Luciana Blanco-Villafuerte es investigadora de Lancet Countdown Latinoamérica.
En 2017, el país vivió uno de los eventos más destructivos asociados al fenómeno de El Niño costero. Inundaciones, huaicos, establecimientos de salud dañados y miles de familias afectadas dejaron en evidencia lo vulnerable que era el Perú frente a eventos extremos. En ese momento se habló de lecciones aprendidas y de la necesidad de prepararnos mejor. Sin embargo, casi una década después, volvemos a enfrentar el mismo fenómeno y la historia se repite.
Cada vez que el país vuelve a hablar del Niño costero, la respuesta del gobierno de turno es la misma: anuncios de emergencia y medidas que llegan cuando el desastre ya empezó. Después, cuando las lluvias pasan, el tema desaparece y todo queda pendiente hasta el siguiente evento. Parece que cada gobierno empieza desde cero, como si el país no tuviera memoria. Sabemos que El Niño ocurre de manera cíclica y sabemos que volverá, pero seguimos cometiendo los mismos errores.
El Niño costero de 2017 no fue solo un evento climático extremo, fue una prueba para nuestro sistema de salud y nuestra capacidad de planificación. Ese año, millones de personas fueron afectadas, más de mil establecimientos de salud resultaron dañados y el país registró uno de los brotes de dengue más grandes reportados hasta ese momento, favorecido por las altas temperaturas, las lluvias intensas y la acumulación de agua, además de incrementos en enfermedades diarreicas y respiratorias. Estos impactos estuvieron relacionados con fallas en la prevención, problemas de coordinación y una planificación territorial insuficiente, incluyendo la expansión de viviendas en zonas de riesgo y las brechas en acceso a agua potable y saneamiento.
Uno de los mayores problemas fue la falta de articulación entre los distintos niveles del Estado. La coordinación entre el gobierno nacional, regional y municipal fue lenta y fragmentada, y esa debilidad persiste hasta hoy. A nivel de ministerios, sectores como salud, vivienda, transporte, ambiente y defensa civil siguen trabajando de manera aislada, cuando deberían coordinar no solo la respuesta, sino también la planificación y la preparación frente al riesgo. El resultado se repite: decisiones tardías y poblaciones expuestas.
Después de 2017 se prometieron cambios. Se creó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios para reconstruir la infraestructura dañada y reducir el riesgo frente a futuros eventos. Sin embargo, su vigencia terminó en 2023 y la entidad que la reemplazó, la Autoridad Nacional de Infraestructura, dejó de recibir financiamiento en 2025. Resulta difícil entender cómo, después de uno de los peores desastres del país, el gobierno decidió debilitar la institución encargada de prevenir el siguiente.
El problema también se repite en la preparación a nivel local. En 2017, aunque existían alertas y presupuestos, muchas acciones no se ejecutaron a tiempo y la respuesta fue reactiva. Hoy la situación no es muy distinta, según el Lancet Countdown Latinoamérica, solo 26 de las 1815 municipalidades reportaron, voluntariamente, haber realizado una evaluación de riesgo climático. Esta cifra refleja la brecha entre el riesgo que enfrentamos y el nivel real de preparación en el territorio. Fortalecer a los gobiernos locales es clave para mejorar la adaptación y la resiliencia frente a eventos extremos.
Las limitaciones del sistema de salud muestran el mismo problema. En 2017 vimos lo que ocurre cuando un evento extremo impacta sobre un sistema frágil. Hoy, incluso sin una crisis en curso, cerca del 90% de los establecimientos de primer nivel no cuentan con los recursos necesarios, lo que sobrecarga hospitales que ya operan al límite.
Lo más difícil de entender es por qué el gobierno sigue actuando tarde, cuando la evidencia muestra que prepararse no solo salva vidas, también reduce costos. En 2024, el Perú perdió alrededor de 190 millones de dólares por desastres climáticos extremos, equivalentes al 0,07% del PBI regional. La prevención continúa tratándose como un gasto opcional, cuando en realidad es una inversión que reduce pérdidas humanas, económicas y sociales.
En un contexto en el que los eventos extremos serán cada vez más frecuentes, el país no puede seguir reaccionando como si cada desastre fuera inesperado ni como si cada cambio de gobierno borrara la memoria de lo ocurrido. Prepararse implica planificar, coordinar entre sectores, fortalecer a los gobiernos locales y asegurar que el sistema de salud pueda responder. La gestión del riesgo no puede depender del gobierno de turno; debe convertirse en una política de Estado. Solo así podremos adaptarnos, proteger vidas y evitar mayores pérdidas económicas.
