A un mes de las muertes ocurridas en Apurímac por la represión de la Policía a los manifestantes que rechazan al Gobierno, las organizaciones Paz y Esperanza, Asociación Pro Derechos Humanos y el Instituto de Defensa Legal presentaron una denuncia ante la Fiscal de la Nación contra la presidenta Dina Boluarte por los delitos contra la vida e integridad de al menos 89 civiles, incluyendo a seis jóvenes y menores de edad que fallecieron entre el 11 y 14 de diciembre.
La denuncia alcanza también al expresidente del Consejo de Ministros Pedro Ángulo Arana; el actual primer ministro, Alberto Ótarola Peñaranda, el exministro del Interior César Cervantes Cárdenas y tres mandos policiales: el comandante general de la Policía, teniente general PNP Raúl Alfaro Alvarado; el jefe del Frente Policial de Apurímac, Luis Flores Solís, y el coronel PNP Alexis Luján Ruiz, jefe de la División Policial de Andahuaylas y Chincheros.
Beckhan Romario Quispe Garfias fue la primera víctima de la violenta operación que desplegaron la Policía y las Fuerzas Armadas el 11 de diciembre del 2022 en el Aeropuerto de Huancabamba. Ese día los manifestantes alertaron que la Policía estaba usando armas de fuego y bombas lacrimógenas de manera indiscriminada con el fin de detener las protestas. Además de Beckhan -quien sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave por un proyectil de arma de fuego- también murieron Wilfredo Lizarme Barboza, Jhon Encino Arias, Cristian Alex Rojas Vásquez, y los menores David y Roberto, de 15 y 16 años.
Los protocolos de necropsia que revisó Salud con Lupa revelaron que tres de los fallecidos recibieron impactos de proyectil de arma de fuego en el tórax y cráneo. Durante los cinco días más convulsos que dejaron las protestas en las provincias de Andahuaylas, Chincheros, y Abancay, también se registraron decenas de civiles heridos. Sobre la base de estos hechos, los denunciantes solicitan que la Fiscalía inicie una investigación por uso arbitrario de la fuerza policial a fin de determinar la línea de mando y las responsabilidades penales que tuvieron los exministros, los altos mandos de la Policía y los efectivos que actuaron de “manera antirreglamentaria” en las operaciones.
“Los agentes policiales actuaron con alevosía ya que tenían conocimiento de que las víctimas se encontraban desarmadas -en una situación de indefensión-. Pese a ello, usaron sus armas para reprimirlos, causándoles la muerte”, se indica en la denuncia.
La denuncia también considera los delitos de homicidio calificado, lesiones leves y graves, tortura, abuso de autoridad y violaciones a los Derechos Humanos. Esta alcanza la detención de cincuenta comuneros quechuahablantes de Abancay el 14 de diciembre.
Los abogados que acudieron ese día a las oficinas del Frente Policial de la provincia corroboraron que entre los detenidos había ancianos, un menor de 17 años y otras personas vulnerables. Antes de la medianoche, todos fueron liberados al no tener ningún vínculo con los ataques a la propiedad pública que se registraron durante las protestas.
Los denunciantes han solicitado que la Fiscalía requiera al Hospital Subregional de Andahuaylas y de Chincheros los informes médicos para conocer el tipo de proyectil que se extrajo a cada uno de los fallecidos y heridos. Asimismo, pidieron conocer los audios y transcripciones de las sesiones que tuvo el Consejo de Ministros, entre los días 7 y 31 de diciembre del año pasado, “a efectos de verificar la orden expresa que se dieron a los ministros del Interior y de Defensa para el desalojo de los manifestantes en la región de Apurímac”.
Otro de los requerimientos es que las víctimas sobrevivientes, familiares de los civiles fallecidos y testigos sean incorporados al Programa de Protección del Ministerio Público.
