Pese a que la protección del consumidor es un mandato constitucional para el Estado, el Perú no cuenta con un sistema eficiente que asegure el cumplimiento de los derechos e intereses de los consumidores que son diariamente vulnerados por todo tipo de prácticas abusivas.
Tenemos superintendencias para el agua, la energía, las universidades, la infraestructura del transporte, la recaudacion tributaria y las telecomunicaciones, pero para los grandes problemas que enfrentamos los consumidores con los proveedores que engañan o nos imponen condiciones abusivas, no tenemos un organismo autónomo, con liderazgo en temas de consumo y con el nivel de superintendencia que nos proteja adecuadamente.
El actual sistema prioriza la defensa individual de los ciudadanos, es decir que cada uno debe asumir su propia defensa frente a los abusos, denunciar a las empresas infractoras, pagar tasas para que le admitan su denuncia, asesorarse con un abogado para poder tener éxito, invertir tiempo y dinero para probablemente recuperar un valor inferior al gasto que esto le representa. Y frente a casos en el que las empresas han afectado a miles o millones de personas con una práctica ilegal, no hay nadie que asuma la defensa de los intereses colectivos, como si sucede en otros países.
La defensa y protección del consumidor en otros países es ejercida desde el Estado por una autoridad independiente y autónoma, que asume la rectoría del sistema y con un fuerte liderazgo. Por ejemplo: España tiene el Ministerio de Consumo; Chile cuenta con el Servicio Nacional del Consumidor; México con la Procuraduría Federal del Consumidor; Brasil tiene el Departamento de Protección y Defensa del Consumidor; Bolivia creó el Viceministerio del Consumidor.
En el caso de Perú, el Indecopi se creó durante el gobierno de Alberto Fujimori en 1992, básicamente como una agencia de competencia frente al nuevo modelo económico. Incluso su nombre lo dice, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual. La palabra consumidor no aparece ni en el nombre de la institución.
La razón por la que se incorporó el tema de consumo en el Indecopi fue porque hasta entonces, a dos años de vigencia de la primera ley de protección del consumidor, aprobada en 1991 y que había encomendado esta labor a las municipalidades, ninguna de ellas asumió esta competencia y el tema estaba abandonado. Entonces, la defensa del consumidor fue como un hijo adoptivo para el Indecopi. En ese momento era razonable que se incorporara a sus funciones, aunque se advirtió del riesgo que este modelo constituía.
La protección y defensa del consumidor ha ido ganando cada vez mayor espacio e importancia en la vida de las personas, puesto que tiene que ver con la afectación de sus derechos cotidianos. Es indiscutible que el Indecopi ha jugado un papel importante en esta tarea, pero no suficiente y no por falta de personal calificado y comprometido con el tema, que los hay muchos y de gran valía, sino por el modelo y estructura misma del funcionamiento de la institución.
En Indecopi siempre primó el enfoque de la competencia, es decir, en la solución de los conflictos entre los agentes económicos, los competidores, donde el Estado actúa básicamente como un árbitro. Lamentablemente no se puso énfasis a la labor de rectoría y liderazgo del sistema nacional de protección del consumidor, que no debe limitarse a la atención de las quejas y reclamos, sino a la promoción, prevención, regulación, fiscalización y defensa no solo de los intereses individuales, sino también los colectivos y difusos de los consumidores.
En centenas de casos de colusión o engaño a los consumidores, el Indecopi siempre se ha limitado a multar a las empresas, pero nunca a perseguir el resarcimiento a los ciudadanos afectados por dichas prácticas ilícitas. Así por ejemplo, en el caso de concertación de precios de papel higiénico entre Kimberly Clark Perú y Productos Tissue del Perú, que perjudicó a millones de peruanos que fueron obligados a pagar precios excesivos durante nueve años (del 2005 al 2014) la multa impuesta no beneficia en nada a los consumidores víctimas del caso. En cambio, en Chile, el Sernac en un caso similar consiguió una indemnización de 150 millones de dólares en favor de todos los chilenos mayores de 18 años, a razón de 7 mil pesos chilenos (US$ 14) depositados en la cuenta bancaria de cada uno. Y así podríamos mencionar varios casos de defensa de los intereses colectivos en Chile, Brasil o Estados Unidos.
El Indecopi tiene tantas funciones que su presidente debe cambiar de sombrero a cada momento. Por ejemplo, a primera hora de la mañana tiene que responder a los pedidos de la industria frente a la competencia desleal externa por prácticas del dumping y subsidios; luego debe ver el problema de la reestructuración empresarial de empresas en crisis, la protección de los derechos de propiedad industrial, impulsar la creatividad e innovación, proteger a las empresas de las barreras burocráticas creadas por el propio Estado, resolver sus pleitos y denuncias de competencia desleal y por otro lado, ya casi al final de la tarde ocuparse de los temas de protección del consumidor.
La defensa del consumidor se ha convertido en apenas un apéndice dentro de la estructura del Indecopi y mientras sea así no gozará de ninguna prestancia, ningún liderazgo intersectorial y seguirá sólo atendiendo expedientes de quejas de los ciudadanos, como si esta fuera casi su única función
Nada de esto es en el ámbito resolutivo porque está fuera de su alcance, ya que eso corresponde a las comisiones y salas, me refiero al liderazgo en el tema, en la rectoría del sistema, en la representación institucional, en la dirección del rumbo. El problema de fondo es que muchas veces esos temas y esos intereses entran en conflicto, y eso es lo que hemos visto a lo largo de la historia del Indecopi.
Por eso, el ente rector de la protección y defensa del consumidor debe estar a cargo de una institución pública autónoma y especializada, no expuesta a conflictos de interés, debe ser pro-activa en el sentido de tomar iniciativas que promuevan las buenas prácticas, prevengan y desalienten las conductas ilícitas y provean de información al mercado. Siendo el consumo una actividad transversal a toda la actividad económica y social, el ente rector debe liderar la política nacional de protección del consumidor en lo que corresponde a toda la administración del Estado.
Cuando se creó el Indecopi se vendió la idea de que juntar todos los temas de mercado en una sola agencia de gobierno era un atributo, ya que generaba sinergias y complementos. Esto seguramente es válido para temas de propiedad industrial, derechos de autor, competencia desleal, libre competencia, barreras burocráticas, reestructuracion empresarial, dumping y subsidios, ya que tienen como protagonista al empresario, pero no para la protección del consumidor, donde el rol de Estado no se limita hacer de árbitro poniéndose en medio del conflicto, sino que el Estado ejerce una acción tuitiva a favor de los consumidores.
El Indecopi privilegió la atención de los conflictos entre los empresarios o su afectación al mercado, pero al ejercer simultáneamente su rol de protección y defensa del consumidor, suele entrar en conflicto, porque no siempre los intereses del empresario son los mismos que los del ciudadano y consumidor. Por esta razón, debe ser complicado para un presidente del Indecopi vestir tantos sombreros al mismo tiempo y tener que lidear con comisiones y salas que tienen diferentes perspectivas de las cosas, de lo cual hay muchos ejemplos.
Bajo este esquema, la defensa del consumidor se ha convertido en apenas un apéndice dentro de la estructura del Indecopi y mientras sea así no gozará de ninguna prestancia, ningún liderazgo intersectorial y seguirá sólo atendiendo expedientes de quejas de los ciudadanos, como si esta fuera casi su única función.
Por esas razones considero que después de treinta años de contar con varias leyes de defensa del consumidor que no han generado efectos a plenitud, ni satisfecho las expectativas de la población, ni del mercado, es hora de fortalecer la Protección y Defensa del Consumidor con la creación de una Superintendencia de Protección del Consumidor con una estructura moderna, funcional, profesional, autónoma, proactiva, libre de conflictos de interés y dedicada exclusivamente a la protección y defensa de los consumidores, bajo los mejores estándares internacionales en un sistema de economía social de mercado.
