer esta clase de tenencia no es nada alentador. Entre enero y marzo de este año, se han registrado más de 12 mil casos de niños, niñas y adolescentes agredidos, y en el 79,2% de los casos el culpable fue un familiar. Además, 25 mil mujeres de 18 años o más han denunciado algún tipo de violencia en ese período. Los principales abusadores eran sus parejas.
Ahora, las madres que han sufrido violencia podrían ser doblemente vulneradas al perder la tenencia exclusiva de sus hijos, una posibilidad que también los pone en riesgo a ellos. Pero esas situaciones no fueron parte del debate en el Congreso. Como se ha explicado, la ley no se hizo pensando en los niños.
