En Perú, el periodismo independiente enfrenta una de sus amenazas más serias en décadas. Con el respaldo del gobierno de Dina Boluarte, el Congreso ha aprobado una ley que convierte a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) en un instrumento de censura y control. Esta norma, ya promulgada, impone un registro obligatorio a organizaciones sin fines de lucro como Salud con lupa y exige autorización previa del Estado para realizar nuestras actividades. En otras palabras: para investigar y publicar, tendríamos que pedir permiso.
Según la Ley N.º 32301, medios como el nuestro —que funcionan con fondos de cooperación internacional— deberán inscribirse ante la APCI y someter a revisión sus “planes, programas y proyectos” antes de ejecutarlos. El incumplimiento puede acarrear sanciones desproporcionadas, como la cancelación del registro o multas de hasta 2,6 millones de soles.
La entidad encargada de evaluar y autorizar estas actividades será dirigida por un funcionario designado directamente por la presidenta de la República, Dina Boluarte, actualmente investigada por presuntos actos de corrupción revelados por el periodismo. En la práctica, será el propio gobierno —potencialmente cuestionado por nuestras investigaciones— quien decida si podemos o no ejercer nuestra labor. Esta situación vulnera de forma directa la libertad de prensa y el derecho constitucional a informar sin censura previa.
Todo esto ocurre en un contexto en el que una coalición política con niveles históricos de desaprobación ciudadana, ha capturado diversos órganos del Estado y busca consolidar su poder desmantelando los contrapesos institucionales. Esta ley forma parte de una ofensiva más amplia para debilitar la fiscalización, silenciar las voces incómodas y restringir el acceso de los peruanos a información crucial para ejercer sus derechos.
Hasta ahora, organizaciones de derechos humanos y de igualdad de género habían alertado sobre otra dimensión preocupante de esta ley: prohíbe que se usen fondos de cooperación internacional para defender legalmente a personas vulnerables frente al Estado, tanto en instancias nacionales como internacionales. Esa prohibición limita el derecho al acceso a la justicia (artículo 139 de la Constitución) y el derecho a acudir a sistemas internacionales de derechos humanos (artículo 205), debilitando los mecanismos de defensa de las víctimas y criminalizando a quienes las acompañan.
Ahora, también desde el periodismo, alzamos la voz. Los medios como el nuestro ya rendimos cuentas ante entidades como la Sunat, Sunafil, la Unidad de Inteligencia Financiera y otros organismos del Estado. Pero esta ley va mucho más allá: busca intervenir en nuestros contenidos, exigir permisos para publicar y dejarnos bajo el control de un Ejecutivo que incluso podría requerir información protegida por el secreto profesional y la confidencialidad de nuestras fuentes.
Este modelo no es nuevo. Ha sido implementado en países como Venezuela y Nicaragua para silenciar a quienes incomodan al poder. Y en Perú, ya se intentó lo mismo con la Ley N.º 28925 en 2006, declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Casi veinte años después, la ofensiva regresa con más fuerza, impulsada por una coalición autoritaria. Todos con un interés común: eliminar el escrutinio público.
La excusa es la transparencia. El objetivo es el control. Con esta ley, cualquier investigación sobre corrupción, protestas sociales o conflictos de interés podría ser sancionada bajo acusaciones ambiguas como “afectar el orden público” o “intervenir en política interna”. Bastaría con la interpretación discrecional de un burócrata para bloquear publicaciones incómodas o multar a quienes las difunden.
De haber estado en vigencia esta ley, Salud con lupa no habría podido publicar investigaciones esenciales para el interés público: desde las que destaparon compras públicas amañadas en el sector salud y el oligopolio que encarece la insulina —obligando a miles de personas a pagar precios abusivos por un medicamento vital—, hasta las que evidenciaron cómo los fondos destinados por ley a la agricultura familiar terminaron beneficiando a grandes proveedores. Tampoco habríamos podido difundir los estudios que confirmaron la presencia de pesticidas peligrosos en frutas y verduras que millones de peruanos consumen a diario, sin que el Estado cumpla su deber de vigilancia sanitaria.
No habríamos podido contar la historia de mujeres pobres criminalizadas tras enfrentar emergencias obstétricas, ni alertar sobre el avance de grupos fanáticos que pretenden eliminar la igualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos. Mucho menos habríamos podido documentar la represión estatal que dejó más de 50 personas muertas y decenas de heridos al inicio del actual gobierno.
Ninguna de esas investigaciones habría superado una “conformidad previa”. Y justamente por eso eran necesarias.
Salud con lupa es el único medio de investigación en Sudamérica que pone la salud pública en el centro. Nacimos cinco meses antes de la pandemia y, desde entonces, no hemos dejado de investigar, incomodar y proteger el bien común. Con evidencia, hemos documentado cómo el Estado y el sector privado abusan de su poder. Nuestro periodismo nace de una convicción profunda: la salud no es solo un asunto médico, sino una forma de comprender la justicia, la igualdad de trato y el derecho a vivir en condiciones dignas.
Rechazamos esta ley porque el periodismo libre no se ejerce con permiso del poder. El derecho a informar no puede estar sujeto a la voluntad del gobierno de turno. Silenciar a quienes investigan es abrir la puerta a la impunidad, al abuso y a la desinformación como norma.
Vamos a defender el derecho de todas las personas a estar informadas. Porque sin periodismo independiente no hay democracia. Y sin salud garantizada como derecho, no hay país que se sostenga.
